Se trata de ayudas de 1.250 euros para utilizar en el alquiler de motos y coches eléctricos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concederá unos bonos ambientales para la movilidad, pioneros en España, con una cantidad de 1.250 euros para que los ciudadanos puedan destinarla a utilizar los sistemas de alquiler de motos o coches eléctricos urbanos, a cambio de llevar sus coches más contaminantes para achatarrar. Los madrileños podrán pedirlos a partir de mañana y hasta el próximo 15 de noviembre.

Se trata de uno de los incentivos que ha puesto en marcha el Gobierno regional con el que se quieren “reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos cero emisiones y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social”, ha dicho hoy Díaz Ayuso.

En este sentido, la jefa del Gobierno madrileño ha indicado que resulta “paradójico” hablar de movilidad cuando se está pidiendo el esfuerzo colectivo de limitar la circulación, “pero la vida sigue además del COVID-19” y aunque se pretenda “de manera errónea enfrentar a la economía o el medio ambiente con la salud”, están relacionados. “Los usos y costumbres han cambiado, tenemos tres de cada diez vehículos eléctricos de nuestro país, somos líderes en la modalidad de coche compartido y, por eso, somos un laboratorio perfecto para buscar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a la conservación del Medio Ambiente”, ha considerado.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, la presidenta madrileña firmará un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y varias empresas de movilidad compartida. Los bonos se podrán canjear por kilómetros, por minutos o por servicios a través de las empresas de transporte compartido de vehículos eléctricos, carsharing y motosharing durante un máximo de dos años.

Podrán acceder a solicitar la ayuda los propietarios de los vehículos que tengan más de diez años de antigüedad o que carezcan de distintivo ambiental y que hayan sido achatarrados desde el 1 de enero de 2020 que cumplan con todos los requisitos para acreditar el destino del vehículo. Esto es, estar en posesión de copia del recibo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), copia del certificado que acredite la destrucción del vehículo y la ficha técnica.

Por otro lado, la presidenta madrileña ha desgranado otra línea de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y ciclomotores) aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre, y al que el Ejecutivo regional ha destinado 3 millones de euros.

A los propietarios de este tipo de vehículos adquiridos entre el 1 de enero y el próximo 15 de noviembre se concederá hasta el 50% de su precio de compra- Así, serán ayudas de un máximo de 150 euros en patinetes, de 600 euros en bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a 250W, y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas, siempre que se trate de ciclomotores con una potencia igual o inferior a 50 cc. y no superen los 45k/h. En este caso, tampoco se podrán incluir en el importe de la ayuda ni los accesorios ni los impuestos.

Para conceder las ayudas que tendrán efectos retroactivos, la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el riguroso orden de presentación en registro de las solicitudes.

De cara a agilizar la entrega de los importes de las ayudas, el Gobierno regional ha establecido en su convocatoria que los madrileños beneficiados reciban el importe correspondiente directamente en su cuenta bancaria, si son solicitantes de la ayuda a la adquisición los vehículos eléctricos, o en su correo electrónico, en caso de tratarse del bono ambiental.

En la presentación de las ayudas, Díaz Ayuso ha estado con la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, y con miembros de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la Asociación Nacional de Marcas y de España (AMBE), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado de la Bicicleta (ATEBI).

También han estado presentes siete empresas del sector de la movilidad compartida de car y motosharing que operan en la región: Zity, Emov, Whible, Wishlife, Sahrenow, Acciona, Muving y Ecooltra; y con las que, el Gobierno regional firmará, próximamente, un convenio de colaboración que regirá la tramitación de los bonos ambientales.

La Comunidad de Madrid apuesta por la Estrategia de Sostenibilidad como base para la reactivación económica tras la crisis generada por el COVID-19. Así se ha pronunciado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en el II Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente (CISM), organizado por Cambio 16, donde ha participado como ponente para hablar del nuevo Pacto Verde europeo como instrumento de la recuperación económica de Europa.

Martín ha puesto de manifiesto que Europa “tiene la oportunidad de reactivar la economía con políticas ambientales de primer nivel que avancen en sostenibilidad”. En este sentido, ha recordado que “serán las comunidades autónomas las que ejecutaremos el 50% de los proyectos del Plan de Recuperación de los fondos europeos”, y se ha referido a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien destacó ayer que “el papel de las CCAA va a ser fundamental para lograr que el Plan de Recuperación sea un éxito”.

La consejera madrileña ha subrayado que la Unión Europea “ha sumado al Pacto Verde Europeo 2019 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 750.000 millones de euros para el desarrollo de medidas extraordinarias de recuperación”. A su juicio, que la UE haya destinado el 30% de esos fondos a proyectos relacionados con el clima, refleja su intención de basar parte de la reactivación económica “invirtiendo en materia de transición ecológica y digital”.

Durante su intervención, la consejera madrileña ha desgranado las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional dentro de la Estrategia de Sostenibilidad, vertebrada en tres ejes: el desafío del cambio climático, un modelo de producción y consumo basado en la economía circular y la protección y generación de biodiversidad.

En cuanto a las acciones para el cambio climático, Martín ha explicado que todas las medidas “comparten la máxima ambición” del Pacto Verde Europeo 2019 y la futura Ley Climática europea de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Al respecto, la consejera ha informado de que la Comunidad de Madrid está elaborando una Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático que pone el acento en la reducción de emisiones en sectores clave y en la mejora de la calidad del aire “apoyándonos en la eficiencia energética y las nuevas formas de movilidad”.

El Ejecutivo autonómico apuesta asimismo por el desarrollo de la movilidad inteligente, tanto desde la iniciativa privada como de la pública. En este sentido, Martín ha resaltado la predilección de 1 de cada 3 madrileños por viajar en transporte público, así como la aprobación de ayudas por parte del valor de 3 millones de euros para el fomento del vehículo eléctrico de movilidad personal cero emisiones y la concesión de bonos ambientales para fomentar el uso del car o moto sharing.

Como segundo eje de actuación de la Estrategia de Sostenibilidad, Martín se ha referido a las medidas dentro del Plan de Acción de la Economía Circular, como clave del Pacto Verde Europeo. “Nuestro objetivo -ha destacado- es cerrar el círculo de la producción y el consumo, reduciendo la generación de residuos y transformándolos en nuevos recursos”.

Estos objetivos en materia de economía circular tienen un claro referente en el Gobierno regional con la empresa pública Canal de Isabel II, por su trabajo del ciclo completo del agua. De hecho, sus depuradoras llegaron a generar en 2019 más de 425.000 toneladas de lodos, que se convirtieron en 96.000 toneladas de materia seca aprovechable para uso agrícola y compostaje.

Martín ha aprovechado su intervención para recordar la próxima apertura de una nueva planta de tratamiento de residuos en Loeches, en la que la Comunidad de Madrid ha invertido 16,5 millones de euros y que recibirá 2,7 millones anuales hasta 2040. “A esta planta se sumarán más en los próximos años, cofinanciadas por el Ejecutivo hasta en un 50%, por lo que la Comunidad de Madrid contará con modernas plantas de tratamiento de residuos”, ha explicado.

El tercer y último eje de la Estrategia de Sostenibilidad, en línea con el Pacto Verde Europeo, está basado en la protección y generación de la Biodiversidad. La titular de Medio Ambiente se ha referido al proyecto Arco Verde y la puesta en marcha del Plan Terra como actuaciones del Gobierno regional en esta materia.

En cuanto proyecto Arco Verde, lo ha calificado como “la mayor infraestructura ambiental de la Comunidad de Madrid”, al contar con más de 200 kilómetros y 25 áreas de biodiversidad, y conectará 30 zonas verdes y parques periurbanos. “Se trata de un nuevo concepto de espacio natural, un verdadero pulmón verde alineado con la Agenda 2030, y con los ODS de Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres”, ha destacado Martín.

En cuanto al Plan de Acción para la Agricultura, la Ganadería y el Desarrollo Rural -Plan Terra- incluye 50 medidas, con una inversión de 100 millones de euros, y establece líneas estratégicas orientadas a vincular la actividad agraria de la región a la acción por el clima, en sintonía con las previsiones de la Política Agraria Común para el período 2021-2027.

