El ejecutivo de Netanyahu impide la entrada a dos Ministras del Gobierno y España llama a consultas a su embajadora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nueve medidas adicionales "para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores, y apoyar a la población palestina". Lo ha hecho mediante una declaración institucional pronunciada en el Palacio de La Moncloa, en la que ha señalado que la operación militar lanzada por el gobierno israelí en octubre de 2023 como respuesta a los atentados terroristas de Hamás "ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, y en un ataque injustificable contra la población civil palestina".

"El Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes", ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha desgranado a continuación las cifras de los ataques israelíes sobre Gaza: 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas, menores de edad. "Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha recordado que España ya ha adoptado en los últimos años distintas medidas para tratar de alcanzar el cese de la violencia y para apoyar a la población civil; entre ellas, impulsar varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego permanente, apoyar la acción de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, enviar ayuda humanitaria a Gaza cuando ha sido posible, detener la venta de equipamiento militar a Israel, aumentar el apoyo económico a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, y propiciar el reconocimiento internacional del Estado Palestino y la creación de una Alianza Global para implementar la solución de los dos Estados.

Las nuevas medidas que el gobierno español va a adoptar incluyen:

La aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023, que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país.

Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

Prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza.

Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados.

Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

Refuerzo del apoyo español a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica.

Ampliación de la contribución española a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.

Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha reaccionado de manera inmediata y contundente ante el anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre un paquete de medidas destinadas a frenar lo que se ha calificado como “genocidio” en Gaza. La respuesta se ha centrado en acusaciones de distracción política y en la imposición de sanciones contra dos figuras clave del Gobierno español.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha sido el encargado de comunicar la postura del Gobierno israelí a través de un extenso mensaje en redes sociales. En su declaración, Saar ha criticado la postura del Gobierno español, acusándolo de liderar “una línea hostil” hacia Israel. Este enfoque, según él, se caracteriza por una “retórica desenfrenada y llena de odio”.

Las medidas anunciadas por el Gobierno español incluyen un embargo en la compra y venta de armas a Israel. Saar descalifica estas acciones como un intento “evidente” del Gobierno de Sánchez para desviar la atención de los escándalos de corrupción que lo rodean. Además, el ministro ha calificado el activismo español contra Israel como “obsesivo”, señalando que se ve influenciado por vínculos con “gobiernos tiránicos y siniestros” como los de Irán y Venezuela.

Saar ha hecho hincapié en la “sorprendente falta de conciencia histórica” Gobierno español respecto a los crímenes cometidos por España contra el pueblo judío, citando eventos históricos como la Inquisición, las conversiones forzosas y la expulsión de judíos en 1492. Considera que estos actos constituyen una “completa limpieza étnica” que debe ser recordada en el contexto de las críticas actuales.

El ministro Saar ha recordado que España fue el último país de Europa occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel en 1986. A su juicio, el Gobierno de Sánchez está dañando deliberadamente las relaciones que se han construido a lo largo de las últimas décadas, tanto con administraciones socialistas como conservadoras.

Saar ha hecho una distinción importante en su mensaje, afirmando que no todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, ha subrayado que cuando estas críticas se caracterizan por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, se convierten en antisemitismo.

En consecuencia de las declaraciones y acciones de las dos figuras del Gobierno español, Saar ha anunciado la imposición de sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego. Estas sanciones incluyen la prohibición de entrada a Israel y la restricción de cualquier contacto gubernamental con ellas.

Saar ha argumentado que Díaz, como líder de Sumar, está aprovechando la “debilidad política” del presidente Sánchez, llevándolo a implementar una visión que considera antiisraelí y antisemita. Ha mencionado algunas de las críticas realizadas por ambas políticas en los últimos dos años, que, según él, justifican estas sanciones.

El jefe de la diplomacia israelí ha dejado claro que podrían tomarse decisiones adicionales contra España. Ha manifestado su intención de informar a sus aliados sobre lo que considera una conducta hostil del Gobierno español, así como sobre el carácter antisemita y violento de las declaraciones de sus ministros.

