Creen que desatará el caos en las contrataciones

CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo responsable de la gestión de las 25 residencias públicas de personas mayores de la Comunidad de Madrid, mantiene desde hace más de dos años una política que está provocando un deterioro progresivo de la calidad de los cuidados y de la atención sanitaria en estos centros. Este deterioro no es accidental, sino parte de una estrategia premeditada que busca justificar la privatización del servicio.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL defendemos que la gestión pública de las residencias es un servicio esencial y que debe garantizar la equidad, la calidad asistencial y la dignidad en los cuidados a las personas mayores, especialmente en un contexto de envejecimiento y aumento de la dependencia.

El análisis de la situación permite concluir que existen únicamente dos posibles explicaciones: o bien se trata de una incapacidad grave por parte de la Administración, que no está sabiendo gestionar un organismo con cerca de 10.000 trabajadores de diversas categorías, organizados en tres turnos y que atienden a unas 7.500 personas (de las cuales 6.300 son mayores dependientes); o bien se trata de una decisión política premeditada, avalada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, para degradar deliberadamente el servicio público y disponer así de una coartada que justifique su posterior privatización sin oposición social.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL insiste en que, dada la complejidad creciente de las personas mayores (con múltiples patologías y necesidades sanitarias), las residencias públicas deben ser referentes en calidad, innovación y atención especializada, incluyendo cuidados básicos, rehabilitación, atención postoperatoria y paliativa.  Sin embargo, la realidad es muy distinta: el empeoramiento progresivo de las condiciones laborales ha provocado la salida de profesionales sanitarios con experiencia y ha dificultado la incorporación de nuevos trabajadores cualificados. Como consecuencia, vacantes esenciales como las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) están siendo cubiertas por personal sin perfil sanitario, que solo cuenta con estudios mínimos y no puede legalmente administrar medicación ni prestar cuidados clínicos.

Hoy en día, la mayoría de las residencias carece de médicos suficientes, no dispone de seguimiento clínico del Servicio Madrileño de Salud, no cubre los tres turnos de enfermería y no tiene auxiliares suficientes para garantizar la atención diaria básica. Muchas de estas funciones están siendo asumidas por trabajadores sin formación sanitaria, lo que supone un riesgo grave para la salud y la seguridad de los residentes.

Esta Organización Sindical advierte que dicha situación responde a una estrategia premeditada para degradar el servicio público, generar la percepción de que es insostenible y allanar así el camino hacia su privatización. La situación global en las plantillas de personal de las 25 residencias de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social, AMAS, es de más de 900 puestos de trabajo sin cubrir correctamente por la pésima gestión que, en la contratación de personal, ha implantado la Gerencia.

A pesar de que CSIT UNIÓN PROFESIONAL, Sindicato con mayor representación en el ámbito, lleva trasladando a la AMAS esta situación de colapso, e incluso proponiendo soluciones, la Gerencia ha mantenido un sistema de tramitación totalmente ineficiente que no da agilidad a la cobertura de los puestos de trabajo ni resuelve la demanda del millar aproximado de profesionales que actualmente requiere la red de residencias públicas de mayores de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que da cobertura a unos 6.300 usuarios.

La tramitación que la Gerencia de la AMAS ha establecido para formalizar las contrataciones de personal, tanto sociosanitario como de administración y servicios, de 15 categorías profesionales de cara a las necesidades de cada centro, es caótica y el resultado de la misma es que a día de hoy, hay centros como el de Villaviciosa de Odón que, para atender a sus 223 residentes, cuenta solo con 3 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, TCAE, para el turno de noche, por ejemplo.

Las residencias de mayores han iniciado el mes de julio con unas 270 plazas de TCAE sin cubrir, casi 60 de enfermeras y unas 10 de médicos, así como más de 10 puestos descubiertos de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Si nos centramos en las plazas que están descubiertas del resto de categorías profesionales, la cifra asciende a más de 300 puestos sin cubrir por la deficiente gestión en la tramitación de las contrataciones para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en toda la red.

