La convocatoria de 2021, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, se articula en concurrencia competitiva por lo que se seleccionarán los proyectos que, cumpliendo los requisitos de madurez, impacto y calidad, mejor ayuden a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por la Comisión Europea, que abarcan desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución, a objetivos relacionados con el impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible.

De este modo, deberán contribuir a articular un sistema de transporte público urbano fiable, atractivo, accesible y asequible con flotas más modernas, eficientes y sostenibles; con la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos y con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación, y deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024. Está previsto que las primeras transferencias a los beneficiarios elegidos se realicen en invierno y está prevista una segunda convocatoria en 2022 con un presupuesto de 500 millones de euros.

De las 258 solicitudes de ayudas registradas, del orden de tres cuartas partes han sido presentadas por los 126 municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia que han participado en esta primera convocatoria de subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE. La cuarta parte restante del total han sido registradas por 62 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que disponen de servicios de transporte colectivo público, entre otras condiciones, mientras que las agrupaciones de municipios y entes supramunicipales han planteado siete solicitudes.

Las localidades con entre 20.000 y 50.000 habitantes podían optar a las ayudas destinadas a la digitalización del transporte, la renovación sostenible de la flota y el fomento del cambio modal en entornos urbanos, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo.

Por tipo de iniciativas, del entorno de las dos terceras partes de las 1.134 actuaciones presentadas están encaminadas a fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa.

En concreto, una parte importante de estos proyectos potencian el desarrollo de zonas e itinerarios peatonales en el centro de las ciudades y el impulso del uso de la bicicleta y otros medios de transporte personales con la construcción de carriles bici, la adecuación de las vías y el espacio urbano a su uso, la habilitación de aparcamientos seguros y el despliegue de servicios de alquiler de bicicletas. Asimismo, los municipios han pedido subvenciones para limitar el uso del vehículo privado en los centros de las ciudades mediante la puesta en marcha de medidas para calmar el tráfico rodado, construir aparcamientos disuasorios y establecer zonas de estacionamiento no regulado fuera de las zonas de bajas emisiones.

La transformación sostenible y digital del transporte urbano es la segunda línea de actuación que más solicitudes ha recibido. Entorno a la quinta parte de las ayudas solicitadas están destinadas a la adquisición de vehículos cero emisiones (autobuses urbanos o de flota de limpieza) y el despliegue de puntos de recarga entre otras acciones de mejora de la accesibilidad. La convocatoria recoge una subvención máxima de 260.000 euros por autobús urbano y de 100.000 euros por cada vehículo de recogida de residuos.

Por su parte, algo más del 10% de las solicitudes presentadas y de las subvenciones pedidas están destinadas a cumplir el objetivo de acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en poblaciones de más de 50.000 habitantes o capitales de provincias. Por último, sobre el 10% de las actuaciones registradas persiguen cumplir el objetivo de digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte que redunde en una mayor eficiencia del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para el usuario del transporte público.

Esta primera convocatoria forma parte del programa de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano que, a su vez, está incluido en el Componente 1 del PRTR aprobado por el Gobierno y la Comisión Europea.

El programa completo está dotado con unos 2.900 millones de euros por lo que, además de los 1.000 millones de esta primera convocatoria, Mitma tiene previsto sacar una segunda en 2022 para distribuir otros 500 millones de euros entre los municipios, transferir a las comunidades autónomas 900 millones de euros para financiar iniciativas que contribuyan a la puesta en funcionamiento de zonas de bajas emisiones y al impulso de la eficiencia del transporte colectivo, habilitar 400 millones de euros para transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas y 105 millones de euros a proyectos de humanización y calmado de tráfico en travesías.

A España le corresponden hasta 140.000 millones de euros en los próximos seis años procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la UE para combatir la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Estos recursos pretenden, además de afianzar la recuperación económica y la creación de empleo tras la emergencia sanitaria, transformar el modelo productivo para acelerar la transformación ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.

