Es el quinto pago del rescate

España ha presentado una quinta solicitud de pago ampliada que supone la acreditación del mayor número de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un total de 84. Esta cifra supone alrededor del 15% de todo el Plan. El importe total solicitado ascendería a más de 25.000 millones de euros, un 15% del total de los fondos asignados a España.

De estos, 9.100 millones brutos (8.000 millones netos) correspondientes a subvenciones y 16.000 a préstamos (15.900 millones netos). Esta aceleración en la ejecución del Plan de Recuperación de España será posible gracias a la modificación de más de 30 medidas del Plan de Recuperación que ya ha obtenido la valoración preliminar positiva por parte de la Comisión y que será objeto de una posterior aprobación definitiva por el Consejo.

La solicitud de pago incluye el cumplimiento de 71 hitos y objetivos correspondientes a subvenciones y 13 de préstamos. De estos, 55 forman parte de hitos y objetivos de futuros desembolsos, pero que se presentan en la solicitud actual al haber sido ya cumplidos.

De esta manera, el número de hitos y objetivos de la solicitud en curso pasa de 32 a 84, casi el triple. Es la primera vez que un Estado miembro adelanta un volumen semejante de compromisos futuros. Ello demuestra que España sigue a la cabeza de los países europeos en términos de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

España es ya el país con más hitos y objetivos de transferencias cumplidos en términos absolutos (181 hitos y objetivos) y el país que más transferencias ha recibido del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (cerca de 48.000 millones de euros, el 60% del total). Una vez la Comisión apruebe la quinta solicitud de pago de transferencias ampliada, se espera que España consolide esta posición de liderazgo, con una previsión de que alrededor del 50% de los hitos y objetivos del PRTR en materia de transferencias estarán cumplidos.

Además, según los datos internos del Ministerio de Hacienda, una vez España reciba los 25.000 millones del quinto desembolso, el país habrá obtenido un total de 56.000 millones en transferencias, lo que supone un 70% total previsto, y 16.000 millones en préstamos, aproximadamente un 20% del total. Para préstamos, cabe recordar que se incorporaron al Plan hace alrededor de un año, con la entrada en vigor de la adenda.

Entre los principales hitos y objetivos de España incluidos en la quinta solicitud de pago ampliada destacan los adoptados en el ámbito de la ciencia, con la aprobación de la Ley de Universidades, que tiene por objetivo promover la enseñanza superior. Esta reforma se acompaña de una inversión por el que se adoptó el Plan de Acción para el desarrollo de microcredenciales universitarias.

También destacan las reformas en el ámbito fiscal. Una vez concluya el período de evaluación, se espera que la Comisión Europea dé el visto bueno a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno, que incluyen el paquete aprobado recientemente en los ámbitos de la imposición societaria, la fiscalidad sobre la salud y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El impacto de las medidas adoptadas incrementará la recaudación fiscal en 0,3 puntos porcentuales del PIB y permitirá a España seguir recortando la brecha respecto a la media europea.

En el ámbito de la justicia, se presenta la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa y Procesal y la Ley del Derecho de Defensa, que refuerzan el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho con el visto bueno de la Comisión Europea.

En línea con los objetivos del Plan de Recuperación, este nuevo desembolso incluye importantes inversiones destinadas a la transición verde. Se presta especial atención a las zonas de menos recursos, como fueron la aprobación de 12 protocolos de transición justa para abordar los impactos socioeconómicos del cambio climático y se han cumplido los compromisos de ejecución de proyectos para la rehabilitación de antiguos emplazamientos mineros. Asimismo, se han avanzado medidas en materia de protección medioambiental, a través de la creación de áreas marinas protegidas, y la restauración de zonas costeras.

Por su parte, se presenta la Ley de Aguas, que ha supuesto un cambio de modelo hacia los principios de 'quien contamina paga' y de 'recuperación de costes' por la recuperación de aguas. Esta trascendental reforma está acompañada de inversiones, infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas. También se han impulsado las reformas normativas para la simplificación de la concesión de autorizaciones para la producción de energías renovables y se mejora la capacidad de producción de energías renovables, incluyendo proyectos relacionados con el hidrógeno verde.

