21
Dic
2022
VOX denunciará ante el Supremo a Pedro Sánchez y los 184 diputados que votaron a favor de la reforma del Constitucional Imprimir
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Foto cedida por VOXSegún Abascal, había un informe de los servicios jurídicos que advertía de la ilegalidad del procedimiento

Tras la decisión del Constitucional, ayer fue el día de las valoraciones, y se producían en dos sentidos muy diferentes.

Tanto el Gobierno como el PP intentaban quitarle hierro al asunto, pidiendo una nueva etapa sin confrontación; mientras que VOX anunciaba, por boca de su Presidente, la presentación de una querella contra el Presidente del Gobierno y los 184 diputados que votaron a favor de la tramitación de la Ley que pretendía modificar la sedición, la malversación y la composición del Tribunal Constitucional.

Y es que, según contaba Abascal, existía un informe de los servicios jurídicos advirtiendo de que el procedimiento que se estaba siguiendo tenía serios visos de ilegalidad.

En concreto, y tal y como contaba El Mundo hace una semana, los servicios jurídicos de la Cámara habían emitido un informe verbal en el que tachaban de "antijurídico" el procedimiento por el que se colaban hasta nueve enmiendas En la tramitación de la reforma del Código Penal que pretendía acabar con la sedición.

Este informe se emitió ante la Comisión de Justicia, si bien la Mesa de la Cámara hizo caso omiso de sus advertencias llevando el asunto a Pleno.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido se querellará contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "conspiración para delinquir".

La intervención de Abascal ha sido la siguiente:

“En primer lugar, queremos advertir a los españoles de una realidad gravísima: el golpe contra la convivencia, contra el Estado de Derecho y contra la Constitución no se ha detenido. La decisión tomada ayer por el Tribunal Constitucional únicamente supone un retraso en un plan, en un proceso que viene de lejos y que está encabezado por el presidente del Gobierno y que consiste en el ataque más grave que ha sufrido la Constitución y su propio fundamento, la indisoluble unidad de la nación española.

Es decir, lo que está sucediendo en España, es que el presidente del Gobierno está pactando con unos criminales condenados o fugados la impunidad de sus delitos. Y, por si fuera poco, les garantiza la impunidad para volver a cometerlos. Intención que estos mismos criminales han anunciado reiteradamente, incluso en esta misma cámara, a través de sus distintos portavoces.

Quiero decir que, por supuesto, celebramos que el Tribunal Constitucional detenga este nuevo atropello del Gobierno, pero debemos entender y queremos transmitir esta reflexión a todos los españoles: que el Tribunal Constitucional únicamente ha resuelto sobre un atropello a los procedimientos por vulnerar derechos de los parlamentarios. Y eso es algo extraordinariamente grave en cualquier democracia. Pero en absoluto comparado a la profundidad del desafío, a la ley, a la Constitución y a la Nación planteado por el Gobierno.

Permítannos una simple comparación histórica: el mafioso Al Capone fue condenado por fraude fiscal, pero sería absurdo entablar hoy un debate sobre fiscalidad para entender las acciones de ese criminal. Del mismo modo, aunque debe mantenerse y nosotros mantenemos la denuncia al atropello a los procedimientos, no debemos desviar la atención del verdadero golpe que protagoniza hoy el señor Sánchez y todo su Gobierno.

Insisto, asaltar la separación de poderes y pactar con criminales la impunidad de sus delitos y facilitar la reincidencia impune de esos mismos delitos, es decir, una auténtica conspiración para delinquir. Por eso mismo les anuncio que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017.

Les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso en el planteamiento de una moción de censura, tal y como venimos reiterando desde la investidura de este Gobierno ilegítimo, millones de socialistas se han quedado sin representación en España y sin representación en este hemiciclo por la traición y las mentiras del señor Sánchez. Algo que estamos comprobando durante estos mismos días a consecuencia de las declaraciones de un número innumerable de destacados dirigentes socialistas.

Creo que es el deber de la oposición ceder la tribuna del Congreso de los Diputados a todos aquellos españoles a los que Sánchez ha hurtado hoy la representación política. Tal y como comprobamos en el año 2017 los golpes postmodernos, son muy diferentes de los golpes del siglo XX y del siglo XIX. Hoy en día, como sucede en muchas naciones cuyos gobiernos son aliados precisamente de esta extrema izquierda, la eliminación de los derechos y las libertades en democracia se hace de forma escalonada, burocrática y retorcida a lo largo de meses, y sólo cuando es demasiado tarde, los ciudadanos advierten que han perdido su patria, su democracia y su régimen de libertades.

Desde Vox, como siempre, no dejaremos de trabajar para evitarlo y para advertir a los españoles de la gravísima amenaza que este Gobierno supone para la convivencia, para el Estado de Derecho, para la Constitución y, en definitiva, para España”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado la siguiente declaración institucional para valorar la decisión adoptada ayer por el Pleno del Tribunal Constitucional.

"En el día de ayer, el Tribunal Constitucional acordó, por una diferencia mínima, de 6 a cinco, una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo con su decisión fue paralizar la acción de las Cortes Generales en un asunto que, además, afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional conforme a lo que establece la Carta Magna.

Esta situación tiene su origen en la decisión que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional. Con ello asistimos desde entonces a una situación inédita en la historia de nuestra democracia, con el bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, y también del Tribunal Constitucional. Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su orientación.

