Los jueces están dejando salir a condenados por agresión sexual en cumplimiento de la nueva Ley

Ha sido la noticia política de los últimos días en España, y también se colaba en el Pleno de la Asamblea del pasado jueves, pues Ayuso, en la sesión de control, pedía la dimisión inmediata de Irene Montero por la polémica ley del "solo sí es sí", y su aplicación por parte de los jueces.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería dimitir por “atacar” a los jueces y culparles de “sacar a los violadores” de la cárcel.

Así se ha pronunciado la presidenta madrileña tras la polémica con la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, después de que varios tribunales de Madrid hayan reducido la pena de agresores sexuales de menores en aplicación de esta norma, que ha entrado en vigor en octubre.

"Su ministra que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable debería dimitir y ustedes tomar nota", afirmaba Ayuso.

Y es que desde su entrada en vigor los jueces están rebajando penas a condenados por agresión sexual, y excarcelando a condenados por abusos, ya que en la nueva Ley la pena mínima por agresión es muy inferior a la que había en la ley anterior, y los abusos desaparecen.

La clave está en que la nueva ley considera todo agresión, haciendo “borrón y cuenta nueva” con todas las sentencias previas. Y es que, si bien el espíritu de la Ley es endurecer condenas, lo hace a través de los agravantes, algo abierto a la interpretación de los magistrados, una interpretación que no cabe en un proceso penal.

Para entender por qué se está produciendo esta salida masiva de condenados, hay que conocer un principio fundamental del derecho recogido en la Constitución y el Código Penal, como es el que establece que siempre que una reforma penal favorezca al reo se aplicará de forma inmediata y automática.

Es exactamente esto lo que están haciendo los jueces de media España provocando una gigantesca polémica que está sacudiendo los cimientos de Podemos. Y es que, lejos de aceptar que la Ley estaba mal redactada, el partido morado cargaba contra los magistrados, que se defendían en un durísimo comunicado del Consejo General del Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el siguiente comunicado en relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual:

“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’.

Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española.

Este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad.

El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’.

Esta Comisión Permanente, por otra parte, expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”.