Calama da tres días a Zapatero para justificar el origen de las joyas

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y contra su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. La resolución cierra la fase de instrucción y lleva la causa ante un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia ya había delimitado el procedimiento: Gómez responderá por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y Álvarez por un presunto delito de malversación. Quedaron fuera la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, y el empresario Juan Carlos Barrabés fue separado de la causa. La apertura llega después de la audiencia preliminar del 8 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en la que tanto la Fiscalía como las defensas pidieron que la causa no continuase. La acusación popular, encabezada por Hazte Oír, mantuvo su petición de enjuiciamiento y reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Son peticiones de acusación, no una declaración de culpabilidad. La resolución se produce en los últimos días de Peinado como magistrado: su jubilación está prevista para el 27 de septiembre.

En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, ha citado a declarar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Calama considera relevante esclarecer la actividad de Whathefav SL, sociedad administrada formalmente por las dos hijas. En el auto con el que acordó investigarlas, el magistrado señaló que la operativa de la compañía aparecía vinculada indiciariamente al entramado objeto de las pesquisas. La investigación trata de determinar el origen y la justificación de distintos pagos recibidos por la sociedad. Zapatero, durante su propia declaración judicial, defendió que sus hijas habían realizado trabajos reales relacionados con labores de diseño y acabado. La investigación se enmarca en el procedimiento que examina posibles irregularidades alrededor del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. La condición de investigadas no supone una declaración de culpabilidad.

Calama ha dado además a Zapatero un plazo de tres días para aportar documentación relativa a la procedencia de las joyas encontradas por la Policía durante el registro de su despacho en Madrid. Este asunto constituye una pieza separada de la investigación. Un análisis encargado judicialmente estimó inicialmente en alrededor de 1,3 millones de euros el valor de reposición de las piezas. El juez abrió diligencias para esclarecer su procedencia y comprobar su trazabilidad fiscal y las circunstancias de su eventual importación. Zapatero ya había sido preguntado por las joyas cuando declaró ante Calama el pasado junio. Entonces pidió tiempo para reunir la documentación necesaria y aseguró que podría proporcionarla en aproximadamente una semana o diez días. Tres meses después, esa documentación seguía sin haber sido aportada, según informaciones publicadas este fin de semana. El expresidente ha sostenido públicamente que parte de las piezas proceden de regalos recibidos durante su etapa al frente del Gobierno y ha cuestionado la valoración realizada inicialmente.

En Badajoz, la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la conocida como "cloaca del PSOE", liderada por Leire Díez. Biedma alega riesgo para su seguridad personal y enumera posibles delitos de obstrucción a la justicia, amenazas, revelación de secretos, denuncia falsa y organización criminal. Según ha publicado Telemadrid citando a varios medios digitales, el entramado habría intentado contactar con bandas de narcotraficantes para amedrentar a la jueza, y se pidió a la banda de los Rochs que la eliminaran. El diario El Mundo ha añadido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró en la agenda de Leire Díez una anotación del 25 de marzo de 2025 que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", y que un exjuez vinculado al entramado habría contactado con el líder de Los Rochs para ofrecerle protección legal y beneficios en causas de narcotráfico a cambio de actuar contra Biedma. Vox ha anunciado que presentará una querella contra Leire Díez y todos los participantes en la operación.

Los tres procedimientos son independientes entre sí y afectan a juzgados distintos: el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Badajoz. Lo que comparten es el vínculo político con el entorno del presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa ha concluido en sus informes que la "cloaca" estaba liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y por Leire Díez, con el objetivo de proteger los intereses de miembros del Gobierno o del presidente. Sánchez ha negado tener conocimiento de las actividades de Leire Díez.