La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que los PGE son la principal herramienta para avanzar hacia el objetivo fundamental: la "recuperación justa". Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que contribuirán a convertir a España en un país más productivo, competitivo y sostenible, a garantizar que la mejora económica llegue al conjunto de las familias y a fortalecer el Estado del bienestar.

Como ejemplo del potencial transformador de estas cuentas, Montero ha destacado que representan la "mayor apuesta" que se ha realizado jamás por los jóvenes, con un total de 12.500 millones de euros que incluyen la ayuda directa de 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda y el bono joven cultural de 400 euros. Además, se destina una cantidad récord a las becas -2.199 millones- y se crea en este ámbito un sistema para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia.

Otro pilar de los PGE es la inversión "sin precedentes" en la ciencia y la innovación como motores de crecimiento y bienestar. En concreto, se dedican 13.298 millones de euros a investigación, desarrollo, innovación y digitalización. La ministra también ha subrayado que las cuentas públicas recogen la mayor inversión de la historia -40.000 millones-, que seis de cada diez euros se emplearán en gasto social y que se refuerzan de manera considerable las políticas de empleo, el apoyo a la industria y las pymes y a las infraestructuras y ecosistemas resilientes.

María Jesús Montero ha asegurado que con estos Presupuestos "gana" toda la ciudadanía y especialmente la clase media y trabajadora "porque contarán con mejores servicios públicos"; también los autónomos y las pymes, que dispondrán de partidas históricas para modernizarse y ser más competitivos en un mundo globalizado.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha recordado que las reglas fiscales siguen suspendidas por las autoridades europeas y que existe "bastante consenso" en que deben mantenerse las políticas de estímulo para no dañar el crecimiento. Estas cuentas públicas -ha apuntado- buscan precisamente desempeñar el papel de "locomotora" para impulsar la actividad y la transformación que precisa España.

Como ya avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la economía crecerá el próximo año a un ritmo del 7%. Este avance, unido al aumento de la demanda interna y a la creación de empleo, permitirá mejorar la recaudación fiscal. En concreto, los ingresos tributarios se incrementarán este año un 10,8%, una evolución que, según ha remarcado Montero, ha sido compatible con medidas contundentes para combatir el aumento del precio de la electricidad, como la rebaja del IVA de la luz. La previsión es que los ingresos tributarios crezcan el próximo año un 8,1%.

La titular de Hacienda ha explicado que el proyecto de ley contempla establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, una medida respaldada por 130 países y que ha derivado en una propuesta en firme en el marco de la OCDE. La iniciativa vuelve a situar a España "en la vanguardia de la fiscalidad internacional", según ha dicho Montero, que ha indicado también que el Ejecutivo mantiene su compromiso de aprobar una reforma tributaria global.

La ministra de Hacienda ha detallado que el límite de gasto no financiero de los PGE de 2022 se sitúa en 196.142 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior y el mayor techo de gasto de la historia.

Las cuentas contemplan 27.633 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 3,8% más que el año anterior. Montero ha señalado que nueve de cada diez euros de ese Plan se destinan a inversión y que en 2022 será cuando los ciudadanos y las empresas, especialmente las pymes, perciban en toda su magnitud los efectos positivos de una "oportunidad única" que España no puede desaprovechar.

Todos los epígrafes del Presupuesto de gastos registran incrementos, salvo el dirigido a pagar intereses de la deuda, gracias a la mejora de las finanzas públicas. La ministra se ha referido en especial al incremento de los gastos de personal -por la subida del 2 % de la retribución de los empleados públicos y la mayor oferta de empleo público-, así como a la reserva de 1.465 millones para las vacunas contra la COVID-19 y a la subida de la inversión pública y de las transferencias de capital en un 8,6 y un 9,9 %, respectivamente.

