Acusan al Gobierno regional de “falta de transparencia” y afirman que se enteraron por la prensa de la decisión

Parece que el vaso de la paciencia de Cordish se ha colmado tras el segundo “no” del ejecutivo de Cifuentes a su inversión de tres mil millones en Torres de la Alameda para poner en marcha el recinto de ocio Live!, y por eso la empresa anunciaba ayer que llevará a los tribunales a Cifuentes tras detectar “gravísimas irregularidades” en la tramitación del expediente.

Así contestaba la compañía a la decisión de Cifuentes de tumbar, por segunda vez, el proyecto que puede cambiar para siempre la Zona Este creando 56.000 empleos. Y es que Cordish está harto de un proceso que, ahora lo saben, no parece tener vuelta de hoja.

La empresa desvelaba a través de un comunicado que se enteraron de la decisión de Cifuentes por la prensa, ya que la Comunidad no tuvo la deferencia de comunicárselo en la reunión mantenida pocas horas antes de hacerlo público.

Pero Cordish va mucho más allá, contando que ya la primera propuesta contaba con todos los requisitos legales para ser tramitada como CID, y que, si no fueron directamente a la justicia, fue por “deferencia” a la Comunidad y a los madrileños. En lugar de eso, presentaron un dossier detallado de más de 500 páginas en el que explicaban todo el proyecto, pero tampoco eso dobló el brazo del gobierno popular, por lo que ahora serán los tribunales los que decidan.

Y es que el comunicado no deja lugar a dudas: Cordish anunció a la Comunidad, el pasado martes, que asumiría todos los costes derivados de la construcción del proyecto, no solicitando ningún tipo de ayuda ni subvención al Gobierno de Cifuentes. Es más, en la reunión la empresa presentó los avales de dos bancos por 2.200 millones de euros, el resto del complejo que no podrían acometer con los setecientos millones de fondos propios que afirmaban tener. Además, la compañía llevó un compromiso firmado de que se construiría en su totalidad el proyecto, además de la playa artificial, y que el juego supondría menos de un 15% del total de negocio. Pero la respuesta de Cifuentes siguió siendo la misma.

En su comunicado Cordish también desvela otro asunto del que, por deferencia al Gobierno regional, no habían informado hasta el momento: la empresa demandó ante el TSJM a la Comunidad por negarse a entregarles el expediente en el que tumbaban la primera propuesta, un informe que conseguían tras recurrir a la justicia.

Por todo ello, y a la vista de las “gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y segunda solicitud", la empresa explicaba que ejercitará "cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables".