El PP cierra la puerta a las principales exigencias de VOX en la Asamblea

Justo tras el fin del Pleno de la Asamblea Ayuso se apresuraba a anunciar que, al día siguiente, volverían a abrir las pistas de baile de las discotecas. Y, probablemente, ese anuncio de última hora tenga mucho que ver con intentar tapar lo ocurrido en el Pleno de la Asamblea de ese jueves. Y es que la Presidenta del Gobierno regional cerraba la puerta a la exigencia de VOX que pedía que la bandera de España ondease tanto en el interior como en el exterior de los colegios. Esta enmienda, que venía unida a otra en la que el partido verde pedía la gratuidad de guarderías y bachillerato, era tumbada por los populares.

Que la Educación sea el verdadero ascensor social que permita al niño del barrio más vulnerable acceder a un futuro mejor. Ese es el objetivo de VOX: que todos puedan tener acceso a una educación excelente y de calidad, sin importar los orígenes de donde provengan. Por eso, el GPVOX ha registrado un total de 44 enmiendas al Proyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid para garantizar la gratuidad total y absoluta en todas las etapas educativas y no solo en la obligatoria.

“Estamos totalmente en contra de la ley de Educación de Sánchez, ataca a la igualdad de oportunidades, es totalitaria e impone unos contenidos con los que no estamos de acuerdo”, comenzó este martes Rocío Monasterio la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. “Por eso hemos registrado unas enmiendas a la Ley Maestra de Educación de la Comunidad de Madrid dirigidas a garantizar gratuidad educación en todas las etapas, para que ningún niño se quede atrás”, prosiguió la portavoz del GPVOX en la Asamblea de Madrid. “Ayuso que ser valiente y hacer frente a la ley de Sánchez, tiene la mejor oportunidad para demostrar de qué lado está. Lo más importante es proteger a las familias, dejar de gastar en chiringuitos e invertir en gratuidad en todas las etapas, desde la guardería hasta Bachillerato y FP. También exigimos transparencia antes de la matriculación en los colegios. Si de verdad cree en la libertad, Ayuso no tendrá ningún problema en aceptarlo”, concluyó.

“La Comunidad de Madrid garantiza la gratuidad de la Educación Infantil de cero a seis años, Bachillerato y Formación Profesional Básica, Media y Superior, al igual que garantiza la gratuidad de la educación obligatoria conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”, reza una de las enmiendas al proyecto de ley.

“Derecho a la educación. Todos los alumnos cuya educación queda recogida en el artículo 4 de esta ley (es decir, el anterior, incluyendo etapa obligatoria, Educación Infantil de 0-6 años, Bachillerato y Formación Profesional Básica, Media y Superior) tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos que les garantice una educación de calidad”, continúa otra de las enmiendas.

Asimismo, VOX garantizará con sus correcciones que “tanto los centros educativos de titularidad pública como los de titularidad privada, sea cual sea su índole” realicen “una necesaria oferta complementaria de puestos escolares”. “El régimen de financiación pública de la Educación en la Comunidad de Madrid garantizará la escolarización equitativa del alumnado, haciendo posible su acceso a los centros educativos de su elección el condiciones de gratuidad”, agrega el texto.

Asimismo, VOX quiere garantizar la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. “La libertad de enseñanza no se garantiza únicamente por la mera coexistencia de centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos, sino que se asegura con la posibilidad real de elección, entre pluralidad de opciones distintas, con diferentes principios orientadores, metas y prioridades, en definitivamente, entre proyectos educativos diversos. Para ello es imprescindible la transparencia y accesibilidad de la información de los centros, ya que solo puede considerarse libre cuando una elección es informada”

En cuanto a la participación de las familias en la educación de sus hijos, ésta se concretará en “la colaboración en las decisiones que afecten a la escolarización, a los procesos educativos del alumnado y a las materias y valores éticos o morales que se impartan en los mismos”, recoge otra de las correcciones de VOX al texto del Gobierno. “Se reconoce el derecho a conocer y ser informados sobre los contenidos curriculares de las materias y los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, así como de los contenidos y los procedimientos de las actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares que se vayan a impartir y el derecho a ejercer la objeción de conciencia, según se reconoce en el artículo 53.2 en relación al 27.3 de la Constitución Española”, añade el texto.

