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23
Jul
2020
Fomento da luz verde a la construcción del BusVAO de la A2 PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - Comunidad de Madrid
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Foto cedida por Ministerio de FomentoTendrá cuatro accesos y se construirá en tres fases

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado definitivamente los proyectos para la implantación del carril Bus-VAO en la autovía A-2 en Madrid. El presupuesto estimado de ejecución conjunta de los tres proyectos asciende a 12,5 millones de euros.

El pasado 21 de octubre, se firmó el Convenio entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio del Interior, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, estableciendo el régimen de colaboración entre las partes para la adaptación del carril izquierdo de la autovía A-2 como carril Bus-VAO, en ambos sentidos de circulación.

Conforme a lo previsto en el Convenio, tanto la supervisión y aprobación de los proyectos, como la licitación y ejecución de las obras corresponden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Respecto a la financiación, el Convenio establece que el presupuesto global de las actuaciones será financiado a partes iguales por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio del Interior, Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

En este contexto, el Ministerio ha supervisado y aprobado definitivamente los tres proyectos que desarrollan la citada actuación, redactados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Esta actuación contribuirá a alcanzar el objetivo de reducción de emisiones que Mitma se ha fijado para 2030.

Esta actuación consiste en dotar a la autovía A-2 de la infraestructura necesaria para permitir el uso exclusivo del carril izquierdo, en ambos sentidos de circulación en horas punta, para autobuses y vehículos con alta ocupación, mediante una gestión inteligente de la carretera basada en sistemas ITS.

Para ello, no se prevé una separación física entre el carril reservado y el resto de los carriles de la calzada, sino que se proyecta un sistema de información al usuario mediante señalización luminosa variable, apoyada por una señalización fija horizontal y vertical previa, con el objetivo de indicarles el estado y situación del carril reservado y su uso con la máxima cobertura.

A lo largo de la línea de separación de carriles central e izquierdo se colocarán además balizas luminosas embebidas y enrasadas en el firme, que indicarán, en color rojo, los tramos en los que no es posible acceder al carril reservado, y en color verde, los tramos habilitados para ello.

Asimismo, para paliar las posibles perturbaciones en el tráfico producidas por la implantación del carril Bus-VAO, los proyectos incluyen actuaciones puntuales de mejora en la infraestructura existente.

La actuación se desarrolla en tres fases, cuya ejecución se realizará simultáneamente en un único contrato de obras. Los proyectos de las fases I y II se corresponden con el sentido de entrada a Madrid y el proyecto de la fase III con el de salida de Madrid.

El acceso al carril reservado sólo podrá realizarse por unos puntos determinados, que serán los puntos de embarque, y, una vez en el carril, sólo se podrá salir de él en el desembarque previsto en Avenida de América.

Contempla dos fases de puesta en funcionamiento, aunque las obras necesarias para la adaptación del carril se realicen de forma simultánea.

  • Fase I:

    • 14,3 km de carril reservado, entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América.

    • Actuaciones puntuales de mejora en el nudo de Eisenhower (p.k. 10+800 de la A-2), en el enlace de Rejas (Coslada/San Fernando) y en la salida 5 de la A-2.

    • 3 puntos de embarque (accesos al carril reservado): Torrejón de Ardoz (p.k. 18+600), San Fernando de Henares (p.k. 13+600) y Canillejas (p.k. 7+700).

    • Desembarque único hacia Avenida de América, pasado el enlace de la A-2 con la M-30 (p.k. 4+300).

  • Fase II

    • 5 km de carril reservado, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

    • 1 punto de embarque al comienzo del carril reservado, a la altura del nudo con la M-300 (p.k. 23+500).

Salida de Madrid:

Contempla la denominada Fase III:

  • En sentido salida de Madrid, el acceso se podrá realizar desde Avda. de América y la M-40 y se podrá salir en Coslada/San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz.

  • 9,4 km de carril reservado entre el p.k. 6+100 y el 14+900.

  • 1 punto de embarque al comienzo del carril reservado, pasada la salida 5 hacia Josefa Valcárcel (p.k. 6+100).

  • 1 punto de embarque pasada la incorporación de la Avenida Hispanidad Sur (p.k.11+400).

  • 1 punto de desembarque entre los p.k. 9+100 y 9+800.

  • 1 punto de desembarque entre los p.k.14+900 y 15+200.

