Ayuso y las Comunidades del PP anuncian que se opondrán

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 8.644 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de esta comunidad en un 24% respecto al cierre registrado en 2023.

El objetivo de esta medida “inédita” y “excepcional”, como ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera por la falta de recursos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que contrasta con el apoyo financiero brindado por el Gobierno progresista, que se traduce en que las Comunidades Autónomas han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador.

Montero, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha recordado que esta norma, que beneficia a todas las Comunidades, tengan o no deuda con el FLA, es “plenamente coherente” con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno desde 2018.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha recordado otras medidas inéditas puestas en marcha por el Ejecutivo en favor de las administraciones territoriales como, por ejemplo, los 30.000 millones de los fondos COVID, que las CCAA no tuvieron que devolver a diferencia de los préstamos del FLA adoptados por el Gobierno del PP en la anterior crisis y que son el origen del sobreendeudamiento que el Anteproyecto de Ley busca corregir.

O también el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 como si no hubiera habido pandemia, que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió y evitó que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver.

Esa política de apoyo a las CCAA es la que ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid reciba, excluyendo los fondos europeos, 43.000 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 5.210 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a la Comunidad de Madrid, o los 496 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Madrid que el Estado asumió, entre otras actuaciones.

El Anteproyecto de Ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Además, dicha propuesta fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, para trasladarles la información más detallada. La metodología responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades. En concreto, consta de tres fases.

-     Fase 1. Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el sobreendeudamiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.

Una vez identificado el sobreendeudamiento se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022.

Para la Comunidad de Madrid esta distribución alcanza los 8.644 millones de euros de condonación, el 24% de su deuda, un porcentaje por encima de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.

-          Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. La Comunidad de Madrid no se ve afectada en esta fase porque se sitúa por encima de la media.

-          Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

Además, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de la Comunidad de Madrid tampoco sería necesario efectuar ningún ajuste.

Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones el importe total de la condonación para la Comunidad de Madrid se sitúa en los 8.644 millones de euros.

El Anteproyecto de Ley también recoge el procedimiento para que el Estado asuma esa deuda autonómica. Dicho proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.

En el caso de las Comunidades sin deuda del FLA, como es el caso de la Comunidad de Madrid, y que quieran adherirse a este mecanismo, se les pedirá que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la información que requiera sobre su cartera de deuda con terceros.

Una vez seleccionadas las operaciones de crédito objeto de asunción por parte del Estado, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), se procederá por parte del Estado a la subrogación en la posición deudora de las Comunidades Autónomas, previo consentimiento de los acreedores.

La vicepresidenta Montero ha subrayado que la asunción de la deuda autonómica “no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación” en la que el Gobierno seguirá trabajando sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios.

Por último, Montero ha reiterado que la condonación de la deuda beneficia a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP. “   De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP”, ha destacado la titular de Hacienda, quien ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que “recapaciten” y respalden una medida que es beneficiosa para los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid emitió una crítica contundente hacia el Gobierno de España, específicamente en relación con la propuesta de condonación de deuda a las comunidades autónomas. Esta medida implica que el Estado asumirá un total de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, lo que ha generado un debate sobre su impacto en las políticas públicas y la financiación autonómica.

El Gobierno regional ha calificado la condonación de deuda como una "trampa" del Gobierno español. Según sus afirmaciones, esta medida no beneficiará a todas las comunidades autónomas como se ha presentado, sino que busca dividir a aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP). Argumentan que la condonación es una forma de hacer que la Comunidad de Madrid asuma la deuda de otras regiones que han gestionado sus finanzas de manera irresponsable.

Las autoridades madrileñas han criticado que la deuda que se condona será utilizada para "pagar a escote el despilfarro" y el "peaje del independentismo". En este sentido, sostienen que la Comunidad de Madrid ya se financia completamente en los mercados que la condonación de deuda no es más que una forma de hacer que asuman el costo de las políticas de gasto de comunidades, particularmente Cataluña.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha insistido en la necesidad de establecer un nuevo sistema de financiación autonómica permita a todas las comunidades acceder a los recursos necesarios para sus servicios públicos. En este contexto, se ha mencionado que Cataluña no está "infrafinanciada", ya que su deuda es la más alta entre las regiones españolas, atribuida a políticas de gasto irresponsables y al incumplimiento de objetivos de estabilidad.

La Comunidad de Madrid se considera la región más solidaria, aportando el 75% del Fondo de Garantía. Sin embargo, han dejado claro que no están dispuestos a financiar el "despilfarro" de otras comunidades, como el gasto en una nueva embajada en China, que consideran innecesario.

El Gobierno madrileño ha refutado la idea de que la condonación de deuda genere un mayor margen de gasto en políticas públicas. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha señalado que, según la Ley de Pedro Sánchez, cualquier ahorro derivado de la condonación no podrá ser utilizado para aumentar el gasto. Esto contradice las afirmaciones del PSOE-Madrid, que ha instado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a utilizar la condonación para invertir en la región.

