El Gobierno y sus socios dan luz verde a tres reformas que entrarán en vigor antes de fin de año

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, en su sesión de este jueves 15 de diciembre, con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención, la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Por su carácter orgánico, esta iniciativa requería ser aprobada por mayoría absoluta en una votación final de conjunto. Alcanzada dicha mayoría, el texto se remite al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.

El texto al que ha dado luz verde la Cámara Baja coincide con el dictamen emitido por la Comisión de Justicia en su sesión del martes 13 de diciembre, tras ser rechazadas las enmiendas vivas que los grupos parlamentarios habían mantenido para su debate y votación en Pleno.

La iniciativa, presentada por los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, propone modificar el Código Penal en los capítulos referentes a las estafas, la administración desleal, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, delito de sedición y en materia de desórdenes públicos, entre otros asuntos.

También se incluye como delito contra la integridad moral a quienes oculten el paradero del cadáver de una persona, y se introduce cambios en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, en lo relativo a las armas de doble uso.

Asimismo, se suprime el Capítulo I del Título XXII del Código Penal, referente al delito de sedición y se modifica el Capítulo III, relativo a los desórdenes públicos. En este sentido, introduce como actos castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación" sobre las personas o las cosas, obstaculicen las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadan instalaciones o edificios.

Durante su trámite en ponencia, la proposición de ley orgánica fue modificada con la incorporación de enmiendas y correcciones técnicas al texto.

Entre las modificaciones se incluye la reforma del artículo 311 del Código Penal para añadir un nuevo párrafo que sanciona a quienes impongan condiciones ilegales a las personas trabajadoras mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa. Además, se introduce "por primera vez en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito", una figura para la lucha contra la corrupción.

También se reforma la Ley del Poder Judicial para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre los días 24 de diciembre y 6 de enero de cada año judicial. Según el informe de la ponencia, "esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este período".

Asimismo, la proposición de ley dictaminada modifica también la Ley del Poder Judicial en lo que respecta a la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. En concreto, se reforma el artículo 599.1.1ª donde se especifica que "la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". Si la propuesta de los dos magistrados o magistradas no se realizará en el citado plazo, quien ostente la presidencia del Consejo adoptará, el día siguiente al del vencimiento del plazo de los tres meses, un acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos magistrados.

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el sentido de suprimir la letra g) del apartado uno del artículo segundo, la letra i) del apartado 1 del artículo diez y se añade un tercer párrafo al apartado uno del artículo 16 con el siguiente tenor: "los magistrados o magistradas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.3 de la Constitución. Si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados o magistradas designados por el órgano que ha cumplido en tiempo su deber constitucional".

El texto aprobado por la comisión integra el informe de la ponencia al que se han incorporado dos enmiendas transaccionales, una con correcciones técnicas y otra que modifica la exposición de motivos.

Esta segunda enmienda añade que "las reformas penales contenidas en esta Ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera reproducen las disposiciones transitorias de otras Leyes Orgánicas destinadas a modificar el Código Penal, como la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, o la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo". Además, señala que "aun cuando no se estableciera régimen transitorio en esta Ley, se llegaría a las mismas conclusiones por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre."

Tras ser aprobado por el Pleno, la proposición de ley se remite ahora al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto.

En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.

Ese mismo día de la aprobación, Ayuso la criticaba con dureza en la Asamblea:  "El PSOE es un desastre, el gobierno de Pedro Sánchez es un desastre y nadie lo quiere ver …y sí, hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia y en este momento el Poder Judicial se está reuniendo para ver de qué manera se protege del gobierno de Pedro Sánchez. No se ha visto algo así en democracia. Están con urgencia intentando por la puerta de atrás cambiar el Constitucional, que esto no se ha visto en democracia; están cambiando las normas a las bravas sin dar explicaciones a través de enmiendas; están intentándolo, no lo van a conseguir imponer candidatos en el Poder Judicial, aquellos que encima no muestran idoneidad. Son ustedes los que están rompiendo las garantías democráticas, los que están cambiando las reglas del juego en este país con el señor Otegi y los que están reescribiendo el Código Penal a la carta, a la orden de sus socios cuando han cometido graves delitos y los que se creen que con el dinero de todos van a comprar el año 2023. Son los que rompen la igualdad de los españoles, los que están premiando a aquellos que han utilizado el dinero de los parados andaluces para tener el voto cautivo; son los que están promoviendo la división y la independencia del País Vasco y de Cataluña. El señor Illa ayer diciendo que no era un referéndum, que era solo una consulta… son ustedes los que han escondido una enmienda que va contra el Impuesto de Patrimonio que se pone aquí y se quita en el País Vasco"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, también denunciaba «el golpe institucional» llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una declaración ante los medios de comunicación en el Congreso:

«Estamos asistiendo a un golpe institucional, un golpe al estado de derecho y a la Constitución, en los términos de reputadísimos magistrados en excedencia del Tribunal Constitucional que han denunciado, a pesar de ser nombrados por las mayorías denominadas progresistas, las intenciones golpistas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el día de hoy hemos visto con verdadera preocupación cómo desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde las tribunas mediáticas que hablan al dictado de la izquierda y del Gobierno, se ha sometido a los jueces a una presión intolerable y a una amenaza constante. Hoy en la tribuna del Congreso se ha llegado a decir que ninguna toga iba a limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse. A la vez que en los medios de comunicación de la izquierda, durante toda la mañana, en un ejercicio intolerable de presión a los tribunales, se ha denominado como golpistas a los propios magistrados que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de nuestra Constitución.