El Ejecutivo ha aprobado las características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y pymes y 3.000 del resto de empresas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la nueva línea de avales se suma a las medidas ya adoptadas desde el inicio de la pandemia para apoyar la liquidez y solvencia de las empresas, entre las que destacan los avales públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 3 de julio aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluía la creación de una nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros. Hoy aprueba el acuerdo que recoge las características del primer tramo de esa línea por importe de 8.000 millones.

Calviño ha detallado que 5.000 millones se reservarán para avalar la liquidez del capital circulante de pymes y autónomos, es decir, el pago de sus alquiles, suministros y salarios, y para fomentar la inversión productiva en áreas donde se genere valor añadido, en especial, en los ejes de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Los otros 3.000 millones se destinarán al resto de empresas. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas.

La anterior línea del ICO, aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros, cubrió las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo y ahora se impulsa también la inversión de los autónomos y empresas.

Nadia Calviño ha destacado que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales. Y a través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.

La vicepresidenta tercera también ha indicado que, a 26 de julio, se han aprobado un total de 741.000 operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido productivo.

Nadia Calviño ha argumentado que este programa de apoyo a la liquidez canalizado a través del ICO ha logrado movilizar un mayor volumen de recursos en términos de Producto Interior Bruto que otros países de nuestro entorno. "Es un esfuerzo del conjunto de los contribuyentes, pero está siendo eficaz para el sostenimiento del tejido productivo, el apoyo a las rentas de las familias y es una buena base para la recuperación económica a partir de la segunda parte del año", ha dicho.

Durante su intervención, la titular de Asuntos Económicos ha defendido que el Gobierno ofrecido medidas económicas y sociales en paralelo a la evolución de la pandemia y a la respuesta a la emergencia sanitaria.

En este sentido, Nadia Calviño ha mantenido que en la primera fase de la pandemia o fase de resistencia, el Ejecutivo puso en marcha un plan de choque para apoyar al tejido productivo, proteger las rentas y a las familias, tratando así de minimizar el impacto negativo de la propia pandemia, de la caída de la demanda y de la reducción de la actividad económica. Entre esas iniciativas ha citado la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), las líneas de avales del ICO, la prestación extraordinaria para autónomos, y medidas de apoyo los colectivos más vulnerables. "Este plan evitó un escenario disruptivo, que podía haber supuesto una caída del PIB de nuestro país incluso superior al 25% en el conjunto de 2020 poniendo en peligro más de tres millones de empleos adicionales", ha dicho.

En relación con los ERTES, la vicepresidenta ha incidido en que se han realizado a través del diálogo social y "han permitido proteger con unas condiciones excepcionales hasta a 3,4 millones de personas y a más de 550.000 empresas". También ha señalado que más del 64% de los trabajadores -unos 2.200.000- que estaban en ERTES a finales de abril ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo.

En una segunda fase, el Gobierno impulsó un plan de reactivación de la actividad, la reapertura de los negocios y del empleo, sentando así las bases para "un crecimiento robusto en el próximo año". Con este fin, ha sostenido la vicepresidenta, se extendieron los instrumentos de la etapa anterior y se adoptaron planes específicos para los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, el automóvil, la ciencia y la cultura.

Calviño ha afirmado que el impacto conjunto de las medidas adoptadas en estas dos fases asciende a un 20% del PIB previsto para el año 2020.

La vicepresidenta ha avanzado que, en una tercera fase, que se anunciará a partir del otoño, se implantará un plan de recuperación y resiliencia con el objetivo, no solo de impulsar el crecimiento económico a corto plazo, sino de apoyar, con los nuevos fondos comunitarios recientemente aprobados, un proceso de transformación y de modernización de la economía que favorezca un crecimiento "más inclusivo y sostenible" a largo plazo.

Nadia Calviño ha manifestado que los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre "son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esta situación absolutamente extraordinaria".

Los datos muestran un retroceso de la ocupación superior a un millón de personas respeto al trimestre anterior y un incremento del desempleo en 55.00 personas. "La diferencia que hay entre la caída de la ocupación y el relativamente limitado incremento de la tasa de paro se encuentra en la pronunciada subida de la población inactiva derivada de la dificultad de la búsqueda activa de empleo en la situación extraordinaria derivada de la pandemia", ha dicho.

La ministra de Asuntos Económicos ha subrayado tres elementos recogidos en la EPA: la expansión del trabajo a distancia, el papel de los ERTES y el papel de la prestación por cese de actividad o caída significativa de los ingresos de los autónomos. "Refleja una caída muy limitada del trabajo por cuenta propia incluso un aumento de los autónomos sin asalariados con respecto al trimestre anterior".

