El exministro de Hacienda está acusado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación

El Partido Popular (PP) ha hecho un anuncio significativo este jueves, relacionado con la decisión del exministro Cristóbal Montoro de renunciar a su afiliación al partido. Esta decisión se produce en un contexto de serias implicaciones legales y políticas para Montoro, quien ha sido imputado por un juez en relación con presuntos delitos cometidos durante su mandato.

Según fuentes del Partido Popular, Cristóbal Montoro ha comunicado su decisión de dejar su condición de afiliado al partido. Este anuncio se realizó en la mañana del jueves, marcando un hito en la trayectoria política del exministro.

El PP ha informado que, en la noche anterior a este anuncio, el Comité de Derechos y Garantías del partido había decidido abrir un procedimiento de información relacionado con el caso de Montoro. Sin embargo, este procedimiento ha quedado en suspenso tras la decisión de baja del exministro.

La baja de Montoro se produce en un momento crítico, ya que un juez de Tarragona lo ha imputado por presuntamente haber abusado de su cargo para aprobar leyes que beneficiaron a empresas del sector de gases industriales. Estas empresas eran clientes de un despacho de abogados, denominado Equipo Económico (EE), que Montoro había fundado antes de asumir su cargo en el Gobierno.

Según un auto judicial, la imputación de Montoro está enmarcada en una investigación más amplia que involucra a 28 personas y seis entidades jurídicas. Se le atribuyen la presunta comisión de siete delitos, que incluyen:

Cohecho: soborno o corrupción.

Fraude contra la administración pública: engaño a las instituciones del Estado.

Prevaricación: dictar resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo.

Tráfico de influencias: uso indebido de la posición para influir en decisiones.

Negociaciones prohibidas: realizar acuerdos o tratos que están prohibidos por la ley.

Corrupción en los negocios: prácticas corruptas en el ámbito empresarial.

Falsedad documental: elaboración o uso de documentos falsos