El Plan de Recuperación responde a un modelo de gestión por objetivos, orientado a resultados, que debe ejecutarse en el marco normativo de referencia, definido por la Comisión Europea. Es en este contexto donde se enmarca la aprobación de las dos Órdenes Ministeriales elaboradas por la Secretaría General de Fondos Europeos dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que constituyen a su vez dos hitos del Plan.

La primera de ellas hace referencia al sistema de gestión del Plan de Recuperación. La norma recoge las medidas necesarias para lograr los siguientes objetivos:

• Integrar las actuaciones de gestión que correspondan a las Administraciones Públicas y, en su caso, los actores privados.

• Diseñar los mecanismos de planificación, coordinación y formación, imprescindibles para la ejecución del Plan.

• Habilitar un sistema de información que haga posible el seguimiento del Plan para facilitar la toma de decisiones para su adecuado cumplimiento y concretar el resultado de las actuaciones, su justificación y la rendición de cuentas a la sociedad y a las instituciones.

• Diseñar una estructura de Informes de Gestión con la finalidad de que los órganos responsables y gestores de las reformas e inversiones formalicen el resultado de sus actuaciones, en términos de hitos y objetivos, así como los recursos aplicados para su consecución.

• Formalizar las Declaraciones de Gestión ante la Comisión Europea con seguridad jurídica, conforme el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

En resumen, con esta norma se facilita el seguimiento y gestión del Plan, sobre la base de los principios de seguridad jurídica, coordinación y responsabilidad, con la idea de maximizar la absorción de los fondos asignados a España en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Para ello la Orden establece, entre otras cuestiones, el concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado; el etiquetado verde y etiquetado digital, dado que Bruselas exige destinar una parte muy importante de los fondos a esas materias; el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción; o la identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.

La segunda Orden Ministerial aprobada hace referencia al suministro de información y seguimiento del Plan de Recuperación. El Sistema de Información es un instrumento fundamental para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ha sido diseñado para la coordinación y seguimiento del Plan por los distintos agentes implicados en su ejecución -administración estatal, autonómica y local-, dando respuesta a las necesidades de planificación, gestión, control y rendición de cuentas.

Con esta herramienta, los responsables de los distintos niveles de las Administraciones Públicas desarrollarán sus capacidades de planificación, seguimiento y control de proyectos de inversión pública y reforzarán sus habilidades para la gestión preventiva, en particular, las que permiten anticiparse a los problemas y tomar decisiones que eviten incumplimientos.

Con la implantación del Sistema de Información se materializa la transformación del funcionamiento de las Administraciones Públicas hacia una cultura orientada a la gestión por objetivos, que tendrá su efecto tanto en la gestión de los fondos europeos como en otros ámbitos y cuyos resultados serán tangibles, también, en el largo plazo.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado, tras la reunión celebrada ayer con los directores generales de fondos europeos de las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, la distribución regional de los 34.693 millones de euros asignados a España para el Objetivo de Crecimiento y Empleo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. Esa cantidad supone un incremento del 13,2% en relación con el periodo 2014-2020.

La distribución regional de estos fondos se produce tras la aprobación definitiva de los Reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2021-2027, en los que se recogen las condiciones para la programación y ejecución de estos fondos en esos años. En total, España recibirá 36.245 millones de euros dentro del Marco Financiero Plurianual de ese periodo para la política de cohesión.

Estos fondos van dirigidos a garantizar la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea.

A través del FEDER se financian actuaciones dirigidas a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la Unión y a reducir el retraso de las zonas menos favorecidas, mediante la participación en el ajuste estructural de los territorios y la reconversión de regiones industriales en declive, incluidas, entre otras medidas, promover un desarrollo sostenible y afrontar los retos medioambientales.

El FSE+, por su parte, persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros y regiones para alcanzar elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente, preparada para el mundo del trabajo, además de unas sociedades inclusivas y cohesionadas orientadas hacia la erradicación de la pobreza y al cumplimiento de los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales.

La política de Cohesión de la Unión Europea parte de la clasificación de los Estados miembros y las regiones de la Unión en tres categorías, en función de la respectiva prosperidad relativa, a las que aplica distinta intensidad de ayuda en función del nivel de desarrollo.