Saar ha enfatizado que es crucial que los aliados de Israel en todo el mundo comprendan la “naturaleza peligrosa” del actual Gobierno en España, sugiriendo que la situación podría tener repercusiones en las relaciones internacionales de España.

Pocos minutos después el Gobierno emitía un nuevo comunicado contestando a la decisión del país hebreo: "El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España.

Las medidas en relación a la inhumana situación en Gaza y Cisjordania, anunciadas por el presidente del Gobierno de España, responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional.

España, en los últimos años, ha concedido la nacionalidad a 72.000 sefardíes, que ya son conciudadanos nuestros. Este Gobierno condenó inmediatamente el horrible atentado del grupo terrorista Hamás y ha exigido en todo momento la liberación de todos los rehenes. También aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo de nuestra historia en enero de 2023 y decidió adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Este Gobierno está comprometido contra el antisemitismo y el racismo y con un país en el que no cabe ningún tipo de discriminación.

Igualmente, de manera soberana, el Gobierno de España defiende la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad, y exige a Israel el fin de la ocupación de Gaza y Cisjordania, el fin de la violencia desatada contra la población civil palestina y el fin del bloqueo humanitario a la Franja. El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos"

Ya por la tarde, la situación ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, a tomar una decisión significativa: llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon.

El ministro Albares ha justificado esta acción debido a las "calumniosas acusaciones" que han surgido desde el Gobierno israelí. Estas acusaciones se han dirigido no solo hacia el Gobierno español en su conjunto, sino de manera particular hacia dos ministras, Yolanda Díaz y Sira Rego, quienes han sido objeto de "inaceptables medidas" por parte de las autoridades israelíes.

La reacción del Gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido contundente. En respuesta al paquete de medidas que el presidente Sánchez anunció con el objetivo de frenar lo que se ha calificado como un "genocidio" en Gaza, las autoridades israelíes han denunciado que estas acciones son un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción que afectan a su propio Gobierno. Esta retórica ha escalado las tensiones entre ambos países.

El socio minoritario del Ejecutivo español ha expresado su descontento con la situación actual. En particular, ha hecho un llamado a retirar a la embajadora española en Tel Aviv como una forma de manifestar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Esta postura refleja un creciente descontento dentro del Gobierno español respecto a la respuesta israelí y las acciones que se consideran ofensivas hacia España y sus representantes.

Y por si esta escalada de tensión diplomática no fuera suficiente, Hamas entraba en el tablero asesinando a seis personas en Jerusalén, una de ellos un español.

El lunes, un ataque a tiros en una parada de autobús en Jerusalén dejó un saldo trágico de seis muertos, incluyendo a un joven español de 25 años, Yaakov Pinto, originario de Melilla, que residía en Israel. Este ataque se produjo en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, a las 10:00 hora local.

Los atacantes abrieron fuego contra los civiles que esperaban en la parada de autobús, lo que resultó en la muerte de tres hombres de aproximadamente 30 años, incluido Pinto, y un hombre de unos 50 años. Además, una mujer de la misma franja de edad fue trasladada en estado crítico al hospital, y otro fallecido fue reportado en un centro hospitalario. En total, el servicio de emergencias israelí MDA informó que doce personas resultaron heridas, de las cuales siete estaban en estado grave debido a heridas de bala, tres presentaban heridas leves por fragmentos de vidrio, y dos más estaban en estado moderado.

Los perpetradores del ataque han sido identificados como dos ciudadanos palestinos, según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. En respuesta a este acto de violencia, el Ejército israelí ha desplegado soldados en la zona del ataque y en las afueras de Ramala, con el objetivo de combatir el terrorismo en la región.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido tomar medidas más severas en respuesta al ataque, describiéndolo como parte de una "guerra intensa contra el terrorismo". Netanyahu enfatizó que se detendrán a todos los que hayan ayudado a los atacantes y que se están tomando acciones para cercar las aldeas de donde provienen los perpetradores. Además, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó la determinación de su gobierno de combatir el terrorismo en múltiples frentes, incluyendo la intención de "destruir a Hamás".

El ataque ha sido aplaudido por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que lo calificó de "operación heroica" llevada a cabo por "combatientes de la resistencia palestina". Hamás argumentó que el ataque es una respuesta a los crímenes de la ocupación israelí y advirtió que los planes de Israel para ocupar Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán sin respuesta.

Por su parte, la Yihad Islámica también celebró el ataque, considerándolo una respuesta natural a las políticas de Israel. Este grupo instó a los palestinos a intensificar su resistencia contra las acciones del Ejército israelí.

Hamás ha elogiado la decisión del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, de imponer un embargo de armas a Israel. Este gesto ha sido interpretado como un paso significativo en los esfuerzos internacionales para detener lo que Hamás describe como una guerra de genocidio y desplazamiento contra el pueblo palestino en Gaza. Además, el grupo aplaudió la decisión de España de denegar el permiso en sus puertos a barcos que transporten combustibles y material militar destinado a las fuerzas armadas israelíes.

Volviendo al terreno local, Isabel Díaz Ayuso ha expresado su desacuerdo con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, las cuales considera inadecuadas y perjudiciales. En sus declaraciones, Ayuso ha calificado las acciones del Gobierno español como un apoyo a "terroristas" y ha criticado la falta de transparencia en el proceso legislativo, al señalar que estas decisiones no han sido discutidas en el Congreso de los Diputados.

La presidenta autonómica ha hecho hincapié en que el Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamás, ha aplaudido las decisiones del Gobierno español, lo que, según ella, pone de manifiesto la naturaleza problemática de estas medidas. Ayuso ha vinculado este apoyo a la percepción de que se está fomentando un discurso que legitima la violencia y el terrorismo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López calificó de "sucio y miserable" el comentario de Ayuso, quien insinuó que los terroristas responsables del ataque en Israel aplaudían al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esta afirmación fue realizada a través de redes sociales, lo que intensificó la controversia en torno a la política y la retórica utilizada en el contexto de la violencia en Oriente Próximo.

López expresó su preocupación por el nivel de retórica política en la Comunidad de Madrid, afirmando que "pronto" no quedará "ninguna línea roja que pasar". Su comentario sugiere que la política actual se está volviendo cada vez más agresiva y que los madrileños no merecen este tipo de discurso, que considera vergonzoso.

En su mensaje, el ministro no solo condenó los actos terroristas que resultaron en la muerte de un español, sino que también expresó su apoyo al pueblo palestino, que según él, está siendo "masacrado". Esta declaración resalta un enfoque dual en la condena de la violencia y la empatía hacia las víctimas de conflictos en la región.

Los partidos PSOE y Más Madrid han defendido las acciones del Gobierno de España en respuesta a lo que consideran un "genocidio" por parte de Israel en la Franja de Gaza. En una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, expresó su apoyo a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas medidas incluyen un embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada a quienes participen en el "genocidio".

Espinar enfatizó que el Gobierno se ha posicionado "en el lado correcto de la historia" desde el inicio del conflicto y que, a medida que persiste la violencia en Gaza, el Ejecutivo se ha comprometido cada vez más a defender a las víctimas.

En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de fuertes críticas por no condenar públicamente la agresión a Gaza. Espinar argumentó que la falta de condena de Ayuso es inexplicable y que no se puede ser una "buena persona" sin reconocer el sufrimiento de miles de niños en Gaza.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, también se unió a las críticas, afirmando que las propuestas del Gobierno son un avance positivo y que Ayuso está "defendiendo a los genocidas" al no condenar la situación en Gaza. Bergerot abogó por un enfoque de boicot y sanciones hacia Israel, sugiriendo que el país debería ser tratado como un "Estado paria".

Por otro lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, defendió la posición de Ayuso, argumentando que los activistas propalestinos han atacado al equipo israelí durante la Vuelta, lo que calificó como "totalmente lamentable".

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, también criticó a los partidos de izquierda por respaldar lo que considera "injerencia de las protestas antisemitas" en un evento deportivo internacional. Díaz-Pache expresó su preocupación por imagen de España, sugiriendo que las protestas podrían obstaculizar la celebración normal de competiciones deportivas y acusando los activistas de discriminar a un equipo solo por su nacionalidad.