Albert ha criticado al PSOE-M por su falta de comprensión sobre las implicaciones de la condonación de deuda. Ha afirmado que la Ley establece claramente que el ahorro no puede ser destinado a incrementar el gasto, lo que pone en entredicho las demandas del PSOE sobre la utilización de esos fondos para mejorar la inversión en la Comunidad de Madrid.

El secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano acusó a Sánchez de "mentir y engañar" a los madrileños, afirmando que la condonación de la deuda es un intento del presidente para "mantener su sillón en la Moncloa". Según Serrano, esta medida no solo es engañosa, sino que también perjudica a los ciudadanos de Madrid.

Serrano explicó que los madrileños tienen una deuda de 8.000 millones de euros con los bancos, que están pagando de manera regular, similar a una hipoteca. Sin embargo, al mutualizar la deuda de todas las comunidades autónomas, que asciende a 83.000 millones, cada ciudadano madrileño terminaría debiendo aproximadamente 1.700 euros. Con una población de 7 millones de madrileños, esto implicaría que la deuda total de Madrid aumentaría a 12.000 millones de euros.

El secretario general del PP cuestionó la afirmación de Sánchez de que esta condonación de deuda es una "buena noticia" para los madrileños. Serrano se preguntó retóricamente si realmente es positivo que los ciudadanos pasen de deber 8.000 millones a deber 12.000 millones a Pedro Sánchez, lo que sugiere que esta medida no es beneficiosa para la población madrileña.

Serrano también hizo hincapié en que, según la ley del Gobierno de España, no se puede utilizar el ahorro generado por la condonación de intereses para incrementar el gasto público. Esto significa que los ahorros no se pueden destinar a áreas cruciales como la sanidad, la educación o la dependencia.

Serrano subrayó que la afirmación de Sánchez de que los intereses ahorrados podrían ser utilizados para políticas públicas es incorrecta, ya que la ley prohíbe tal uso. Esto refuerza su argumento de que la condonación de deuda no solo es engañosa, sino que también es ilegal en términos de cómo se pueden utilizar los fondos ahorrados.

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha expresado la postura del partido respecto a la reciente decisión del Gobierno de condonar 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. En este contexto, Tellado ha enfatizado la unidad de los líderes territoriales del PP y ha criticado la política del Gobierno en torno a la gestión de la deuda y la financiación autonómica.

Tellado ha anticipado que los presidentes autonómicos del PP se unirán en su oposición a la condonación de la deuda, argumentando que esta medida rompe el principio de igualdad entre los españoles. A pesar de que algunas comunidades, como Andalucía, podrían beneficiarse de esta quita, el PP considera que no se puede aceptar una medida que, según ellos, favorece a quienes han gestionado mal.

El secretario general del PP ha calificado la condonación como “un ejercicio de irresponsabilidad política sin precedentes”. Asegura que esta acción beneficia a aquellos que han tenido una mala gestión y que, de alguna manera, busca "mancomunar la deuda" que ha sido generada por los movimientos independentistas en Cataluña.

Tellado ha lamentado que la decisión del Gobierno, que se espera sea aprobada en el Consejo de Ministros, envía un mensaje de irresponsabilidad. Según su análisis, la condonación de la deuda es una medida electoralista que no resuelve el problema de fondo, ya que la deuda simplemente se transfiere del ámbito autonómico al estatal, lo que, a su juicio, busca contentar a los nacionalistas.

El secretario del PP ha subrayado que el verdadero problema radica en la financiación autonómica y en la necesidad de dotar a las comunidades de los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos adecuados a todos los ciudadanos españoles. En este sentido, ha señalado que la condonación no aborda las carencias estructurales del sistema de financiación.

Tellado ha destacado que Andalucía y Cataluña son las comunidades que más se beneficiarán de la condonación, con 18.791 millones y 17.104 millones de euros, respectivamente, lo que representa más del 43% del total. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha también recibirán cantidades significativas, aunque en menor medida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su preocupación y escepticismo. Almeida critica la medida, sugiriendo que en realidad se trata de un mecanismo para que los ciudadanos de toda España, incluidos los madrileños, asuman el costo de la deuda catalana. Almeida describe la quita de deuda como un intento de "pagarla a escote" entre todos los españoles. Según su perspectiva, esto implica una "mutualización de la deuda" que considera injusta para los contribuyentes de Madrid. Utiliza metáforas como "timo de la estampita" y "juego de los cubiletes" para ilustrar su percepción de que esta medida es engañosa y perjudicial.

El alcalde señala que, aunque no ha recibido explicaciones claras sobre los beneficios que esta quita podría traer a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, sí es consciente de los beneficios que se han acordado para Cataluña, en un pacto entre ERC y el Gobierno de España. Esto refuerza su creencia de que la quita está diseñada principalmente para favorecer a Cataluña, a expensas de otras comunidades autónomas, especialmente Madrid.

