17
Mar
2020
España suspende el pago de hipotecas y moviliza hasta 200.000 millones de euros para paliar la crisis Imprimir
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Foto cedida por MoncloaLos afectados por ERTEs cobrarán el paro aunque no cumplan el periodo de cotización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la mayor movilización de recursos económicos de la democracia. Se destinarán a las familias más vulnerables, a trabajadores, empresas, y a la investigación para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Esta norma refuerza las iniciativas implementadas en el plan de medidas excepcionales acordadas el jueves pasado.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que el Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) para afrontar las consecuencias del coronavirus. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y resto se complementará con la movilización de recursos privados.

Pedro Sánchez ha insistido en que es la mayor movilización de recursos económicos de la historia de democracia: "Se trata de un esfuerzo enorme y decidido que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos enfrentamos y al compromiso del Gobierno de España con los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo. No vamos a dejar a nadie atrás". Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno se centran en cuatro áreas prioritarias: familias, trabajadores, empresas e investigación.

El presidente ha avanzado que el Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. Además, se ampliará la protección a los suministros de energía y de agua, y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones.

Con el fin de garantizar el derecho a la vivienda, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad: "Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa".

El conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo, según ha expuesto el presidente, contempla que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.

Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que beneficiarán a todos los trabajadores. "Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido", ha explicado Pedro Sánchez.

Además, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores y ha instado a los empresarios a que no despidan a sus empleados: "Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal".

El presidente ha asegurado que "el Estado va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo" y no permitirá que "los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia".

Con este fin, el Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.

Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

Pedro Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno con el refuerzo de la investigación científica para desarrollar una vacuna para el COVID-29. El Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III.

El presidente ha resaltado que el conjunto de iniciativas necesitan el apoyo suplementario de la sociedad civil. Para preservar nuestro tejido empresarial y nuestro empleo es indispensable que empresas grandes o pequeñas, autónomos o empleados asuman una idea: "Esta crisis es temporal y debe tratarse como temporal".

El Consejo de Ministros ha modificado el Real Decreto de declaración del estado de alarma para atender las necesidades detectadas desde su aprobación, el pasado sábado.

Así, podrán abrir al público los establecimientos sanitarios y para la atención veterinaria, y se limita la actividad de las peluquerías a los servicios a domicilio. La restricción de circulación de las personas en las vías de uso público se amplía a espacios de uso público, como las playas, y se recalca que las actividades que sí estén permitidas fuera del domicilio o el lugar de trabajo deberán realizarse siempre de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores y mayores, o exista otra causa debidamente justificada.

Respecto a estas actividades permitidas, será el ministro de Sanidad quien determine, con carácter general, si es necesario modificarlas, ampliarlas o restringirlas, aunque se faculta a las autoridades competentes a suspender la realización de alguna concreta si existe riesgo de contagio por las condiciones específicas en que se esté desarrollando.

El presidente del Gobierno comparecerá hoy en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del Real Decreto de declaración del estado de alarma, tal y como establece el artículo 116.2 de la Constitución.

Sánchez ha señalado que en el ánimo del Gobierno está que "la alarma dure lo menos posible" pero no ha descartado tener que solicitar su prolongación: "Reevaluaremos la situación, siempre avalados por criterios científicos y con el objetivo de preservar la salud de todos los ciudadanos". Para la prórroga es necesaria la autorización de la Cámara Baja.

Pedro Sánchez ha hecho hincapié en el papel decisivo del Congreso también en la aprobación de los próximos presupuestos del Estado para los que, ha dicho, negociará con todas las fuerzas políticas. Deberán ser, ha adelantado, "de reconstrucción social y económica, y que impliquen haber vencido al virus y situarnos mirando al futuro y recuperando el vigor económico y social y la normalidad en nuestras vidas".

Del mismo modo, el presidente ha apelado al compromiso de la Unión Europea para que dote de recursos económicos los planes fiscales que permitan paliar esta crisis, atender las urgencias sanitarias y, una vez llegado el momento de la recuperación, impulsarla con ayudas públicas.

El presidente ha trasmitido el pesar del Gobierno por las personas fallecidas por la pandemia, su afecto a familiares y amigos, y sus deseos de recuperación a quienes han dado positivo en las pruebas.

Pedro Sánchez ha insistido en que es necesario seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias para frenar la curva, ahora ascendente, de contagios, controlarla y después hacerla descender. "Se avecinan días largos y duros por delante, los estamos vivienda ya, pero debemos mantener la calma y ahora, más que nunca, responsabilizarnos", ha añadido.

En esta lucha contra el virus, el jefe del Ejecutivo ha ensalzado la labor en primera línea de los profesionales sanitarios, y ha señalado que, aunque habrá tiempo para sacar conclusiones de esta emergencia, "ya es una lección indiscutible que tenemos que reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud y el Estado del bienestar".

Pedro Sánchez también ha felicitado a la sociedad española por su "modélica conducta" y se ha sumado al aplauso que cada noche, desde balcones y ventanas, se dedica al personal sanitario, a toda la cadena humana que abastece tiendas y supermercados y garantiza la movilidad de personas y mercancías, al mundo de la cultura, medios de comunicación, telecomunicaciones, profesores u hostelería, y a todos los servidores públicos. Además, ha mostrado su orgullo por "una sociedad que se organiza no solo para combatir la adversidad sino para dar aliento".