Calviño ha añadido que la previsión del Gobierno, recogido en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas en abril, se caracteriza por una caída intensa de la actividad limitada en el tiempo y una recuperación en forma de V asimétrica.

A su juicio, el perfil y la rapidez de la recuperación dependerán de una serie de factores, el más relevante la evolución de la epidemia, no solo en España, sino en el mundo, de las respuestas en el ámbito sanitario y de política económica, y del impacto que tenga la epidemia en los distintos sectores.

La portavoz del Gobierno ha afirmado que el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en permanente coordinación, está realizando un trabajo serio en la prevención, control y contención de la pandemia del COVID-19: "Queremos lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país, un destino seguro que se ha preparado y reforzado para hacer frente al virus".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte, ha coincidido en señalar que la pandemia en España está "controlada", como en el resto de países europeos de su entorno y a diferencia de América, donde ahora se está dando el mayor número de casos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro de Sanidad ha defendido que España cuenta con los instrumentos "suficientes" para seguir manteniendo la pandemia bajo control, especialmente el Real Decreto-ley 21/2020, conocido como "de nueva normalidad", y el Plan de respuesta temprana acordado entre Gobierno de España y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

A juicio de Illa, las comunidades autónomas, que tienen "un papel preeminente y fundamental" en esta fase, están adoptando medidas "adecuadas y correctas", especialmente en lo relativo a la detección precoz de casos y brotes, su aislamiento y vigilancia y las medidas de limitación de las reuniones familiares, de amigos y las actividades de ocio nocturno, que están en el origen de muchos nuevos casos. Asimismo, ha valorado su trabajo de cribado y de búsqueda activa de nuevos casos, con hasta 45.000 pruebas PCR diarias, que está permitiendo detectar alrededor de un 60% de casos asintomáticos.

Actualmente existen en el territorio español 361 brotes activos, aunque el 70% de ellos tienen menos de 10 casos asociados. El 64% de los nuevos casos se concentran en Cataluña y Aragón, pero Illa ha valorado que incluso en estas zonas más afectadas la presión hospitalaria está siendo baja, lo que permite "mantener una asistencia regular y planificada". La cifra de fallecidos en la última semana se ha mantenido en toda España en torno a 6 y 7 personas.

Illa ha asegurado que para que todas las medidas adoptadas sean realmente efectivas la ciudadanía debe seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus comunidades autónomas y mantener el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia interpersonal: "las tres emes, mascarilla, manos y metros".

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha apelado a la "insustituible" responsabilidad individual para cumplir con las normas y evitar lamentar la pérdida de vidas humanas y mayores perjuicios económicos y sociales.

El ministro ha recordado que hay que convivir con el virus "sin miedo, pero con respeto" hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna, y ha adelantado, "con "precaución", la posibilidad de que en la primera mitad del año que viene haya una o varias vacunas disponibles. Así se desprende, ha señalado, de la información de que disponen tanto el Ministerio de Sanidad como el de Ciencia e Innovación, cuyos respectivos equipos participan a nivel europeo en el seguimiento de la evolución de las investigaciones y las negociaciones con distintos proveedores potenciales.

El Gobierno ha aprobado una nueva edición del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (REINDUS), que estará dotado, en el año 2020, con 340,9 millones de euros.

María Jesús Montero ha explicado que el objetivo sigue siendo apoyar al tejido productivo, pero más ahora en el que se ha visto muy afectado por la pandemia del COVID-19. De ahí que estas ayudas se dirijan a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y cuenten con condiciones de financiación mejores, a través de tipos de interés más favorables.

Las empresas beneficiarias podrán recibir un préstamo de hasta 800.000 euros para la mejora y modificación de sus líneas de producción, adquisición de equipos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, e implantación de tecnologías de la 'Industria Conectada 4.0'.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para destinar 30 millones de euros en ayudas a armadores y pescadores, de forma que puedan afrontar la paralización temporal de la actividad pesquera causada por la COVID-19.

La portavoz del Gobierno ha estimado que entre 6.000 y 9.000 buques y sus tripulaciones podrán optar a estas ayudas, evitando así la pérdida de empleos, tanto de autónomos como de asalariados.

Montero ha afirmado que el respaldo al sector es fundamental para que España pueda seguir siendo líder en producción pesquera en Unión Europea, con una facturación de más de 6.700 millones de euros.

