“Nuestro pacto fue de investidura, no de Gobierno”, soltó Monasterio a la Presidenta en el Pleno de la Asamblea

Era previsible que la polémica que ha copado la actualidad en las últimas semanas fuera también protagonista del primer Pleno de la Asamblea de Madrid de 2020. Y así fue: Monasterio preguntaba a Ayuso si iba a implantar el “pin parental”, y ante la negativa de la Presidenta le soltaba una frase que puede poner en peligro, no sólo la aprobación de los Presupuestos, si no toda la Legislatura: “Nuestro pacto fue de investidura, no de Gobierno”. Y es que el partido verde tiene muy claro que, si no hay “pin parental”, no habrá Presupuestos regionales, ni saldrán adelante las principales Leyes que quiere poner en marcha Ayuso. La respuesta de la Presidenta sólo conseguía caldear aun más los ánimos, al espetarle a Monasterio que “buscasen otros apoyos en la Cámara si rompían con el PP”. Eso sí, el debate cerraba sin votación, al menos, de momento, pues la Mesa de la Asamblea aprobaba este miércoles la aceptación a trámite de una petición de Hazte Oír para que la Asamblea se pronuncie sobre el polémico “pin parental”.

Pero no sólo de educación se habló en el primer Pleno de la Asamblea de 2020. Así, por unanimidad, los Diputados daban luz verde a una Declaración Institucional con motivo del Día contra la Mutilación Genital Femenina; y a otra de apoyo a la educación física y el deporte. También salía adelante por unanimidad, y a propuesta del PP, la creación de una comisión sobre la “España vaciada”; y con los votos de UP, PSOE y Más Madrid, la abstención de PP y Cs, y el “no” de VOX, una propuesta del PSOE para crear un Pacto Regional sobre MENAs. Los datos del paro, la contaminación, el precio de los alquileres y los hospitales de gestión privada también fueron protagonistas de la sesión.

El diputado del GPP, José Antonio Sánchez Serrano, ha intervenido en la Asamblea de Madrid para explicar la iniciativa que ha llevado su grupo para que el Gobierno Central luche de manera eficaz contra la ocupación ilegal. “Traemos esta PNL hoy porque aunque no tenemos capacidad para legislar en el ámbito del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, creemos conveniente que el Congreso de los Diputados se pongan cuanto antes a hacerlo para atajar un problema que hoy en día tienen muchos españoles y en concreto que afecta a muchos vecinos de la Comunidad de Madrid”, ha señalado.

“Debemos proteger y defender la propiedad privada, y nuestro grupo Parlamentario defiende la protección de esas personas que tienen una propiedad”, ha afirmado el popular.

A través de esta PNL, el GPP quiere que el Ejecutivo autonómico inste al Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas. También se busca reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal.

Asimismo, esta iniciativa pretende reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal.

El popular ha explicado que “en la ocupación, nos encontramos ante dos tipos de personas: y el que necesita vivir en él sistema y el que quiere vivir del sistema, para ello debemos tener en cuenta dos  derechos constitucionales fundamentales: por un lado, el derecho a la vivienda y, por otro lado, el derecho a la propiedad. Los dos tienen que cumplirse, coadyuvar, complementarse y convivir, y en ningún caso es justificable la usurpación de la propiedad”.

Sánchez ha recordado el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno regional en esta materia “aumentando la presión constituyendo la junto al Ayuntamiento de Madrid, una mesa de trabajo sobre la ocupación” entre otras muchas medidas. Asimismo, Sánchez ha detallado que “las medidas que se están adoptando han comenzado a dar sus frutos, con aproximadamente un 70 % menos de viviendas asaltadas”.

Sin embargo, “no es suficiente, urge que el Gobierno de España también se implique en la lucha contra esta lacra dentro de su ámbito competencial, impulsando las reformas legales y tomando las medidas que reclama la ciudadanía”, ha concluido el popular.

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha intervenido en la Asamblea para mostrar su oposición a la PNL presentada por Más Madrid para que el Ejecutivo autonómico coopere con el Gobierno de España, y ha reconocido que le ha parecido “muy tierno ver a Más Madrid haciendo de hermano pequeño de Podemos en la labor de adelantarles el trabajo”, ha afirmado.

Serrano ha explicado en la cámara que la posición del PP de Madrid, tanto del grupo parlamentario como el de la presidenta Ayuso, siempre ha sido la misma: “lealtad con el Gobierno de España, cooperación y exigencia; lealtad porque por encima de todo está nuestro país, cooperación porque entendemos que lo que es bueno para nuestro país es bueno para Madrid, pero también exigencias porque es nuestra responsabilidad”, ha asegurado.