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para que los ayuntamientos y mancomunidades de la región puedan solicitar las ayudas del Programa de formación en alternancia con actividad laboral dirigido a entidades locales. Una línea dotada con 35 millones de euros para que los municipios puedan contratar a personas que hayan perdido su empleo como consecuencia de la crisis del COVID-19.

El Programa está destinado a la contratación de desempleados de cualquier edad y con cualquier grado de formación, inscritos como demandantes no ocupados en las oficinas de empleo de la Comunidad a partir del pasado 14 de marzo. Estos desempleados podrán ser contratados por los ayuntamientos madrileños para desarrollar un trabajo relacionado con su cualificación, en actividades de interés público o social. Con ello, los trabajadores participantes podrán reforzar sus competencias profesionales y activarlas para una posterior búsqueda de empleo.

Los consistorios que se beneficien de estas subvenciones recibirán entre dos veces y dos veces y media el Salario Mínimo Interprofesional mensual por cada uno de los más de 2.700 trabajadores que se estima podrán obtener un contrato gracias a esta medida. En concreto, serán dos veces y media el Salario Mínimo Interprofesional para las ocupaciones de los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 1 y 2; y dos veces el Salario Mínimo Interprofesional para las ocupaciones del Grupo de Cotización a la Seguridad Social 3 a 9.

Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellas entidades locales de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y entes con competencias en materia de promoción de empleo, dependiente o asimilada, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales.

El objetivo del programa es mejorar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas participantes y actualizar sus conocimientos y destrezas. El trabajador recibirá un servicio de orientación, formación y un contrato de trabajo de, al menos, 6 meses.

Esta nueva línea está incluida dentro del plan MadridRefuerza para la reactivación económica de la Comunidad de Madrid, y se suma a los 30 millones para pymes afectadas por la pandemia o las ayudas al comercio aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno. Un esfuerzo que se complementa con Madrid Emplea, programa dotado con 32 millones de euros para incentivar la contratación de personas que hayan quedado en situación de desempleo o recuperarlas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La Comunidad de Madrid ha recordado que las medidas intervencionistas en el mercado inmobiliario, como fórmula que favorezca un mayor y mejor acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, generarán precisamente el efecto contrario al deseado.

Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, quien ha valorado la decisión del Gobierno central de establecer un marco de control sobre los precios del alquiler en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado hoy.

Pérez ha constatado que establecer un control sobre el alquiler desincentivará la oferta, generará un mayor fraude y una peor conservación del parque residencial, al tiempo que incrementará los precios, tal y como se ha podido comprobar en ciudades europeas como Berlín o París, donde finalmente se han derogado este tipo de leyes por demostrarse ineficientes y perjudiciales.

En opinión del titular de Vivienda del Gobierno regional, el alquiler requiere “contar con una clara seguridad jurídica y con normas estables donde sea factible la recuperación ágil de la posesión”. En este sentido, ha abogado por que este mercado disponga de una mayor oferta, “donde los incentivos fiscales sean fundamentales”.

Así, la Comunidad de Madrid defiende la necesidad de crear condiciones fiscales favorables para que los potenciales arrendadores tengan un marco jurídico estable, lo que facilitará la puesta a disposición de más viviendas destinadas al alquiler que, de otra manera, no entrarían en este mercado.

El consejero de Vivienda y Administración Local ha explicado que la propuesta del Gobierno regional para el mercado del alquiler está orientada a la movilización de suelo público destinado a ampliar la oferta. De esta manera, el Plan Vive desarrollará 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público en 43 municipios, y permitirá construir más de 15.000 viviendas en régimen de alquiler a precios inferiores a los del mercado libre.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid suscribió el Pacto Regional por la Vivienda el pasado 29 de junio, donde se abordan aspectos como la flexibilización fiscal; la mejora en las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler; la necesaria colaboración público-privada, con la movilización de suelos y sus correspondientes usos; una mayor seguridad jurídica que genere confianza, dando mayor estabilidad y claridad normativa, así como el apoyo a la economía social, donde la vivienda es un pilar básico en el desarrollo personal y profesional.

El sector inmobiliario en la región es un espacio de oportunidad donde llevar a cabo la necesaria transformación que demanda un sector que debe ser uno de los principales soportes de la recuperación económica en la Comunidad y en el resto de España. Para ello es necesario contar con un modelo de financiación suficiente y estable, y continuar trabajando en otros aspectos como la rehabilitación y la regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado a la I+D+i.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y de Función Pública, Carolina Darias, han mantenido una reunión de trabajo con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside Abel Caballero, en la que han abordado cuestiones relativas a la prevención del COVID-19 en el ámbito local.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y de Función Pública, Carolina Darias, han mantenido una reunión de trabajo con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside Abel Caballero, en la que han abordado cuestiones relativas a la prevención del COVID-19 en el ámbito local.

En la reunión han destacado el contenido de la Guía de actuaciones de respuesta ante la COVID-19, aprobada la pasada semana en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que servirá de referencia a las comunidades autónomas para tomar decisiones en función de los diferentes escenarios.

Hace unas semanas, los ministros celebraron otro encuentro en el que anunciaron la distribución por parte del Gobierno de España de 15 millones de mascarillas, a través de la FEMP y de organizaciones sociales, con el objetivo de apoyar a las entidades locales y a las familias más necesitadas, coincidiendo con la inauguración del curso escolar.

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo obras por valor de más de 2,2 millones de euros en el municipio de Navalagamella con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR). De esta cantidad, 563.425 euros se han destinado a sufragar gasto corriente y ya han sido aportados por el Gobierno regional en su totalidad.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha visitado junto al alcalde de este municipio, Andrés Samperio, la ampliación y modificación de las redes de abastecimiento de aguas y saneamiento de la calle Navahonda, desde su inicio en el Camino del Depósito hasta la confluencia con la calle Paraje del Romeral, así como en la Travesía de San José. Esta actuación ha contado con una inversión de 286.400 euros y ha supuesto regularizar las condiciones del caudal y la presión, mejorar el suministro y evitar futuras roturas.

Para ello, se han sustituido las tuberías de fibrocemento, se han acondicionado las acometidas domiciliarias y se han instalado armarios de contador o arquetas en los casos particulares autorizados por los técnicos competentes del Canal de Isabel II.

La Comunidad de Madrid, a través del PIR, ha mejorado también la pavimentación y reurbanización de diversas calles del casco urbano de Navalagamella, así como el soterramiento de tres puntos de recogida de residuos urbanos situados en la calle la Solana, calle San Juan y Calle Ancha. Todos estos trabajos suman un importe total de 229.660 euros.

Pérez ha destacado en su visita a Navalagamella que actuaciones como éstas forman parte de los principales objetivos del PIR, un instrumento de colaboración para la prestación de servicios de competencia municipal, que además de cubrir los servicios básicos llega donde no lo pueden hacer los ayuntamientos, priorizando además la accesibilidad o la eliminación de barreras arquitectónicas.

Otro de los proyectos realizados en este municipio madrileño es el acondicionamiento de la piscina exterior municipal del Polideportivo La Solana, que ha contado con una inversión de 110.000 euros. Las actuaciones han mejorado el solado del pavimento de la piscina municipal y otra serie de mejoras que mejoran notablemente las condiciones de seguridad de los usuarios.

En definitiva, se trata de un conjunto de obras solicitadas por el Consistorio que pretenden mejorar las infraestructuras e instalaciones de este municipio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por otro lado, Pérez ha anunciado que el Ayuntamiento de Navalagamella tiene intención de contar con un Centro de Interpretación de la Guerra Civil denominado Posición 761. Esta acción, de carácter supramunicipal, contará con una inversión de un millón de euros, y el proyecto se llevará a cabo con cargo al nuevo Programa de Inversión Regional 2021-2025.

El museo se asentaría sobre una parcela de más de 19.000 metros cuadrados, y contará con una edificación rectangular de una planta con varios cuerpos octogonales en sus vértices. El objetivo es hacer más atractivo el entorno de la zona mediante un enclave cultural que pretende convertirse en un referente histórico-cultural en la región.

