Es la primera vez que un Gobierno pierde la legitimidad sin que medie Moción de Censura

La jornada de este jueves en el Congreso ha sellado un cambio de ciclo de una profundidad que trasciende lo puramente parlamentario. Con la aprobación de la moción del Partido Popular, que ha salido adelante con el apoyo de Junts, Vox, UPN y Coalición Canaria, la Cámara Baja ha instado a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y, de paso, a asumir su responsabilidad en los casos de corrupción que rodean a su Gobierno mediante su dimisión. La votación, que ha obtenido 178 votos a favor y 171 en contra, supone una mayoría absoluta del Congreso posicionada en contra del presidente. Más allá del resultado numérico, lo que ha ocurrido en el hemiciclo es un terremoto político de primer orden que fractura la legitimidad de origen del presidente del Gobierno.

La moción aprobada no es una resolución más. Su texto es explícito al recordar que la Cámara que otorgó la confianza para la investidura es ahora la misma que, por mayoría absoluta, le pide que la someta a examen o que dimita. La petición de una cuestión de confianza no es un simple trámite; es la constatación parlamentaria de que el apoyo que sostuvo a Sánchez se ha evaporado. La mayoría que le aupó al poder ya no existe, y el Congreso, como representante de la soberanía nacional, se lo ha hecho saber con una claridad meridiana.

El verdadero golpe al corazón de la legislatura lo ha dado Junts. El partido de Carles Puigdemont, que hasta ahora había sido un socio indispensable para la gobernabilidad, ha roto definitivamente con el presidente y ha decidido sumar sus votos a la moción del PP. Este movimiento no es una anécdota; es la constatación de que el "sanchismo" ha agotado su capacidad de tejer alianzas. La formación independentista, que ya había retirado su apoyo a Sánchez por los "incumplimientos" de los acuerdos de investidura, ha sellado el destino de la legislatura. Como ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “la misma cámara que le otorgó la confianza en la investidura para presidir el Gobierno le ha pedido que dimita”.

El resultado es especialmente significativo porque la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE, había intentado frenar la iniciativa vetando la parte de la moción que pedía elecciones. Sin embargo, el veto parcial no ha impedido que el núcleo de la moción, la petición de una cuestión de confianza, haya salido adelante. El intento de acotar el debate ha fracasado, y el Congreso ha aprobado una resolución que, aunque no vinculante, tiene un peso político inapelable. El Gobierno ha intentado minimizar el impacto calificándolo de "efecto político cero", una afirmación que choca frontalmente con la evidencia de una mayoría absoluta en contra.

La reacción en el hemiciclo ha sido el reflejo de la gravedad del momento. La bancada popular ha irrumpido con gritos de "dimisión, dimisión" al término de la votación, mientras Feijóo ha instado a Sánchez a que sea "demócrata" y cumpla con el designio de la Cámara. El líder de la oposición ha advertido que, de no hacerlo, España tendrá un presidente que se mantiene en el poder en contra del Parlamento. Es una línea roja que sitúa a Sánchez en una posición de enorme fragilidad: o acepta la reválida, o asume que gobierna contra la mayoría de la Cámara.

La jornada deja un escenario inédito. El Congreso ha hablado y su mensaje ha sido claro. La mayoría que sostenía a Sánchez ya no está, y la Cámara, en un ejercicio de soberanía, ha exigido que se someta a una cuestión de confianza. El presidente del Gobierno puede ignorar el mandato, pero lo hará sabiendo que la legitimidad parlamentaria que le permitió gobernar ha quedado, al menos simbólicamente, en suspenso.

Lo ocurrido este jueves en el Congreso no tiene precedentes en la democracia española porque, por primera vez, la mayoría absoluta de la Cámara ha instado al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza o a dimitir, sin que medie una moción de censura. Esa petición, aunque no vinculante jurídicamente, tiene un peso político inapelable: el Congreso, que es la única institución que puede otorgar la confianza al presidente, ha dejado claro que esa confianza se ha agotado. La legitimidad de origen de Pedro Sánchez, que nació de la investidura que el Parlamento le concedió, sigue intacta formalmente, pero su legitimidad de ejercicio, que se sostiene en el apoyo parlamentario y en la coherencia de su acción de gobierno, ha quedado en suspenso. El presidente puede aferrarse a su legitimidad de origen, pero lo hará sabiendo que la mayoría absoluta de la Cámara que lo invistió le ha retirado su respaldo, una situación que no tiene equivalente en la historia de nuestra democracia. La importancia de lo ocurrido no reside en su efecto jurídico, sino en que el Congreso ha inaugurado una nueva categoría de crisis institucional, una en la que el presidente gobierna en contra del pronunciamiento de la Cámara que le dio el poder.

El frente judicial se ha movido este jueves con una batería de recursos y declaraciones que apuntalan la ofensiva de los implicados en las tramas de corrupción que salpican al PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la nulidad general del caso Plus Ultra al considerar que la investigación se ha basado en pruebas obtenidas de forma ilícita, mientras que el exministro José Luis Ábalos ha presentado un recurso contra su condena en el caso Koldo. Además, el abogado Jacobo Teijelo ha comparecido ante el juez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una amenaza contra España que podría tener consecuencias económicas.

La defensa del expresidente ha presentado un incidente de nulidad en el que solicita "la nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra, argumentando que los derechos fundamentales de Zapatero han sido vulnerados de manera sistemática . El abogado Víctor Moreno Catena sostiene que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y que la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo "investigaciones paralelas" al margen del control del juez .

El escrito de la defensa señala que el origen de la causa se encuentra en el análisis de conversaciones privadas contenidas en un disco duro denominado "Crucial", que pertenecía a un abogado investigado, Miguel Palomero, y que fueron analizadas sin una autorización judicial expresa . Estas conversaciones, que incluían un chat llamado "Danilo-España", fueron la base para que la magistrada del Juzgado de Madrid remitiera el caso a la Audiencia Nacional al apreciar indicios de una "organización internacional para el blanqueo de posibles delitos" .

El abogado de Zapatero ha instado al juez José Luis Calama a dejar sin efecto doce resoluciones, entre las que se encuentran los autos que autorizaron las entradas y registros en el despacho del expresidente y en la sociedad de sus hijas . Argumenta que todas las evidencias obtenidas a partir de estos registros "guardan una conexión de antijuricidad absoluta" con las pruebas originarias que, a su juicio, fueron obtenidas ilícitamente .

El exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión en el caso Koldo, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita la nulidad de la sentencia. Su defensa argumenta que la condena se ha basado en el testimonio de Víctor de Aldama, colaborador de la justicia, sin que sus declaraciones hayan sido suficientemente corroboradas. El recurso coincide con la ofensiva de otros implicados en las tramas de corrupción, que buscan impugnar las resoluciones judiciales que les afectan.

Por su parte, Jacobo Teijelo ha declarado este viernes ante el juez en calidad de investigado, sumándose a la lista de comparecientes en el caso que investiga la trama de influencias en el rescate de Plus Ultra. Su declaración se produce en un momento de máxima tensión, cuando la defensa de Zapatero ha cuestionado la legalidad de todo el procedimiento y ha acusado a la Fiscalía de realizar maniobras para perjudicar a los investigados .

En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una amenaza directa a España en el contexto de la investigación judicial que afecta al PSOE. Trump ha advertido de que podría imponer sanciones económicas a España por su "falta de transparencia en la lucha contra la corrupción" y por su "tolerancia con el régimen venezolano". La amenaza, que llega en un momento de máxima fragilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez, podría tener consecuencias graves para las relaciones bilaterales y para la economía española.