El Gobierno ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del suministro de alimentos en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2021, por un importe total de 57 millones de euros.

María Jesús Montero ha destacado que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha incrementado la situación de vulnerabilidad de las personas desfavorecidas, por lo que este programa cobra este año especial relevancia.

Los alimentos que se adquirirán son propios de una cesta básica, como el arroz, la pasta o las conservas, y se distribuirán, a través de organizaciones sociales, a más de 1.500.000 de personas.

El Consejo de Ministros ha aprobado una aportación de 42 millones de euros al Servicio de Empleo Público Estatal para desarrollar el Plan integral de empleo en Canarias. María Jesús Montero ha destacado que el Ministerio de Trabajo ha hecho un esfuerzo importante por acortar los plazos y adelantar los tiempos previstos para la ejecución del programa para que se ejecuten en el mes de julio en lugar de en la segunda fase del año.

El Gobierno también ha acordado la reanudación del programa SARA, que permite la colaboración entre el Ministerio de Igualdad e instituciones como Cruz Roja o Fundación Secretariado Gitano para impulsar proyectos que faciliten la inserción sociolaboral de las mujeres. En opinión de la portavoz, la medida es una "herramienta de empoderamiento social y personal fundamental para mejorar su posición".

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado la creación de la medalla conmemorativa de la "Operación Balmis", para reconocer la labor del personal de las Fuerzas Armadas y del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa que participó de forma activa e importante en la lucha contra la COVID-19.

Montero ha resaltado que la "Operación Balmis" se puso en marcha desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, y en ella han participado cerca de 190.000 hombres y mujeres, que pusieron a disposición de la sociedad su talento y competencia con el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá mañana a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el contenido y alcance del acuerdo del Consejo Europeo extraordinario de la pasada semana, y el viernes se reunirá con los presidentes de las comunidades autónomas en San Millán de la Cogolla (La Rioja) con el mismo fin y para evaluar la evolución de la pandemia.

María Jesús Montero ha anunciado la intención del Gobierno de convocar mensualmente este órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas. Desde la declaración, el 14 de marzo, del estado de alarma por el COVID-19, la Conferencia de Presidentes se ha reunido por videoconferencia en catorce ocasiones. La del viernes será la primera reunión presencial desde 2017.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por alcanzar en España consensos como el logrado en la Unión Europea respecto al Fondo de Recuperación ante la crisis del COVID-19. Además, ha asegurado que el Ejecutivo está prestando la "máxima colaboración" a las comunidades autónomas en el ámbito sanitario.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Sánchez ha elogiado la resistencia, la disciplina social y la moral de victoria de los españoles frente a una pandemia inédita en los últimos cien años. "Gracias a su esfuerzo hemos logrado contener el virus durante todos estos meses", ha señalado en su respuesta a la cuestión planteada por el diputado Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular.

El presidente ha subrayado también la trascendencia que en la lucha contra la pandemia han tenido, a escala nacional, el estado de alarma aprobado por la mayoría parlamentaria y, a nivel europeo, el acuerdo suscrito en el Consejo Europeo extraordinario que concluyó ayer en Bruselas.

A juicio de Sánchez, la aprobación por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros representa "un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país, no solamente para dar respuesta a la crisis del COVID, sino también para las transformaciones que necesita". El jefe del Ejecutivo ha añadido que ese acuerdo es un "gran logro colectivo y español" y es satisfactorio en un noventa y cinco por ciento para España y en un cien por cien para el conjunto de la UE.

El presidente ha compartido la preocupación por la evolución de la pandemia en el mundo, en Europa y en España expresada en su pregunta por el diputado Edmundo Bal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En el terreno de la emergencia sanitaria, Sánchez ha recordado que las competencias corresponden a las comunidades autónomas y ha señalado que el Ejecutivo está actuando de acuerdo a dos principios: lealtad institucional con los gobiernos autonómicos y máxima colaboración para combatir la pandemia y vigilar los rebrotes.

El Gobierno -ha indicado- también está respondiendo a la crisis en el frente económico y social con medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para proteger los puestos de trabajo y los avales a las empresas a través de las líneas de crédito.

El presidente ha destacado, igualmente, la agenda de reformas del Ejecutivo, que ya se ha concretado en iniciativas como el proyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 y la reforma educativa.

Respecto a la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico, asunto que ha planteado el diputado Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, el presidente ha afirmado que el Gobierno ha tenido que enfrentarse a la pandemia durante los últimos meses pero mantiene la "hoja de ruta" que planteó en la investidura y el refuerzo de las relaciones bilaterales con el Ejecutivo vasco.

La Comisión Mixta, por tanto, se va a celebrar, ha dicho Sánchez, y ha recalcado además los avances logrados en esas relaciones. El pasado 4 de febrero -ha explicado- se celebró la primera reunión entre el Gobierno de España y el de Euskadi para reactivar las transferencias pendientes, el 20 de febrero se acordó un cronograma y el 25 de junio se firmaron tres acuerdos relativos a las prestaciones sanitarias del seguro escolar, las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo y la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.

Además, el presidente ha manifestado que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que Euskadi, como el resto de las comunidades, no se vea "tensionada" como consecuencia de la caída de los ingresos públicos que ha causado la pandemia.

El Gobierno ha calificado de histórico el acuerdo alcanzado por los 27 en Bruselas. Además, ha aprobado la Estrategia para la Cooperación Española tras el COVID-19, la mayor partida de la última década para becas y ha activado 10.000 millones de euros para garantizar la solvencia a empresas estratégicas.

La ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado por los líderes europeos, tras cinco días de debate, para aprobar el fondo de recuperación que afrontará los efectos sociales y económicos del COVID-19 y el Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años.

A su juicio, se ha forjado el acuerdo económico más importante desde la construcción del euro, que supone un "auténtico paso de gigante" en la reactivación económica y social del continente europeo y un avance hacia una "Europa más fuerte, justa y cohesionada".

María Jesús Montero ha explicado que el Consejo Europeo ha aprobado un gran paquete financiero dotado con hasta 750.000 millones de euros, de los que 390.000 se materializarán en transferencias directas a los Estados miembros y 360.000 en préstamos. "Es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda para financiar programas", ha enfatizado.

Los recursos, ha concretado, se repartirán atendiendo a los países que están más afectados por la crisis y, en consecuencia, España será el segundo más beneficiado, con una asignación total de en torno a 140.000 millones de euros, lo que representa el 11% del Producto Interior Bruto en el año 2019. De esta cantidad, 72.750 millones llegarán en forma de transferencias directas, que se tendrán que ejecutar entre los años 2020 y 2026, y el resto de los recursos en forma de préstamos.

La portavoz ha indicado que estos recursos representan casi diez veces más que los Fondos de Cohesión que hemos recibido en los últimos años. Su objetivo es impulsar la recuperación inmediata de la economía y su modernización, y que esa recuperación se traslade a los sectores de la población más afectados por la crisis, con el propósito de que "nadie se quede atrás".

La ministra ha destacado que, dentro del fondo, el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contará con 672.000 millones de euros, 312.500 en transferencias, de los que a España le corresponden 59.000 millones. El Gobierno podrá impulsar así un plan nacional de reformas e inversiones con las prioridades marcadas al inicio de la legislatura: la apuesta por un crecimiento verde, digital, la innovación, la ciencia, la educación y la formación de capital humano.

Por su parte, el programa React contará con 47.500 euros, de los que España recibirá 12.400 para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis

Montero ha resaltado que esta movilización de "recursos públicos sin precedentes" de la Unión Europea supone una palanca para que se movilicen recursos privados. "La Unión actuará como locomotora para que todas las empresas puedan ser más competitivas, más productivas y generar empleo de calidad y oportunidades a las personas más jóvenes", ha dicho. La titular de Hacienda ha incidido en que el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dotado con más de un billón de euros, será muy positivo para el campo español.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que el Gobierno ha cumplido su objetivo de mantener, para los años 2021-2027, la misma cuantía de fondos para agricultores y ganaderos en la Política Agrícola Común (PAC) que en el periodo anterior. Planas ha afirmado que España ha logrado que, al menos, 47.500 millones de euros estén disponibles en los próximos siete años para apoyar a los agricultores, ganaderos y al medio rural, a través de ayudas directas de los fondos de desarrollo y de las medidas de mercado.

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl ministro ha subrayado que esta cantidad supone unos 6.800 millones de euros anuales de ayudas al sector, que no son subvenciones, y beneficiará a unos 700.000 perceptores. En opinión de Planas, el fondo de recuperación constituye la respuesta de la Unión Europea a los problemas derivados de la crisis tanto a corto como a medio y largo plazo.

Además, según ha expuesto el ministro, este paquete presupuestario se complementará con las aportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, por lo que sumará más de 50.000 millones de euros.