“Para permitir el pleno ejercicio del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos con libertad y responsabilidad, cada centro deberá publicar en su página web, al menos las siguientes informaciones antes del periodo de petición de plaza: Documento Organizativo del Centro, oferta educativa disponible, ideario del mismo, listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior y las que estén previstas para el nuevo curso. En el caso de actividades complementarias y extracurriculares deberá incluirse el título, clase, modalidad de la actividad y la organización que lo imparte. Asimismo, los centros deberán recoger el número de denuncias de acoso que hayan originado la apertura de un expediente”, continúa.

Y es que la transparencia es un elemento fundamental en las enmiendas de VOX a la Ley de Educación: “La asignación de fondos públicos a los centros educativos de la Comunidad de Madrid y el acceso a los mismos y a ayudas públicas no podrá hacerse depender de criterios no objetivos ni ideológicos, ni condicionarse en virtud de informes o del parecer de entes ajenos a la Consejería competente en materia de Educación. Y deberá llevarse a cabo con la debida transparencia e información de los centros y personas interesadas en la asignación de dichos fondos”.

Además, VOX incide en que sea decisión de la familia de los menores con necesidades especiales quienes decidan qué tipo de centro quieren para sus hijos. “La escolarización en centros o unidades específicas de educación especial se resolverá favorablemente cuando las necesidades educativas del alumnado requieran de apoyos especializados o adaptaciones curriculares u organizativas que sean de difícil o imposible atención y respuesta efectiva en un centro ordinario, bien sea durante un período de su escolarización o a lo largo de toda ella. Cualquier medida que se adopte será consensuada con la familia del menor”, explicita el GPVOX.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid trajo el pasado mes de julio a la Asamblea de Madrid, su primera iniciativa legislativa de esta legislatura, la Ley Maestra de Educación, con el claro objetivo de blindar la Comunidad de Madrid de la Ley Celaá.

La portavoz de Educación del GPP, Lorena Heras, ha comparado la tramitación parlamentaria de esta ley, con ampliación de plazos para presentar enmiendas y consulta con entidades expertos, con la de la Ley Celaá, una ley que empezó a tramitar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, días antes de decretar el Estado de Alarma, sin someterse a informe del Consejo Escolar de Estado ni del Consejo de Estado. “Aprobó una ley sin diálogo con las comunidades autónomas, responsables de las competencias ejecutivas en materia educativa”, ha criticado.

La popular considera que la Ley Celaá “destila sectarismo, es anticuada, mediocre e ideológica” y que supone un retroceso a las leyes socialistas “que produjeron más abandono y fracaso escolar, cuyo resultado fue expulsar del sistema a 1 de cada 4 alumnos sin titulación”. En definitiva, “la Ley Celaá tiene como propósito imponer el pensamiento único de la izquierda”, ha asegurado.

Heras ha recordado como el PSOE y Podemos “despacharon las 1.100 enmiendas de la Ley Celaá en 5 sesiones y su tramitación en el Senado duró una semana, ¿querrán hacer lo mismo en esta cámara?”, ha cuestionado mirando a la grada de la izquierda.

Heras ha detallado todas las facilidades que se han puesto desde la Asamblea de Madrid para hacer una tramitación transparente y participativa de la Ley Maestra de Educación. “Se ha ampliado dos veces el periodo de presentación de enmiendas y vamos a pedir comparecencias de expertos”, ha asegurado.

“La presidenta Ayuso se presentó a las elecciones del 4 de mayo prometiendo a los madrileños una Ley Regional de Libertad Educativa, dentro de la ley, cumpliendo la ley, pero con toda la fuerza de la competencia autonómica, Madrid tendrá su Ley Maestra”, ha celebrado la popular.

La izquierda está “derrotada”, pero hay que “rematarla”. Y no hay mejor forma de hacerlo que haciendo frente a la totalitaria Ley de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, el GPVOX ha llevado al pleno de este jueves sus propuestas para garantizar una Educación gratuita en todas las etapas -y no solo en la obligatoria- y exigir al Ejecutivo de Díaz Ayuso que garantice la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

“De nada nos sirve estar hablando de indigenismo en EEUU mientras a nuestros niños les dicen que los españoles exterminamos a los indios. De nada sirve decir que no nos gusta colectivizar a mujeres y LGTBI si a nuestros niños en los colegios les están adoctrinando en políticas de género. Ustedes han asumido y comprado la agenda 2030. Hay que ser coherentes. Aquí lo que hace falta es gestionar las políticas que de verdad nos lleven a que la izquierda quite sus manos de la educación de nuestros hijos», sentenció Rocío Monasterio.

