La justicia reabre la causa por la destrucción del yacimiento de El Calvario

Tres años después de que comenzase la investigación sobre la destrucción del yacimiento arqueológico de El Calvario de Coslada la justicia comienza a dar pasos, y el primero va a provocar un auténtico terremoto en la política local del municipio. Y es que el juzgado de Instrucción número 3 de Coslada decidía abrir diligencias previas y citar en calidad de investigados a las nueve personas que formaron parte de la Junta de Gobierno que concedió la licencia de obras para la construcción de El Corte Inglés en la parcela donde se ubicaba el yacimiento.

En concreto dentro de un mes tendrán que declarar el actual alcalde, Ángel Viveros, que también ostentaba la representación municipal en aquel momento; el también ex alcalde Raúl López, portavoz del PP en el Consistorio; y el actual concejal No Adscrito, y portavoz de IUCM en el momento investigado, Francisco San Frutos. Además, tendrán que acudir ante el juez los concejales del gobierno socialista actual Iván López Marina, Mª Del Rosario Arroyo Lázaro y Mª Teresa González Ausín, y tres exconcejales que ya no están en la Corporación, como son Ana Belén Guillén Pablo, Manuel Torrús Castilla y Antonio Murillo, además del arquitecto municipal.

El asunto, del que ya informó el diario El País hace dos años, comenzaba cuando la Fiscalía de Medio Ambiente anunciaba su intención de investigar indicios de responsabilidad penal en la destrucción de un yacimiento arqueológico en la parcela de 30.000 metros cuadrados junto al Recinto Ferial, una parcela conocida como yacimiento “El Calvario”, que tenía la petición de protección BIC desde 1991.

En aquel año, la localidad, gobernada por IU, decidía pedir la declaración BIC del importantísimo yacimiento arqueológico, en el que, según explicaban por aquel entonces, había importantes vestigios del neolítico y del paleolítico en la zona de “El Calvario”. Y es que el yacimiento de “El Calvario”, además de ser uno de los más importantes de la zona centro de España, contenía pinturas rupestres, y ya aparece documentado en un trabajo del geólogo Estéban Márquez Triguero fechado en 1965.

Pero a los pocos años el proyecto sufrió un importante revés: en 1995 el Ayuntamiento, todavía controlado por IU, aprobaba un nuevo PGOU, vigente en la actualidad, en el que se abría la puerta a destinar la parcela a otros usos distintos a los de protección cultural. La Comunidad, al aprobar el PGOU, se mostró tajante: para cualquier movimiento de tierras en esa parcela sería indispensable un informe de la Dirección General de Patrimonio.

No obstante, el Ayuntamiento hizo caso omiso de la advertencia, y aprobó, en Junta de Gobierno, el movimiento de tierras pedido por los propietarios de la parcela, provocando la destrucción del yacimiento. Mucho tiempo después, en 2004, comenzaba el proyecto de construcción de El Corte Inglés en esa misma parcela, un proyecto que ha sufrido varias modificaciones durante estos once años.

En 2012, y como corresponde a un bien en proceso de ser declarado BIC, Patrimonio Histórico envió a un inspector a la parcela para ver la situación en que se encontraba el yacimiento, y el inspector se encontró con la dramática sorpresa de que había sido destruido en su totalidad.

Un año después, y antes las irregularidades administrativas detectadas, la Comunidad abrió expediente al Ayuntamiento, un Expediente que concluía con el traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente, que detectó las posibles responsabilidades penales y abrió el proceso judicial que acaba de comenzar.