El ministro ha precisado que, una vez determinado el presupuesto comunitario, la Política Agrícola Común (PAC) no entrará en funcionamiento plenamente hasta el año 2023, si bien hasta entonces se aplicarán los antiguos reglamentos. A partir del año 2023 entrarán plenamente en funcionamiento tanto los reglamentos, que se confía cerrar antes de fin de año, como el presupuesto.

Luis Planas ha anunciado que el próximo jueves reunirá a los consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas para analizar la aplicación en España de la Política Agrícola Común, que es fundamental para el futuro del medio rural.

La Política Agrícola Común, según ha expuesto el ministro, se inserta plenamente dentro del Pacto Verde y de la Política Verde. Es decir, contribuye a la lucha contra el cambio climático, a la preservación del suelo, del agua, del aire, la biodiversidad, el paisaje y a la extensión de la agricultura ecológica. Desde la perspectiva social, permitirá a España afrontar el reto demográfico, el relevo generacional de un sector muy envejecido y cubrir la brecha de género con la incorporación de agricultoras y ganaderas.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha considerado que el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en Bruselas define a una Europa más comprometida con la protección de sus ciudadanos, más solidaria con los países más afectados por la pandemia y más unida.

González Laya ha afirmado que la participación de España en el Consejo Europeo ha permitido tejer soluciones: "Nunca más una España en el centro del problema, sino una España muñidora de consensos", ha afirmado.

En este contexto, la ministra ha mantenido que es justo que España muestre, hacia los países en desarrollo más golpeados por la pandemia, la misma solidaridad reclamada para sí en Europa, y por ello ha destacado la importancia de la aprobación, por el Consejo de Ministros, de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis de la COVID-19.

Laya ha anunciado que el Gobierno prevé movilizar, en un horizonte mínimo de dos años, 1.700 millones de euros para países terceros, especialmente de aquellas regiones con las que España tiene un compromiso particular, como América Latina y el Caribe, África, Oriente Próximo y la vecindad sur de Europa.

Las prioridades de actuación serán reforzar los sistemas públicos de salud, atender a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o exclusión, e impulsar la recuperación económica a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La ayuda se canalizará a través de ONG de emergencias y humanitarias, las agencias de Naciones Unidas y sus organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o los Bancos de desarrollo regionales), los socios europeos y directamente con cada país beneficiario "reforzando nuestras alianzas", ha señalado la ministra.

La Estrategia ha sido elaborada por el Gobierno, las comunidades autónomas, los entes locales, sindicatos, empresas, universidades, ONG y expertos, que también aportarán fondos. Además de esta participación, Laya ha valorado el apoyo y compromiso, "reflejado en distintas encuestas", de la ciudadanía española con la cooperación al desarrollo.

El Consejo de Ministros ha aprobado las primeras partidas presupuestarias de la Estrategia. Concretamente, 32 millones de euros irán destinados a Naciones Unidas, a su Agencia para los refugiados (ACNUR), a UNICEF y a ayuda humanitaria. Otros 85 millones servirán como apoyo, a través de microcréditos, para empresas en Honduras, Perú, Colombia, Mali y Senegal. Y un tercer paquete de fondos, de 120 millones, se destinará a reponer recursos en el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, y a la condonación de deuda.

El Consejo de Ministros ha acordado las condiciones y requisitos de acceso al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. Dotado con 10.000 millones de euros, su objetivo es ayudar económicamente a todas las compañías afectadas por la pandemia del COVID-19.

La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud debe realizarla la empresa interesada, y acreditar que, sin esta ayuda pública "cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse a flote", y como consecuencia, generaría un importante impacto negativo en la economía del país o en el empleo nacional o regional.

Los instrumentos de apoyo del Fondo podrán ser préstamos participativos, deuda convertible o acciones o participaciones sociales, entre otros, con un importe mínimo de 25 millones de euros por beneficiario y un máximo que no podrá ser superior al patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre de 2019.

Las empresas que concurran deberán tener su domicilio social y sus principales centros de trabajo en España, no haber solicitado declaración de concurso voluntario o haber sido declarada insolvente antes del 31 de diciembre de 2019, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenada por delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos. Además, deberán presentar un plan de viabilidad en el medio y en el largo plazo, con una previsión de reembolso de la ayuda recibida.

