 Es el paso previo a la presentación de demandas
La vicepresidenta primera del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha presentado al Consejo de Ministros el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. El informe ha sido remitido al Congreso de los Diputados, en cumplimiento del mandato parlamentario aprobado en 2017.
Carmen Calvo ha explicado que la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar el 30 de diciembre de 1996 favoreció que se pudieran inscribir a título de propiedad los bienes eclesiásticos con la certificación expedida por el diocesano correspondiente. Una nueva reforma de la norma, en el año 2015, puso fin a esa posibilidad.
La vicepresidenta ha detallado que, según la información recabada en la totalidad de los Registros de la Propiedad, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015. De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.
Calvo ha destacado que la elaboración de la lista supone un ejercicio de transparencia del Gobierno, que ha ofrecido una información prolija, rigurosa y veraz. A partir de ahora, es posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de los bienes inmuebles, lo que podría facilitar su reclamación en caso de conflicto sobre su titularidad. La vicepresidenta ha aclarado que las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal. Esa legalidad, ha añadido, provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial.
El Consejo de Ministros ha acordado la adquisición de 20,8 millones de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech, que llegarán a nuestro país a partir del mes de abril. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que, con esta nueva remesa, serán ya más de 50 millones de vacunas de estos laboratorios las disponibles en España, que permitirán inmunizar a 25 millones de personas, ya que requieren doble dosis. La entrega de las nuevas vacunas será progresiva y comenzará en abril con 7,8 millones de dosis, la misma cantidad en el tercer trimestre del año y 5,2 millones en el último.
Montero ha asegurado que se mantiene el objetivo del Ministerio de Sanidad de haber vacunado al 70% de la población hasta el verano de este año. Hasta la fecha se han administrado 2,4 millones de las tres vacunas que están disponibles en España. María Jesús Montero ha explicado que la tercera ola de la pandemia va remitiendo "poco a poco" aunque todavía algunas comunidades autónomas tienen una importante presión asistencial, por lo que ha trasladado un mensaje de cautela y prudencia y ha insistido en que hay que seguir manteniendo las medidas preventivas y las recomendaciones de las autoridades.
El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración Institucional con motivo del "Día para la Igualdad Salarial" que se celebra el 22 de febrero. Montero ha reiterado el compromiso "firme" del Gobierno contra la discriminación salarial que todavía sufren muchas mujeres en España y ha recordado algunas iniciativas recientes para combatirla, como la puesta en marcha del registro retributivo y la extensión de la obligatoriedad de elaborar un Plan de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores.
El Ejecutivo ha ampliado por dos años, hasta diciembre de 2023, la fecha límite para la venta de la participación en Bankia, que estaba previsto que finalizara en diciembre de 2021. Esta extensión del plazo para la desinversión, ha señalado María Jesús Montero, permitirá a la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB) ejecutar la gestión con "mayor flexibilidad y aprovechando las coyunturas que puedan ser más favorables" para la recuperación de los recursos que se invirtieron en la entidad. Actualmente el FROB tiene una participación del 100% en BFA Tenedora de Acciones, SAU, lo que supone una participación en Bankia del 61,8%. Bankia está en un proceso de fusión por absorción por Caixabank que, una vez se concrete, daría al FROB una participación del 16,11% del capital de Caixabank.
María Jesús Montero se ha referido a la constitución, esta mañana, de la Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este órgano de coordinación establecerá las directrices políticas generales para el desarrollo y ejecución de los casi 70.000 millones de transferencias del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia que llegarán a España.
Este mecanismo de recuperación vincula de manera directa la obtención de los recursos a resultados concretos por lo que "que tenemos que ser capaces de conseguir aquellos objetivos que hemos previsto", ha continuado Montero, que ha citado entre ellos la transformación del modelo productivo español, la transición ecológica, el cuidado de la biodiversidad y la transformación digital.
Por otro lado, la portavoz ha resaltado la normalidad con la que se desarrolló el pasado domingo la jornada electoral en Cataluña y ha defendido el diálogo como base de las relaciones entre el futuro Gobierno de esa comunidad y el Gobierno de España: "Eso nos permitirá superar, de una vez por todas, la fractura social y de convivencia que existe en Cataluña".