Además, la solicitud de pago cubre inversiones estratégicas en el ámbito del transporte, en el que se han llevado a cabo mejoras en carreteras estatales, líneas y estaciones de cercanías e inversiones en infraestructura ferroviaria de corta distancia. También se han impulsado medidas de apoyo a pymes en innovación y digitalización, con foco importante en los sectores agroalimentario y pesquero, con proyectos de sostenibilidad específicos para este último.

En materia de transición digital, se han completado iniciativas como la interconexión de plataformas de contratación pública, la digitalización de entidades locales o la mejora de servicios en ámbitos como la Seguridad Social y la salud. También se ha impulsado la digitalización de industrias culturales y bibliotecas.

En la parte de préstamos, destaca la puesta en marcha de los fondos que canalizarán el grueso de los préstamos del plan. Concretamente, se lanzan los fondos ICO Verde y Empresas y Emprendedores, dotados con más de 30.000 millones de euros para apoyar al tejido productivo, así como la línea ICO Vivienda, con 4.000 millones de euros para la promoción de la vivienda social.

Además, se da cumplimiento a la creación del Fondo de Resiliencia Autonómica, que tiene por objetivo incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en las comunidades autónomas. También se ponen en funcionamiento los Fondos de Impacto Social y de Coinversión, gestionados por COFIDES, así como los fondos que gestionará la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica para abordar el reto de la transformación digital.

En particular, se crean los fondos Next Tech, con 4.000 millones de euros para impulsar la inversión pública en proyectos tecnológicos, el fondo Audiovisual Hub, con 1.700 millones de apoyo al sector audiovisual, y el PERTE CHIP, el más ambicioso de los 12 proyectos estratégicos contemplados en el PRTR, que promueve la creación de un ecosistema industrial en toda la cadena de valor de los semiconductores y persigue además ejercer acción prospectiva hacia el futuro tecnológico de la microelectrónica en nuestro país, empleando más de 12.000 millones.

La adenda técnica aprobada de forma preliminar por la Comisión Europea constata la aceleración en la ejecución del Plan de Recuperación de España. Se modifican 33 medidas, que ha permitido adelantar al quinto desembolso 55 hitos y objetivos de otros desembolsos posteriores que ya estaban cumplidos. Se adelantan 51 hitos y objetivos vinculados a los fondos no reembolsables del Plan de Recuperación de los cuales 12 de reformas y 39 de inversiones y además se adelantan 4 hitos y objetivos vinculados a los préstamos de los cuales 1 de reformas y 3 de inversiones. Esta adenda técnica, que afecta a algunos de los hitos y objetivos cuyo cumplimiento se ha acreditado, tendrá que ser confirmada por el Consejo de la UE.

Esta solicitud de desembolso incorpora los 158 millones de euros pendientes del cuarto pago, correspondientes al programa Agentes del Cambio, tras acreditar el cumplimiento del hito con su transformación en el programa Kit Consulting, un paquete de ayudas que permite a las pymes diseñar una hoja de ruta para su transformación digital, con subvenciones de entre 12.000 y 24.000 euros por pyme. El programa está siendo un éxito y ha permitido cumplir con creces el objetivo antes de que finalice el plazo marcado por la Comisión Europea.

La presentación de la quinta solicitud de pago ha supuesto un intenso esfuerzo de cogobernanza y coordinación administrativa por parte de la Secretaría General de Fondos Europeos, que ha requerido numerosas reuniones preparatorias con la Comisión Europea y la implicación de casi 800 responsables de entidades y organismos de todas las administraciones públicas, que han aportado más de 325.000 documentos de verificación. A esto se suma el exhaustivo trabajo de la IGAE, como Autoridad de Control, que ha coordinado la realización de los controles y auditorias necesarios para la presentación de la solicitud de pago.

La Comisión Europea ha validado el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo remitido por el Gobierno el pasado 15 de octubre, en cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea en cuya definición y negociación España tuvo un papel destacado durante la Presidencia española del Consejo de la UE.

"España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas, y lo hará de manera equilibrada, protegiendo el Estado del bienestar y las necesarias inversiones a futuro, de manera compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal", ha destacado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El Plan español avalado por Bruselas es a cuatro años y presenta un escenario de consolidación a siete años al incluir medidas adicionales. En estas cuentas se garantiza la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, dando así cumplimiento al nuevo marco de supervisión fiscal europeo y manteniendo el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal.

Para el cumplimiento de los objetivos, la Comisión ha respaldado la senda de crecimiento medio del gasto primario neto establecida por España del 3,4% para el periodo en vigor del Plan (2025-2028) y del 3% para el periodo a 7 años.

Esta senda permitirá situar la ratio deuda-PIB por debajo del 100% en 2027 y seguir reduciendo de forma continuada el déficit público hasta el 0,8% en 2031.

"De esta forma, la Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos, es decir, de los Estados miembro que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas, respaldando así la hoja de ruta e inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo", ha afirmado el ministro Cuerpo.

España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas y lo hace de una manera equilibrada, compatible con el compromiso de España con la responsabilidad fiscal. Los mensajes de la Comisión en su evaluación señalan que España crecerá en 2024 un 3%, casi cuatro veces por encima de la zona euro, apoyada en un mercado de trabajo robusto, un consumo dinámico y un sector exterior resistente.

Las reformas e inversiones presentadas en el Plan español permiten además dar continuidad a una ambiciosa agenda de modernización en algunos ámbitos estratégicos, como son la doble transición verde y digital, seguridad energética, impulso de las competencias profesionales, mejora del clima empresarial o el impulso de la vivienda asequible. Con todo ello, se eleva el potencial de crecimiento de España y se refuerza la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

"Podremos proteger el estado de bienestar a futuro y nuestras necesarias inversiones en materias estratégicas, y al mismo tiempo seguiremos reduciendo ese peso de la deuda y del déficit público sobre nuestro PIB", ha añadido el ministro Cuerpo.

El Plan Fiscal y Estructural que ha sido avalado hoy por la Comisión Europea incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. El catálogo contiene reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo despliegue incrementará el PIB potencial a lo largo del periodo de ajuste.

Entre ellas, figura la reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Diputados el 21 de noviembre, que establece la entrada en vigor de reformas fiscales destinadas a aumentar los ingresos públicos y modernizar el sistema tributario.

Asimismo, el Plan incorpora nuevos compromisos en materia de política económica para hacer frente a los nuevos desafíos y retos de la economía española. Las medidas se han agrupado en cinco grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, capital humano, capital físico y productividad y medidas de ámbito presupuestario.

Dentro de las medidas en el ámbito de la Transición Ecológica destacan los nuevos objetivos más ambiciosos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con medidas relacionadas con el almacenamiento energético, el despliegue de renovables, el fomento del autoconsumo y la eficiencia energética. Asimismo, con el objetivo de agilizar la electrificación y el despliegue de redes y puntos de suministro eléctrico se incluye como nueva medida la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030.

En el ámbito de la Transformación Digital destacan las medidas contenidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales y la reforma del sistema de ciencia e I+D, así como la Estrategia de Inteligencia Artificial.

En el eje de fomento del Capital Humano se enmarcan todas las medidas de política económica dirigidas a expandir la cantidad y calidad de la oferta laboral en España. En este ámbito destacan las relacionadas con el mercado de trabajo, como la reforma laboral o la de subsidios, la reforma del sistema de extranjería y la simplificación del sistema de homologación de títulos.

Por lo que respecta al impulso del capital físico y la productividad, se incluyen medidas destinadas a expandir el stock de capital instalado en España, así como la mejora de la Productividad Total de los Factores. En este ámbito destacan medidas orientadas a mejorar el clima de negocios, reducir las barreras burocráticas de las empresas y las destinadas a expandir el parque de vivienda.

Finalmente, en el ámbito presupuestario se incluyen actuaciones que tienen impacto en la sostenibilidad fiscal por la vía de la reducción del gasto más allá del cumplimiento de la regla de gasto y la mejora de la eficiencia del gasto público.

La validación de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo que los Estados miembros presentaron a la Comisión constituyen el núcleo del nuevo marco de gobernanza económica y su aprobación supone el primer hito cumplido en este escenario.

Los planes deben cumplir dos objetivos: garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda de las Administraciones Públicas siga una trayectoria plausiblemente descendente, o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit público se sitúe y se mantenga por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo; y, en segundo lugar, garantizar la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y aborden las prioridades comunes de la UE.

Además, el Plan debe explicar cómo garantizará el Estado miembro la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país (incluidas las relativas al procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, si procede), y cómo abordará el Estado miembro las prioridades comunes de la Unión.

El período de ajuste presupuestario abarca un período de cuatro años, que puede prorrogarse hasta tres años si el Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto de reformas e inversiones pertinentes que satisfaga los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, como ha ocurrido en el caso del Plan español.