En este sentido, el popular ha explicado que esa exigencia no es solo con el Gobierno de España sino con todos los diputados de la Asamblea también “para anteponer los intereses de los madrileños a los nuestros o a los de nuestro partido, para eso estamos aquí”, ha afirmado.

Serrano ha aprovechado el pleno para pedir a la bancada de la izquierda “que le pidan a sus compañeros de Baleares que acepten la comisión de investigación sobre abusos sexuales en centros de menores para saber qué ha pasado y no traten de ocultar nada”. En este sentido, también se ha referido a la violencia de género, aunque ha recriminado que la actual ministra de Igualdad no firmara el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

“Vemos como los acuerdos de Pedro Sánchez pueden poner en cuestión los intereses de los propios madrileños”, ha afirmado en sede parlamentaria. “Esto no es hacer oposición al Gobierno de España, esto es defender los intereses de los madrileños”, ha añadido Serrano.

Serrano ha detallado lo que el PP de Madrid le ha pedido a Sánchez: “un sistema de financiación justo para Madrid, que se reconozca el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid que, aun bajando impuestos, es la comunidad que más recauda”. Otra de las cuestiones que le han pedido al Gobierno de España es que no suban los impuestos a los madrileños, con lo que la izquierda madrileña no está de acuerdo y el compromiso de Sánchez de defender el modelo educativo que hay en la Comunidad de Madrid en el que prima la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Serrano se ha referido al contenido de la PNL según la cual quieren que el Gobierno autonómico coopere con el Gobierno Central,  “pero señorías, el primero que debe ser leal con el país es el presidente del Gobierno, porque la foto de hoy de Pedro Sánchez con Torra es la foto de la vergüenza”, ha asegurado Serrano.  “Este presidente del Gobierno se ha arrodillado permitiendo ser recibido en una comunidad autónoma como si fuera un dirigente extranjero y eso lo permite Sánchez porque necesita el apoyo de los independentistas”, ha denunciado el portavoz.

“Este grupo nunca va a tragar con que el Gobierno de España imponga a los madrileños lo que la izquierda no ha conseguido en las urnas y eso es imponer su modelo ideológico en la Comunidad de Madrid”, ha finalizado Serrano.

La portavoz adjunta del GPP, Ana Camins, ha puesto en valor la creación de una Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. Camins ha recalcado que “no es una opción, el reto demográfico es una necesidad”.

La diputada del Partido Popular ha puesto el foco en las preocupantes tasas de natalidad situadas en el 1,3 hijos por mujer lejanas a la tasa de 2,1 hijos. En este sentido Camins ha recordado que “si ya un gobierno del PP puso esta cuestión en la agenda nacional de 2016, desde la Comunidad de Madrid podemos hacer mucho para revertir esas tasas que nos arroja el INE”.

La portavoz adjunta, que ha agradecido al resto de grupos parlamentarios el sentido del voto a favor, ha trasladado al hemiciclo “la preocupación común que tenemos todos por las alarmantes tasas de natalidad y por los efectos negativos que está teniendo la despoblación en nuestros 78 municipios rurales con menos de 2.000 habitantes”.

La Comisión de Estudio se fundamenta en los datos que publica el INE, que dice que a 1 de enero de 2017 había en España 8.764.204 personas mayores (65 y más años), un 18,8 % sobre el total de la población (46.572.132). Según la proyección del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores, 34,6 % del total de la población. Además, el número de nacimientos se redujo un 6,1 % en todo 2018 y el descenso durante la última década es ya de un 29%.

En la Comunidad de Madrid, durante 2017 (último dato que obra en Estadística) se produjeron 60.555 nacimientos, que representa un -4,5 % respecto a 2016, la cifra más baja en los últimos 16 años, según el INE.

La Comisión escuchará a expertos, profesionales y representantes de la administración y de la sociedad civil, analizará los condicionantes que frenan el incremento de natalidad, buscará soluciones y propuestas para apoyar a las familias y analizará el grado de conciliación tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Camins se ha comprometido a seguir trabajando para acabar con la baja natalidad de la región y para abordar el reto demográfico y la despoblación desde la responsabilidad y el trabajo en la Asamblea de Madrid.

