 Por vulnerar el principio de igualdad
La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la condonación de la deuda a Cataluña. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este acuerdo no es válido porque “es un peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas.” Además, esta decisión del Gobierno central es contraria al principio de igualdad, ya que “discrimina entre regiones y favorece a aquellas más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal y perjudicando a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, supondrá que cada madrileño tenga que asumir 500 euros más de deuda por la irresponsabilidad del Gobierno central.”
Además, Díaz Ayuso anuncia un recurso contencioso-administrativo al Supremo si el Gobierno central sigue sin evaluar el coste de su Ley de Eficiencia de la Justicia. La jefa del Ejecutivo regional recuerda que los presidentes autonómicos son también garantes del orden constitucional, la unidad nacional, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todos los españoles.
"La nueva reforma judicial, conocida como la Ley de Eficiencia, supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas. Disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes. Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva. Vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva. Desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo. Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan. Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes. Por eso el 10 de abril presentamos un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Porque, si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo", resumía. |
