En protesta contra la reforma de las pensiones pactada por Gobierno y sindicatos

Desde la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, denunciamos el acuerdo de reforma de pensiones que desde la Mesa Social (constituida por Escrivá, CEOE y los sindicatos CCOO y UGT) se pretende imponer  a trabajadores y pensionistas. La negociación de estos autoproclamados agentes sociales, que ningún pensionista  ha votado, se ha realizado con total oscurantismo a sus propios afiliados y a espaldas de los pensionistas y ciudadanos.

A las sucesivas reformas de pensiones de 2011 del PSOE, de 2013 del PP, junto a las reformas laborales de 2010 y 2012, se une ahora esta reforma de 2021, impuesta en una situación de pandemia y que supone una nueva vuelta de tuerca en la pérdida de derechos sociales y económicos de los ciudadanos.

Utilizando el señuelo de acabar con la reforma de 2013 del PP, se pretende, entre otros aspectos negativos, cambiar el factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional que empobrece las pensiones a mayor edad. Se pretende atrasar  la edad de jubilación incentivándola y penalizar la jubilación anticipada con la pérdida de derechos sociales, cuando el país tiene los niveles de paro juvenil más altos de la UE, en torno al 42%.

Hacemos un llamamiento a rechazar de forma contundente esta reforma, que supone una modificación estructural del Sistema Público de Pensiones mediante la introducción de unos planes privados de empresa, que solo benefician a sus gestores (Bbncos y sindicatos UGT y CCOO),  llevándonos al deterioro del SPP y a la introducción de los sistemas de capitalización.

En las 10 áreas de reformas enviadas a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre el área  de pensiones plantea, en el objetivo tercero, la reforma del Factor de Sostenibilidad llamándolo Equidad Intergeneracional. Al igual que el factor anterior dicha Equidad pretende  disminuir las pensiones a mayor edad de los pensionistas. Denunciamos las manipulaciones del ministro y de los agentes sociales diciendo una cosa a Bruselas y otra a los ciudadanos.

El próximo día 26 de junio la CGPM-Unidad saldremos, junto a decenas de colectivos, a las calles de Madrid en defensa de los servicios públicos Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones. Servicios públicos que sufren la amenaza de nuevos recortes y reformas  con los proyectos enviados a Bruselas. Se hipotecan las pensiones y el sistema solidario e intergeneracional de la SS a cambio de las ayudas de la UE.

Es necesario que jóvenes, trabajadores y pensionistas digamos no a esta reforma reforzando los Lunes al Sol, concentrándonos en las delegaciones del Gobierno y, de forma unitaria, en cuanto sea posible, frente al Congreso de los Diputados para rechazar, una vez más, el pacto político del Pacto de Toledo y las reformas.

Desde COESPE y la Plataforma de Jóvenes Pensionistas también han comenzado una campaña para denunciar la grave situación de pensionistas por incapacidad y trabajadores en activo. El 27 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. en el que se ataca despiadadamente a todas las personas, que por enfermedad o accidente, se ven abocadas a estar en un proceso de baja médica o con una pensión por incapacidad.

Aprueba que los inspectores médicos puedan realizar sus valoraciones sin necesidad de citar al trabajador o pensionista. Eso quiere decir que podrán revisar o retirar en cualquier momento una baja médica o pensión por incapacidad, sin valorar a la persona afectada. Además, modifica parte de la Ley General de la Seguridad Social otorgando capacidad al INSS (ICAM en Cataluña), instituciones sanitarias, mutuas o entidades colaboradoras, a poder remitir los informes, historia clínica y demás datos médicos de los pacientes en proceso de incapacidad.

Es decir, nuestros datos clínicos “viajarán” de un lado a otro sin nuestro consentimiento explícito. Veníamos denunciando de forma pública que este procedimiento ya se estaba llevando a cabo desde el principio de la pandemia, además de no ser notificado a las personas interesadas e incluso retirar las pensiones ya concedidas con anterioridad sin previo aviso. Esto no solo afecta a las personas pensionistas, sino también a las/os trabajadores en activo que tengan abierto un proceso de incapacidad temporal (IT).

En España existen 947.296 personas con incapacidades permanentes reconocidas, un 10% de los pensionistas. La gran mayoría ve peligrar su único medio de subsistencia con esta medida. Seguiremos luchando por cambiar la situación vivida de los últimos años en nuestro país, viendo cada día como las políticas de recortes y privatizaciones están dañando a la población más vulnerable, y como se deniegan y retiran pensiones por incapacidad sistemáticamente en infinidad de casos graves, donde dejan totalmente desamparadas a las personas afectadas.