Este bloqueo se ha mantenido a lo largo de más de cuatro años. Los ciudadanos y ciudadanas han asistido a lo largo de este tiempo a distintas declaraciones que hemos venido manifestando desde el poder Ejecutivo, y yo en particular, a la exigencia de cumplir con la Constitución y, en consecuencia, de renovar los órganos constitucionales. Y lo hemos hecho, además, con distintas direcciones del Partido Popular, que ha arrojado distintos pretextos, distintas excusas, y que revela exclusivamente el propósito por parte del PP de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.

Ello ha dado lugar a una situación que se ha ido agravando a lo largo de los meses, a lo largo de los años, hasta desembocar en la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional. Se trata -se ha dicho por parte de distintos actores políticos- de un hecho grave, porque por vez primera se impide que los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación, esa voluntad popular, de debate, en el Parlamento, y de legislación.

Y precisamente por eso son hechos que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo.

Comprendo, en consecuencia, la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular -como es el de la representación, el del debate, el de la legislación-; y comprendo la preocupación de la ciudadanía, que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito, no solamente en la historia democrática de nuestro país, sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española.

A todos los ciudadanos quiero trasladarles, en nombre del gobierno de España, un mensaje de serenidad.

España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la Ley y el del cumplimiento de la Constitución.

En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

Y también conforme a la Ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.

En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la Ley; y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones.

La democracia requiere respeto, a la Ley, respeto a la voluntad popular, de la que deriva la legitimidad de todos los poderes, también del poder judicial. Y por eso quiero asegurarles que el gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la Ley, de la Constitución, y el absoluto respeto de la voluntad popular y, en consecuencia, del mandato constitucional.

Gracias."

Feijóo pide a Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal “a toda prisa” y le insta a alcanzar acuerdos de Estado entre el partido que gobierna y el que gobernará.

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Exige a Sánchez que pare la “escalda verbal sin precedentes” y la “concatenación de cesiones inaceptables” al independentismo porque lo que está ocurriendo no es algo puntual sino la “tónica habitual en una legislatura estrambótica”

“Esto no es hacer historia, es deshonrar la tradición democrática de nuestro país” señala tras criticar que el Ejecutivo y sus socios hablen de golpes de Estado, califiquen a los jueces de fachas con toga y de cuestionar los procedimientos

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A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, desmiente que el TC haya hurtado el debate parlamentario porque quien lo ha hecho ha sido el Ejecutivo, que con su “soberbia” le ha llevado a hacer todo lo contrario de lo que prometió, descalificando a cualquiera que disiente de sus opiniones y saltándose todos los trámites reglamentarios

“Por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima de las leyes, de la Constitución y de la democracia” y añade: “no sé qué país pretenden el Gobierno, Podemos y los independentistas, pero esto es España y es un Estado de derecho”

Advierte de que la Constitución protege, si hiciera falta, a todos los ciudadanos de su Gobierno, fuere el que fuere, y critica que el Ejecutivo haya convertido en noticiable el acatamiento de una sentencia. “¿Acaso no podrían acatar la sentencia?”, se pregunta

Censura que el presidente del Gobierno esté trasladando a la política nacional actitudes que antes se habían visto en el proceso independentista y asegura que no solo cede ante ellos sino que copia también su estilo de hacer política

Considera que es falso que Sánchez no tuviera otro camino antes de su propuesta para la renovación del TC porque, según ese razonamiento, tampoco habría existido otra opción que pactar con los golpistas el 23-F, con los terroristas de ETA o los sediciosos independentistas

“Cada vez que la democracia ha estado amenazada, los grandes partidos optamos por darnos la mano y utilizar la ley. La diferencia es que ahora la ley se adapta al antojo del Gobierno”

“Sería fundamental que en nuestro país se consensue el Código Penal y que el Gobierno, en aquello que legítimamente quiera proponer primero lo someta a los órganos de consulta vinculantes o no preceptivos como el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal”

Sobre las críticas “virulentas” al mandato prorrogado del actual presidente del TC, recuerda que ha habido otros como González Rivas que tuvo el mandato prorrogado durante 18 meses o el de María Emilia Casas con 41 meses, dentro de los cuales se dictó la sentencia del Estatut de Cataluña

Subraya que querer hacer una nueva ley orgánica del CGPJ y profundizar en la independencia de los jueces y la despolitización de la Justicia es incompatible con la politización del Código Penal, la ruptura y la anulación de las sentencias del TS en los delitos de sedición y malversación

También Ayuso se pronunciaba sobre lo ocurrido, y lo hacía para pedir dimisiones: "A tenor de lo que vimos la pasada madrugada y después de las declaraciones que acaba de realizar el presidente del Gobierno, nosotros pensábamos que cesaría inmediatamente al ministro de Presidencia o incluso dimitiría el propio presidente, pero no. Es una patada hacia delante para volver a separar y enfrentar al Parlamento con la Justicia. También para volver a decir que en España hay que elegir entre la democracia y los jueces, algo que es gravísimo y que se ha visto en otros países cuyos ciudadanos han abandonado sus territorios para venir aquí y encontrarse de nuevo con la misma. Esto es lo que tenemos por delante y, desde luego, nosotros desde la Comunidad de Madrid haremos todo lo contrario, que es defender la separación de poderes, la libertad y el Estado de Derecho, que es el último recurso que le quedan a los ciudadanos cuando los proyectos totalitarios cogen fuerza", explicaba.