El Congreso de los Diputados ha convalidado, en sesión plenaria, el Real Decreto-ley 2/2021 refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, que prorroga el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, y que es fruto del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo, alcanzado en el marco del diálogo social. "Este Real Decreto Ley continúa el camino iniciado para salvar al empleo y a los sectores productivos. Pero, además, introduce correcciones y mejoras, y establece las pautas para una mayor efectividad en la cobertura y en el control de las prestaciones y garantías establecidas", ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su defensa del texto.
Díaz ha recordado que "la experiencia de los ERTE nos ha mostrado que es posible blindarse ante la destrucción de empleo, incluso en las más adversas circunstancias. Ese es el escenario que está construyendo el presente Real Decreto-Ley y que incorporará la dinámica de flexibilidad interna al funcionamiento ordinario de nuestro mercado de trabajo. Una alternativa a los despidos ante las caídas en la actividad, fórmula privilegiada en la anterior crisis financiera".
La ministra de Trabajo ha señalado además los ERTE como vehículo para propiciar acciones formativas. "Fruto de esta estrategia, que nos compromete y que será emblema de nuestra gestión, más de un millón de personas trabajadoras durante sus ERTE han accedido a acciones formativas, que son una garantía de empleabilidad y de futuro".
La ministra ha descrito, durante su intervención, las cuatro modalidades de prestaciones por cese de actividad de las personas autónomas, que se recogen en el presente Real Decreto-ley, así como las prórrogas establecidas para otras prestaciones en vigor, como prestaciones y subsidios para el sector cultural del Real Decreto Ley 32/2020, o el Plan MECUIDA, que también se prorroga hasta el 31 de mayo.
En la clausura de su defensa del Real Decreto-ley, la ministra Díaz ha reseñado la importancia de "hacer todo lo posible para que una crisis coyuntural, que hemos afrontado con todos los recursos y herramientas a nuestro alcance, no se convierta en una crisis terminal, estructural. Para ello debemos profundizar en el mantenimiento del empleo", ha dicho.
"Es el momento de que las empresas pequeñas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie", ha dicho, haciendo un llamamiento a "preservar y consolidar nuestro tejido productivo, reindustrializar España. Crecer con más formación, como ya estamos haciendo; con innovación y digitalización; con sostenibilidad. Y con un horizonte irrenunciable de igualdad", ha concluido.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los líderes de los agentes sociales: los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Por parte del Ministerio de Inclusión, han acudido a la cita el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela Armesto.
Antes de la reunión, los interlocutores sociales han ratificado el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero. El ministro Escrivá ha subrayado la importancia de este consenso ya que "ha sido el primer acuerdo en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño", siguiendo lo indicado por la recomendación número 17.
El nuevo complemento parte de la necesidad de hacer de ésta una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres y sustituye al anterior complemento de maternidad que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que establecía un suplemento sólo para las mujeres a partir del segundo hijo. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).
El complemento para reducir la brecha de género supondrá una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero (hasta un máximo de cuatro). La cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. Además, se contempla que el beneficiario pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo o hija. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo.
Tendrá un mayor alcance que el anterior complemento de maternidad, ya que se concederá a partir del primer hijo y no del segundo como sucedía antes. El ministro Escrivá ha explicado que esta ampliación "responde a los datos que tenemos en la Seguridad Social, que muestran cómo la brecha de género se abre con el nacimiento del primer hijo y se mantiene luego durante toda la vida laboral". La ampliación a partir del primer hijo eleva en unas 30.000 personas al año los potenciales perceptores del complemento para reducir la brecha de género.
También mejora el alcance respecto al complemento anterior, ya que se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo en la jubilación parcial.
El ministro Escrivá ha subrayado también que el nuevo complemento tendrá un mayor beneficio para las personas que perciben pensiones más bajas. De hecho, el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía más elevada de la que percibirían con la normativa anterior y la mejora es especialmente acentuada en las personas con pensiones más bajas.
Tras la ratificación del acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género, el ministro Escrivá ha mantenido una reunión con los agentes sociales en la que han comentado el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento. El ministro ha puesto en valor el diálogo social en materia de pensiones, destacando la importancia de que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados sobre las nuevas recomendaciones (que solo tuvieron dos votos en contra) se traslade también a la mesa con los interlocutores sociales.
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