Consideran que no hay pruebas suficientes para mantenerle imputado

La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una decisión significativa en el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. La decisión se centra en la revocación de la imputación de Aguirre, tras la evaluación de recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El tribunal ha estimado los recursos y ha decidido que el juez instructor Juan Carlos Peinado, debe retirar la condición de investig a Francisco Martín Aguirre. Esta decisión se basa en la falta de pruebas que indiquen que Aguirre tenía conocimiento de que la asesora Cristina Álvarez estaba excediendo sus funciones bajo la dirección de Begoña Gómez.

Los magistrados han señalado que las acusaciones contra Aguirre se basan en "meras suposiciones" y que no se ha presentado ningún indicio concreto de responsabilidad. La imputación original por parte del juez Peinado se había fundamentado en la supuesta participación de Aguirre en la contratación de Álvarez, quien actuó como asesora de Gómez.

La Audiencia ha recordado que las funciones de Álvarez eran limitadas a la gestión de la agenda, correo y soporte de seguridad y protocolo para la esposa del presidente. Por lo tanto, la investigación debería concentrarse en si Álvarez sobrepasó esas funciones para favorecer un supuesto "plan delictivo" de Gómez.

Los magistrados han afirmado que la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente está "fuera de toda duda", lo que refuerza la decisión de no continuar con la imputación de Aguirre. Se subraya que la responsabilidad recae en quien utiliza su cargo público para intereses particulares, y no en quienes cumplen con sus funciones.

El juez Peinado investiga varios delitos, incluyendo tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Begoña Gómez es la única investigada a la que se le imputan cinco delitos, mientras que a Martín Aguirre solo se le atribuye el de malversación.

La decisión de la Audiencia se produce después de que el juez Peinado preguntara a las partes sobre la pertinencia de archivar el caso para Aguirre, considerando que la Fiscalía había solicitado el archivo al encontrar "incomprensible" que continuara investigado tras la exoneración de Judith González, sucesora de Aguirre.

En un auto separado, la Audiencia ha estimado parcialmente un recurso de la organización Hazte Oír, permitiendo la realización de diligencias que habían sido rechazadas anteriormente. Esto incluye la testifical de Miguel Escassi, responsable de políticas públicas de Google, y de varios cargos de Deloitte en relación con el desarrollo de software para la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Los magistrados han instado al juez a requerir información adicional, incluyendo más de cien correos electrónicos relacionados con la cátedra y actas de reuniones de varias empresas involucradas en el desarrollo de una plataforma digital.

Francisco Martín expresó su satisfacción por esta decisión judicial, manifestando su "solidaridad" con los otros imputados en el caso, quienes también enfrentaban acusaciones que él considera "sin justificación". En declaraciones a la prensa, Martín afirmó que siempre había estado tranquilo respecto a su situación legal, confiando en que el proceso culminaría sin consecuencias para él.

La imputación de Francisco Martín se originó en mayo, cuando el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite una querella presentada por el partido político Vox. En este contexto, Martín fue citado como investigado debido a su presunta participación en la contratación de la asesora de Moncloa, a la que se le atribuía un papel en la relación con Begoña Gómez desde su posición como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

Martín subrayó que el auto de imputación carecía de "ninguna justificación", lo que refuerza su postura de que la decisión de la Audiencia Provincial se alinea con la realidad de los hechos. Además, expresó su confianza en el sistema judicial, esperando que la resolución favorable se extienda a los demás implicados en el proceso.