Así, considera regiones menos desarrolladas aquellas que cuentan con un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE; regiones Transición las que cuentan con un PIB entre el 75% y el 100% del PIB medio de la UE; y regiones más desarrolladas, aquellas cuyo PIB supera el 100% de la media de la UE.

Estos criterios aplicados a las regiones españolas llevan a la siguiente clasificación dentro de cada grupo en el periodo 2021-2027:

• Regiones menos desarrolladas: Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla.

• Regiones Transición: Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia y La Rioja.

• Regiones más desarrolladas: Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Para 2021-2027 el importe total asignado por la Comisión Europea dentro del Objetivo de Crecimiento y Empleo para las regiones menos desarrolladas asciende a 18.100 millones de euros; para las regiones Transición, 12.195 millones de euros; y para las regiones más desarrolladas, 4.398 millones de euros.

Estas cifras suponen un incremento medio de fondos del 22,3% para el conjunto de las regiones menos desarrolladas, un aumento del 8,1% para las regiones transición; y una reducción del 6,4% para las regiones más desarrolladas, respecto a los importes que estas regiones recibieron en el periodo 2014-2020.

De este modo, la distribución de los fondos para 2021-2027 se ha realizado partiendo de las dotaciones de cada región en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y aplicando linealmente, sobre dicha cifra, la ganancia/pérdida que resulta de acuerdo con los datos facilitados por la Comisión Europea al grupo en el que se clasifica cada Comunidad y Ciudad Autónoma. Se mantienen así distintas intensidades de ayuda en función del nivel de desarrollo y un tratamiento homogéneo dentro de cada categoría.

En este reparto se ha incluido el fondo especial para las regiones ultraperiféricas (RUP), que beneficia a Canarias, con 673 millones de euros adicionales.

De acuerdo con la distribución propuesta por la Comisión Europea, el 67,7% de los fondos del Objetivo de crecimiento y Empleo se asignarán a FEDER y el 32,3% al FSE+. Esa distribución, en el caso del fondo RUP, es del 75,4% para FEDER y del 24,6% para FSE+.

De esta forma, los importes de partida para FEDER ascienden a 23.539,7 millones de euros y para el FSE+ a 11.153,4 millones de euros. Se trata de una distribución en la que las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas cuentan con una cierta flexibilidad, pudiendo hacer uso de lo establecido en la normativa europea que permite la transferencia de recursos entre uno y otro fondo hasta un determinado límite.

La ejecución de estos fondos en cada Comunidad y Ciudad Autónoma se gestionará, bien directamente por cada territorio o bien por la Administración General del Estado, a través de programas plurirregionales.

En la definición de ambos tramos, regional y plurirregional, se ha aplicado el mismo criterio que para la regionalización de los fondos, aplicando la ganancia/pérdida por categoría de región a los importes asignados en ambos tramos en el periodo anterior.

Además, se ha informado a las Comunidades Autónomas de las asignaciones del Fondo de Transición Justa (FTJ) para el próximo periodo, facilitadas por el Instituto para la Transición Justa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de un nuevo instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos importantes derivados del proceso de transición a la neutralidad climática.

De acuerdo con el Anexo D del Semestre Europeo de la Comisión Europea en el que se incluyen las Orientaciones de inversión sobre el Fondo de Transición Justa 2021-2027 por Estado miembro, en el caso de España se incluyen ocho provincias como punto de partida para la aplicación de este fondo: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz, entre las que se repartirán 868,7 millones de euros.

La distribución de los recursos de este nuevo fondo se ha realizado por el Instituto para la Transición Justa en base a una metodología consistente con los criterios utilizados por las instituciones europeas en el reparto del fondo entre los Estados miembros, tomando en consideración volumen de emisiones, empleo en minería y peso del empleo industrial.

De la aplicación de estos criterios resulta una dotación de 154 millones de euros para Andalucía, 263 millones de euros para el Principado de Asturias, 197 millones de euros para Castilla y León, 111 millones de euros para Galicia y 92 millones de euros para Aragón. Los 52 millones de euros restantes serán para la gestión directa del Instituto para la Transición Justa.