Almeida enfatiza que "no hay quita" real, argumentando que la deuda no desaparece, sino que es asumida por el Estado. Esto significa que los madrileños no solo tendrán que pagar su propia deuda, sino también la deuda de la Generalitat de Cataluña a través de los impuestos que aportan al Gobierno de España. Esta situación es presentada por Almeida como una carga adicional e injusta para los ciudadanos de Madrid.

El alcalde también hace hincapié en que Madrid ha cumplido con sus obligaciones financieras y ha gestionado su deuda de manera responsable, creando "estructuras de Estado" sin recurrir a la misma estrategia que, según él, ha adoptado Cataluña. Esto refuerza su argumento de que los madrileños no deberían ser responsables de la deuda de otras comunidades.

Almeida cuestiona la idea de que la quita de deuda resultará en una mejora de los servicios públicos. Manifiesta su convicción de que el ahorro en intereses no se traducirá en un aumento de la capacidad de gasto para las comunidades autónomas, ya que la "regla de gasto" no se verá alterada. Esto implica que, a pesar de la quita, no habrá recursos adicionales disponibles para mejorar los servicios públicos en Madrid o en otras regiones.

Finalmente, Almeida advierte que la quita de deuda podría ser solo el primer paso hacia la implementación del "cupo catalán", un sistema que podría permitir a Cataluña recibir un trato financiero más favorable en comparación con otras comunidades. Insiste en que aún no se le ha explicado por qué los madrileños deberían asumir la responsabilidad de la deuda catalana, lo que refleja su frustración y oposición a lo que considera una política injusta.

Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a no renunciar a la condonación de 8.644 millones de euros que podría recibir la región. La portavoz del PSOE enfatizó la importancia de utilizar estos fondos para realizar inversiones que beneficien a la comunidad, en lugar de rechazar esta oportunidad.

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de España, las comunidades autónomas que más se beneficiarían de esta condonación son Andalucía y Cataluña, seguidas por la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Espinar subrayó que Madrid sería una de las grandes beneficiadas, junto con las otras regiones mencionadas.

Espinar criticó a Ayuso, sugiriendo que su actitud "infantil" y "victimista" podría llevarla a renunciar a más de 8.000 millones de euros, lo que considera un acto irresponsable. Afirmó que entiende cómo la presidenta podría rechazar una suma tan significativa que podría ser utilizada para mejorar servicios públicos en Madrid.

La portavoz del PSOE argumentó que, si Ayuso decide no aceptar la condonación, deberá ofrecer explicaciones no solo al PSOE, sino a todos los madrileños. Según Espinar, la presidenta estaría abandonando los servicios públicos de la comunidad en favor de una narrativa política que sostiene que el Gobierno de España está desatendiendo a Madrid.

Espinar defendió la idea de que la política debería centrarse en mejorar la vida de las personas, en lugar de ser un medio para hacer negocios personales. En este sentido, criticó la postura de Ayuso y sugirió que el Gobierno de España está ofreciendo una oportunidad que no debería ser desechada.

En respuesta a la propuesta de Sumar de condicionar la quita de deuda a la prevención del "dumping" fiscal entre comunidades autónomas, Espinar pidió esperar a ver las acciones de Ayuso antes de discutir las consecuencias. Expresó su esperanza de que prevalezca el sentido común en la política y recordó un episodio anterior en el que Ayuso firmó un acuerdo que ayudó a salvar el presupuesto de las universidades de Madrid, a pesar de sus iniciales objeciones.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como secretario general del PSOE-M, Óscar López, realizó declaraciones contundentes en relación a la situación financiera de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. López exigió que Ayuso defienda los intereses de Madrid y acepte la condonación de 8.600 millones de euros de deuda que el Gobierno de España está dispuesto a ofrecer a la región.

Óscar López destacó que en los últimos años, bajo la administración de Ayuso, la deuda de la Comunidad de Madrid ha crecido en más de 6000 millones de euros. Este aumento es significativo, especialmente considerando que se ha producido en un contexto de recortes en servicios públicos y de reducciones fiscales dirigidas a los sectores más acomodados de la población. López enfatizó que, a pesar de estas políticas, la deuda ha seguido en aumento.

López también mencionó que la Comunidad de Madrid no ha recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y ha optado por financiarse a través del sector privado. Sin embargo, el Gobierno de España ha decidido incluir a la Comunidad de Madrid en la lista de regiones que podrían beneficiarse de la condonación de deuda, lo que representaría una reducción significativa de la carga financiera para la región.

López planteó una serie de interrogantes sobre la postura que tomará la presidenta Ayuso frente a esta oferta del Gobierno central. Se cuestionó si Ayuso seguirá las directrices de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, para oponerse al Gobierno de España o si, por el contrario, aceptará la condonación de la deuda, lo que beneficiaría a los ciudadanos madrileños.

El portavoz socialista subrayó que, en los últimos años, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 100.000 millones de euros en transferencias del Gobierno de España, una cifra que califica como un récord histórico. López comparó esta cifra con los recursos recibidos en el pasado, indicando que la Comunidad ha recibido más de 40.000 millones de euros adicionales en comparación con los gobiernos anteriores, específicamente el de Mariano Rajoy.