La joven fue captada por la organización en uno de los barrios más pobres de Benin City (Nigeria) con una falsa oferta de empleo. Tras aceptar la oferta, fue sometida a rituales de vudú por medio de los cuales se comprometía a no tratar de escapar de la organización ni a denunciarla ante la Policía, así como a devolverles el dinero invertido por los mismos para llevarla hasta su destino.

De Benin City viajó a Kano, también en Nigeria, acompañada por un miembro de la organización, y desde allí otro integrante de la red la llevó hasta Agadez (Níger) atravesando el desierto. Una vez allí, un tercer hombre se encargó de su viaje hasta Trípoli (Libia), desde donde accedió a la ciudad italiana de Sicilia bordo de una embarcación donde fue ingresada en un centro de menores.

La víctima, siguiendo las instrucciones que había recibido durante su viaje, contactó desde el mismo centro con una mujer, quien sería su futura explotadora en España, que le ordenó alojarse en el domicilio del responsable de la infraestructura de la organización en Italia. Con un billete de autobús llegó hasta Milán, donde contactó con una mujer con la que viajó en avión hasta Madrid, además de otro componente, el miembro de la organización encargado de su alojamiento en Italia.

A su llegada a Madrid, la menor fue trasladada hasta la Alcalá de Henares, donde residía la principal responsable de la organización y donde la explicaron que debía permanecer hasta obtener la condición de solicitante de asilo y que, una vez realizados dichos trámites, debería ejercer la prostitución callejera hasta saldar por completo la deuda adquirida con la organización, que ascendía a 60.000 euros.

Cuando la menor estaba tramitando su solicitud de protección internacional, fue detectada e identificada como una posible víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lo que tras ser comunicado a agentes de Policía especializados en este tipo delictivo, hizo que inmediatamente se activara el correspondiente protocolo que permitió la liberación de la menor antes de que comenzara la fase final de su proceso de trata, esto es: su explotación sexual.

La menor, tras ser atendida, denunció a los agentes que, desde su llegada a Alcalá de Henares, no la habían permitido salir en ningún momento del domicilio en el que residía sin la compañía de alguno de los miembros de la organización y que, durante su estancia en el mismo, había sido agredida sexualmente por parte de la pareja sentimental  de su explotadora.

En relación con estos hechos, la Policía ha detenido a siete personas, todos ellos de nacionalidad nigeriana y miembros de la citada organización, cuatro en Alcalá de Henares y tres en Vitoria, y han practicado cinco diligencias de entrada y registro, tres en Vitoria y dos en Alcalá, durante las cuales se han incautado ocho mil euros en efectivo, documentación personal y relativa a los hechos investigados, equipos informáticos, smartphones y soportes físicos de memoria externa cuyo contenido está siendo analizado por expertos.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.