La Comunidad de Madrid ha invertido además en Navalagamella 182.400 euros para la contratación de 10 trabajadores municipales que prestarán servicio al Ayuntamiento en proyectos técnicos de recuperación histórica de la Ruta Los Molinos y otros asuntos relacionados como la creación y mejora de itinerarios turísticos y la prestación de servicios públicos de guías turísticos. La inversión está incluida dentro de las medidas de la Estrategia de Revitalización de los Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el consejero madrileño ha visitado las instalaciones que el Ayuntamiento está construyendo en la calle Amargura donde se instalará el aula de formación para prestar los servicios. Estas ayudas permiten mejorar las oportunidades de empleo de los vecinos de los municipios madrileños con menos de 2.500 habitantes, combatir el despoblamiento incentivando el arraigo poblacional en localidades rurales y mejorar su calidad de vida.

Por último, la Comunidad también está realizando inversiones en esta localidad, como la mejora de la accesibilidad en las paradas de los autobuses interurbanos de la región. De esta manera se contribuye a homogeneizar la calidad del transporte en municipios con menor densidad de población.

La Comunidad de Madrid ha abierto ya el plazo para solicitar dos líneas de ayudas destinadas al sector industrial, dotadas con más de 5 millones de euros, que permitirán a las pymes industriales madrileñas protegerse frente al coronavirus, así como promocionar y desarrollar su actividad económica.

Por un lado, se encuentran disponibles las ayudas que permiten al sector industrial adoptar medidas preventivas ante el COVID-19 durante los próximos tres años, con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Esta primera edición del programa incluye tres líneas de actuación subvencionables. La primera, de apoyo a la adecuación de centros de trabajo para la prevención de los contagios, que permitirá actividades como la adquisición, instalación y puesta en marcha de mamparas de protección, cartelería y equipos de información, o la compra de sistemas de purificación de aire, entre otras.

En cuanto a la segunda línea, se destina para la adquisición de equipos de protección frente al coronavirus, como equipos de respiración motorizados o máscaras completas reutilizables; la tercera línea está dirigida a apoyar las iniciativas industriales que tengan por objeto la fabricación de equipos, elementos, programas informáticos y consumibles. 
La cuantía de las ayudas concedidas será, para las líneas 1 y 2, del 30% de la inversión subvencionable y, para la línea 3, del 40% de la inversión con un límite máximo de 100.000 euros por actuación, beneficiario y año natural. Puede encontrarse toda la información relativa a este programa en la página web http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354851572...

Por otro lado, también están disponibles otras dos líneas de ayudas del Gobierno madrileño destinadas a mejorar y promocionar la actividad de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la región. La primera de ellas, dotada con 675.000 euros, tiene como objetivo la promoción industrial en los municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid. Con ella, las pymes que desarrollen su actividad en estas localidades podrán obtener una subvención para adquirir terrenos para construir naves industriales, reforma de locales o adquisición y montaje de maquinaria y equipamiento, entre otras actuaciones.

La cuantía de la concesión asciende al 40% de la inversión realizada, y hasta el 50% en el caso de actividades industriales dedicadas al tratamiento de recursos renovables para la generación de energía, ambas con un límite máximo de 50.000 euros por actuación y beneficiario.

Además, la Comunidad de Madrid destina 200.000 euros en ayudas directas a las pymes del sector industrial para la implantación de sistemas de gestión en sus centros de trabajo. La cuantía de esta subvención es del 30% de la inversión destinada a implantar sistemas certificados de gestión de calidad, gestión energética, auditoría ambiental o seguridad y salud en el trabajo, con un límite de 10.000 euros por sistema de gestión y beneficiario.

Más información en: https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354851078513&c=C...

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha entregado el sello Garantía Madrid al Banco Santander en reconocimiento de sus buenas prácticas a la hora de aplicar protocolos de seguridad frente al COVID-19. La compañía ha obtenido el Identificativo en sus tres niveles: el de Medidas de Cumplimiento, que certifica la ejecución de la normativa y las recomendaciones básicas de prevención establecidas por las administraciones públicas; el de Medidas Extraordinarias, que valida que la organización haya ido más allá de lo exigido, mostrando un interés añadido por la salud de las personas; y el de Acciones Solidarias, que reconoce la realización de actividades de carácter solidario en apoyo a la sociedad durante la pandemia. Hasta el momento, más de 260 entidades de 39 municipios de la región ya cuentan con este identificativo.

“Este sello destaca el esfuerzo de empresas como Banco Santander por dotarse de las mejores medidas de seguridad y protección tanto para sus trabajadores como para los clientes. Unos protocolos que ayudan a generar el clima de confianza que necesita nuestra región para recuperar los niveles de consumo, de producción y de empleo previos a esta crisis”, ha señalado Giménez. Asimismo, la entidad ha recibido la renovación del certificado Madrid Excelente, distintivo que otorga la Comunidad de Madrid para reconocer la excelencia en la gestión de las organizaciones e instituciones que apuestan por la calidad, la innovación, la responsabilidad social y los clientes.

La Comunidad de Madrid ha abierto ya el plazo para solicitar dos líneas de ayudas destinadas al sector industrial, dotadas con más de 5 millones de euros, que permitirán a las pymes industriales madrileñas protegerse frente al coronavirus, así como promocionar y desarrollar su actividad económica.

Por un lado, se encuentran disponibles las ayudas que permiten al sector industrial adoptar medidas preventivas ante el COVID-19 durante los próximos tres años, con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Esta primera edición del programa incluye tres líneas de actuación subvencionables. La primera, de apoyo a la adecuación de centros de trabajo para la prevención de los contagios, que permitirá actividades como la adquisición, instalación y puesta en marcha de mamparas de protección, cartelería y equipos de información, o la compra de sistemas de purificación de aire, entre otras.

En cuanto a la segunda línea, se destina para la adquisición de equipos de protección frente al coronavirus, como equipos de respiración motorizados o máscaras completas reutilizables; la tercera línea está dirigida a apoyar las iniciativas industriales que tengan por objeto la fabricación de equipos, elementos, programas informáticos y consumibles.

La cuantía de las ayudas concedidas será, para las líneas 1 y 2, del 30% de la inversión subvencionable y, para la línea 3, del 40% de la inversión con un límite máximo de 100.000 euros por actuación, beneficiario y año natural. Puede encontrarse toda la información relativa a este programa en la página web http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354851572026&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

Por otro lado, también están disponibles otras dos líneas de ayudas del Gobierno madrileño destinadas a mejorar y promocionar la actividad de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la región. La primera de ellas, dotada con 675.000 euros, tiene como objetivo la promoción industrial en los municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid. Con ella, las pymes que desarrollen su actividad en estas localidades podrán obtener una subvención para adquirir terrenos para construir naves industriales, reforma de locales o adquisición y montaje de maquinaria y equipamiento, entre otras actuaciones.

La cuantía de la concesión asciende al 40% de la inversión realizada, y hasta el 50% en el caso de actividades industriales dedicadas al tratamiento de recursos renovables para la generación de energía, ambas con un límite máximo de 50.000 euros por actuación y beneficiario.

Además, la Comunidad de Madrid destina 200.000 euros en ayudas directas a las pymes del sector industrial para la implantación de sistemas de gestión en sus centros de trabajo. La cuantía de esta subvención es del 30% de la inversión destinada a implantar sistemas certificados de gestión de calidad, gestión energética, auditoría ambiental o seguridad y salud en el trabajo, con un límite de 10.000 euros por sistema de gestión y beneficiario.

Más información en: https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354851078513&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha participado de manera telemática en la clausura del curso La mediación como solución a los conflictos laborales, englobado en la primera edición de la Escuela de Mediación Laboral y organizado por la Fundación Instituto Laboral (FIL) en colaboración con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A lo largo de la jornada los participantes han abordado, entre otros asuntos, el papel de la mediación ante la nueva situación generada por el COVID-19 y la necesidad de buscar nuevas soluciones técnicas que permitan realizar esta mediación de forma telemática garantizando la seguridad jurídica necesaria.