Las empresas que accedan a las ayudas no podrán realizar una expansión comercial agresiva, ni asumir excesivo riesgo, y tendrán prohibido distribuir dividendos. Los miembros del consejo de administración no podrán cobrar primas o remuneraciones variables.

María Jesús Montero ha señalado que el acuerdo también incluye la composición y reglamento del Consejo gestor del fondo, que se pondrá en marcha "antes de 30 días".

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021.

El presupuesto total alcanzará los 1.900 millones de euros, lo que supone un 22% de incremento, "el mayor de la última década", como ha puesto de relieve la portavoz del Gobierno. La previsión es que más de 600.000 estudiantes de grado, de máster y de niveles no universitarios se beneficien de la medida.

El objetivo, ha continuado Montero, es que "estas ayudas lleguen a más estudiantes, y en mayor cuantía a aquellos que lo necesitan" y así permitir, no solo su acceso al sistema educativo, sino también su permanencia "con independencia de su situación socioeconómica de partida".

La norma aprobada incluye la reforma de los requisitos académicos, como el establecimiento de un 5 como nota de acceso en las becas no universitarias, y otros aspectos como el aumento de 100 euros en la cuantía fija a percibir.

El Gobierno ha aprobado el reparto, entre las comunidades autónomas, de 40 millones de euros para el programa PROA, dirigido a la orientación, avance y enriquecimiento educativo -especialmente de alumnado vulnerable- y a reforzar el funcionamiento de los centros tras la pandemia del COVID-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos para convocar 2.491 plazas para Policía Nacional y 2.154 para la Guardia Civil. Esta oferta de empleo público se inscribe en la planificación realizada por el Ministerio del Interior para revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en etapas anteriores, y se suma a las 4.881 convocadas el año pasado para los dos cuerpos.

"Es un esfuerzo continuado, necesario e imprescindible para reforzar y consolidar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha señalado María Jesús Montero. Para la Policía Nacional el sistema de acceso será oposición libre y para la Guardia Civil, la convocatoria contempla el ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias.

María Jesús Montero ha informado de que el presidente del Gobierno ha solicitado su comparecencia en un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados para informar sobre los resultados del Consejo Europeo y convocará, antes de fin de mes, a la Conferencia de Presidentes con el mismo fin.

La portavoz ha expresado su deseo de que el consenso demostrado por los líderes europeos sea posible entre las fuerzas políticas españolas, a las que ha instado a apoyar el pacto de reconstrucción que se votará mañana en el Congreso de los Diputados. "Animamos una vez más a hacer un último esfuerzo y apoyar este dictamen que no es ningún aval ni es un cheque en blanco para este Gobierno, sino que trata de construir una hoja de ruta compartida para sacar adelante a nuestro país en un momento de extrema dificultad".

Por otra parte, Montero ha rogado a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución sanitaria, básicamente la distancia social, la utilización de mascarillas, el lavado de manos y la limpieza de los lugares públicos, porque "la nueva normalidad no es volver a la normalidad previa a la pandemia o actuar como si el virus hubiera desaparecido".

CCOO valora positivamente la aprobación del Fondo de recuperación europeo. Las transferencias y créditos europeos deben impulsar las reformas que necesita España, entre otras la modernización de nuestro modelo laboral y la reversión de la reforma laboral. La Unión Europea se enfrenta a una crisis económica sin precedentes en tiempos de paz, y provocada por causas ajenas a las estrictamente económicas. Los efectos de una pandemia, desconocidos en nuestra historia económica, han hecho perentoria la necesidad de una respuesta sin precedentes en la historia de la Unión.

Necesitábamos una mayor integración fiscal de la Unión Europea, y una respuesta diametralmente distinta a la que se dio a la crisis de 2008. Los estados de la Unión no podían volver a ser sometidos a las tensiones por el encarecimiento de las primas de riesgo y las políticas de devaluación interna que precipitaron una segunda recesión en 2010.

El riesgo de una fragmentación en la UE, de una Europa a dos velocidades y cada vez más asimétrica, está constantemente presente en la historia reciente de la Unión. La existencia de opciones políticas reaccionarias, incluso de extrema derecha, o abiertamente eurófobas, así como el precedente del Brexit, situaban a la Unión en una posición cercana al “ser o no ser”.

En este contexto hay que analizar el acuerdo para el fondo de recuperación económica, que sin duda constituye un hito en cuanto que se financiará mediante un proceso de deuda mancomunada, tiene una importante dotación económica -aunque insuficiente respecto a las enormes retos ante los que nos sitúa la crisis-, y en principio, suficientes elementos para evitar una condicionalidad “austericida”.

