El Consejo de Ministros aprueba la ley de maltrato animal

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dota de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que es un texto transformador, que cumple con las demandas de la comunidad científica: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i.

La futura ley, según ha avanzado la ministra, dota a las personas que investigan e innovan de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras. Además, reduce las cargas administrativas, combate la brecha de género, incentiva la transferencia del conocimiento a la sociedad y a las empresas, y establece un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. La norma contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

El texto incorpora el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europea. La ministra ha subrayado que el sistema se blinda para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo con ese objetivo.

La norma introduce reformas dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer talento. Con este fin se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas. Diana Morant ha explicado que el personal científico se considerará como esencial y prioritario, y tendrá tasas de reposición expansivas.

En este sentido, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años para este colectivo, que ha pasado de tasas de reposición cero a tasas del 120%: "Las nuevas convocatorias permitirán que en los próximos tres años incorporemos de manera estable a 12.000 personas al sistema público de ciencia".

Morant también ha destacado que la ley plantea un nuevo contrato de hasta seis años para los investigadores postdoctorales, con una evaluación intermedia y otra final que les permita obtener el nuevo certificado R3. Este certificado favorecerá la consolidación de una plaza pública porque se reserva un mínimo del 25% de ellas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades a estos investigadores.

La norma establece que se evaluarán y reconocerán por primera vez los méritos de investigación realizados en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. Además, el texto recoge la figura de tecnólogo.

Diana Morant ha añadido que se reconoce como personal investigador sanitario a aquel que dedica el 50% de su tiempo a la investigación en hospitales y centros de salud.

Por otra parte, el texto da seguridad jurídica a la igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de investigación e innovación de universidades. "Queremos una ciencia de excelencia, y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género", ha dicho la ministra.

Asimismo, la ley garantiza que las mujeres y los hombres dispongan de permisos por excedencia y que ese periodo no les penalice cuando se evalúen sus méritos.

La titular de Ciencia e Innovación ha añadido que la reforma está alineada con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, define la ciencia como un bien común e integra en la I+D+i los valores de la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad. "Es la ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación", ha concluido.

El Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que esta ley lucha contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales y atiende la creciente demanda social de protección de sus derechos. "Creo que esta primera ley de derechos de los animales nos hace también más humanos", ha afirmado.

Belarra ha considerado que los valores de la protección de los animales tienen que ser "un sello de país" y que esta ley homologa a España con la mayoría de los países europeos, que ya tienen normativa al respecto. Por otro lado, permite crear un paraguas estatal de forma que los derechos mínimos de los animales sean iguales en todas las comunidades autónomas.

La ministra ha agradecido el trabajo del primer director general de Derechos de los Animales en el Gobierno de España, Sergio García Torres, y de todas las asociaciones, expertos, profesionales y entidades de protección animal "que muchas veces han trabajado en completa soledad en este país y que ahora sí tienen el respaldo de las administraciones públicas".

El texto aprobado incluye una reforma del Código Penal para sancionar el maltrato contra los animales, "que hasta ahora ha gozado de una prácticamente total impunidad", ha dicho Belarra.

Cuando el animal afectado necesite atención veterinaria las penas de cárcel pueden llegar hasta los 18 meses, y si el resultado del maltrato es la muerte, podrán ampliarse hasta los 24 meses. Se prevén asimismo inhabilitaciones especiales de entre 1 y 5 años para tener animales, convivir con animales o trabajar con animales.

La violencia a través de los animales ejercida contra las mujeres será tenida en cuenta como un agravante en los casos de violencia de género. Belarra ha explicado que, cuando víctimas de violencia machista deben abandonar sus casas y no pueden llevarse con ellas sus animales de compañía, estos son utilizados en ocasiones "para coaccionarlas, amenazarlas y causarles aún más sufrimiento".

Ione Belarra ha expuesto como otras metas de la ley acabar con el abandono de animales -en España, aunque no existen todavía cifras oficiales, podrían ser 300.000 al año- y prácticas crueles como el tiro al pichón y la utilización de pinchos o aparatos de descargas eléctricas.

Precisamente para prevenir el abandono y fomentar la acogida, quedará también prohibido el sacrificio de animales de compañía.

Finalmente, la ministra ha anunciado que se reconvertirán los zoológicos y delfinarios existentes en centros de recuperación de especies autóctonas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida hasta los 1.000 euros brutos mensuales del Salario Mínimo Interprofesional, en catorce pagas, tras el acuerdo alcanzado este mes con los sindicatos CCOO y UGT.

El incremento, con efectos desde el pasado 1 de enero, supone que el salario mínimo para cualquier actividad quede fijado en 33,33 euros al día con carácter general; los empleados de hogar deberán percibir un mínimo de 7,82 euros brutos por cada hora trabajada y 47,36 por jornada legal.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha destacado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado un 33,5%, pasando de 735 euros a 1.000. A su juicio, la medida repercutirá en un mayor bienestar de los trabajadores, en especial de los más jóvenes y de las mujeres.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha añadido que la mejora salarial acerca a España a las puertas de Europa: "El objetivo es ser más europeos y destituir un modelo empresarial y de relaciones laborales absolutamente precarios".

En su opinión, el salario mínimo "empieza a ser digno", si bien hay que empezar a hablar de subir los salarios en general: "Si mejoran los salarios, mejora la economía en su conjunto. Por tanto, marcha atrás a la precariedad y a los bajos salarios".

Además, ha argumentado que no tiene un impacto negativo en el empleo de determinados sectores. El sector de los autónomos registra 105.000 trabajadores más; el agrario, cuenta con 58.000 más, y el de los empleados del hogar se mantiene estable.

