La entidad gestora tiene cuatro meses para realojar a los más de 400 residentes

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha tomado la decisión de declarar el "cese definitivo" de la actividad del centro de refugiados CREADE, una medida que se ha implementado tras un análisis exhaustivo de las alegaciones y el recurso de reposición presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta resolución se ha notificado a la entidad gestora del centro, y ha establecido un plazo de cuatro meses para el realojo de las más de 400 personas que actualmente residen allí.

El cese de actividades en el CREADE ha sido motivado por la falta de licencia de funcionamiento, lo que ha llevado a que el Ayuntamiento notificara el 30 de julio la suspensión cautelar de la actividad del centro. Según el Consistorio, el CREADE estaba operando como un centro de acogida y alojamiento, una actividad que no contaba con la autorización necesaria y que es incompatible con la normativa municipal vigente.

El Ayuntamiento ha otorgado un plazo de cuatro meses para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realoje a los residentes del CREADE. Este plazo es el doble del tiempo promedio de estancia que el propio ministerio reconoce. Durante este periodo, el CREADE no podrá acoger nuevos residentes, y cualquier incumplimiento de esta normativa podría resultar en un cierre inmediato del centro.

El Ayuntamiento ha señalado que la actividad que se estaba llevando a cabo en el CREADE no solo carecía de la licencia adecuada, que también era incompatible con la normativa municipal. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha enfatizado que la documentación por el Ministerio indica que desde el 1 de julio se autorizó una ocupación de hasta 564 plazas, a pesar de que la única licencia de obras existente, fechada en 2013, era para un centro de formación con auditorio y hospedaje, que contaba con solo 90 habitaciones.

El Consistorio ha denunciado que durante una inspección realizada el 29 de julio, los técnicos municipales no pudieron comprobar la situación del centro debido a que la entidad gestora y el ministerio les negaron el acceso. Esto ha llevado a la conclusión de que el ministerio ha reconocido que había cientos de personas alojadas en condiciones inadecuadas, lo que agrava la situación.

El Ayuntamiento ha criticado que en las alegaciones presentadas por el Ministerio no se aborda el motivo principal del cierre, que es la realización de una actividad no autorizada. Además, se ha señalado que el Gobierno central ignoró la posibilidad de solicitar una nueva licencia adecuada, a pesar de haber sido notificado sobre la falta de la misma y sobre el incremento de la capacidad de alojamiento del centro.