El reto es emplear estos recursos para mejorar nuestro sistema productivo -con especial atención a las transiciones que supone la digitalización de la economía y la reducción de emisiones- , la resistencia de nuestro sistema sanitario y la cohesión social. Y en sentido contrario, evitar reproducir reformas antisociales -pensiones, laboral o de desempleo- como las que sufrió nuestro país en la anterior crisis.

CCOO emplaza al Gobierno a poner en marcha las reformas necesarias para modernizar nuestro modelo laboral, haciéndolo más inclusivo, justo, democrático y eficaz. Para ello hay que desterrar las prácticas y reformas pensadas para la devaluación salarial y la precarización del empleo. Empezando por la nefasta reforma laboral del año 2012.

Igualmente pensamos que el diálogo social debe ser un cauce clave para la canalización e inversión de los fondos de reconstrucción. España debe hacer un ejercicio de anticipación sobre los sectores productivos que van a tener un recorrido en el futuro, pensando en el país a construir en las próximas dos décadas. Sobre ese ejercicio, desarrollar políticas sectoriales en las que reforcemos las debilidades de nuestro país (sistemas de cualificación permanente, tamaño medio de las empresas, precios e inputs energéticos, por citar algunos) y canalicemos correctamente los recursos.

La generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de un modelo de protección social y de servicios públicos que sirvan para rehacer un contrato social para el siglo XXI, deben ser el objetivo. El total de 750.000 millones de euros del Fondo de recuperación europeo aprobados ayer por el Consejo Europeo, de los cuales 390.000 millones serán en forma de ayuda directa, más los 1.074 Millones de euros del presupuesto comunitario para los próximos 7 años, suponen una inyección económica que permitirá a los Estados miembros financiar parte de los costes que han asumido como consecuencia de la COVID19.

Aunque relevante, previsiblemente será una cuantía insuficiente para hacer frente a todos los retos generados y para una auténtica transformación verde y digital y para poder responder adecuadamente a las prioridades sociales. En el caso de España, donde se prevé la llegada de 140.000 millones de euros del Fondo, 72.700 de ellos en forma de ayudas directas -lo que supone 5.000 MEUR menos de lo propuesto inicialmente por la Comisión Europea- evitará el sobreendeudamiento al tratarse de eurobonos garantizados directamente por la UE.

Debe valorarse positivamente el hecho de que se trate de deuda común europea, ligado al presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027 y financiados a través de la emisión de bonos. Como también a que se suma al balón de oxígeno que supuso la eliminación de la obligación de cumplimiento de las normas sobre déficit y deuda europeas. El presupuesto del Fondo de Recuperación debe sumarse al Plan Anticrisis (240.000 MEUR a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), 100.000 MEUR SURE para protección por desempleo y los 200.000 MEUR de la línea de crédito a través del BEI (Banco Europeo de Inversiones). En total se trata de 2,36 billones de euros.

Para acceder al Fondo, los estados deberán presentar planes de reformas en base al Semestre europeo. El dinero del fondo deberá utilizarse para mejorar los sistemas sanitarios, mejora del tejido productivo con digitalización, transición a economías con menos emisiones de carbono y la cohesión social.

La voluntad de obstrucción que planteaban los “frugales” (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia) y que proponían que la concesión de las ayudas estuviera condicionada a la aprobación por unanimidad de todos los estados, se ha transformado en mayoría cualificada a cambio del establecimiento del “superfreno de emergencia”, que consiste en la capacidad de demorar temporalmente las medidas, pero no revertir las mismas en modo alguno. Además se han aumentado los “cheques compensatorios”, es decir, la rebaja de la contribución al presupuesto de la UE de los países más reacios a la mutualización de la deuda. La condicionalidad ligada al estado de derecho, que ha quedado más en una declaración de intenciones que de un control democrático.

A partir de ahora, CCOO exige que los fondos europeos se hagan efectivos con la máxima celeridad posible y que en ningún caso su concesión pueda condicionarse a políticas de recorte del gasto social o sanitario o a reformas que empobrezcan a los trabajadores. En este punto se hace urgente la reforma de la gobernanza europea y el sistema de toma de decisiones para evitar que gobiernos antieuropeos tengan la capacidad de dinamitar el proyecto europeo en beneficio de sus intereses nacionales que en algunos casos van ligados a la preservación de, por ejemplo, paraísos fiscales.

 

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