Durante su intervención, Giménez ha señalado la importancia de la mediación como instrumento útil para solventar conflictos en los centros de trabajo, especialmente aquellos que surgen en el transcurso de la relación laboral. “Apostar por la mediación supone, además, un importante ahorro en términos de costes judiciales y de tramitaciones”, ha destacado el consejero, quien ha explicado que “debemos hacer un esfuerzo adicional para transmitir a la sociedad el valor de la mediación, no sólo como recurso ante un conflicto laboral, sino como ámbito en el que desarrollar una carrera profesional”.

La Comunidad de Madrid, en su apuesta por mejorar las infraestructuras judiciales de la región, ha iniciado los trabajos de instalación de una escalera de emergencia en el edificio del Registro Civil de la calle Pradillo, en Madrid, tras el aumento de afluencia detectado en la primera ola del COVID-19.

Las obras consisten en la construcción de una segunda escalera de evacuación, exterior e independiente de la escalera interior del recinto, de dos tramos por planta de 1,14 metros de ancho y con capacidad para evacuar al menos la mitad de la ocupación del edificio.

La necesidad de esta nueva escalera de emergencia fue detectada debido a la pandemia originada por el coronavirus. Antes de la declaración del Estado de alarma -el pasado 14 de marzo- la afluencia de público a este Registro Civil era de entre 3.500 y 4.000 personas al día. Sin embargo, tras la finalización de dicho periodo, la asistencia y las colas de ciudadanos han aumentado de forma exponencial debido a la acumulación de asuntos pendientes.

Con la nueva escalera que se está construyendo en la actualidad, se mejorarán las condiciones de evacuación del edificio en caso de que fuese necesario por algún tipo de emergencia. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 289.237,25 euros (IVA incluido) y su plazo previsto de finalización es el 31 de diciembre de este mismo año.

Por otro lado, durante la pandemia, la actividad del Registro se vio muy afectada, sobre todo, por el aumento exponencial de la mortalidad, lo que provocó el aumento de peticiones de inscripción de los fallecimientos en este periodo. Ante esta situación, las horas de trabajo se ampliaron, en jornadas de mañana y tarde, sábados y domingos incluidos. Este incremento de actividad llevó al Gobierno regional a procurar la mejora en la limpieza diaria de las instalaciones. Así, hasta el pasado 30 de septiembre, se han invertido 91.400 euros en la contratación de una empresa especializada en la desinfección de espacios. Contratado a partir del 24 de marzo pasado, este servicio ha permitido desinfectar la sede del Registro Civil todos los días, incluidos los fines de semana durante la pandemia. Además, la Comunidad de Madrid ha incrementado el servicio de limpieza ordinario para, de este modo, extremar las condiciones de higiene y evitar contagios por COVID-19.

Además, durante la crisis sanitaria el Gobierno regional ha instalado 71 mamparas de metacrilato de diferente tipología para evitar el contacto personal entre funcionarios y de estos con el público visitante. De las 71, 16 fueron suministradas entre el 26 de marzo y el 10 de abril, momento de máxima expansión del virus en la región.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente de las dificultades constructivas del edificio del Registro Civil y ha invertido casi un millón de euros en diversas obras de mejora de las instalaciones. Desde septiembre de 2018 ha llevado a cabo trabajos de eliminación de amianto y de ejecución de una nueva cubierta, así como obras de mejora y reordenación de la planta quinta del edificio, que se destina a la gestión de trámites relacionados con matrimonios civiles. Ambas intervenciones contaron con una inversión total superior a los 285.000 euros.

Además, antes de que finalice este año, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional tiene previsto invertir 138.000 euros en la reforma y ampliación de espacios de los dos ascensores que dan servicio al público visitante, así como la adecuación temporal de un tercero, hasta ahora de uso exclusivo de los funcionarios. Para evitar incomodidades durante las obras de los dos habituales, se pondrá a disposición del público.

Los edificios del Registro Civil de Madrid ocupan los números 62, 64 y 66 de la calle Pradillo de Madrid, un total de 7.800 metros cuadrados de espacio repartidos en cinco plantas. Esta infraestructura cuenta con departamentos de registro de nacimientos, matrimonios, nacionalidades, defunciones y familia, así como con tres salas de bodas y archivos, entre otros servicios.

La Comunidad de Madrid destinará 661.669 euros para la vigilancia del Parque Polvoranca, ubicado en el municipio de Leganés y uno de los más visitados de la región, con más de 2 millones de madrileños que acuden anualmente. El Gobierno madrileño ha aprobado este gasto, en el último Consejo de Gobierno, con el objetivo de proteger el enclave regional de alto valor natural hasta el año 2022.

El Parque Polvoranca fue creado por la Comunidad de Madrid hace 30 años y cuenta con una superficie de 150 hectáreas. Forma parte de la Red de Parques Forestales Periurbanos de Madrid, que pretende acercar la naturaleza a las zonas urbanas para que los madrileños puedan disfrutar de ella. En esa línea, uno de los objetivos de la Comunidad de Madrid es preservar el rico capital natural con el que contamos en la región, vertebrando los entornos urbanos y periurbanos en verde y manteniéndolos en buen estado.

Este parque tiene un gran valor natural ya que cuenta con varias zonas de repoblación, un bosque de galería y dos lagunas con fauna acuática de diversas especies. Asimismo, dispone de varias zonas recreativas y de ocio como un gran lago, zona de merenderos y varios campos deportivos de los que pueden disfrutar tanto los vecinos de Leganés como de las zonas aledañas.

Para conservarlo, la Comunidad realizará labores de vigilancia del parque con el objetivo de garantizar que la vegetación y el mobiliario sigan en buen estado, así como para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También se controlarán las instalaciones deportivas y la red de riego, entre otras.

Cerca de 50% del territorio de la Comunidad de Madrid tiene la consideración de espacio protegido. Por ello, desde el Ejecutivo regional se apuesta por la conservación de la biodiversidad, ya que supone una oportunidad para avanzar en la calidad de vida de los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con nueve espacios naturales protegidos en su territorio: el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, el Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), el Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, el Paraje pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería, la Reserva natural El Regajal-Mar de Ontígola, el Hayedo de Montejo de la Sierra, el Refugio de Fauna Laguna de San Juan y el monumento natural de interés nacional Peña del Arcipreste de Hita.

Asimismo, cuenta con 14 enclaves naturales pertenecientes a la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad Red Natura 2000 y, además, destacan dos Reservas de la Biosfera, la de las Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama y la de la Sierra del Rincón, que son dos zonas representativas de los diferentes hábitats del planeta.

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, y el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, han firmado un convenio para incrementar la vigilancia e inspección del transporte por carretera en la ciudad a través de la Policía Municipal de Madrid.

Sanz ha subrayado que con este convenio, hoy renovado, se pone de relieve “la importancia de la colaboración y coordinación en materia de vigilancia e inspección entre ambas administraciones, reforzando la seguridad en la ciudad y en toda la región y consiguiendo el mejor aprovechamiento de los recursos y la no duplicidad de actuaciones”.

“Nuestro principal objetivo es mejorar y dar una mayor cobertura a las necesidades que se están dando en materia de vigilancia y control”, ha resumido la delegada municipal: proteger el transporte de viajeros y mercancías por carretera, además de la vigilancia de la red básica de transportes y el control de sus pesajes y cargas.

La Policía Municipal desempeña esta labor con los más de 200 agentes de la Unidad Especial de Tráfico, que verán potenciada su labor de vigilancia mediante este nuevo convenio. Además, las Unidades Integrales de Distrito (UID) –como las de Barajas, Chamartín y Retiro– también desarrollan una destacada labor en este ámbito, con inspecciones periódicas junto a los técnicos autonómicos en la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal, especialmente en estaciones y aeropuerto.

La Comunidad de Madrid refuerza la vigilancia y el control del transporte por carretera, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, con el objetivo de impulsar la seguridad. El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha renovado hoy el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la colaboración en materia de inspección de transportes. El objetivo es garantizar que el transporte en la región se desarrolle de manera ordenada, eficaz y con las máximas condiciones de seguridad.

