Además, volverá a pedir que se priorice a los vecinos de nacionalidad española en el programa de Vivienda Social

Además de pedir transparencia en los gastos de los Grupos Municipales, España 2000 intentará que el Pleno de Alcalá vaya un paso más allá, con la publicación en la web oficial, de la agenda de todos los concejales del Consistorio: “Publicar en el apartado de partidos políticos con representación municipal de la Web municipal, la actividad de todos y cada uno de los concejales, donde se detallen sus iniciativas (mociones, enmiendas, propuestas, preguntas, ruegos, etc.) y sus intervenciones sobre las mismas en plenos, así como su participación y asistencia a las comisiones de trabajo, a Juntas de Portavoces, consejos de administración de empresas publicas, etc. de forma tal que los vecinos puedan hacer un seguimiento de aquellos que les representan”, pedirá el partido en su moción.

El otro tema que llevará a la sesión es un asunto que ya presentaron hace unos meses: volverán a pedir que se priorice a los vecinos con nacionalidad española a la hora de entregar las viviendas sociales: “En este salón de plenos, España2000 ya ha demostrado en diversas ocasiones que el sector más afectado por la crisis y principal víctima del desempleo y por tanto de la exclusión social es el colectivo de mujeres españolas, por lo que basándonos en este exclusivo dato nos bastaría para solicitar al la Corporación que se aprobara entre los requisitos para acceder a esas viviendas sociales el tener la nacionalidad española, pero resulta que existe una obligación jurídica, una norma superior que ya nos obliga a ello: la Constitución Española y que dice así: (Artículo 9 de la Constitución Española) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; (Artículo 47 de la Constitución Española) Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Por lo tanto queda claro que las administraciones públicas, y en este caso la administración municipal, tiene la obligación de promover las condiciones necesarias para que los españoles puedan ejercer su derecho a una vivienda digna y adecuada”.