Tenemos muy claro que los jueces, los, tribunales, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de vigilar al poder político y de recordarnos a los políticos la obligación de cumplir con las leyes y respetar los preceptos constitucionales.

La impunidad de aquellos que han pisoteado la Constitución, algo que hemos visto durante los dos estados de alarma en 2020, tiene consecuencias. Aquellos que pisotean la Constitución y reciben sentencias del tribunal en contra, recordándoles cómo se han suspendido los derechos y libertades de los españoles durante meses de manera inconstitucional, y ven que no tiene ninguna consecuencia política ni penal para ellos, se sienten impunes para desplegar todo un desafío al orden constitucional.

Hoy se han votado tres cuestiones gravísimas: en primer lugar, la derogación del delito de sedición, a petición de aquellos que necesitan para aprobar los PGE, de aquellos que han dicho que volverán a cometerlo. Se ha derogado un delito a la carta para sacar de la cárcel anticipadamente a los delincuentes, para facilitar, moderar o anular las condenas de aquellos que todavía no han sido juzgados igual que con el caso de la malversación, además facilitando la futura comisión de delitos y poniendo en riesgo no solo el orden constitucional la unidad nacional sino la base misma de la Constitución, que es la unidad nacional de España.

Se ha votado la rebaja de la malversación, satisfaciendo a los corruptos en una interpretación intolerable e insultante para los ciudadanos, según la cual el político no se lleva el dinero a casa y no lo ingresa en su cuenta corriente, ya no ha cometido un fallo tan grave. Si el político lo dedica precisamente para crear un régimen clientelar para beneficiar a su partido, parece que es medio indultado por haber cometido un delito menor, cuando el delito es mucho mayor. Es mucho más grave que un político que utilice el dinero para corromper la democracia, alterar los resultados electorales, para la compra de poderes, es mucho más grave aún que lo robe y lo lleve a su propia casa.

Eso es lo que se ha votado junto a un cambio en el modo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que es completamente inconstitucional, y que en palabras de miembros del TC, no expresada precisamente de manera moderada, es inconcebible, inaudito y absolutamente inconstitucional. Hoy España, la sociedad española, nuestros compatriotas, nuestra Constitución, están a los pies de los caballos frente a un Gobierno que no cree en la democracia, no cree en la Constitución y que está dispuesto a absolutamente a todo.

Frente a unos partidos de izquierda que se rasgan las vestiduras cuando se les dice cualquier cosa, pero hoy mismo cuando abandonábamos la tribuna gritaban que sacásemos las pistolas y las balas. Los mismo que se han subido a la tribuna a amenazar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Estamos viviendo el momento más delicado de la democracia española, y nosotros queremos hoy con urgencia dirigirnos a los españoles para decir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir este golpe institucional, este golpe al estado de derecho, para censurar a este Gobierno, señalarle ante la opinión pública nacional e internacional porque está en juego la democracia y la constitución».

Tras aprobarse la reforma, Ayuso volvía a referirse a ella en otro acto: "Esto es el mundo al revés y desde luego todo lo que está sucediendo lo único que espero es que a lo largo del 2023 no se olvide, que no se olvide con promesas electorales, con cuantiosas propuestas que vienen sufragadas por el empobrecimiento masivo de los españoles a largo del 2022. Decían que lo que querían era desjudicializar la política cuando en realidad lo que pretendían era politizar la justicia y Sánchez lo que está haciendo es algo, a mí juicio, todavía peor porque presume de haber apaciguado la vida política catalana y el Parlamento catalán. Y en realidad lo que ha hecho es todo lo contrario, es mucho más allá. En realidad, esa división es incertidumbre ese conflicto político y jurídico lo ha llevado al Parlamento español, a España entera y ha enfrentado al Poder Judicial con el legislativo. Es decir, Sánchez lleva el caos de Cataluña a España entera. El deterioro de la vida pública que estamos observando es tremendo y todo esto es para satisfacer a esas minorías que lo único que pretenden es romper España y para mantenerse mientras tanto los demás en el poder. Y lo que están haciendo es destrozar la convivencia y aumentar la desconfianza hacia el Poder Judicial. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en las leyes y cuando los políticos y los representantes de los ciudadanos no respetan las leyes, qué les piden después a los ciudadanos cuando tienen que cumplir todos los días las normas. Esto dinamita la confianza en la justicia, en el Poder Judicial, la separación de poderes, pero muy especialmente en el cumplimiento de las leyes que han de ser igual para todos. Nadie está por encima de la ley, lo que estamos viendo es gravísimo. Estas son las bases de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia… la vida institucional pero no puede ser que todo esto esté en manos de minorías que quieren destrozar España. O actuamos hoy o mañana será tarde y, por eso, los ciudadanos tienen que no olvidar nada de lo que está sucediendo y en el año 2023 en positivo, en defensa de la libertad, de la democracia, de la igualdad, ir masivamente a las urnas para defender que lo que nosotros queremos, que es seguir caminando como un país de ciudadanos libres e iguales y no el camino en el que nos están metiendo unas minorías", concluía.