“La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental para conseguir la máxima eficacia de la función inspectora del transporte. Y es esencial para garantizar la seguridad en las carreteras e impedir el intrusismo y la competencia desleal”, ha señalado Garrido tras la firma del convenio con la portavoz del Gobierno y delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, y el director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez.

La Dirección General de Transportes y Movilidad es la responsable de la elaboración y ejecución de los planes de inspección a vehículos, instalaciones y empresas de transporte, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal de Madrid, se ocupa de la vigilancia del transporte por carretera en el municipio. El convenio facilita que se pueda elaborar un plan de actuaciones coordinadas de vigilancia y control, lo que aumenta la eficacia de las inspecciones.

Esta colaboración comprende el apoyo al Área de Inspección de la Consejería de Transportes en el desarrollo de los controles de vigilancia e inspección, así como las tareas de control, por parte de la Policía Municipal, de los vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías en Madrid ciudad.

Asimismo, incluye formación en materia de transportes a los agentes de la Policía Municipal de Madrid por parte del Gobierno regional; también el intercambio recíproco de conocimientos y experiencias del personal de la Dirección General de Transportes y Movilidad y de los agentes de Policía.

El convenio también prevé que la Consejería de Transportes facilite medios materiales a la Policía Municipal para el mejor desarrollo de las inspecciones. Así, está prevista la cesión a la Policía de una furgoneta totalmente acondicionada para la inspección del transporte en ruta, dotada de báscula móvil.

En lo que va de año, el Ejecutivo madrileño ha desarrollado más de medio millar de controles al transporte por carretera, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, en los que se han inspeccionado más de 5.500 vehículos de distintos sectores y servicios de transporte.

Se realizan habitualmente controles a los vehículos de transporte de mercancías y de transporte de viajeros. También se hacen inspecciones extraordinarias para los vehículos que transportan mercancías peligrosas y perecederas, y al transporte escolar. Entre los sectores y servicios que se vigilan están los vehículos VTC y taxi, así como el transporte sanitario. Y, por otro lado, también se realizan controles de peso, de tacógrafo y del limitador de velocidad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene convenios de colaboración con la Agrupación General de Tráfico de la Guardia Civil para desarrollar las campañas de control y vigilancia al transporte por carretera. Del mismo modo, dispone de convenios similares al renovado hoy con Pozuelo de Alarcón y Tres Cantos, que se quieren replicar en otros municipios para intensificar la eficacia en la labor de vigilancia y control.

El Plan de Inspección que desarrolla la Consejería para 2020 prevé el control de en torno a 70.000 vehículos de transporte, de los cuales 45.000 se controlarán ruta, otros 15.000 por control telemático y 10.000 en pesaje, así como a 1.600 empresas de transporte.

La Comunidad de Madrid ha iniciado, en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE), el curso de formación de operadores de comunicaciones de nuevo ingreso del Cuerpo de Bomberos regional.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Ejecutivo regional, Enrique López, ha participado en la jornada de inauguración de este curso, en la que participan 19 mujeres y 9 hombres que, tras superar su oposición, tendrán un periodo de prácticas antes de desempeñar sus labores como funcionarios de carrera en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), el órgano desde el que se dirigen las operaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención en la inauguración del curso, López ha transmitido a los operadores de nuevo ingreso del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que van a ser “fundamentales para salvar vidas, proteger el patrimonio natural y los bienes y la hacienda de los madrileños”.

Enrique López ha destacado, asimismo, el impulso dado desde el Gobierno madrileño al Centro de Coordinación Operativa del Cuerpo de Bomberos, un relanzamiento que, con la incorporación de estos 28 nuevos efectivos, “va a consolidarse como lo que es: un proyecto de vanguardia, en el que la eficacia en la respuesta y en la toma de decisiones quedan reforzadas de manera exponencial”.

Durante seis meses (432 horas), estos nuevos operadores de comunicaciones se formarán en el IFISE, entre otras materias, en el Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA); la actuación del Sistema Integral de Tratamiento de Emergencias (SITREM); y las distintas tipologías de intervención. También desarrollarán 60 horas de ejercicios prácticos.

Cuando finalicen su formación, estos 28 operadores de comunicaciones se sumarán a los 32 efectivos con los que ya cuenta el CECOP, cuyas nuevas instalaciones –dotadas de las últimas tecnologías en materia de emergencias- fueron inauguradas hace seis meses por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas.

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha visitado el municipio de Móstoles, donde ha conocido la labor que realizan las empresas Hersill y FESA, para mostrar el apoyo del Gobierno regional a la internacionalización de las pymes madrileñas. Giménez ha destacado la importancia de que “las pequeñas y medianas empresas de la región apuesten por la inversión en I+D+i en su proceso de internacionalización”.

Hersill es una empresa familiar fabricante de equipos médicos, que exporta sus productos a más de 100 países en los 5 continentes. “Un ejemplo de como la industria y la tecnología madrileñas se están posicionando de manera paulatina, pero contundente, en todo el mundo”, ha afirmado el consejero. Por su parte, FESA es un grupo empresarial familiar que lidera el mercado de la manipulación e impresión de rollos de papel en España y Europa. Se trata de una de las compañías que se ha beneficiado este año de las Ayudas Industria 4.0 del Ejecutivo madrileño, con un importe de 200.000 euros destinado a la inversión en nuevas soluciones robotizadas, sensorizadas y conectadas a la red con impresión y visión de última generación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 230.606,89 euros (IVA incluido) para renovar el vestuario que se utiliza en los parques del Cuerpo de Bomberos regional. Esta decisión obedece a las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ya que las actuaciones realizadas hasta ahora por estos efectivos han supuesto una reducción de la vida útil de los vestuarios.

En concreto, la uniformidad de parque de los bomberos incluye las prendas necesarias para desarrollar las labores programadas en la red de parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como los equipos de protección individual (EPI) que se ven obligados a llevar puestos para evitar contagios cuando afrontan una intervención operativa.

Esta inversión de la Comunidad de Madrid permitirá que el Cuerpo de Bomberos pueda, entre otras cosas, reponer todas las prendas dadas de baja por uso intenso por la pandemia, permitir la necesaria reposición de vestuario durante su indisponibilidad por descontaminación y limpieza, y equipar a los bomberos de nuevo ingreso frente a cualquier intervención multirriesgo por COVID-19.

En esta partida de adquisición de vestuario de parque se han tenido en cuenta las necesidades de los 72 efectivos del Parque de Bomberos de Leganés, que se incorporó el pasado 1 de octubre al Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado una inversión de 16.000 euros para dotar de mascarillas quirúrgicas contra el virus a los efectivos del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 20,6 millones de euros destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región. Esta cantidad se suma a los 50 millones de euros en ayudas que ya aprobó el Gobierno autonómico en una primera convocatoria el pasado mes de junio con el objetivo de posibilitar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo, en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

De estos 20,6 millones de euros un total de 19 millones corresponden a la ampliación del crédito de la mencionada convocatoria de junio, mientras que otros 1,6 millones corresponden a una segunda convocatoria de esta línea de ayudas destinada a atender la solicitud de una serie de Centros Especiales de Empleo que, debido a las dificultades de la pandemia, no llegaron a tiempo de pedir las ayudas en la primera.

Con estas nuevas dotaciones el Gobierno regional cubrirá el total de las solicitudes recibidas por estos centros con el objetivo de asegurar su viabilidad y no poner en riesgo los puestos de trabajo. La crisis del coronavirus ha afectado de manera significativa tanto a los CEE como a muchas de las personas contratadas en el mercado protegido de empleo, con las que se desarrollan procesos con continuidad laboral y psicosocial.