Antes de concluir, Camins ha recordado a la bancada de Podemos que “la gente del campo ya ha dejado clara su postura sobre el presidente de su partido”. Y les corregido cuando desde la formación morada se refieren a “los ricos del barrio de Salamanca”. “Supongo que cuando se refieren a los ricos del barrio de Salamanca se refieren al señor Echenique y cuando se refieren a los terratenientes intuyo que se lo dicen a las personas que tienen esa casa tan bonita en Galapagar. No nos sentimos aludidos”, ha explicado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha preguntado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por cómo valora los últimos datos de empleo de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ha valorado muy positivamente los últimos datos de la EPA que situan en el tercer trimestre de 2019 el paro registrado en la región por debajo del 10 %, cifra récord de los últimos años. “Esto ha sido gracias a las políticas de bajadas de impuestos y de no subida de los mismos que tanta confianza genera entre los inversores, empresarios, comerciantes y clases medias, todos aquellos que mueven económicamente un país y que siempre se ven afectados por las políticas sectarias de aquellos que no han creado un puesto de trabajo en su vida”, ha asegurado la presidenta.

Por su parte, Serrano ha felicitado a la presidenta por el trabajor realizado y ha asegurado que “haber creado el 85% del empleo de todo el país, es síntoma de fortaleza de nuestra economía”. Sin embargo ha lamentado que pese al impulso a la contratación que ha hecho el Gobierno central con cuatro vicepresidentes, 18 ministros, 30 secretarios de estado, 50 subsecretarios, 54 directores generales, 136 secretarios técnicos y casi 250 asesores haya tenido como resultado “90.000 parados más en toda España”.

Asimismo, el popular ha recordado que la subida salarial del 2 % a los funcionarios “fue un acuerdo del Gobierno del PP y que ustedes se han limitado a ratificar”. En este sentido, Serrano ha señalado que las políticas del PP funcionan “le pese a la izquierda o le pese a algunos sindicatos que dedican más esfuerzos a  hacer oposición al PP que a pensar en los trabajadores madrileños”.

El portavoz ha recriminado a la izquierda madrileña utilizar argumentos como el dumping fiscal o el efecto capitalidad para explicar los buenos datos economícos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en 1984 Madrid crecía 4 décimas menos que España y un punto menos que Cataluña y en 1994 Madrid creció medio punto menos que Cataluña y por debajo de la media nacional, “¿dónde estaba la capital de España en esos diez años de gobierno socialista?, ¿en Cuenca?, ¿Valencia? o ¿Madrid?”, ha preguntado al resto de diputados de la Asamblea. “Desde entonces, Madrid ha pasado de ser la quinta región en PIB per cápita a ser ahora la primera”, ha añadido Serrano.

El portavoz popular ha explicado que el PP ha demostrado que “usando correctamente los mismos instrumentos que el resto de comunidades autónomas, se puede crecer más, bajar impuestos, atraer inversión, crear empleo, aumentar la recaudación y ser, al mismo tiempo la región más solidaria con el conjunto de Españoles”, ha afirmado.

Para concluir, Serrano se ha dirigido a la presidenta Díaz Ayuso y le ha felicitado porque “miles de madrileños siguen aspirando a tener un puesto de trabajo y saben, que sólo las políticas del Partido Popular pueden contribuir a que ese sueño, ese derecho, se haga realidad”, ha concluido el portavoz.

La Comunidad de Madrid reducirá a un máximo de tres fases la construcción de los nuevos centros educativos que se proyecten a partir de ahora. Así lo ha expresado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid para tratar el tema de las infraestructuras educativas en la región.

El responsable de Educación ha recordado el compromiso del Gobierno de Díaz Ayuso y ha explicado que este sistema de construcción permite hacer una redistribución más idónea de los recursos económicos y que los centros se adapten a las necesidades reales de escolarización de los municipios o barrios. Además -ha añadido el consejero-, evita un desembolso de gasto corriente y deterioro de las infraestructuras, cuyo mantenimiento, en el caso de los centros de Primaria depende de los ayuntamientos.

Además, el objetivo del Ejecutivo regional es intentar reducir incluso a una fase la construcción en un número importante de nuevos centros, mediante un único proyecto plurianual que permita la apertura parcial de la zona que esté terminada, como ya se va a realizar en el nuevo IES Blanca Fernández Ochoa, de Montecarmelo.

Asimismo, Ossorio ha detallado que estas medidas están incluidas en el Plan de Mejora de Obras, en el que el Gobierno regional trabaja desde que comenzó la legislatura. Este plan también aborda la seguridad en los centros, para que las labores no perjudiquen el normal funcionamiento de los colegios e institutos, la calidad del servicio educativo y, por supuesto, para no poner en riesgo a alumnos y profesores. Como muestra, las labores que se han desarrollado en los centros durante este curso han contado con la figura de un coordinador de seguridad y salud, que es independiente y que certifica que no existe riesgo alguno ni para los alumnos ni para los trabajadores de los centros.

El plan contempla un refuerzo en la coordinación con los ayuntamientos para, en primer lugar, analizar censos, perspectivas de crecimiento demográfico y demandas de escolarización, con el fin de anticiparse a las necesidades del futuro. En segundo lugar, el Plan contempla revisar el trabajo conjunto con los ayuntamientos en relación al mantenimiento de los centros, ya que son estas administraciones las encargadas de la conservación de colegios, casas de niños y escuelas de adultos.

Ossorio ha recordado que el Gobierno que preside Díaz Ayuso ha aprobado para este año un primer conjunto de obras, por valor de 31 millones de euros, que va a permitir realizar 11 ampliaciones y un nuevo colegio público en el barrio de Valdebebas. Gracias a esta inversión se crearán con 3.000 nuevas plazas públicas para el curso 2020/2021

El Consejo de Gobierno aprobó hace unas semanas esta importante inversión que permitirá llevar a cabo actuaciones en 12 centros repartidos por toda la Comunidad: los institutos Antonio Fraguas Forges, Malala Yousafzai y Francisco de Ayala de Madrid, el IES Alpedrete de Alpedrete y el IES Gloria Fuertes en Alcobendas, los colegios Madre Teresa de Calcuta y Blas de Lezo de Parla, Nuria Espert y Ángel Nieto en Madrid, Maruja Mallo de Móstoles, Miguel Delibes de Campo Real, María Blanchard de Getafe.

La Comunidad de Madrid apuesta por la excelencia en la atención a las personas mayores. Así lo ha expresado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional, Alberto Reyero, durante la sesión de control del Pleno. En concreto, Reyero ha anunciado el inicio de una ronda de contactos con la patronal de las residencias de mayores para consensuar un cambio de modelo en la gestión público-privada.

En este sentido, de cara a la adjudicación de futuras concesiones, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad trabaja en la elaboración de nuevos pliegos con nuevos requisitos que den mayores garantías, tanto en la prestación del servicio como a la hora de adoptar medidas en caso de incumplimiento. Se barajan varias opciones, el precio podría ser una de ellas pero también establecer periodos de concesión más largos o marcar un umbral de penalidades más bajo que permita la rescisión de contrato si fuera necesario.

Además, Reyero ha asegurado que para garantizar el correcto funcionamiento en las residencias de mayores la Consejería va a seguir ejerciendo esa labor de control y vigilancia a través de las inspecciones que realizan los técnicos de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, imponiendo sanciones o penalidades económicas si detectan cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.

En el marco de estas actuaciones, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha dado luz verde al inicio del expediente de resolución de cuatro contratos que la Comunidad de Madrid tiene con cuatro residencias de gestión indirecta. El consejero ha explicado que es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento por parte del Gobierno regional y el resultado podría suponer la rescisión de los contratos con dos de las empresas que gestionan los centros de Peñuelas, Ensanche de Vallecas y de Usera en Madrid, así como la Residencia de Parque de Los Frailes en Leganés.

Según ha podido constatar la Consejería, las empresas habrían subcontratado a personal de enfermería para cubrir ausencias, una práctica que se prohíbe en los pliegos de condiciones y que sería por tanto motivo suficiente para rescindir los contratos que la empresa tiene en vigor para la gestión de estos centros.

El consejero ha explicado que estamos en una etapa inicial del proceso de resolución de los expedientes y ha hecho hincapié en que “la detección de esta irregularidad es fruto de la intensa labor de vigilancia realizada por la Consejería de Políticas Sociales”, siempre con el objetivo de “garantizar la mejor atención a los mayores que residen en los centros que dependen de la administración pública”.

En los últimos cuatro meses de 2019 se han impuesto siete penalidades de carácter grave a empresas que gestionan residencias públicas por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia o escasez de personal. “Nuestro deber como administración pública es asegurar que la atención que reciben las personas mayores, en muchos casos personas dependientes, es excelente” ha aseverado Reyero.

En este sentido, el consejero ha destacado la transparencia en todas y cada una de las actuaciones realizadas en esta materia “ya que el interés general de los madrileños y más especialmente de las personas más vulnerables como son los mayores, está por encima de todo”. Asimismo, Reyero ha manifestado que “es precisamente la transparencia en la publicación de sanciones y penalidades, garantía de éxito en la colaboración público privada”.

Respecto a la actualización de la normativa, el consejero ha recordado que el objetivo de haber iniciado una mesa con sindicatos y patronal para revisar y actualizar la regulación existente es que, en la Comunidad de Madrid, no existan diferencias entre una residencia pública, una de gestión indirecta o una privada. “Los familiares de las personas que entran en una institución residencial deben tener la tranquilidad de que van a estar lo mejor atendidos posible”, ha concluido Reyero.