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26
Sep
2020
Las Comunidades y el Gobierno compartirán los registros de ludópatas PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMSe trata de datos entregados voluntariamente por personas con problemas de adicción al juego

La Comunidad de Madrid se ha mostrado partidaria de mejorar la intercomunicación entre el registro nacional y los registros regionales de personas con problemas con el juego. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha trasladado esta posición durante la celebración del Consejo de Políticas del Juego, convocado por el Ministerio de Consumo.

A juicio de López, la mejora en el intercambio de información de estos registros, que se nutren de datos facilitados voluntariamente por los autoexcluidos, es “fundamental para asegurar la protección efectiva de los ciudadanos en todas las regiones de España”.

El consejero ha defendido también el modelo de registro de la Comunidad de Madrid, que permite a los madrileños elegir el tipo de juego sobre el que quiere ser autoexcluido. En ese sentido, López ha pedido al ministro que se elabore una propuesta única de aproximación técnica y normativa de los distintos registros de prohibidos en el plazo de cuatro meses, y que una vez aprobada en el Consejo de Políticas del Juego se realicen las correspondientes modificaciones normativas y los desarrollos tecnológicos en el plazo de un año.

“Siendo una actividad legal, el juego puede ser perjudicial en términos de salud pública, y por ello las administraciones debemos proteger a todos los ciudadanos, con independencia del lugar geográfico en el que vivan”, ha defendido.

En la actualidad en nuestra región hay 2.925 personas inscritas en el Registro de Intervenciones de Acceso al Juego. Asimismo, de la totalidad de 7.770 inscripciones, 2.136 son en casino, 2.630 en bingos, 1.150 en locales de apuestas, 1.061 en máquinas de salón y 793 en juego online.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno regional ha aprobado el Decreto de Suspensión de concesiones de nuevas autorizaciones de apertura de estos locales, una medida vigente desde el pasado 29 de noviembre y que se mantendrá hasta la aprobación del nuevo Decreto de Planificación que permita ordenar el crecimiento futuro de la actividad.

Asimismo, se está estudiando la modificación de la Ley del Juego regional, para mejorar todo lo relativo a la publicidad de esta actividad en medios de comunicación regionales, así como endurecer las sanciones previstas en esta norma para los casos en los que se detecte la presencia de un menor en un local. Esta reforma contempla pasar de la actual sanción de 9.000 euros como máximo a una de hasta 600.000 euros.

En definitiva, se trata de una batería de reformas con las que el Ejecutivo regional pretende mejorar la normativa existente y combatir los efectos nocivos de una actividad como la del juego, que puede generar problemas de salud pública.

El Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aprobado la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego.

Gobierno central, comunidades autónomas (CCAA) y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El acuerdo alcanzado ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.

Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.

Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo- impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.

Estos registros a día de hoy no están conectados -a excepción de Castilla-La Mancha que sí ha avanzado en la interconexión-, lo que supone que la protección que ofrecen presente vacíos e inconsistencias importantes. Así, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no podrá acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí podrá hacerlo en otra.

El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.

A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos. La coordinación se realizará mediante una agenda de estrecha colaboración entre el Ministerio de Consumo y comunidades autónomas, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la mejor fórmula de conexión. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho que simplificar los trámites de autoprohibición "facilitará la vida a muchas familias abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables". "Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas", ha señalado Garzón que añade que "personas sin dificultades de desplazamiento estarán favorecidas por la interconexión".

El registro estatal, que no incluye los listados de las CCAA y que solo tiene capacidad para restringir el acceso al juego online, tiene actualmente 54.294 inscritos. En 2019, se inscribieron 9.143 nuevas personas, un 43% más que en 2018. El porcentaje de menores de 25 años inscritos se ha disparado en los últimos años: en 2012 representaban el 11% del total de inscritos y en 2019 ascienden al 22%.

 

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