De esta manera, se refuerzan los recursos destinados a los 217 CEE que desarrollan su actividad en la región, en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad. Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado laboral ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70% de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

Las ayudas permiten subvencionar los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes, con una cuantía máxima equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional. El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y las pagas de verano y navidad, y las ayudas se podrán solicitar durante un plazo de 10 días hábiles tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado autorizar la celebración del contrato de servicios para la gestión de distintos centros de atención social a personas con enfermedad mental ubicados en Getafe. Se tramitará por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, sale a licitación por un importe de 5.560.925 euros y su plazo de ejecución es de tres años, entre el 11 de diciembre de 2020 y el 10 de diciembre de 2023.

El acuerdo permite a la Comunidad de Madrid garantizar la continuidad de distintos recursos que ofrecen atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera y que suman 179 plazas. Un total de 26 corresponden a una residencia que atiende las necesidades de alojamiento de las personas que, como consecuencia de su enfermedad, han visto deteriorada su autonomía personal y social. Otras 90 corresponden al Centro de Rehabilitación Psicosocial, un centro de atención diurna que ofrece programas individualizados de rehabilitación y apoyo a la inclusión comunitaria para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía.

Además, el Centro de Rehabilitación Laboral dispone de 55 plazas para personas con trastornos psiquiátricos crónicos que se centran en facilitar su inclusión laboral en empresas ordinarias o bajo la fórmula de empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo de la región.

A todos estos centros propios de la Comunidad de Madrid se suman dos pisos supervisados, que deberán ser aportados por la entidad que resulte adjudicataria de este contrato de servicios. Estos pisos dispondrán de ocho plazas y funcionarán como recurso comunitario de alojamiento y soporte social para la convivencia de personas que no cuenten con apoyo familiar y que pese a su enfermedad mental tengan un nivel suficiente de autonomía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado autorizar la celebración del contrato de servicios para la gestión de la Residencia de Personas Mayores Afectadas por la Enfermedad de Alzheimer de Getafe. Se tramitará por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, sale a licitación por un importe de 5.098.301 euros y su plazo de ejecución se prolongará hasta septiembre de 2023.

Con el acuerdo, la Comunidad de Madrid garantiza la continuidad de este recurso, ubicado en la Avenida de Francisco Fernández Ordoñez del municipio de Getafe y que capacidad para atender a 70 residentes. En este centro se presta atención especializada a personas mayores de 55 años afectadas de demencia, preferentemente de tipo Alzheimer, que impide o limita su autonomía y presentan grandes necesidades de apoyo.

Entre los criterios a valorar para la adjudicación de la gestión de este servicio figuran la elaboración de un plan anual de terapias innovadoras aplicadas al cuidado de personas dependientes con Alzheimer, como pueden ser la musicoterapia, la hidroterapia o la terapia con animales, o el desarrollo de programas de intervención con las familias y los cuidadores de los usuarios del centro para la realización de actividades de formación o creación de grupos de ayuda.

También se valorarán las propuestas que incluyan un plan de terapias integradas en la vida cotidiana de los residentes y les permitan desarrollar talleres de actividades como horticultura o jardinoterapia, o propongan programas de formación continuada y específica en atención centrada en la persona para los profesionales del centro.

La Comunidad de Madrid va a destinar un total de 653.400 euros a la renovación de parte de la flota de vehículos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) a través de un contrato de arrendamiento para los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024.

Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta partida presupuestaria que permitirá al IMIDRA alquilar 25 vehículos híbridos-enchufables tipo SUV. La inversión incluye el mantenimiento de los vehículos y el seguro a todo riesgo. Se trata de una flota de vehículos de bajas emisiones, eficientes energéticamente y con bajos costes de uso y mantenimiento, lo que permitirá sustituir los coches en propiedad del Instituto Madrileño, que, por su antigüedad, necesitan ser renovados.

En la actualidad el Instituto Madrileño de Investigación cuenta con una flota de 55 vehículos, entre turismos, camiones y furgonetas, sin contar los agrícolas, de los cuales 51 son en propiedad y 4 arrendados, dentro de los acuerdos marcos de alquiler de vehículos para la Comunidad de Madrid, gestionados por la Junta Central de Compras desde la Consejería de Hacienda y Función Pública.

En el 50% de los casos, los vehículos del IMIDRA tienen una antigüedad de 15 años, que llega hasta los 30 años para las furgonetas, lo que repercute en la seguridad de los desplazamientos de sus empleados, evita un excesivo consumo de combustible y gastos derivados de averías.

Los vehículos del IMIDRA facilitan la movilidad de unos 320 trabajadores públicos que tienen encomendada la gestión de un amplio patrimonio agrario disperso en nueve fincas y en distintos municipios de la región (Aranjuez, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo, Buitrago y El Escorial), además del mantenimiento y mejora de los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez.

Además, entre otras actividades, el Instituto Madrileño realiza colaboraciones con universidades y profesionales del medio rural, sector agroalimentario y medioambiental, distribuidos por toda la región y otras comunidades autónomas

Estas ayudas se suman a los tres millones de euros que aprobó el Ejecutivo madrileño la semana pasada para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal cero emisiones (patinetes, bicicletas o ciclomotores eléctricas), y a la concesión de un bono ambiental de movilidad sostenible cero emisiones a quienes entreguen para achatarramiento un vehículo particular con más de 10 años o sin etiqueta ambiental. Todas las ayudas que están incluidas dentro del Plan de reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis ocasionada por el COVID-19. 

La Comunidad de Madrid autorizó también el pasado mes de julio la renovación del parque móvil de las consejerías de la Comunidad, en la modalidad de renting. Así se destinaron más de 6,6 millones de euros a la contratación de 228 vehículos por un período de 48 meses. Ello ha permitido que el 50% de la nueva flota sea eco y se reduzca entre un 20 y 40% las emisiones de CO2.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la creación de la Mesa de Coordinación de Juventud, donde se darán cita los principales actores en las políticas de juventud en la región. Este órgano, concebido como grupo de trabajo en el que estarán presentes todas las Consejerías y el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo impulsar un diálogo conjunto y coordinado en la materia, así como favorecer la interlocución con otras administraciones públicas.

La Mesa también tiene entre sus fines servir como espacio de conocimiento, información y debate de las actuaciones juveniles emprendidas por el Gobierno regional. De esta forma, se llevará a cabo una acción coordinada para aportar soluciones, identificando de forma clara los objetivos y realizando un análisis homogéneo para detectar puntos de mejora o adecuación conforme a las necesidades de la población joven, especialmente cambiantes, en el escenario sociosanitario y económico actual.

Este espacio estará presidido por el director general de Juventud y formarán parte de él los titulares de las direcciones generales entre cuyas competencias se encuentre el desarrollo de programas con incidencia en los jóvenes y la presidencia del Consejo de la Juventud. Además, a sus reuniones podrán asistir expertos o representantes de sectores cuyos intereses pueden resultar afectados por los trabajos que se desarrollen.

La Mesa podrá reunirse en pleno, al menos dos veces al año, o en comisiones de trabajo, que se configurarán según los temas a tratar y a las que también será posible invitar a personas que, por razones técnicas, puedan prestar colaboración, asistencia o información que se considere de utilidad.

Desde la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Juventud, se difunde y facilita información de interés en materia de juventud a través de su página web: www.comunidad.madrid/servicios/juventud/ y en las redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook: @juventudcmadrid).

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha visitado en Leganés el Parque Científico de la Universidad Carlos III (UC3M), donde se ubican las empresas incubadas en el programa ESA BIC CM. Se trata de un proyecto a nivel europeo, cofinanciado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comunidad de Madrid, que promueve la creación de startups tecnológicas en el sector espacio o que desarrollen soluciones innovadoras a partir de tecnologías del espacio para otros sectores.

Durante su visita, Giménez ha conocido de primera mano las startups madrileñas que forman parte de este proyecto: Madrid Space, Polar Development, Aeon-T, Anzen Aerospace Engineering, Heatconv, Ienai Space y Cedrion. El consejero ha explicado que la Comunidad de Madrid representa el 92% del sector aeroespacial español. “Un sector que cuenta con el apoyo firme del Gobierno regional, que es altamente innovador y productivo, y que genera además empleo de alta cualificación”, ha señalado.