La portavoz del GPVOX en la Asamblea de Madrid alertó de los peligros de permitir que esas políticas sigan calando en la Educación, como ya ocurrió con Cataluña. «Escúchennos y de verdad utilicen la Ley Maestra (de Educación de la Comunidad de Madrid) para poner freno a las políticas de la izquierda, para garantizar a los padres la libertad para elegir la educación de sus hijos, que es un derecho que tenemos por nuestra Constitución», prosiguió Monasterio. Y concluyó con la defensa de la gratuidad de la Educación en todas las etapas: «Si tienen 700 millones para reducir las ratios, por qué no los aplican en gratuidad?», se preguntó, recordando el gasto superfluo que el Gobierno se gasta, por ejemplo, en promoción de consejerías: 62 millones de euros.

La comisión de cultura de la Asamblea de Madrid ha debatido hoy la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada y portavoz de cultura de Más Madrid en la Asamblea, Jazmín Beirak, en la que se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear una comisión interdepartamental de Asuntos Culturales para implementar programas conjuntos y coordinar de modo sistemático las políticas culturales de la Comunidad de Madrid. Dicha comisión estaría integrada por, al menos, representantes de las siguientes áreas de gobierno: Cultura, Turismo, Educación, Ciencia, Medio Ambiente, Empleo, Igualdad, Política Social, Juventud, Administración Local, Digitalización y Sanidad. El objetivo de esta propuesta es “reconocer el carácter transversal de la cultura y crear espacios de trabajo y colaboración permanente de la cultura con otros ámbitos como pueden ser la educación, la salud física y mental, la sostenibilidad, el desarrollo local, la igualdad, el empleo o las políticas sociales”.

“La cultura tiene una dimensión particular con impactos sociales y económicos propios, pero no es un compartimento estanco, está totalmente interrelacionado con muchas otras esferas de nuestra vida como pueden ser la educación, la salud física y mental, la sostenibilidad o la igualdad y está en el centro de la articulación de nuestra vida común”, ha afirmado Jazmín Beirak.

Además de defender la existencia de políticas específicas para la cultura debido a sus impactos sociales y económicos propios, desde Más Madrid se entiende que la cultura tiene un importante impacto en otras áreas y, a su vez, es influida por estas. En el ámbito educativo, la OCDE ya ha señalado la importancia del pensamiento creativo y, en el próximo informe PISA de 2021, se va a incluir dicha competencia. Además, la Organización Mundial de la Salud reconoció en diciembre de 2019 los beneficios de incorporar el arte y la cultura en los sistemas sanitarios, también La Red Española para el Desarrollo Sostenible ha publicado recientemente una guía para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. Además de estos, son muchos otros ámbitos aquellos que están relacionados con las políticas culturales, como por ejemplo las políticas de igualdad, de inclusión social, de atención a la dependencia, de empleo, de movilidad o, incluso, de seguridad.

“Es este carácter transversal de la cultura el que hace de esta un campo estratégico desde el que se pueden afrontar los retos que tenemos por delante. Retos que van desde el cambio climático, la transformación del modelo productivo, los usos del tiempo, la garantía de derechos, la buena vida o el refuerzo de las políticas de igualdad. Además, es mediante el reconocimiento del carácter transversal de la cultura y de su colaboración con otros ámbitos que realmente podrá dejar de ser considerada como algo secundario y se podrá reforzar su relevancia social”, ha añadido Beirak.

Era lo más destacado de una sesión en la que, por supuesto, la visita de Ayuso a EEUU fue la gran protagonista del debate. Los portavoces de izquierdas exigían datos concretos de lo ocurrido en las calles de Nueva York y Washington, a la vez que criticaban que Ayuso hubiera programado el viaje justo cuando se estaba celebrando la Convención del PP.

La respuesta de Ayuso, contundente como casi siempre: “Hemos pedido perdón a los inversores por la política fiscal de Sánchez, porque es por eso por lo que no invierten, España tiene un exceso de burocracia y unos impuestos altísimos. Y esto es lo que hace que no tengan confianza. El Gobierno de Sánchez es un lastre para España y, especialmente, para la capital”.

