En su comunicación, el ministerio que dirige Garzón señala que se están incorporando cláusulas en los contratos que podrían vulnerar la Ley de Arrendamientos Urbanos y que incluyen exigencias de fianzas desproporcionadas que Consumo ha observado que llegan hasta los cinco meses, garantías adicionales y mensualidades adelantadas contrarias a la norma. Al tratarse de contratos entre particulares, su declaración como "abusivas" tendría que sustanciarse mediante procedimiento judicial.

Para evitar esto, Consumo ha pedido a inmobiliarias y portales online que ejerzan su labor de intermediación para disciplinar al mercado del alquiler y evitar prácticas que supongan una barrera para el acceso a la vivienda.

Asimismo, el Ministerio pretende señalar a los arrendatarios cuáles son sus derechos y dar a conocer las prácticas que pueden ser consideradas abusivas por los tribunales.

A la reunión plenaria del CCU han asistido su presidente, Carlos Ballugera y la secretaria del Consejo, Dolores Flores, así como representantes de ADICAE, AUC, CECU, FACUA, FUCI, HISPACOOP, OCU y UNAE.