Además, desde el día 1 de julio se están produciendo situaciones inaceptables en la contratación de personal por parte de una administración pública, como es el caso de indicar a personas que acudan a trabajar sin tener en vigor su contrato de trabajo o contratar a personas que carecen de la titulación y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo de la categoría asignada. Este último hecho ha producido la contratación de 140 Técnicos Auxiliares del Área C para cubrir puestos de TCAE. Entre las funciones que deberán desempeñar, NO se incluye la administración de medicación ni el uso de grúas para movilizar a los residentes, ya que estas tareas requieren una formación específica y una titulación habilitante, la cual no se ha exigido a estas personas al ser contratadas sin la cualificación correspondiente.

A pesar de que las direcciones de los centros han facilitado listados de personas candidatas con la experiencia y titulación requerida, a la Gerencia de la AMAS, ésta ha optado por contratar a personas sin la titulación, generando en la práctica una sobrecarga de trabajo a las profesionales que sí cuentan con esa titulación y están trabajando en los centros.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia públicamente la desidia de los gestores de la AMAS que, lejos de poner medios para solucionar esta situación de colapso provocada por su nefasta gestión en la contratación de personal, lo único que responden es que “hay que tener paciencia”.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ya advertimos a la Gerencia de la AMAS en la última reunión que los problemas de descubierto de puestos de trabajo en las residencias de mayores se solucionan con un sistema de contratación ágil, ya que recomendar paciencia a los profesionales implicados y comprometidos con dar un servicio público de calidad a los usuarios, lo único que provoca es mayor preocupación y desasosiego ante un verano crítico como es este en lo relativo a las contrataciones de personal en la función pública madrileña.

CCOO de Madrid ve importantes retrocesos en la nueva licitación del Acuerdo Marco 2026 para la gestión de plazas de residencias de mayores y personas dependientes en la Comunidad de Madrid que ha publicado la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud.

Tras un análisis exhaustivo del acuerdo que regula la contratación de servicios de atención residencial, sustituyendo al acuerdo vigente desde 2021, CCOO verifica que el nuevo texto incorpora ciertas mejoras, pero alerta de que también observa importantes retrocesos que afectan negativamente tanto a la calidad asistencial como a las condiciones laborales del sector.

A juicio de CCOO, el nuevo acuerdo supone una mejora económica, pero sin garantías de impacto real. El documento eleva el precio por plaza/día de 74,88 € a 89,71 € (IVA incluido), un incremento económico significativo que, sin embargo, no viene acompañado de garantías claras de que esta inversión repercuta en mejoras reales para residentes.

CCOO valora entre los avances del nuevo acuerdo la inclusión de una quinta comida (recena), reforzando la atención nutricional; la obligatoriedad del modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), con una mayor regulación de la participación de familias y personas usuarias; y un mayor detalle en los servicios exigidos, con especial atención al cuidado emocional, la higiene y las actividades.

Pero advierte de retrocesos graves que afectan al personal y a la calidad del servicio, y que suponen una grave amenaza a la calidad y sostenibilidad del sistema, como:

Unos ratios de plantilla absolutamente insuficientes y muy lejos de los que CCOO ha propuesto como óptimos en el estudio que ha elaborado conjuntamente con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) y otra organización sindical.En el caso de las gerocultoras incluso por debajo de la ratio mínima establecida en el Acuerdo del Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y la Dependencia (SAAD) para la acreditación de centros residenciales para mayores de 2022.Eliminación de las ratios mínimas para personal de limpieza, cocina y mantenimiento, lo que conllevará sobrecarga laboral y deterioro del servicioAmpliación de la subcontratación de profesionales esenciales (medicina, enfermería, fisioterapia, psicología), generando fragmentación, precariedad e inestabilidad en las plantillas.Permiso para el uso de la telemedicina sin una regulación estricta, lo que puede traducirse en menor atención presencial para personas en situación de alta vulnerabilidad.Medidas como la AICP o la “recena”, sin asegurar los recursos humanos necesarios para que puedan implementarse eficazmente.Persistencia del incumplimiento en materia de ratios y ausencia de una comisión de seguimiento, a pesar de los compromisos adquiridos por la Administración.

Desde CCOO exigimos que el aumento presupuestario y las medidas anunciadas se traduzcan en más personal, mejores ratios y estabilidad laboral que se traduzca en cuidados asistenciales de calidad. Y considera que el modelo de atención a personas mayores debe sustentarse en valores de dignidad, humanidad, profesionalidad y estabilidad. Las reformas normativas sin dotación ni control efectivo no mejoran los servicios: solo maquillan las carencias estructurales.