25
Sep
2022
Alcalá también tumba la moción contra okupaciones Imprimir
Zona Este - Sociedad Alcalá
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Foto cedida por Ayuntamiento de AlcaláVOX y Cs se abstuvieron en la votación tras la negativa del PP de apoyar la enmienda del partido verde

Después del parón de agosto, y del Pleno Extraordinario sobre los sucesos de las Fiestas, los concejales volvían al Pleno de Alcalá y lo hacían para vivir una sesión ordinaria de septiembre que no dejó indiferente a nadie.

Y es que la moción sobre ocupaciones, que ya había sido tumbada en Coslada también era rechazada en el Pleno Complutense, siendo, además, la primera en mucho tiempo en que el Gobierno Local votaba en sentido distinto.

Así el PP llevaba su propuesta, idéntica a la presentada en Coslada, y se encontraba con la presentación de dos enmiendas para modificarla. En primer lugar el Pleno votaba la de VOX, que se quedaba por el camino al contar con la abstención de PP y Cudadanos.

La moción original, presentada por el PP, también decaía al abstenerse VOX y los naranja; y la presentada por UP-IU era rechazada con el voto en contra de todos los demás.

Así, y de una forma bastante más compleja que en Coslada, tampoco Alcalá aprueba la petición para que los okupas sean desalojados en menos de 24 horas, y que no puedan empadronarse ni acceder a viviendas de protección oficial.

Los ayuntamientos son la administración más cercana al vecino, que es el que sufre directamente las consecuencias de la ocupación ilegal, que afecta a algunas zonas de nuestra ciudad. “Desde los Ayuntamientos tenemos que reclamar que se tomen decisiones para atajar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España que se ha incrementado en los últimos años, según datos del Ministerio del Interior”, afirmó durante el pleno la portavoz del PP, Judith Piquet.

En este sentido, la líder popular exigió que “se adopten medidas para asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; el endurecimiento de las penas, de 3 a 5 años; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios como optar a una vivienda pública del municipio”.

“Además de proteger el derecho de propiedad y de vivienda, desde todas las administraciones tenemos que trabajar y exigir para paliar este problema que en algunos casos hace imposible la vida y la convivencia también en bloques de vecinos de nuestra ciudad”, afirma Judith Piquet.

“Se trata de situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma altera la convivencia vecinal, provocando además una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, por realizar en ocasiones actuaciones prohibidas, nocivas o insalubres”, continuó.

Por ello, indicó Judith Piquet, “las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad y la convivencia que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes”.

Asimismo, la portavoz indicó que hay que deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, concluyó para cerrar esta propuesta que contó con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos.

Además de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente la nueva Ordenanza reguladora del Taxi el pasado martes, con la finalidad de actualizar su régimen y regulación a la actual normativa en materia de transporte de vehículos auto taxi, bajo un criterio claro de contenido social y en aras siempre del interés general.

De la nueva Ordenanza, destaca la incorporación de importantes novedades demandadas por el sector del taxi y los usuarios como la posibilidad de establecer un precio máximo autorizado, sustitución de vehículos y la instalación de cámaras de videovigilancia en el interior de los vehículos por tema de seguridad.

La nueva normativa municipal de este sector ha contado con la participación de la Gremial del Taxi de Alcalá de Henares, e igualmente se han incluido aportaciones realizadas por los Grupos Políticos Municipales.

Alcalá de Henares cuenta con 71 licencias de taxi, con una flota de 6 vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. En el año 2020 se aprobó, por primera vez, un programa de ayudas municipales para potenciar este sector. Las subvenciones destinadas a los profesionales del taxi han ascendido a 124.000 € dentro de las convocatorias de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, ha afirmado que “la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza del taxi es una muy buena noticia para este servicio público. Agradecemos a la Gremial del Taxi por su colaboración en la nueva Ordenanza, y reiteramos nuestro apoyo a las más de 150 familias que componen el sector del taxi en nuestro municipio”

Estas ayudas además de destinarse a cubrir gastos de carácter general (EPIs, gastos autónomos, seguros de responsabilidad civil...), cuenta con una línea de ayudas para la mejora de la accesibilidad de los vehículos auto taxi, con una ayuda de 6000 € para la adaptación de cada vehículo.

Asimismo, la nueva convocatoria de ayudas de este año ha permitido subvencionar la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de los profesionales del taxi.

Además, el Ayuntamiento ha presentado sus propuestas ante la Comunidad de Madrid para una adecuada regulación de los VTC.

Entre las propuestas presentadas por el Ayuntamiento a este respecto se incluye la obligación de establecer un periodo mínimo de precontratación, la prohibición de captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos, las condiciones relativas a los vehículos, establecimiento de un régimen sancionador, etc.

El concejal de Movillidad ha “lamentado que la Comunidad de Madrid no haya atendido las demandas del sector del taxi en esta materia, como sí hemos hecho desde el Ayuntamiento”.