Yolanda Díaz ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y para la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que se conmemora hoy, el Gobierno ha aprobado una Declaración Institucional que alerta sobre la brecha de género: el porcentaje de mujeres con ingresos que no superan el salario mínimo es del 25,7%, frente al 11,1% de hombres en esa situación.

El texto recoge el compromiso del Ejecutivo en favor del empleo estable y de calidad, los contratos indefinidos y el reparto justo de los cuidados, así como las normas ya adoptadas para avanzar en ese campo, como la Ley de Igualdad Retributiva, el Plan Corresponsables o la reforma laboral.

La portavoz del Gobierno ha apuntado que la brecha salarial se sitúa en el 16,2% tras reducirse cinco puntos en los últimos cuatro años. La vicepresidenta segunda ha anunciado que en los próximos días se pondrá a disposición de las empresas una herramienta pública para registrar la igualdad retributiva.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Además, se prorrogan determinadas medidas para afrontar las situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Gobierno ha acordado extender hasta el 31 de marzo de 2022 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo aprobados durante la pandemia (ERTE COVID) para proteger la renta de los trabajadores y el tejido productivo. La medida facilitará la transición a los ERTE estructurales previstos en la reforma laboral.

La vicepresidenta segunda ha especificado que las medidas de protección social para el sector de la Cultura se amplían hasta el 30 de junio de 2022, así como las incluidas en el Plan MECUIDA para favorecer la conciliación de las familias durante la emergencia sanitaria.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que se ha recuperado el empleo perdido durante la pandemia y se han creado 500.000 empleos adicionales.

El número de trabajadores en ERTE se sitúa en el 0,6% de los afiliados y la mitad de ellos está trabajando a tiempo parcial. Desde la perspectiva sectorial, el porcentaje de trabajadores que se mantienen en ERTE es menor del 10% en todos los sectores, excepto en el de las agencias de viaje, que alcanza el 29%.

Ante estos datos, ha señalado el ministro, se abre un nuevo periodo en el que la reforma laboral vigente desde el 1 de enero permitirá seguir protegiendo a aquellos trabajadores y empresas que aún lo necesiten.

La reforma laboral, según ha expuesto el ministro, contempla el mecanismo RED sectorial, que exonera a las empresas del 40% de las cotizaciones a la Seguridad Social si los trabajadores se están formando para la transición a otro empleo o sector. Escrivá ha destacado que este mecanismo favorecerá, en especial, a los empleados de las agencias de viaje.

A nivel de empresa, el texto recoge los ERTE por fuerza mayor, con una exoneración que llega al 90%, y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con una exoneración del 20%.

Escrivá ha incidido en la importancia de la formación de los trabajadores durante el periodo en el que se encuentren en ERTE para mejorar sus cualificaciones y su capacidad de mantenerse en el mercado laboral. En la actualidad, más de 31.000 trabajadores, el 41% de los que tienen derecho, están acogidos a planes de formación.

Además, ha subrayado que durante el próximo mes, las empresas, los trabajadores y la Administración dispondrán de tiempo para adaptarse a los nuevos mecanismos que incorpora la reforma laboral.

José Luis Escrivá también ha resaltado que se mantiene la protección a los autónomos por suspensión de actividad, con una prestación del 70% de la base mínima y la exoneración de cuotas. Los beneficiarios no podrán superar 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Al resto de los autónomos que están bajo protección se les facilitará la transición ordenada y gradual hasta el nivel habitual de cotizaciones a la Seguridad Social durante un periodo de cuatro meses.

El ministro ha trasladado que también se extiende durante cuatro meses el aplazamiento y las moratorias de pago de cotizaciones a las Seguridad Social a los afectados por la erupción de la isla de La Palma.

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, que fue presentado el 23 de noviembre pasado.

Este instrumento está contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte de la reforma y modernización del sistema de pensiones y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

La norma tiene como objetivo facilitar el acceso a los mecanismos de ahorro con bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas, de pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos y jóvenes.

El ministro ha precisado que se han hecho ajustes respecto al borrador anterior, de forma que los autónomos podrán desgravarse hasta 5.750 euros anuales. Los asalariados podrán sumar aportaciones a las que haga su empresa para poder beneficiarse de exoneraciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta. El Proyecto de Ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que sus contribuciones al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

También en el ámbito laboral, el Ejecutivo ha aprobado el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito al Trabajo.

La vicepresidenta segunda ha anunciado se modernizan los conceptos susceptibles de ser valorados y premiados por el Gobierno. De esta manera, los galardones se otorgarán a valores como la excelencia, la igualdad de género y la salud laboral.

Yolanda Díaz también ha apuntado que las medallas podrán retirarse cuando la entidad o persona condecorada hayan faltado a la ejemplaridad exigida o tengan algún tipo de sanción administrativa o condena penal. También cuando los beneficiarios tengan una trayectoria o conducta manifiestamente incompatible con los valores democráticos.

El Consejo de Ministros ha regulado la convocatoria de becas y ayudas al estudio 2022-2023, que contará con una inversión de 2.134 millones de euros.

La portavoz del Ejecutivo ha destacado que el presupuesto en este ámbito ha aumentado en un 45%, los beneficiarios en un 26% desde la convocatoria 2017-2018, y que las ayudas llegarán a 200.000 estudiantes más que hace cuatro años.

La novedad más importante es el adelanto de los plazos de solicitud y comunicación de las becas, que permitirá a los estudiantes saber antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas, según ha explicado Isabel Rodríguez.

Además, en los estudios universitarios se reduce la calificación requerida para obtener una beca para cursar un máster no habilitante, por lo que bastará una nota media de cinco puntos (en lugar de siete).

Desde 2018, el Gobierno viene trabajando en una política de becas que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades