Piden que se cuantifique el coste real para las autonomías

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central para que evalúe el coste real de la aplicación de su Ley de Eficiencia de la Justicia y dote a las CCAA de la financiación necesaria. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal.

El Ejecutivo regional presentó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril por la falta de financiación y desarrollo de la norma. Ha sido desestimado, por lo que ha interpuso el recurso contencioso administrativo en vía judicial el pasado 16 de mayo.

El Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas. Esta obligación resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas medidas para sufragar y compensar esos costes.

Se trata de una Ley que, además, se ha aprobado sin contar con el Poder Judicial y sin las CCAA con las competencias en la materia transferidas que deben implantarla. Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, el coste en el primer año de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia supondrá 44 millones de euros para sus arcas públicas, de los cuales casi la mitad se consolidarán en los ejercicios siguientes.

El Consejo de Gobierno ha acordado la petición formal para solicitar la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; la ley que ordena el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal; y desista de la aprobación del Anteproyecto de Ley que varía la norma por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Comunidad de Madrid considera que estos proyectos normativos en materia de Justicia han conseguido alarmar a los principales operadores jurídicos de España, como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Además, añade, suponen un ataque al Estado de derecho y ponen en peligro el modelo de libertades y convivencia firmado por los españoles en 1978.

El proyecto para la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal supone una transgresión de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Además, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones las asociaciones mayoritarias de estos profesionales, ataca la independencia judicial.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid alerta de que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley que modifica la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reforma competencias del Consejo Fiscal que lo alejan del modelo de la fiscalía europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado.