Según explican, seguirán las directrices de la FEMP y de los informes técnicos y jurídicos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega aprobará a lo largo de este año una ordenanza fiscal en la que se establezca una tasa que grave a las empresas de suministro (agua, gas y electricidad) por el uso del dominio público local, siguiendo las directrices que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como los informes emitidos por los departamentos técnicos y jurídicos del ayuntamiento.

“Así se lo hicimos saber al grupo municipal Sí Se Puede en el pasado Pleno Municipal, por lo que no entendemos que ahora afirmen que queremos perdonar a las empresas 400.000 euros al año, cantidad por cierto no justificada por ningún informe municipal, a sabiendas de que previa a la aprobación de cualquier ordenanza fiscal, se requiere de un estudio económico-financiero que prevea el impacto que puede tener”, afirma la concejal socialista, Sonia Azuara, quien aclara que “de hecho, les propusimos que el asunto quedara pendiente conforme a las directrices que marcara la FEMP, ya que queríamos elaborar la ordenanza correctamente y con todas las garantías jurídicas posibles, y no un copia-pega de otro municipio, que es lo único que han aportado”.

“Sin embargo, con una actitud déspota decidieron mantener su moción si o sí, obviando este hecho para después lanzar falsas acusaciones de que el PSOE se alinea con las empresas, cuando lo cierto es que una normativa municipal no puede elaborarse de la noche a la mañana ni a raíz del primer documento que se descarguen de internet, más aún cuando el fin es que esas empresas se encuentren en igualdad de condiciones respecto al resto de vecinos cuando utilizan el suelo público”, ha comentado Azuara. “Nos da la sensación de que Sí Se Puede es incapaz de aportar nada constructivo, más allá de sus falsas noticias que únicamente buscan un permanente enfrentamiento con el PSOE”, concluye la concejal.

En este sentido, desde el equipo de gobierno han afirmado que “a lo largo de este año mantendremos reuniones con los departamentos afectados para que en 2018 esta ordenanza esté en vigor, pues siendo el devengo anual tenemos tiempo suficiente para preparar un documento estudiado y completo”, por lo que esperan que el grupo Sí Se Puede se “retracte de sus afirmaciones falsas, salvo que su línea política sea la de engañar a los vecinos”.