La transparencia es la mejor fórmula para luchar contra la corrupción y VOX ha logrado aprobar, este jueves, en la Asamblea de Madrid, su iniciativa para conocer quiénes son los titulares de los posibles chiringuitos con los que contrate la Comunidad de Madrid.

«Es una PNL (proposición no de ley) para que todos los españoles que pagan impuestos puedan saber quiénes están detrás de las empresas a quienes se adjudican contratos públicos. Para que todos aquellas personas que no pueden comprarse una casa, aquellos que han perdido su puesto de trabajo y aquellos que no llegan a fin de mes sepan que hacemos todo lo que está en nuestra mano para que nadie se enriquezca indebidamente con los impuestos que, con tanto esfuerzo y sacrificio, ellos pagan», resumió Ana Cuartero.

«Cuando el PP pierde los complejos y se suma a las iniciativas de VOX, acierta», prosiguió la portavoz adjunta del GPVOX en la Asamblea de Madrid. «VOX está firmemente comprometido no solo en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Porque necesitamos medios económicos para poder atender las necesidades reales de los madrileños», manifestó tras recordar cómo la corrupción (Gürtel, Lezo, Púnica, Ciudad de la Justicia…), como reconoció el propio García-Egea, fue lo que destrozó el PP de Madrid. «Esta propuesta nos permitirá prevenir las prácticas corruptas que tanto daño ha hecho a nuestro país y que ha dejado un agujero que se estima en 7.500 millones de euros desde que se aprobó la Constitución», concluyó Cuartero.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Yolanda Estrada, ha criticado la intención de la izquierda de “generar nuevos costes a los madrileños con la creación de una especie de impuesto con interés usurero de un 25 % sobre el coste de las inversiones” del Programa de Inversión Regional (PIR).

“No contentos los comunistas con intentar meter su mano en todos los aspectos de nuestra vida con ese intervencionismo atroz, ahora vienen y nos dicen que si no se ejecuta el PIR los madrileños podrían pagar un 25 % en concepto de gastos de oportunidad o costes económicos”, ha expuesto la diputada popular durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Cámara regional.

Estrada ha afeado que “el comunismo radical, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, pretenda repercutir una responsabilidad compartida entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, cuya tramitación está regulada, en todos los madrileños” en vez de “mejorar los procedimientos, agilizar los trámites y eliminar trabas burocráticas” para que el plan se ejecute de manera adecuada.

Por el contrario, como ha recordado la diputada, “están finalizadas físicamente casi el 50 % de las actuaciones del PIR 2016-2019”, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020, a pesar de que con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 y de que el Gobierno central suspendiera entonces “todos los plazos administrativos”.

Además, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dado “la posibilidad de destinar el 50 % de las cantidades asignadas del PIR al gasto corriente para poder tener músculo tras la crisis de la Covid-19 y ha destinado 5,6 millones de euros para colaborar con los ayuntamientos en los gastos extraordinarios de limpieza de los colegios”.

“Para el Partido Popular la vida municipal es importantísima, desde la Comunidad de Madrid se han estado haciendo programas de inversión regional mientras ustedes hablan de una realidad que no existe, porque de ser así el 4 de mayo 177 de 179 municipios de la región no nos habrían elegido para gobernar”, ha señalado Estrada.

Asimismo, Estrada ha recordado a los miembros de la Cámara que la presidenta regional “ha incrementado de 700 a 1.000 millones de euros en el PIR 2022/2026, ha reducido la aportación de los municipios al mínimo legal del 1 %, ha permitido que el plan sea compatible con otro tipo de subvenciones o financiación o ha adelantado el pago del 50 % de la actuación al inicio del expediente de contratación”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid Ana Collado Jiménez, ha preguntado al consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, sobre los planes del Gobierno regional para el fomento de la creación de Cluster Digitales en la Comunidad de Madrid. Collado ha indicado durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Cámara regional que “escuchado el compromiso de este Gobierno con la tecnología, enfocada de manera transversal, estoy segura de que los ciudadanos tienen la garantía de que nadie se va a quedar atrás”.

La diputada ha expresado que “sería mucho mejor para todos que el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transformación digital fuera compartido por el Gobierno de España, pero por desgracia eso no es así”, al tiempo que ha recriminado el “despropósito del reparto de los fondos europeos”. Como ha destacado, los clusters permiten “aumentar la productividad de las empresas de estos sectores estratégicos”, al tiempo que “mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias y estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las ventajas aportadas por el propio clúster”.

Además, estos “permitirán a las empresas aprovechar de manera conjunta las ventajas competitivas que ofrece Madrid y con ello crear más puestos de trabajo de forma que la Comunidad seguirá liderando este campo, como ha sucedido en el mes de septiembre”, ha señalado. La diputada popular ha asegurado que la iniciativa va a permitir que los emprendedores madrileños dispongan de una red “para optimizar sus esfuerzos, capitalizar sus resultados, generar sinergias y sistematizar la transferencia de conocimientos entre unos sectores y otros para que la tecnología mejore la vida de las personas”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha afirmado que Sánchez “copia” tanto a Ayuso “que solo le falta hacerse un tatuaje en el brazo”. Así lo ha asegurado durante su pregunta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre cuál es su valoración de la actual situación política de la Comunidad de Madrid.

Serrano ha aprovechado para hacer una valoración “muy positiva” del viaje de la presidenta por Estados Unidos, porque “solo ver cómo la ha atacado la izquierda junto a sus voceros mediáticos, es suficiente para constatar lo acertado del viaje”. De hecho, ha añadido, “la novedad sería que no la criticaran”.

El portavoz popular está convencido de que “la izquierda está nerviosa” y que atacan a la presidenta “porque la ven fuerte y con el respaldo de los madrileños y atacan a Pablo Casado porque saben que pronto será el próximo Presidente del Gobierno de España”, ha asegurado.

En lo últimos días hemos conocido algunos indicadores económicos que “nos hacen ser optimistas de cara a la recuperación de nuestra región”, como que tres de cada cuatro empleos creados en España fueron en Madrid, que Madrid es la región que tiene la deuda más baja de toda la península o que a lo largo de 2021 el comercio acumula una subida del 10 %.

Serrano ha explicado que mientras la presidenta estaba en Estados Unidos promocionando la marca Madrid y nuestra lengua, “PSOE y Podemos preparaban una Ley de Vivienda que pretende confiscar viviendas y limitar los precios del alquiler en un modelo cuyos resultados ya conocemos: subida de precios y bajada de la oferta”, ha criticado. Asimismo, “mientras usted buscaba inversiones para Madrid, la ministra Calviño falseaba los datos del INE sobre crecimiento,  y aquí en España seguíamos rompiendo récords en el precio de la luz”, ha lamentado.

Serrano también ha recordado como Sánchez ha “copiado” de nuevo a Ayuso, “resulta que la tan denostada, criticada y despreciada Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, va a tener una réplica nacional”. Y ha criticado cómo la izquierda cuestionaba ayer la iniciativa de Ayuso mientras justificaba la de Sánchez. Para finalizar, Serrano ha explicado que da la “bienvenida a la copia al señor Sánchez”, aunque lamenta que no vayan a copiar “medidas fiscales, educativas o sanitarias”.

CCOO ha calificado de “pura propaganda” la Ley Maestra de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, que hoy se debate en la Asamblea regional para su aprobación y cuya entrada en vigor se prevé a lo largo del próximo curso 2021/2022. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha insistido en que la nueva ley “no es más que otra dañina maniobra de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para erigirse en oposición al Gobierno de España, tanto es así que ha sido bautizada en los medios de comunicación como 'ley anti Celaá'”. Una texto, denuncia Galvín, “que se ha elaborado a espaldas de la comunidad educativa e ignorando las necesidades reales del sistema educativo madrileño”.

El pasado mes de abril, las consejeras y consejeros representantes de CCOO y UGT del profesorado y de las centrales sindicales, de la FAPA Giner de los Ríos por el sector de madres y padres solicitaron en el Pleno del Consejo Escolar el archivo del anteproyecto de ley y de todo su expediente al observar “un claro sesgo propagandístico en el contenido de este texto, centrado en aspectos como la lengua vehicular en la educación (no procede en Madrid, a menos que se quiera reforzar la docencia en lengua inglesa), el apoyo a los centros que separan por sexo y la cesión de suelo público a las empresas de enseñanza concertada”.

Igualmente, avisaron de que dicha ley se apoya en una descripción “falaz” de la realidad madrileña, como que se vaya a garantizar la libertad de elección cuando no hay oferta de plazas escolares en centros públicos, o que se trate de una norma “novedosa” cuando en gran parte se limita a transcribir la normativa básica estatal, o que se hable de dotación de recursos humanos sin ofrecer la imprescindible memoria económica que los concrete.

