García Ortiz deposita la fianza justo antes de que el Supremo la rebaje

El Tribunal Supremo (TS) impuso a García Ortiz una fianza de 150.000 euros en relación con el juicio por la presunta filtración de información confidencial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes jurídicas, el fiscal general ha decidido aportar parte de su patrimonio personal para cubrir esta fianza, dado que no contaba con la cantidad requerida en efectivo.

La fianza impuesta será revisada por el alto tribunal para asegurar que los bienes ofrecidos por García Ortiz son suficientes para cubrir la cantidad establecida. A pesar de que ha recibido ofertas de apoyo financiero de familiares, amigos y ciudadanos, el fiscal ha optado por no involucrar a terceros en el pago, aunque ha expresado su gratitud por las muestras de solidaridad.

García Ortiz está preparando un recurso directo de apelación contra la fianza, argumentando que el monto es excesivo. Se señala que en casos de agresión sexual, las fianzas suelen fijarse en 50.000 euros, lo que sugiere que la cantidad impuesta en su caso es desproporcionada. Por otro lado, la acusación particular, representada por González Amador, también ha presentado un recurso ante el instructor, Ángel Hurtado, solicitando que se eleve la fianza a 300.000 euros. Este aumento se justifica en base a los daños morales que González Amador alega haber sufrido desde que se pública la información relacionada con el caso.

Sin embargo, pocas horas después de depositar la fianza el Supremo cambiaba de opinión. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar responsabilidades pecuniarias tras abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos en un auto dictado el pasado 9 de septiembre. El instructor no incluye en la nueva cuantía la partida por la eventual multa para ese delito que se pudiera imponer al investigado y que sí había incluido en el cálculo inicial.

En su resolución explica que la acusación particular, en nombre de Alberto González Amador, ha presentado recurso de reforma contra el auto de apertura juicio oral, en el que solicita que se corrija el error material de integrar la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente. Además, hace referencia para corregir el error a la doctrina del Tribunal Constitucional.

El instructor indica que en este auto, notificado hoy, no responde a dicho recurso de reforma, porque el trámite para ello está en curso, pero afirma que sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, “puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten”.

Añade que su resolución se limita a hacer la rebaja “que entiendo oportuna en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil”.

El caso se centra en la acusación de que García Ortiz filtró un correo electrónico a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024. Este correo contenía una oferta de la defensa de González Amador para reconocer delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. La filtración se considera un acto grave que ha llevado a la apertura de un juicio.

El instructor, Ángel Hurtado, ha llevado a cabo una investigación de ocho meses que resultó en el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, la Sala de Apelación exoneró a Rodríguez, dejando a García Ortiz como el único acusado en este caso.

Se espera que el juicio se celebre en noviembre, con una duración aproximada de una semana, aunque podría extenderse debido a la cantidad de testigos que se han propuesto. La sentencia podría emitirse a finales de año. El tribunal que juzgará el caso estará compuesto por siete magistrados y será presidido por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal.

García Ortiz enfrenta penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión y doce años de inhabilitación, según lo solicitado por la acusación popular, que es representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Se le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. Además, el propio Hurtado ha indicado que podría haber más delitos en el futuro, lo que añade una capa de complejidad al caso.