La Comunidad de Madrid promueve la formación, la innovación y el talento como fundamentos para enfrentarse a los retos tecnológicos del futuro. Así lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno regional, Manuel Giménez, durante la entrega de los cuartos Premios Tecnología e Innovación, organizados por el diario La Razón, en colaboración con Atresmedia, el Banco Santander y la Comunidad de Madrid. Estos galardones reconocen el trabajo de aquellos investigadores, profesionales y empresas que contribuyen al progreso de la sociedad.

Giménez ha clausurado esta entrega de galardones, que en su cuarta edición ha reconocido la labor de Huawei, Premio a la Innovación en el Ecosistema de productos tecnológicos; Qaleon, Premio a la Mejor Empresa de soluciones de negocio basadas en Inteligencia Artificial e Inteligencia Empresarial, y Vanadis, Premio I+D en Aplicaciones Móviles, entre otros. También ha resultado premiado el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Getafe, en la modalidad de Mejor Innovación en Microbiología Industrial. Este recurso pertenece a la Red de Centros Propios de Formación Profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, y es desde 2015 el Centro de Referencia Nacional en las áreas de Desarrollo y de Comunicaciones de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones en el ámbito de la FP.

La Comunidad de Madrid ha asistido al acto de entrega de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2019/2020 Sección Española, presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI. La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha acudido en representación del Gobierno regional.

Estos galardones se convocan anualmente desde 1987 por parte de la Comisión Europea y, desde 1997, se lleva a cabo una edición española que organiza desde 2013 la Fundación Biodiversidad. En ambos casos, los premios reconocen el esfuerzo de aquellas empresas que ponen en marcha con éxito medidas para mantener su viabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidar y proteger el medio ambiente. En esta edición, 25 empresas nacionales han alcanzado la fase final para la consecución de los premios, dentro de las 5 categorías.

La Comunidad de Madrid ha cedido una nueva vivienda, perteneciente al parque de la Agencia de Vivienda Social (AVS), a la Fundación Juan XXIII Roncalli, para que ésta pueda proporcionar alojamiento a las personas con las que trabajan y realizar sus distintos programas. En total, la AVS tiene cedidas 319 viviendas y 239 locales a entidades sin ánimo de lucro.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha entregado las llaves de esta vivienda, situada en el barrio de la Ventilla, al director general de la Fundación Juan XXIII Roncalli, Javier Arroyo, con el objetivo de que esta asociación pueda llevar a cabo la labor social y de integración que realiza con personas que tienen discapacidad intelectual.

La vivienda, de 71 metros cuadrados útiles, dispone de dos dormitorios, salón comedor, baño y cocina con terraza- tendedero, así como una plaza de garaje. La renta fijada es de 210 euros, pero al tratarse de un alquiler destinado a una asociación sin ánimo de lucro dispone de una subvención en el precio total de un 50%.

Pérez ha destacado que “con esta adjudicación se cumple el fin primordial de la AVS, proporcionar viviendas a personas o familias en situación vulnerable y con necesidades sociales. En este caso, permite y facilita el trabajo tan importante que lleva a cabo con personas con discapacidad intelectual, que están viviendo una situación de especial vulnerabilidad social y económica”, ha explicado.

La Fundación Juan XXIII Roncalli tiene por objeto la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, en especial aquellas que tienen discapacidad intelectual. El equipo profesional multidisciplinar de esta entidad coordinará una serie de planes de acción específicos de apoyos para cada trabajador, basados en talleres formativos sobre cocina y habilidades de la vida diaria, educación financiera, asesoramiento y apoyo en gestiones comunitarias, orientación y apoyo psicosocial, apoyos para un ocio inclusivo, etc.

La frecuencia e intensidad en la prestación de los apoyos dependerá de las necesidades específicas de las personas residentes en la vivienda, pero no supondrá la estancia permanente en la vivienda de ninguna figura profesional, sino que se basará más bien en apoyos puntuales y espaciados en el tiempo, puesto que son perfiles de personas con discapacidad intelectual con buena autonomía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el proyecto de Oficina 360, que, entre otros servicios, va a permitir realizar gestiones de los ciudadanos con la Administración a través de videollamadas. “Acercamos la Administración a todas las edades y para todas las circunstancias”, ha dicho la jefa del Gobierno regional, quien ha destacado que es el “comienzo de una nueva relación con el ciudadano”.

La finalidad, como ha explicado Díaz Ayuso, es que los ciudadanos ya no tengan que “estar perdiendo mañanas enteras, con colas y ventanillas para solucionar cuestiones básicas”. “Es un paso hacia adelante, es el momento de formar parte de la revolución digital de la mano de las mejores empresas del sector”, ha subrayado la presidenta madrileña en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, junto con la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo.

Así, con esta iniciativa se facilitará el acceso a los servicios públicos desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Este nuevo modelo de atención pone a disposición de los ciudadanos la cita previa multicanal. Con ello, se puede solicitar cita para ser atendidos a través de la webapp Oficina 360 o haciendo uso de un chatbot de una forma sencilla y rápida en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Además, incorporan la posibilidad de que, por primera vez, el ciudadano elija si desea recibir la información que solicita a través de videoatención con todas las garantías de seguridad y calidad. Esto va a permitir evitar desplazamientos innecesarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y ganando en seguridad, tan importante en el actual contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos.

Este proyecto piloto ya funciona en la Oficina de atención al ciudadano de la Consejería de Presidencia de la Calle Carretas número 4 y en la Oficina de atención al ciudadano de la Consejería de Vivienda y Administración Local, situada en Avenida de Asturias número 30, donde Díaz Ayuso ha realizado la primera videoatención para recibir información sobre el Plan Alquila. El objetivo es extender la iniciativa gradualmente al conjunto de las oficinas de atención al ciudadano de la región.

Las nuevas oficinas, en sus locales físicos, disponen de un novedoso sistema de gestión de turnos sin contacto que permite a los ciudadanos que van a recibir atención presencial, solicitar y obtener el turno desde su propio móvil o dispositivo personal.

Además, para seguir ganando en seguridad, en comodidad y en eficiencia, la Oficina 360 continuará incorporado progresivamente nuevas funcionalidades como la atención a los ciudadanos a través de servicios de mensajería; el control de aforos mediante cámaras; y la presentación electrónica de documentación mediante un moderno sistema de identidad digital propio de la Comunidad de Madrid.

Esta Oficina 360 se enmarca en el compromiso del Gobierno regional de convertir a la Comunidad de Madrid en una región líder en digitalización. Para ello, se ha puesto en marcha el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid. Adscrito a la Consejería de Presidencia, aspira a convertirse en un espacio de referencia a nivel europeo, en el que se integrarán, por un lado, representantes de la Administración regional y, por otro, organizaciones y entidades públicas y privadas que deseen participar y manifiesten su voluntad de adhesión al mismo.

La Comunidad de Madrid ha aprobado prorrogar por 537.102 euros el contrato de servicios para la gestión de uno de los Centros de Acogida integrados en la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. De esta manera, el centro, con 35 plazas, podrá seguir desarrollando su actividad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los Centros de Acogida son recursos especializados cuyo objetivo es facilitar la normalización de la unidad familiar y la superación de los efectos de la violencia que han sufrido sus usuarias y sus hijos. Para conseguirlo, el centro cuenta con distintos servicios orientados a facilitar esa recuperación dentro del plazo máximo de estancia en estos recursos, fijado en 12 meses.

Así, los Centros de Acogida proporcionan alojamiento, manutención y provisión de artículos de menaje o higiene -incluidos gastos corrientes de aquellas usuarias que no dispongan de ningún tipo de ingreso económico- y desarrollan una intervención personalizada que incluye apoyo para la adquisición o recuperación de habilidades sociales o personales, atención psicosiocial, acompañamiento en los procesos de inclusión socio-laboral o aprendizaje de técnicas para el correcto cuidado y desarrollo de los menores.

El contrato prorrogado fue adjudicado en 2017 a la Asociación Provivienda por un plazo de dos años, y ya fue objeto de una primera prórroga que vence el próximo 31 de diciembre de este año. Tras constatar que la entidad adjudicataria ha realizado el servicio satisfactoriamente y con arreglo a las condiciones previstas, esta segunda prórroga permite que las usuarias del centro sigan recibiendo el servicio en las mismas condiciones de atención y calidad con las que se viene prestando.

La Comunidad de Madrid ha autorizado a la Agencia de Vivienda Social (AVS) la firma de seis convenios de colaboración entre el Gobierno regional y dos promotores privados para la financiación de las actuaciones que permitan llevar a cabo la construcción de 194 viviendas acogidas al programa de Fomento del Parque de Viviendas, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las promociones de viviendas estarán destinadas al alquiler. Las actuaciones, algunas de las cuales ya se encuentran en marcha y otras en fase de inicio, se están construyendo en los barrios de Alto del Arenal (106), y Vallecas (44), en Madrid capital; y en los municipios de Berzosa del Lozoya (10), Horcajo de la Sierra (4), Puebla de la Sierra (4) y Alcobendas (26).

La inversión para la construcción de estos pisos asciende a 19,2 millones de euros, financiados de manera conjunta por las administraciones públicas participantes. Así, corresponde al Plan Estatal de Vivienda aportar 4,6 millones de euros, 11,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Vivienda Social y al Ayuntamiento de Alcobendas, 3,1 millones de euros.

El convenio para inscribir estas viviendas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 fue suscrito el pasado 30 de julio de 2018 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. El objetivo era contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión de uso, tanto público como privado, con la determinación de obtener una renta máxima de arrendamiento o de cesión de uso, durante un plazo mínimo de 25 años.

Este programa posibilita un aumento de la oferta de viviendas en alquiler que contribuirá a la moderación de los precios para aquellas personas que cuenten con menos recursos.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid cuenta con un parque inmobiliario de más de 23.200 inmuebles. A lo largo de la presente legislatura, a través de la Consejería de Vivienda y Administración Local, se construirán 1.500 viviendas sociales más que se incorporarán al parque ya existente. Un total de 400 de estas viviendas iniciarán sus trámites de construcción antes de que finalice el año.

La Comunidad de Madrid va a invertir más de 5 millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones de las líneas 2 y 3 de Metro de Madrid. El Consejo de Gobierno celebrado esta semana ha aprobado la adjudicación de este cuarto contrato de mantenimiento, que se enmarca dentro del plan de conservación del suburbano, al que se destinan más de 35 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de cuatro años. Antes se habían adjudicado ya los contratos para los trabajos en las líneas 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

La conservación es una de las prioridades de Metro de Madrid para asegurar la prestación de un servicio fiable y de calidad. La ejecución de un correcto mantenimiento es indispensable para prevenir incidencias futuras en la infraestructura y garantizar que la red de Metro se encuentre en un estado óptimo, garantizando la seguridad y el confort de los viajeros.

Los trabajos previstos en el contrato aprobado incluyen las actividades de mantenimiento destinadas a la conservación de la infraestructura, como túneles, instalaciones auxiliares o grandes estructuras en estaciones. Del mismo modo, comprende la parte de arquitectura y acabados.

También se incluye el mantenimiento de todas las actividades relacionadas con las obras de construcción, como es el caso de los trabajos de limpieza y conservación de los pozos de ventilación y los de bombeo pluviales o la limpieza de las cubiertas de templetes de acceso a las estaciones.

Con estas actuaciones se logra aumentar el control sobre el estado de conservación de la infraestructura de la red del suburbano. Además, se mejoran en paralelo los mecanismos de supervisión internos y se asegura, durante más tiempo, la funcionalidad de la infraestructura.

La Comunidad de Madrid ha aprobado la renovación de 79 plazas destinadas al acogimiento residencial de menores con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, que cuentan con medidas de protección a cargo de la Comunidad de Madrid. Para ello, el Gobierno regional invierte un total de 3.109.606,98 euros durante el próximo año para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en cinco centros residenciales de la región.

En concreto, se prorrogan tres contratos para la gestión de dos centros que la Asociación APANID tiene en Getafe y otro en Fuenlabrada. En total, suman 53 plazas residenciales específicas para menores de edad, que requieren un tratamiento especializado, para lo que se destinan un total de 2.049.756 euros.

Asimismo, se renueva el servicio para la gestión del hogar residencia por parte de Consulting Asistencial Sociosanitario, por importe de 715.984 euros, en el municipio de El Escorial. Este centro cuenta con 16 plazas destinadas a menores de 18 años con discapacidad y grandes necesidades de apoyo.

El quinto contrato que se prorroga es el de gestión de 10 plazas del Hogar Comunidad Casa Belén, un recurso especializado para menores con discapacidad asociada a enfermedades orgánicas, adjudicado a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl por un importe de 343.866,50 euros.

Las residencias para menores con discapacidad acogen a los niños y adolescentes con medidas de protección por parte de la Comunidad de Madrid que necesitan una atención muy individualizada y especializada, y, por ello, requieren un recurso residencial preparado para ofrecérsela. En total, 160 menores con discapacidad fueron atendidos en recursos residenciales especializados durante el año 2019.

Cada uno de estos centros tiene un perfil de población determinado, según la edad, el tipo y grado de discapacidad, la necesidad de cuidados socio-sanitarios y los trastornos asociados de salud mental o de conducta que presenten. De este modo, se procura adaptar el programa y la metodología educativa, la formación, la titulación, el número de profesionales y el espacio físico de cada residencia a las necesidades específicas de los menores. En cuanto a la escolarización, los niños están integrados en los centros del sistema público educativo que les corresponde por sus necesidades.

La Comunidad de Madrid dotará de los instrumentos necesarios a los municipios de la Sierra Norte para que puedan redactar los planeamientos generales y de desarrollo urbano. En esa línea, el Consejo de Gobierno celebrado esta semana aprobó un gasto anual de 258.500 euros para la celebración de un convenio con la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte con el fin de mantener su Oficina Técnica en dicha materia.

Este convenio permitirá colaborar con los municipios más pequeños ubicados en la zona norte de la región, que cuentan con una menor capacidad económica y de gestión en materia de urbanismo. Esta ayuda les permitirá contratar personal especializado para la redacción de planes generales urbanos, que son competencia municipal, así como de desarrollo y sus modificaciones, elaboración de informes y asesoramiento urbanístico.

El Ejecutivo regional consolida así este servicio en esta zona de la región para convertir a los municipios en espacios atractivos para la implantación de actividades económicas que generen empleo. El objetivo es que sus ayuntamientos puedan, a través de sus planeamientos urbanísticos, facilitar el arraigo poblacional dotando los servicios públicos necesarios y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus vecinos favoreciendo un crecimiento sostenible.

La Comunidad de Madrid ya colabora con los municipios que tienen una población igual o inferior a 15.000 habitantes en materia de urbanismo, que conlleva una gestión bastante compleja, para que puedan contratar equipos especializados para que tramiten de una manera más técnica y ágil los documentos urbanísticos.

La Comunidad de Madrid ha aprobado -por un importe de 4,3 millones de euros- la prórroga del contrato de gestión integral de diversos centros de día y de un grupo de convivencia adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

El objeto de este contrato es la gestión integral de diversos Centros de Día y Programas orientados a la atención de los menores/jóvenes a los que los Jueces de Menores hayan impuesto medidas judiciales, no privativas de libertad, denominadas de medio abierto. Esto incluye tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana en domicilio, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y realización de tareas socio-educativas

También se llevan a cabo tareas o actividades de reparación extrajudiciales, así como otras actividades relacionadas con la reinserción de los menores. La prórroga no implica un cambio en el precio del contrato vigente, adjudicado en octubre de 2018 para los ejercicios 2019 y 2020, por lo que el importe para el próximo bienio asciende a 4.386.459,54 euros.

Para la renovación de este contrato en las mismas condiciones, la Comunidad de Madrid ha obtenido la conformidad de las entidades adjudicatarias. Se trata de la Asociación Murialdo, Asociación Centro Trama, Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre Madrid, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y Fundación Padre Amigo.