En lo relativo al gasto social, el 59,8 % del Presupuesto nacional, es decir, sin tener en cuenta los fondos europeos, se orienta en esta dirección: 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. La partida de las pensiones se incrementa un 4,8%, según ha dicho Montero, que ha recordado que su revalorización vendrá determinada por la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados que establece que las pensiones contributivas aumentarán en función del IPC medio registrado en el mes de noviembre. Las no contributivas crecerán en 2022 un 3%, y el mismo porcentaje se incrementará el Ingreso Mínimo Vital.

Otras partidas que crecen de manera muy notable son la dependencia (un 23,3% más), el Bono Social Térmico (44%), la prevención de la violencia de género, la lucha contra la pobreza infantil -lo que permitirá financiar la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia-, el impulso a la Formación Profesional, el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación (más de 3.000 millones), comercio, turismo y pymes, I+D+i (la inversión prácticamente se duplica respecto a la de 2020) y las políticas contra la despoblación.

El nuevo bono joven cultural, que busca acercar a las nuevas generaciones a la cultura y revitalizar el sector, estará dotado con 210 millones. En cuanto el bono joven al alquiler, una ayuda para facilitar la emancipación a jóvenes asalariados con bajas retribuciones, contará con 200 millones de euros.

La titular de Hacienda y Función Pública ha resaltado que el Ejecutivo mantiene su compromiso de reducir el déficit y la deuda pública. De esta forma, a pesar del incremento del gasto y la inversión, la deuda pública se reducirá hasta el 119,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) este año y se situará en el 115,1% del PIB el próximo. Por su parte, el déficit público bajará en 2022 hasta el 5% del PIB, con lo que se reducirá más de la mitad en dos años.

El Gobierno -ha expuesto Montero- ha ayudado a los trabajadores, las familias, los autónomos y los empresarios durante la pandemia, lo que ha elevado el déficit, pero también ha sentado las bases de una recuperación que permite avanzar de forma rápida hacia la estabilidad presupuestaria. La mayor parte del déficit está siendo asumido por la Administración central, que seguirá dotando de recursos ordinarios y extraordinarios tanto a la Seguridad Social como a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los PGE de 2022 incorporan 7.000 millones de euros adicionales de financiación para los ejecutivos regionales, y los ayuntamientos también contarán el próximo año con una financiación récord.

Estas cuentas públicas, ha concluido la ministra, son extraordinarias tanto cuantitativa como cualitativamente, piensan en las clases medias y en los más vulnerables y cuidan de las pymes y los autónomos, porque "todos tenemos que pensar en avanzar juntos".

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero han coincidido en resaltar la importancia de la futura Ley de Vivienda, anunciada esta semana por el presidente del Gobierno, para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.

La portavoz del Gobierno ha señalado que la norma regulará, por primera vez, el derecho constitucional a la vivienda, con pleno respeto a las competencias autonómicas y con el objetivo de garantizar, "a los jóvenes cuyos empleos y salarios no les permiten tener una vivienda o alquilar una", acceder a ella para poder emanciparse y desarrollar sus proyectos vitales.

La ministra de Hacienda y Función Pública, por su parte, ha afirmado que "quienes dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada una vivienda se nota que no recorren las calles y están fuera de la realidad", y ha insistido en que este problema afecta a muchos jóvenes, especialmente en las grandes ciudades y en entornos de zonas tensionadas.

Montero ha explicado que las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado ofrecen el "paraguas legal" para que se pongan en marcha las medidas que recoge la ley y su consiguiente desarrollo reglamentario.

Aunque todavía no hay fecha prevista para su aprobación por el Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha asegurado que es inminente, porque es una prioridad del Ejecutivo de coalición, también con el fin de permitir la transformación y modernización del sector de la construcción, de modo que actúe como motor de desarrollo.

La portavoz ha destacado que la rehabilitación y la promoción de la vivienda y el alquiler social ya recibieron un impulso importante el pasado martes a través de los planes acordados por el Gobierno, con una inversión de 4.420 millones de euros que podría generar empleo para 180.000 personas.