El presidente también ha agradecido su cooperación a las comunidades autónomas y, a las fuerzas políticas, empresarios, sindicatos y agentes sociales, su trabajo y propuestas, algunas de las cuales han sido recogidas en el Real Decreto-ley aprobado hoy. "Todos y todas somos conscientes de que nuestro esfuerzo debe estar, como mínimo, a la altura del sacrificio que están acometiendo los españoles", ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Se ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El objetivo es iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo y que la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento.

El primer bloque de medidas del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. Todo ello para las familias vulnerables.

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona en una situación económica difícil pierda su vivienda.

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que:

Los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.

Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.

En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social. Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

El tercer bloque de medidas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

El Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el COVID19. Por este motivo se van a dedicar 30 millones a la partida de investigación. Este dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los cambios realizados son los siguientes:

  • Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros espacios de uso público, como por ejemplo pueden ser las playas.

  • Se establece que la circulación de las personas permitida debe realizarse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas mayores, o exista otra causa debidamente justificada.

  • Se añaden a los establecimientos comerciales exceptuados de la suspensión de apertura a los establecimientos sanitarios y a los centros o clínicas veterinarias y se limita la actividad de peluquería solamente a los servicios a domicilio.

  • Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando.

  • Se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia a situaciones no previstas en el mismo.

  • La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse necesariamente en los plazos previstos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se introducen medidas excepcionales que permitirán a la Intervención General del Estado (IGAE) adaptar el marco de fiscalización de las cuentas públicas para reaccionar de forma ágil a situaciones excepcionales, como la derivada del COVID-19.

La Ley General Presupuestaria autoriza al Gobierno para que pueda sustituir la función interventora por el control financiero en aquellos casos en los que se den circunstancias que lo hagan aconsejable por razones de eficacia en la prestación del servicio.

De esta forma, la Intervención General del Estado (IGAE), órgano competente en la fiscalización de las cuentas públicas, despliega todos sus recursos tecnológicos y tiene capacidad para garantizar el normal funcionamiento de los procedimientos de gasto en la actual situación extraordinaria, y como medida de previsión ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la función interventora.

Merced a este acuerdo, la IGAE ofrecerá un marco ágil para dar respuesta inmediata a esas situaciones. El acuerdo da la posibilidad a la Intervención, en los casos concretos y excepcionales donde fuera estrictamente necesario, de aplicar el régimen del control financiero permanente, que verifica a posteriori, en sustitución de la función interventora previa.

Mediante resoluciones del Interventor General de la Administración del Estado se determinará el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de sustitución con el fin de que afecte a los supuestos imprescindibles.

Esta decisión pretende conjugar el adecuado control de la gestión económico-financiera del sector público estatal con lo establecido en el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Gobierno considera conveniente adecuar al máximo los procedimientos de control, de manera que, sin dejar de garantizar los objetivos que éste persigue, se interfiera mínimamente en la gestión ordinaria, con la finalidad de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación excepcional.

Esta decisión se ha adoptado de forma temporal y mantendrá su vigencia hasta que las autoridades competentes acuerden la vuelta a normalidad de los servicios públicos.

El Ministerio de Igualdad ha impulsado un Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del COVID-19 que, por el Real Decreto 436/2020, ha supuesto el confinamiento domiciliario de la sociedad española.

Así, el plan de contingencia incluye declarar servicio esencial, conforme al art. 2a de la Ley 8/2011, de 28 de abril, todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esto comportará que los operadores de los servicios esenciales deberán garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información 24h; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas las mujeres que precisan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial (telefónica o por otros canales).

Las mujeres en situación de aislamiento domiciliario, sea por indicación de las autoridades sanitarias, o por aplicación de la limitación de circulación y acceso a espacios públicos conforme al Real Decreto, pueden ver dificultado o imposibilitado el acceso a los medios habituales de comunicación y denuncia de situaciones de violencia de género.

En este sentido, se articularán las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.

Se activará un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género mediante un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También estará disponible en los próximos días un Chat-sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestionará la Administración Central.

Igualdad distribuirá una nueva guía de actuación y recursos disponibles para mujeres que sufran violencia de género durante esta situación de emergencia que obliga al confinamiento de la sociedad española.

Se pondrá en marcha una campaña de comunicación institucional de presentación del Plan de contingencia. Sus objetivos fundamentales serán la concienciación contra la violencia de género, la alerta de situaciones de violencia dentro de los hogares y la concienciación por el buen trato durante el período de confinamiento.

La Delegación contra la Violencia de Género ha requerido a las comunidades autónomas que informen sobre cuáles son los recursos en sus respectivos ámbitos territoriales, telefónicos y on-line, para la actualización de recursos contra la violencia de género, tanto presenciales como no presenciales, disponibles en la situación actual para su inmediato traslado a la empresa que presta el servicio del 016, que realizará el servicio en la modalidad de teletrabajo, con la doble finalidad de no derivar a víctimas a servicios inoperativos y establecer un plan con recursos suficientes para proteger a las mujeres durante la crisis sanitaria.

Así, para intensificar la coordinación con las Comunidades Autónomas se valorará la posibilidad de convocar próximamente la Comisión Técnica de la Conferencia Sectorial de Igualdad a través de videoconferencia.

Las medidas propuestas han de compatibilizarse con el mantenimiento y refuerzo de la atención a otras violencia como las sexuales y para víctimas de trata con fines de explotación sexual: alojamientos temporales y atención urgente.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades, junto con representantes de los rectores, han analizado hoy con las Comunidades Autónomas las consecuencias de la suspensión de clases presenciales a causa del coronavirus Covid-19 para asegurar que ningún alumno o alumna va a perder el curso por esta situación.

El secretario de estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, y el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, han presidido esta sesión de trabajo, en la que el principal objetivo ha sido barajar los diversos escenarios derivados del estado de alarma declarado el pasado 15 de marzo de 2020.

Desde el ministerio de Educación y Formación Profesional y desde el de Universidades se ha garantizado que no habrá consecuencias negativas para el alumnado por el decreto vigente. "Nos hemos reunido hoy para asegurar que ningún estudiante va a perder el curso debido a las circunstancias actuales y también para garantizar que el acceso a la Universidad se va a producir en términos de equidad y justicia para todos", según han declarado desde los ministerios.

En relación con las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), los dos ministerios y los representantes de las Comunidades Autónomas han manifestado su voluntad de trabajar de forma coordinada en beneficio de todo el alumnado. En ese sentido, se ha determinado que se realizará la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), así como un aplazamiento de la misma, para lo cual se trabaja en coordinación con todos los agentes implicados, desde los dos ministerios. La adaptación del calendario de matrícula universitaria se adaptará al de dicha prueba.

En cuanto a las prácticas en el centro de trabajo y la FP dual, el MEFP, de acuerdo con las CCAA, ha propuesto la flexibilización de las prácticas necesarias para superar el curso. En relación a las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se adaptará el calendario de las pruebas y matrícula y se mantendrá una reserva de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de acceso. Estas iniciativas se concretarán en una reunión de la Comisión de Formación Profesional que se celebrará la próxima semana.

En la reunión de la Comisión General de la Conferencia de Educación, celebrada hoy por vía telemática, han participado también secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz; la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Consuelo Vélaz de Medrano, y representantes de las Comunidades Autónomas y de la Conferencia de Rectores (CRUE).

Además de estas medidas, el MEFP ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas y de la comunidad educativa en su conjunto todos los recursos digitales disponibles y está trabajando en otras iniciativas que permitan reducir la brecha digital entre los alumnos con menos recursos.

Las Fuerzas Armadas ya tienen desplegados 1820 efectivos por distintas áreas de la geografía española (28 ciudades) con el fin de hacer frente a la propagación del coronavirus Covid-19, según ha avanzado el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, en la rueda de prensa de coordinación técnica desde Moncloa.

En concreto, el Ejército de Tierra tiene desplegados 350 efectivos (presentes en las ciudades de Badajoz y Vigo); La Armada (Infantería de Marina), cuenta con 120 efectivos en Cádiz (Puerto de Santa María y San Fernando) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha desplazado a 1.350 efectivos en los siguientes lugares: Araca-Vitoria, Miranda de Ebro, Zaragoza, Logroño, Haro, Pontevedra, A Coruña, León, Oviedo, Santander, Burgos, Aranjuez, Tarancón, Ocaña, Segovia, Ávila, Toledo, Talavera de la Reina, Mora, La Puebla de Montalbán, Torrijos, Badajoz, Mérida, Jerez de la Frontera, Málaga, Granada, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Valencia y Castellón de la Plana.

Se encargan fundamentalmente de realizar labores de reconocimiento, presencia y desinfección en infraestructuras críticas como estaciones de ferrocarril, autobuses, zonas portuarias, hospitales y centros sanitarios, edificios institucionales, áreas comerciales y vías principales. Además realizan tareas informativas y concienciación entre la población para evitar aglomeraciones.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), también ha avanzado que hoy que habrá "presencia de unidades militares, elementos de la Unidad Militar de Emergencias y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid", para evitar que se produzcan aglomeraciones en los andenes y en las instalaciones ferroviarias. Además, "se está estudiando una petición del Ministerio de Sanidad de posibles refuerzos de la atención sanitaria en Melilla", ha señalado el Jemad.

El departamento que dirige la ministra Margarita Robles también ha recibido una petición por parte del Ministerio de Interior para la desinfección de los centros de control de la Dirección General de Tráfico en Madrid, Málaga, Valladolid, Valencia, Sevilla, Coruña y Palma. Dichas labores se afrontarán, a lo largo de este día, tanto por Unidades de la Unidad Militar de Emergencias como del Ejército de Tierra.

Asimismo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la instrucción del Ministerio de Defensa, apoyará al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquellas órdenes, instrucciones y actuaciones que disponga para la protección de la población sin hogar.