Aprobado en Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que ahora iniciará su proceso de información pública.

Por primera vez se regula la actividad de estos grupos, también denominados lobbies, en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público, clarificando cómo se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que esta nueva norma es fruto del "compromiso del gobierno con la mejora de la calidad democrática de nuestro país" y permitirá dar un gran paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno y que España se equipare con las democracias más avanzadas de los países de su entorno.

El anteproyecto recoge que se considerará actividad de influencia aquella que un grupo u organización desarrolle para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos en la elaboración de un proyecto normativo. "Por tanto, todos los grupos que se organizan con carácter privado para beneficio de sus intereses o los de terceros están incorporados al objeto de esta norma", ha explicado Montero.

No se considerarán lobbies las Administraciones públicas, los organismos públicos y las organizaciones internacionales públicas o las autoridades públicas extranjeras, ni los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos o cualesquiera otras entidades -como los colegios profesionales- en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

El Portal de Transparencia y el sitio web de la Oficina de Conflictos de Intereses albergarán un Registro de Grupos de Interés, que mostrará con detalle su actividad, especialmente qué reuniones mantienen con los altos cargos o los funcionarios que participan en el proceso de elaboración o diseño de las normas.

Estas actividades también quedarán reflejadas, ha destacado la ministra, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de cada norma "para constituir una huella que permita comprobar quiénes, en qué momento y sobre qué materia han participado a la hora de diseñarla o elaborarla".

La inscripción en el Registro es obligatoria y debe identificar los ámbitos de interés de los lobbies, su finalidad, objeto social y la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia.

Los grupos registrados deberán cumplir, además, un código de conducta, y se establece un régimen sancionador en caso de infracción.

Aquellos grupos que no estén inscritos en este registro no podrán contactar con el personal público para ejercer actividades de influencia.

Finalmente, y para combatir, en palabras de la ministra, "las puertas giratorias", la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE será modificada para incluir que un alto cargo público no pueda realizar actividades profesionales de influencia en materias relacionadas con sus competencias a lo largo de los dos años siguientes al cese en ese cargo.

El Ejecutivo ha analizado el segundo informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, como establece la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Sin incluir la ayuda financiera, España cerró el déficit público en el año 2021 con el 6,77% del PIB, lo que supone 3,2 puntos menos que en el ejercicio anterior. "Es la mayor reducción del déficit público de su historia y demuestra el compromiso de este gobierno con la estabilidad presupuestaria", ha destacado la ministra de Hacienda.

Montero ha avanzado que la meta para este ejercicio 2022 es seguir mejorando el saldo presupuestario y hacer compatible la responsabilidad presupuestaria con las medidas de apoyo a las familias, autónomos y empresas y el fortalecimiento de los servicios públicos.

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución entre las comunidades autónomas de 40 millones de euros dirigidos al Plan 5-P para la consolidación de la Medicina Personalizada de Precisión, uno de los aspectos incluidos en el PERTE para la Salud de Vanguardia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que el nombre de este plan responde a las características de este tipo de medicina, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional: "Es acorde con las necesidades de cada paciente y su perfil genético, actúa de manera proactiva anticipando el posible riesgo y antes de que se desarrolle la enfermedad, coloca al paciente en el centro y busca el acceso universal".

Con el Plan 5-P, se podrán llevar a cabo y financiar, entre otras, adquisición de equipos, mejoras tecnológicas, sistemas de información, formación del personal y creación y consolidación de Comisiones autonómicas de genética. El fin es que "todos los pacientes, vivan donde vivan o acudan al centro hospitalario que acudan, reciban la misma atención y tengan acceso a las determinaciones genéticas necesarias para el mejor diagnóstico o tratamiento de su enfermedad, desplegando para ello toda la infraestructura que sea necesaria", ha dicho Darias.

La ministra ha recordado la importancia de las pruebas genéticas para el abordaje de las enfermedades, ya que permiten un diagnóstico precoz, mejoran el pronóstico en enfermedades de alto impacto sanitario y social (como las enfermedades raras, oncológicas o sin diagnóstico) y facilitan indicar el tratamiento farmacológico óptimo.

La cartera común del Sistema Nacional de Salud se ha actualizado con aspectos generales de la atención a los pacientes y de sus familiares, incluyendo análisis genéticos o genómicos. Esta actualización entrará en vigor y será efectiva en breve, tras la publicación de la correspondiente orden ministerial.

En una segunda fase, se concretará un catálogo de prestaciones homogéneo para toda España. Darias ha señalado que se está trabajando en 18 áreas temáticas específicas y la primera será la de oncohematología, a principios de 2023.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha repasado varios proyectos de infraestructuras públicas aprobados en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, en relación con la Alta Velocidad que une León con Asturias, Adif Alta Velocidad (Adif AV) licitará el contrato de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía en el tramo Bifurcación Galicia (salida norte de León)-La Robla-Pola de Lena, que incluye la Variante de Pajares, de nueva construcción y que todavía no está en servicio. El valor estimado es de 28,4 millones de euros (sin IVA) para un periodo de cuatro años, con posible prórroga de uno más.

En Asturias se invertirán también 20,2 millones de euros (sin IVA) los próximos 3 años en la conservación y explotación de más de 150 kilómetros de carreteras del Estado, mientras que en Castilla La-Mancha se actuará con el mismo fin en la provincia de Albacete, con un contrato de valor estimado de 24 millones de euros (sin IVA), en idéntico plazo.

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio entre Adif y la Generalitat de Cataluña para el diseño, financiación y ejecución de las obras de remodelación y ampliación de la estación de Vilamalla (Girona), con el objetivo de mejorar su accesibilidad y permitir la expedición/recepción en ancho estándar de trenes de hasta 750 metros hasta la terminal logística de este municipio. El importe total de estas actuaciones, hasta 2025, se estima en 13.790.360 euros, de los que 13.080.000 euros se cofinanciarán entre ambas administraciones.

Este convenio se enmarca, ha señalado Isabel Rodríguez, en "el objetivo estratégico del Corredor Mediterráneo y del transporte de mercancías por ferrocarril, en aras a un desarrollo y a un transporte más sostenible".

El Gobierno ha aprobado una dotación presupuestaria de 20 millones de euros que se repartirá entre Canarias, Ceuta y el resto de comunidades autónomas para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia acordará definitivamente los criterios objetivos y la distribución territorial.

Estos 20 millones se corresponden con el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales para apoyar la atención a estos menore migrantes no acompañados. El primer reparto se destinó a Canarias y a Ceuta y Melilla al ser las regiones más afectadas por tratarse de puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa.