Estará en vigor tres años y afectará a 40.000 empleados públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado el nuevo acuerdo para el personal funcionario y laboral, con la novedad de la inclusión de la carrera profesional que mejorará las condiciones laborales y la estabilidad de más de 40.000 trabajadores públicos del sector de administración general y servicios, que podrán ver incrementado su sueldo hasta un 50%. “Es el embrión de la Administración moderna que queremos para toda España”, ha manifestado

Díaz Ayuso ha rubricado el convenio en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con CCOO, UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional en la Real Casa de Correos, y ha destacado la conversación y el diálogo constante para alcanzar este acuerdo, el 19º desde el año 2019, que entrará en vigor el próximo 1 de enero para un periodo de 4 años, en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 60 millones de euros.

Los trabajadores que opten por este sistema podrán acumular méritos basándose en la evaluación de su desempeño laboral, la formación que hayan recibido o impartido, su compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos particularmente exigentes y el nivel de absentismo, entre otros. De esta forma, podrán ascender de nivel de carrera recibiendo una compensación económica adicional.

“Queremos modernizar nuestro modelo de Administración, apostar por un nuevo sistema de evaluación laboral, que tenga en cuenta la excelencia, el talento y el esfuerzo de nuestros funcionarios”, ha señalado la presidenta, que ha añadido que las evaluaciones van a tener una incidencia directa en las retribuciones “Cada empleado público va a tener sus objetivos medibles y proporcionados, y quienes destaquen van a ver su esfuerzo recompensado”, ha añadido.

Se trata de la primera ocasión vez en la historia de la Administración autonómica que se ha diseñado un modelo sistemático, general e integrado para valorar el trabajo realizado, aplicable a la totalidad del personal al que afecta, suponiendo por ello un salto cualitativo en la modernización del empleo público y la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.

La presidenta ha resaltado que con este convenio se asegura la continuidad de las políticas de personal del Ejecutivo autonómico sin ningún tipo de interrupción temporal, al entrar en vigor el día inmediatamente posterior a la fecha de finalización del actual, salvaguardando el principio de seguridad jurídica. También se regulan aspectos como el teletrabajo, régimen de permisos, promoción interna, agilización de procesos selectivos y nuevos modelos formativos, entre otras cuestiones.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL, sindicato más representativo entre el personal laboral y funcionario de la Administración de la Comunidad de Madrid, firma los textos normativos que contienen la regulación de las condiciones de trabajo de estos 40.000 empleados públicos (fijos, interinos o temporales), que regirán para el periodo 2025-2028.

Tanto el Convenio Colectivo Único para Personal Laboral, como el Acuerdo Sectorial de Administración y Servicios para Personal Funcionario de la Comunidad de Madrid, acogen por primera vez, un modelo de carrera profesional horizontal basado en la evaluación del desempeño, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, por el que estos 40.000 empleados públicos verán reconocido, por fin, su desarrollo profesional, de forma efectiva e individualizada, a partir del 1 de enero de 2025 y tras 15 años reivindicándolo, incentivando también su continuidad en la Administración autonómica.

La innovación principal de este Convenio y Acuerdo es, precisamente, el modelo de Carrera Profesional que, si bien difiere del implantado para el personal estatutario del SERMAS que viene desarrollándose desde hace años, está basado en la experiencia, la formación continua y el compromiso acreditado con el servicio público, que serán evaluados anualmente y que, de forma progresiva, permiten acceder al reconocimiento de cada nivel de Carrera y, por tanto, a las mejoras retributivas asociadas a cada uno de ellos, que se harán efectivas en los años 2025, 2027 y 2029, siempre con efectos desde 1 de enero.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL, primera fuerza sindical entre los empleados públicos que se rigen por los acuerdos que acabamos de firmar, junto con CCOO, CSIF y UGT, se muestra satisfecho por los acuerdos alcanzados, en tanto en cuanto suponen mejoras para el colectivo. Destacamos que, además del reconocimiento efectivo de la carrera profesional horizontal, hemos avanzado en el compromiso de dar mayor agilidad a la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos, que permiten mantener el límite de temporalidad por debajo del 8%, afianzar más de 600 plazas de promoción interna, garantizar la movilidad voluntaria y permanente con un nuevo sistema de concurso de traslados, mantener la posibilidad de jubilación parcial hasta 2028, incrementar algunos complementos retributivos en casi un 10%, entre otras cuestiones que veníamos reivindicando en los últimos años, como las relacionadas con la conciliación y el teletrabajo.

No obstante, somos conscientes que quedan materias que venimos reivindicando en los últimos tiempos cuya resolución no ha sido posible incluir en estos textos y que seguirán estando en el centro de las demandas para el conjunto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid como, por ejemplo, la actualización del sistema de clasificación profesional para su adecuación al marco de titulaciones académicas, o la recuperación de la jornada laboral de 35 horas de promedio semanal que devienen de los recortes a los empleados públicos impuestos en 2012.

Justo después de firmar el convenio, CCOO se desmarcaba del mismo, y lo hacía en un contundente comunicado. La firma del convenio colectivo para el Personal Laboral y el Acuerdo Sectorial al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid ha generado una situación de alarma entre el conjunto de la afiliación de CCOO de Madrid y el conjunto de las personas trabajadoras, ya que el convenio contiene dos artículos y una disposición adicional que podrían conculcar derechos laborales básicos y derechos fundamentales como los de: libertad sindical y el derecho de huelga e introduce medidas discriminatorias para el personal en función de su temporalidad o fijeza.

Una vez conocido el contenido de esos dos artículos y la disposición adicional, se hicieron gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto del Convenio Colectivo y Acuerdo Sectorial, instando que se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato.

Dada la especial trascendencia de este convenio para el conjunto de CCOO Madrid, la repercusión de lo firmado y los efectos que puede tener en la defensa de los derechos laborales y los derechos de las personas trabajadoras, se aprobó, por amplia mayoría, en el Consejo Regional de CCOO Madrid, instar a la retirada de los citados artículos del convenio y acuerdo o en su caso a la retirada de la firma del mismo.

En CCOO siempre defendemos los derechos de las personas trabajadoras, independientemente de su condición laboral, prestando especial atención durante las negociaciones colectivas a incluir clausulas de no discriminación y de defensa de los derechos fundamentales y, por supuesto, la salvaguarda del ejercicio de las libertades y no limitación de la acción jurídica y/o sindical.

Por todo ello, CCOO de Madrid no va a permanecer impasible ante lo que podría suponer un atropello a los derechos y libertades del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y que se socave el prestigio de las Comisiones Obreras en su conjunto.

FSIE Madrid, Sindicato Independiente de Enseñanza y Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad madrileña, ha registrado una carta dirigida a Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, para solicitar una reunión en la que “recibamos información y noticias sobre el acuerdo de jubilación parcial en pago delegado”.

Tal y como se registra en la carta, FSIE Madrid asegura que, “finalizando el año 2024, y siendo la única Comunidad Autónoma donde se impide el acceso a la jubilación parcial a los trabajadores en pago delegado, caso absolutamente excepcional en el ámbito laboral general, volvemos a ponernos en contacto con ustedes para solicitar una reunión en la que recibamos información y noticias sobre las gestiones que nos encaminen a que desaparezca esta situación de absoluta anomalía y agravio comparativo”.

El sindicato asegura que “la educación concertada juega un papel fundamental en el sistema educativo madrileño, y los profesionales que trabajan en este ámbito merecen condiciones que reconozcan su esfuerzo y dedicación”. Asimismo, afirman que la jubilación parcial es “una herramienta que podría beneficiar no solo a los trabajadores, permitiéndoles un tránsito más gradual hacia el retiro, sino también a la calidad educativa, al fomentar un traspaso de conocimientos y experiencias entre generaciones”.

Cabe recordar que ya en el pasado mes de octubre de 2024, FSIE Madrid, como sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en España y uno de los más importantes en la enseñanza privada, ya registró dos cartas que iban dirigidas al Defensor del Pueblo y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y en las que ya se solicitaba un acuerdo de jubilación parcial para este colectivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo de reducción de jornada a 37,5 horas semanales en 2025 sin reducción de salario.

La evolución productiva a lo largo de estas décadas exige una nueva regulación, especialmente en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios, que mantienen en la actualidad jornadas semanales de trabajo muy próximas al máximo legal previsto hace más de cuarenta años. Es un deber democrático compensar y evitar diferencias injustas.

El acuerdo permite, por tanto, ganar tiempo de vida y saldar una deuda histórica "con quienes han sido el motor de nuestra economía: las mujeres y hombres que han dedicado su esfuerzo y tiempo al desarrollo del país sin recibir a cambio una mejora proporcional en su calidad de vida, y con los padres y madres que deben hacer malabares para ver a sus hijos después de trabajar", ha enfatizado Díaz.

Los convenios colectivos vigentes tendrán como máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada semanal de 37,5 horas en cómputo anual. Yolanda Díaz ha subrayado la importancia de un acuerdo sobre el tiempo, una cuestión vital: "Es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad. Este acuerdo cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y responde a una necesidad social ampliamente reconocida. Da igual lo que vote cada persona. Apoyarlo, por tanto, es estar del lado de la gente trabajadora, de sus familias y de un futuro mejor para todos. Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo".

La empresa deberá contar con un registro diario de jornada digital objetivo, fiable y accesible, que permita garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral. Además, el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos.

El texto recoge el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral. La no atención de estas comunicaciones no podrá ocasionar consecuencias negativas para la persona trabajadora que tiene derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la empresa

Médicos, enfermeras y fisioterapeutas acaban el año con una nueva paga extraordinaria recortada porque el Gobierno sigue vulnerando su derecho a tener el reconocimiento retributivo que les corresponde. En 2024 han vuelto a perder más de 377 millones de euros y SATSE y CESM encaran el nuevo año con la intención de generar confrontación y movilizaciones hasta que se solucione esta deuda histórica.

Son ya un total de 29 las pagas extraordinarias que enfermeras, médicos, fisioterapeutas y el resto de personal facultativo que trabajan en la sanidad pública no vienen cobrando en su totalidad por una imposición unilateral del Gobierno en 2010 y los actuales responsables de los Ministerios de Sanidad, Hacienda y Función Pública solo han demostrado, hasta la fecha, un “desinterés absoluto”, denuncian la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería, SATSE.

Ambas organizaciones llevan meses abanderando la lucha sindical para acabar con el impago del Gobierno y siguen realizando gestiones y manteniendo contactos para que “en los próximos Presupuestos Generales del Estado se recupere un derecho laboral recortado sin justificación y mantenido en el tiempo sin ninguna razón”, resaltan.

El presidente del Gobierno, los ministerios competentes y los partidos políticos en el Congreso de los Diputados conocen de primera mano la demanda de CESM y SATSE y, si no se produce cambio alguno, el malestar de los profesionales sanitarios se escuchará en las calles y en los centros sanitarios, sin descartar otro tipo de movilizaciones como la huelga.

SATSE y CESM subrayan que las cifras son claras. Cada médico pierde de media cada año 1.200 euros y una enfermera o fisioterapeuta en torno a 700 euros. De esta forma, añaden, estos profesionales sanitarios siguen perdiendo poder adquisitivo mientras que el coste de la vida lleva años “disparado”.

De hecho, el conjunto de recortes que se vienen aplicando a los empleados públicos han afectado muy especialmente en el ámbito sanitario a médicos, enfermeras y fisioterapeutas. Así, según las estimaciones realizadas por ambas organizaciones sindicales, la pérdida de poder adquisitivo es del 24,43 por ciento en el caso los médicos y un 20,10 por ciento en lo que respecta a enfermeras y fisioterapeutas.

“El crecimiento de España duplica el de la OCDE: su PIB avanza un 3,4% frente al 1,7% de la media”, ‘España es la mejor economía avanzada en 2024”, “España adelanta a Alemania y se convierte en el gran país exportador de Europa”, son titulares en medios de comunicación que muestran que no hay justificación alguna para seguir perpetuando el recorte en las pagas extraordinarias.

“Un recorte que afecta al conjunto de los empleados públicos y que, con seguridad, no se toleraría desde el propio Gobierno que se aplicase en cualquier empresa o ámbito del sector privado”, manifiestan ambos sindicatos.

“Sin razones ni argumentos, el Gobierno se está enrocando en perpetuar un recorte salarial que discrimina, minusvalora y empobrece a los profesionales que mantienen con vida un sistema sanitario que, sin su trabajo, no existiría”, apuntan CESM y SATSE.

Ambos sindicatos recuerdan, además, que estos colectivos profesionales, que llevan el peso de la atención sanitaria y de los cuidados en el SNS, han sido los más discriminados y perjudicados, ya que están cargando con la práctica totalidad (88%) del recorte realizado en las pagas extraordinarias de los empleados públicos del SNS.

“No somos ni queremos ser la joya de la corona, el alma, corazón y motor del sistema sanitario… o cualquier otra frase grandilocuente y vacía del político de turno, sino profesionales con unas condiciones de trabajo dignas a los que respeten sus derechos laborales y tengan un salario acorde a su trabajo, nada más pero tampoco nada menos”, concluyen.