La LOMLOE supera su primer trámite parlamentario

La Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria se ha reunido, vía telemática, con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el secretario de Estado, Alejandro Tiana, para transmitirles la necesidad de que la nueva ley educativa (Lomloe) elimine la segregación forzosa de las personas con diversidad funcional en el sistema educativo.

A pesar de que la educación inclusiva es un derecho prescrito en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), doce años después de que España ratificase dicha Convención, a día de hoy hay muchas familias que ven truncado su derecho a educarse en entornos inclusivos junto a sus hermanos y vecinos bien por segregación directa por discapacidad, bien por la segregación indirecta cuando no se ponen los ajustes y apoyos necesarios en las escuelas ordinarias.

Le hemos transmitido también a la ministra que en muchas ocasiones estas familias se ven obligadas a asistir a los tribunales para defender los derechos que la ley reconoce a sus hijos e hijas. Lo más triste e injusto es que, aun cuando se ganan las sentencias, se pierde gran parte de la infancia y adolescencia de los niños y niñas afectados, debido a la duración y dureza de los procesos, convirtiéndose en víctimas por partida doble.

Agradecemos enormemente que el Ministerio de Educación haya escuchado nuestras demandas y acogemos con esperanza el compromiso con la educación inclusiva que la ministra Celaá ha manifestado en múltiples intervenciones y comparecencias públicas. No obstante, también hemos reivindicado la urgente necesidad de recursos que tiene el sistema educativo español.

Una sociedad democrática, plural y diversa no puede seguir consintiendo que el sistema educativo viole la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, y la CDPD, ratificada en 2008, todas ellas amparadas por el Artículo 10.2 de la Constitución Española. Recordemos que por este motivo España recibió la condena expresa de la ONU en dos informes de mayo de 2018 y de mayo de 2019.

El Congreso ha rechazado este miércoles las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Vox y Popular al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). Durante el debate parlamentario, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado un texto "oportuno y necesario", que "aborda los principales retos del sistema educativo".

Este proyecto deroga la LOMCE, aprobada en 2013, y sus consecuencias negativas, ha recordado Isabel Celaá, pero su objetivo es mucho más amplio. "Es una puerta a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita".

El primer objetivo del texto es el de "aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un currículo moderno, flexible y ágil". Apuesta por la detección precoz de las dificultades, por una mayor personalización del aprendizaje y por reforzar la autonomía de los centros educativos.

El texto tiene también como objetivo "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación". Además, propone prestar un interés particular a la escuela rural y a la insular.

El tercer objetivo es el de fortalecer la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas. Plantea así responder a una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizada.

Otras prioridades del Proyecto de Ley son las de fortalecer el valor educativo de la atención a los menores de tres años para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y mejorar los procesos de formación inicial y acceso a la función docente, así como la formación permanente del profesorado.

El Proyecto de Ley establece, por primera vez, como principio rector, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Reconoce así el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de estos derechos.

El texto se sustenta también en un enfoque transversal de refuerzo de los aprendizajes, en el reconocimiento de la importancia de atender al desarrollo sostenible, en el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en incorporar a la educación el cambio digital.

La ministra ha recordado que la Ley educativa será la base de una reforma más amplia del sistema, que permitirá una flexibilización de la Formación Profesional, así como la agilización en la incorporación de nuevos contenidos. Se organizará el acceso a los ciclos formativos y, de estos, a otras enseñanzas, evitando así vías muertas. Junto a ello, se reforzarán los procesos de acreditación de competencias profesionales y personales. Se desarrollará así una FP inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada, que permita a los jóvenes acceder al mercado laboral en las mejores condiciones.

"Rechazar este Proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018", en particular la financiación pública, ha apuntado Isabel Celaá. El texto presentado se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación. "Los talentos se potencian con inversión, no con recortes", ha destacado la ministra.

En este sentido, el Gobierno ya ha acordado incrementar el fondo de becas y ayudas al estudio un 22% y ha aprobado destinar a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del fondo Covid-19 para las Comunidades Autónomas. Otros 260 millones se destinarán a la digitalización de la educación. A esta inversión, se sumará un Programa de Cooperación Territorial para el refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la Formación Profesional. "Este Gobierno cree en la educación, apuesta firmemente por ella", ha señalado Isabel Celaá.

La ministra ha recordado que el Proyecto de Ley entró por primera vez en el Congreso hace año y medio, un periodo que ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa. En todo este tiempo se han generado también nuevas propuestas que pueden servir para mejorar el texto.

"Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas", ha concluido.