Aprueban una moratoria de un año

El nuevo modelo se implantará gradualmente desde el curso 2023- 2024 hasta el curso 2027-2028, uno más de lo previsto inicialmente, tal y como acordaron Ministerio y CCAA en la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado esta tarde en la Conferencia Sectorial de Educación que el periodo de implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad se va a ampliar un año más, hasta el curso 2027-2028, "para garantizar un paso al nuevo modelo con unas mayores garantías, con mayor seguridad y con más tiempo".

En su intervención, Alegría ha manifestado además su compromiso de que los estudiantes y sus familias conozcan el detalle del nuevo modelo al comienzo del próximo curso para darles tranquilidad.

La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por el Ministerio y las comunidades autónomas en la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica, que incorpora cambios a la propuesta inicial del pasado mes de julio. Además de esta ampliación en el periodo de implantación, se ha redefinido el formato de la prueba para los años de transición, manteniéndose el sistema de ejercicios asociados a materia, que irán progresivamente adoptando un formato competencial.

Por otro lado, se mantiene el objetivo de centrar la prueba en dos ejercicios (uno general para valorar las competencias clave alcanzadas al finalizar el Bachillerato y otro específico de la modalidad cursada) y se modifica el peso de cada uno de ellos en la calificación final (60% y 40%, respectivamente).

Por último, se ha optado por no cerrar en esta primera fase cuestiones como el número de preguntas de cada ejercicio, número de textos o tiempos para la realización de cada prueba a la espera de que se lleven a cabo las pruebas piloto en el primer semestre de 2023.

"Los cambios incorporados son fruto de una voluntad permanente de escucha y de talante negociador, y persiguen el máximo consenso y los mayores niveles de seguridad y confianza tanto para el alumnado como para el profesorado", ha señalado Pilar Alegría en su intervención.

La ministra ha destacado el "amplio proceso de participación y diálogo" en el diseño de esta prueba, con numerosas reuniones en las que han participado tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Universidades, la CRUE, expertos en evaluación y en las distintas materias.

"El criterio principal ha sido y sigue siendo contar con la participación de todos, hacer el máximo esfuerzo para llegar a propuestas del mayor consenso posible y respetar las competencias y la autonomía propias de todas las partes interesadas", ha añadido.

Durante la reunión, Ministerio y comunidades autónomas han aprobado además la distribución de 331 millones de euros para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil. Se trata del segundo tramo de financiación de un programa de cooperación territorial a tres años para incrementar las plazas públicas de 0 a 3 años.

En concreto, en 2021 se invirtieron 200,7 millones de euros; en 2022, 331 millones; y en 2023, se invertirán 134,7 millones más. Esta financiación, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completa con la destinada a Ceuta y Melilla y permitirá la creación de 65.382 nuevas plazas, con especial hincapié en las de 1 y 2 años.

La Conferencia Sectorial ha validado también los criterios de distribución a las comunidades autónomas de 13,5 millones de euros destinados a sufragar los gastos derivados de la escolarización de los más de 30.000 menores desplazados por la guerra en Ucrania.

Estos fondos, que está previsto ampliar a 70 millones el próximo año, podrán utilizarse para contratación de personal docente de refuerzo, de personal laboral y de auxiliares de conversación; transporte y comedor escolar; adquisición de material escolar y de mobiliario escolar; y adaptación y/o acondicionamiento de espacios para aulas ordinarias, entre otras.