 Se podrá solicitar desde el 15 de junio
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la medida está recogida en el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas que componen el Ejecutivo y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno.
Montero ha afirmado que la intensa crisis económica y social causada por el COVID-19 ha acelerado su implementación: "Somos muy conscientes de que a la bolsa de pobreza que teníamos identificada antes de la pandemia se añaden ahora las nuevas dificultades por las que están atravesando miles de familias".
María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno ya ha aprobado planes para proteger el empleo y evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro, pero, con el objetivo de que nadie se quede atrás, crea este nuevo derecho para la ciudadanía para luchar contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital supone el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Iglesias ha explicado que los ciudadanos lo recibirán siempre que cumplan los requisitos para acceder a él, como ocurre, por ejemplo, con la pensión de jubilación o la prestación por desempleo.
El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, ha precisado el vicepresidente, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes. La prestación se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta garantizada en cada caso.
Pablo Iglesias ha subrayado que los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, podrán compatibilizarlo con sus ingresos laborales mientras no superen el umbral establecido. "No se dirige solo a personas desempleadas, sino también a personas o a hogares con ingresos muy bajos o con empleos temporales muy precarios", que verían ampliada la cobertura de su prestación, ha concretado.
El vicepresidente ha indicado que podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.
Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Iglesias también ha resaltado que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas: "Hoy establecemos un suelo mínimo igual para toda España, pero las comunidades autónomas van a poder complementarlo atendiendo a sus realidades concretas".
Pablo Iglesias ha reiterado que el ingreso aprobado hoy es una medida de justicia social, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, porque los recursos van a ir directamente a los hogares, al consumo, permitiendo que las empresas y los autónomos sigan facturando, algo necesario para la recuperación económica.
A su juicio, el ingreso también es una cuestión de seguridad, porque los ciudadanos tienen que tener unos mínimos niveles de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y una cuestión de libertad, porque "no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado que el Ingreso Mínimo Vital supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros, que se sitúa en la media europea de prestaciones similares. La previsión es que beneficie a 850.000 hogares en total y a 2,3 millones de personas, de las que un millón está ahora en pobreza extrema (con ingresos de menos de 3.000 euros al año) y 550.000 en pobreza muy alta (con ingresos entre 3.000 y 4.300 euros anuales).
El ministro ha señalado que, además de este impacto "extraordinario" de reducción de pobreza entre quienes tienen las rentas más bajas, esta prestación persigue su inclusión e integración social: "Ese será el éxito final, que estas personas puedan desenvolverse mejor en la sociedad".
Con este fin, se realizarán estrategias de inclusión en cooperación y colaboración con las comunidades autónomas, que tienen competencias en ello, y también con los ayuntamientos.
Por otro lado, el fomento de la participación en el mercado laboral será fundamental, por lo que las empresas recibirán incentivos por la contratación de los beneficiarios de la prestación, mientras que estos podrán compatibilizarla con la percepción de un salario en las condiciones establecidas.
Escrivá ha señalado que el acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social para hacer la solicitud del ingreso mínimo vital es "amigable" y contará con un simulador, para comprobar fácilmente si se tiene derecho a la prestación, un asistente virtual y un teléfono 900 gratuito para información y ayuda.
Sin embargo, ha señalado, gracias al cruce de datos entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y comunidades autónomas, ya se podrán identificar de oficio numerosos hogares beneficiarios a quienes, ha asegurado, "ya se les podrá ir haciendo el ingreso mensual".
El ministro ha señalado que este análisis de los hogares por renta y patrimonio ha sido fundamental para poder realizar una valoración "que haga la prestación más justa". Asimismo, ha resaltado la cooperación entre todos los niveles de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha señalado que la evaluación de la prestación seguirá la misma senda "para que todo el mundo que tenga algo que decir nos aporte datos para mejorar".
En este sentido ha anunciado que habrá un informe anual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), y se crearán una Comisión de Seguimiento entre administraciones y un Consejo Consultivo con la participación de sindicatos y de organizaciones del tercer sector.
El Consejo de Ministros ha acordado postular a España como país candidato a albergar la nueva sede del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio ('European Centre for Medium-Range Weather Forecasts', ECMWF). Esta organización intergubernamental, integrada por 34 estados miembros y asociados, cuenta con un modelo meteorológico y climatológico global único y está reconocido como el que mejores previsiones genera a nivel mundial.
La portavoz del Gobierno ha explicado que esta sede se coordinaría con otras dos, situadas en Reino Unido e Italia, y acogería inicialmente a 150 personas. Montero ha afirmado que, gracias a "su capital productivo, humano y tecnológico", nuestro país está en buenas condiciones para competir con otros países para obtener esta designación.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Ingreso Mínimo Vital. Este es un paso histórico en la construcción del Estado del Bienestar en nuestro país que beneficiará a alrededor de 425.000 hogares con hijos e hijas o menores a cargo, la mitad del total de beneficiarios y de los cuales en torno a 100.000 son hogares monomarentales.