También apuntan “a una regresión al intentar revivir la LOMCE en Madrid mediante maniobras ‘ultra vires’, es decir, excediéndose de las competencias que corresponden a una comunidad autónoma.

CCOO ha resumido los principales argumentos por los que se oponen a la Ley Maestra:

Sobre “la libertad de las familias para elegir...”

- La libertad de enseñanza es la principal razón de ser de la Ley Maestra, según el gobierno de Díaz Ayuso, diciendo incluso querer defender el artículo 27.2 de la Constitución. Dicho artículo solo habla de la libertad de fundar establecimientos educativos y de la libertad de cátedra. Si la libertad de las familias para elegir el centro escolar de sus hijos e hijas fuera directamente exigible, como lo es el acceso a la educación, sencillamente no existirían los procesos de admisión por concurrencia competitiva.

- La gran ironía es que esta libertad de elección de la que habla el PP no es, ni mucho menos, libre. En el juego mercantil que dicen defender, donde funcionan la oferta y la demanda, el gobierno regional y sus socios se han dedicado a modificar la oferta, reduciendo plazas, cerrando aulas en la enseñanza pública y promoviendo la concertada a través de cesiones de suelo y facilidades de todo tipo.

- La libertad de elección en la Comunidad de Madrid es un espejismo. Actualmente, hay miles de familias que se han quedado sin plaza en la pública y se han visto obligadas a acudir a centros que no han elegido, en ocasiones sin más remedio que acudir a centros concertados.

Sobre el “derecho al castellano”

- En Madrid sólo hay una lengua oficial y es, precisamente, el castellano. Legislar acerca de realidades o controversias que se dan en otros territorios o plantear una oposición al Parlament de Catalunya o a otra asamblea legislativa tratando un asunto que carece de objeto en la propia comunidad es, verdaderamente, un caso de “traslocación regulatoria” sin precedentes.

- La mayoría de centros educativos madrileños sostenidos con fondos públicos siguen el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid, que se basa en el sistema AICOLE, lo que supone que la lengua vehicular es el Inglés. Con arreglo a esta regulación, se podría solicitar el cese inmediato del Programa Bilingüe de la CM.

Sobre la Educación Especial

- No se alcanza a entender la necesidad de que exista ninguna ley de la comunidad al respecto. De hecho, se parafrasean todos los principios que están recogidos en la LOE. Las modalidades de escolarización que se contemplan, ya existen en la actualidad y la ley orgánica vigente no las modifica.

- El reciente y populista interés del gobierno de Díaz Ayuso por la educación especial es, en realidad, el deseo de promover conciertos también en los centros de educación especial. Si realmente les preocupara la educación inclusiva, aumentarían la inversión destinada a esta educación, en la que Madrid es deficitaria desde hace años.

- La Ley Maestra, además, vulnera el derecho a la educación inclusiva. Según la ONU, la educación especial en España debe caminar hacia la integración, y esta ley la lleva en dirección contraria, todo con tal de asegurar un nuevo nicho de mercado a las empresas que manejan la concertada.

Sobre la segregación por sexos

- La Ley Maestra se agarra al hecho de que el Tribunal Constitucional haya considerado que la educación diferenciada por sexos no sea discriminatoria, sobre la base de una convención harto caduca y superada de 1960, para blindar los conciertos a los centros segregadores por sexos.

Sobre los conciertos educativos

- No es necesario, ni confiere seguridad jurídica adicional ni estabilidad, en absoluto, recoger en una ley de una comunidad autónoma lo que ya está contemplado en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), y el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Sobre la Inspección de Educación

- La disposición transitoria única se refiere a los procesos de acceso al Cuerpo de Inspectores/as de Educación, a los que será de aplicación la normativa vigente en el momento de su convocatoria. Esto es una reproducción de lo que figura en la LOMLOE.

- La Disposición Adicional, con 6 apartados, también es una paráfrasis de la LOE-LOMLOE. Es inexplicable que se copie esta ley. Únicamente añade la palabra “una prueba” que se ha omitido de la redacción actual de la LOE. En todo caso, la Comunidad de Madrid carece de competencias para regular el acceso a los cuerpos docentes, por una parte, y además, el sistema de concurso-oposición por fuerza consiste en la superación de una o más pruebas, de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público.