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26
Nov
2022
El Sindicato de Inquilinos teme que la reforma de la sedición aumente la represión contra el derecho de protesta PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Sindicato de InquilinosEscraches y ocupaciones de instalaciones, en el punto de mira de Sánchez

"La reforma del Código Penal, anunciada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC, para eliminar el delito de sedición incorpora algunos cambios en el delito de desórdenes públicos que abren las puertas al aumento de la represión contra el derecho a la protesta y, concretamente, contra las formas de acción del movimiento por la vivienda". Así de contundente se muestra el Sindicato de Inquilinos con la reforma de la sedición que aprobaba el Congreso, de madrugada, el pasado jueves.

Por un lado, en la definición del delito de desórdenes públicos (art. 557.1) se añaden dos nuevos supuestos: la obstaculización de las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas y la invasión de instalaciones o edificios. Además, la necesidad de que haya violencia o amenazas se cambia por violencia o intimidación, un concepto más indeterminado y con peligrosas posibilidades de interpretación.

Por otro lado, se prevé (art. 557 bis) que incluso “sin hacer uso de violencia o intimidación” se considere delito de desórdenes públicos la ocupación de un domicilio, despacho, oficina, establecimiento o local de una persona jurídica, pública o privada, aunque esté abierto al público.

Estos cambios abren la puerta a penalizar formas de protesta pacífica que históricamente han sido utilizadas para luchar por derechos básicos como la educación, la sanidad o los derechos laborales, y que hoy en día continúan vigentes en los ámbitos del sindicalismo laboral, el movimiento por la vivienda, pero también en las movilizaciones feministas, antirracistas, por la libertad de expresión y en todos aquellos movimientos que luchan para conseguir mejoras sociales.

Cuántas veces hemos tenido que entrar masivamente en una sede bancaria para exigir la negociación de un alquiler social? ¿Cuántas familias han conseguido la renovación de sus contratos de alquiler gracias a la protesta pacífica en las oficinas de una inmobiliaria? ¿Cuántos desahucios hemos conseguido parar con una movilización vecinal que ha invadido toda una calle?

Desde el Sindicat de Llogateres, no podemos permitir la aprobación de esta modificación del Código Penal, que atenta directamente contra el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Tenemos muy claro que la protesta pacífica y la movilización son las herramientas que cotidianamente nos permiten cambiar las relaciones de poder entre quien abusa de nuestros derechos y especula con la vivienda y las que estamos organizadas y defendemos nuestros hogares. Por eso, nos pondremos a trabajar junto a otras organizaciones de defensa de derechos fundamentales para proteger el derecho a la protesta.

El PSOE, Unidas Podemos y ERC tienen que dar marcha atrás a la reforma del Código Penal. Además, cabe recordar que el gobierno del Estado tiene que cumplir también con su palabra de derogar la Ley Mordaza y tiene que empezar a trabajar para proteger los derechos básicos de la población, aprobando una ley estatal de vivienda que regule los alquileres y pare los desahucios.

 

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