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil estima que esta prestación permitirá salir de la pobreza muy alta a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes, una reducción del 65% en la pobreza infantil muy alta (dos de cada tres) y un impacto muy importante en la calidad de vida de sus hogares. Esta reducción puede llegar al 90% de niños, niñas y adolescentes en hogares monomarentales.
Ernesto Gasco, alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, señala que "esta prestación es un avance extraordinario que va a suponer un impulso muy importante en la lucha contra la pobreza infantil. Valoramos especialmente que se reconozca de oficio a aquellos hogares que reciben la prestación por hijo a cargo. En esta situación de crisis, los hogares más vulnerables podrán percibir esta ayuda de manera rápida y expeditiva".
Con esta medida se completa la red de protección de rentas para las personas en situación de máxima vulnerabilidad, garantizando una cuantía mínima en función de la composición del hogar. Esta prestación no contributiva de la Seguridad Social es compatible con el empleo y fomentará el seguimiento de itinerarios de inclusión social.
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil ha impulsado desde su creación, en junio de 2018, esta medida muy necesaria y esperada. La aprobación del ingreso mínimo vital cumple con los objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la pobreza y exclusión social 2019-2023 y con las recomendaciones específicas por país de la Unión Europea dentro del marco del Semestre Europeo. Las Comunidades Autónomas podrán complementar este mínimo estatal garantizado con sus programas propios de garantía de ingresos de acuerdo a sus particularidades.
UGT y CCOO celebran la aprobación, por fin, del Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger a 850.000 hogares, que además están sufriendo muy intensamente esta crisis del coronavirus. Valoran positivamente esta medida porque es una reclamación histórica de ambas organizaciones (hace treinta años promovimos, tras la Huelga General del 14D de 1988, las pensiones no contributivas y, como última manifestación del compromiso sindical en esta materia, hace cuatro años presentamos la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas); porque su puesta en marcha va a ser inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario; y porque completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país.
Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, CCOO y UGT exigen un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.
Además, esta prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.
Desde el inicio de esta crisis, UGT y CCOO han insistido en reivindicar de manera constante la necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo deja fuera a muchos desempleados sin ingresos (casi el 40%, y la red social aprobada por el Gobierno, exigida por ambos sindicatos y acordada en buena medida en el ámbito del Diálogo Social, a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.
Los sindicatos habíamos exigido una renta para dotar de unos recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social. Las personas que las integran, han sido golpeadas con dureza por esta crisis y en muchos casos no tan tenido ningún ingreso para poder sobrevivir.
Los sindicatos hubiéramos preferido que se hubiera articulado como una medida urgente y extraordinaria desde hace más de dos meses. Un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses.
El Gobierno ha preferido anticipar la creación de una medida más estructural, lo que ha provocado serias y evidentes deficiencias en los mecanismos de participación propios de la Seguridad Social, para diseñar una prestación nueva dentro de la misma, con un escaso margen de tiempo.
Para CCOO y UGT, se hacía necesaria esta Renta Mínima Vital, con requisitos específicos debidos a la crisis del COVID19, para una situación muy concreta por un periodo determinado, ya que articulada de la manera correcta puede alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos y convertirse en un elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida sin que nuestra sociedad pague una mayor factura en términos de pobreza.
CCOO y UGT señalan que la Renta Mínima aprobada por el Gobierno no es la ley que ambas organizaciones hubieran esperado, pero consideran que su aprobación era necesaria para que los más afectados por esta crisis tuvieran recursos para poder sobrevivir.
Por ello, UGT y CCOO abogan, a la espera de conocer el texto final publicado en el BOE, por su tramitación parlamentaria en la que su contenido y diseño deben mejorarse, para permitir un mejor acceso a la prestación de la población vulnerable, incluidas las personas jóvenes emancipadas hace menos tiempo y a otros colectivos vulnerables; garantizar sin menoscabo alguno, el papel de los interlocutores sociales en los ámbitos de participación de la Seguridad Social; así como garantizar la mejor adaptación constitucional de la nueva prestación.
CCOO y UGT trabajaremos para que la compatibilidad de la nueva prestación con los salarios procedentes del trabajo, no produzca un incremento del fraude laboral y salarios aún más bajos, tal y como ya ha ocurrido en otros países que han implementado dicha compatibilidad. Igualmente, exigiremos que la nueva prestación de IMV tenga una revalorización automática, que como mínimo garantice su poder adquisitivo, pues es esencial en tanto que esta prestación se configura como un mínimo de ingresos, que no puede reducirse en términos reales por la subida de precios. Revalorizar anualmente, al menos en el IPC es, por tanto, una cuestión clave.
Al mismo tiempo, ambas organizaciones sindicales exigen que se inicie, sin más dilación la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos que ambos sindicatos llevamos al Congreso hace cuatro años, avalada por 710.000 firmas de la ciudadanía de nuestro país, y que ha sido retrasada y bloqueada desde hace varios años.
UGT y CCOO recuerdan que las políticas de austeridad de la última década, con especial intensidad durante los gobiernos del PP, recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España sigue siendo muy inferior a la media europea y muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo económico. Resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.
La ILP promovida por CCOO y UGT dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya la apoyaron en su día, y hoy cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, debe hacerlo realidad. |
