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19
Feb
2023
El Gobierno ya ha repartido más de 23.000 millones de los fondos europeos PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaAcaban de pedir el tercer desembolso del rescate pocos días antes de que la UE envíe una comisión para fiscalizar el reparto

España aceleró en 2022 la ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU, con más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre de 2022 que están financiando ya más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en todos los territorios.

Así se desprende del III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación presentado este jueves por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero, tras haber sido tomado en consideración por la Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación.

La vicepresidenta primera ha señalado que "los datos de ejecución son claros: los fondos europeos están llegando a la economía real y ya están teniendo un impacto positivo, impulsando la inversión productiva, el empleo de calidad y la modernización tecnológica", sólo así se entiende que España haya encadenado un fuerte crecimiento del PIB del 5,5% en los dos últimos años, con niveles récord de empleo, con más de 20 millones de personas ocupadas y 23,5 millones de activos, menos de 3 millones de personas paradas y mínimos históricos de temporalidad y paro juvenil.

La ministra de Hacienda y Función Pública, por su parte, ha destacado la "política de cogobernanza, diálogo y participación que defendemos e impulsamos desde el Gobierno de España". Una estrategia que "es la más eficaz para trasladar estos recursos al tejido productivo y la sociedad". "Los datos avalan una vez más el esfuerzo del Gobierno y del resto de Administraciones Públicas por aprovechar al máximo estos recursos extraordinarios", ha indicado.

Hasta la fecha, España ha recibido 31.000 millones de euros de fondos europeos por el cumplimiento de 92 hitos y objetivos avalado por la Comisión Europea. El Gobierno espera que en los próximos días la Comisión Europea valore positivamente la solicitud del tercer pago, de 6.000 millones de euros. Con ello, se habría validado el cumplimiento de 121 hitos y objetivos desde que se pusiera en marcha el plan en julio de 2021.

Este fuerte ritmo de ejecución de hitos y objetivos se corresponde con la importante concentración de las transferencias europeas y de las principales inversiones y reformas durante el periodo 2021-2023, para generar un shock positivo en la economía, generando un fuerte impacto anticíclico e impulsando la reindustrialización del país en clave verde y digital.

Para lograr la efectividad en el despliegue de los fondos NextGenerationEU, desde 2021 se ha desarrollado una arquitectura de cogobernanza y colaboración con las Comunidades y Ciudades Autónomas, los agentes sociales y económicos y los grupos políticos que ha supuesto ya la celebración de 139 conferencias sectoriales, 14 reuniones de la mesa de diálogo social del Plan de Recuperación, se han realizado 32 manifestaciones de interés y se han mantenido más de 35 reuniones bilaterales con las Comunidades Autónomas.

Además, se han llevado a cabo numerosas comunicaciones por escrito y el Gobierno ha comparecido en ocho ocasiones ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales. Adicionalmente se han mantenido numerosas reuniones y contactos a nivel técnico, que han garantizado la buena marcha del Plan en todos sus ámbitos.

Las contribuciones y propuestas recibidas han permitido identificar los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación económica (PERTEs) y articular los distintos programas y convocatorias para lograr una amplia participación y el máximo impacto sobre el terreno.

Gracias a los fondos europeos, los Presupuestos Generales del Estado para 2021, 2022 y 2023 han podido incluir una media de 25.000 millones de euros anuales de inversión productiva, evitando la caída de crisis anteriores. El informe de ejecución evidencia la velocidad de crucero de España en la ejecución presupuestaria de los desembolsos recibidos hasta el momento. El ejercicio de 2022 se cerró con 25.143 millones de fondos europeos autorizados, un 13,6% más que a cierre de 2021. Solo en el mes de enero de 2023 se han autorizado ya fondos por 9.188 millones de euros, el 32% de todo lo presupuestado para el presente ejercicio.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Como resultado del intenso proceso de cogobernanza, a cierre de 2022 se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones por 23.300 millones de euros, de las que un 82% corresponden a la Administración General del Estado.

Además, se han asignado 20.628 millones de euros a las Comunidades Autónomas a través de las 139 conferencias sectoriales celebradas para su gestión directa en sus ámbitos de competencia, como educación, vivienda, sanidad y políticas sociales, y mediante diferentes subvenciones y convenios. Su peso en la distribución de los fondos hace que jueguen un papel clave en la llegada de los fondos al tejido productivo durante 2023. En 2022, cerca del 20% de las convocatorias resueltas correspondieron a los gobiernos autonómicos.

Las Comunidades Autónomas que han recibido más fondos europeos hasta el momento son: Andalucía (3.262 millones de euros), Cataluña (3.039 millones de euros), Comunidad de Madrid (2.256 millones de euros), C. Valenciana (1.965 millones de euros), Castilla y León (1.283 millones de euros) y Galicia (1.219 millones de euros).

A estos recursos se suman los 4.900 millones de euros que han recibido los Ayuntamientos a través de las convocatorias lanzadas por el Estado y otros convenios para rehabilitación y eficiencia de edificios públicos, zonas de bajas emisiones en centros urbanos, digitalización de la administración o pasillos verdes.

Los fondos europeos NextGenerationEU están llegando a la economía real, financiando más de 190.000 proyectos en todo el territorio.

El sector empresarial es el gran beneficiario del Plan. Un 45% de los beneficiarios de las convocatorias de ayudas resueltas son empresas que han recibido, hasta 31 de diciembre de 2022, más de 10.000 millones de euros, para ejecutar sus proyectos. Junto con los centros de I+D+i, representan el 55% de los beneficiarios de convocatorias.

Algunos de los hitos más destacados obtenidos hasta la fecha son la creación de más de 150.000 nuevas plazas de formación profesional y 16.400 para escolarización de 0-3 años, más de 2.500 investigadores contratados, más de 55.000 beneficiarios del programa de renovación de flotas de automóviles MOVES III, más de 800 equipos de alta tecnología hospitalaria adquiridos mediante el programa INVEAT o 113.000 bonos de digitalización para la modernización de las pymes con el programa KIT DIGITAL.

A ello se suman las inversiones en infraestructuras de conectividad física y digital, que están permitiendo llevar la banda ancha al 100% del territorio, con el despliegue de los programas UNICO de conectividad digital y 5G que han movilizado ya 2.300 millones para inversiones en todo el territorio, el refuerzo de la red ferroviaria de todo el país, así como el programa de rehabilitación de edificios PIREP, con más de 10.000 millones movilizados, el desarrollo de los primeros proyectos a gran escala de producción de hidrógeno renovable con más de 400 millones de euros o las ayudas a la implantación de zonas de bajas emisiones en los centros urbanos de 171 ayuntamientos.

En paralelo con el lanzamiento de las inversiones, se ha producido también un importante avance en la ejecución de reformas estructurales, entre las que cabe destacar el impacto de la reforma laboral, de la Formación Profesional, de la Ciencia y todo el paquete de mejora del clima de negocios mediante las leyes Crea y Crece, de Startups y la reforma concursal, así como las leyes de Comunicación Audiovisual, TelecomunicacionesCiberseguridad 5G.

Se trata de un proceso de gran calado de modernización normativa, para impulsar la inversión y la innovación, aumentar la productividad y aprovechar así las ventajas comparativas de España gracias a las excelentes infraestructuras físicas, digitales y de conocimiento, las empresas líderes en sectores tractores y el gran potencial de talento en ámbitos de futuro.

Además de las inversiones desplegadas mediante convocatorias generales, se han puesto en marcha 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para articular de forma eficiente y en todo el territorio los proyectos propuestos por las Comunidades y Ciudades Autónomas y las manifestaciones de interés lanzadas.

Durante 2022 se pusieron en marcha tres nuevos PERTE y avanzó a buen ritmo la ejecución de inversiones asociadas a estos proyectos estratégicos, con más de 5.000 millones de euros comprometidos a cierre de 2022, y el lanzamiento de convocatorias por más de 12.000 millones de euros.

El último PERTE puesto en marcha ha sido el de Descarbonización de la Industria, ampliamente demandado por el sector industrial español y que contribuirá a avanzar en los objetivos de industrialización y autonomía estratégicas establecidos para la segunda fase del Plan relativa a la Adenda.

El Gobierno ha designado Comisionados para varios PERTE como organismos responsables de impulsar los proyectos estratégicos y centralizar los contactos con las empresas. También se han activado mesas de seguimiento de los PERTE para resolver de forma ágil las necesidades y retos que se planteen en el desarrollo de las inversiones, con participación ecosistema empresarial y los agentes sociales.

El ritmo de ejecución de las inversiones ha ido aumentando, con un ritmo de convocatorias medio de 2.000 millones de euros al mes en la segunda parte de 2022. El plazo medio entre la convocatoria y la resolución se sitúa en 3-4 meses, lo que permite avanzar un importante flujo de ejecución en el año en curso.

Para garantizar la ejecución del 100% de los créditos presupuestarios financiados con los fondos europeos NextGenerationEU, los remanentes de cada ejercicio se transfieren al siguiente.

En aras de asegurar la eficiencia de las inversiones y su impacto real, se ha puesto en marcha un marco procedimental específico para agilizar las inversiones, que ha sido mejorado en el curso de 2022 para eliminar cuellos de botella sin menoscabo para los mecanismos de control y auditoría.

El Consejo de Ministros ha aprobado también un encargo a la Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) para dar servicios de asistencia y dinamización a Comunidades Autónomas y Entidades Locales con el fin de dotar de ayuda externa y soporte técnico a las administraciones con menos recursos materiales y personales para poder acelerar sus proyectos vinculados al Plan de Recuperación.

Además, se ha reforzado el personal para la gestión y control y ya se han formado a más de 2.200 empleados públicos, el 70% de los trabajadores públicos comprometidos con la Comisión Europea.

En el marco de la Adenda, y con el fin de agilizar aún más el despliegue, se pondrá en marcha un sistema de microacreditaciones para la cualificación de profesionales, que permita aprovechar las oportunidades laborales que ofrecen las inversiones del Plan de Recuperación.

La flexibilización de los trámites y procedimientos administrativos para agilizar el despliegue de los fondos europeos se realiza garantizando los mecanismos de control y transparencia del Plan de Recuperación. De hecho, el Gobierno ha impulsado medidas adicionales alineadas con las recomendaciones de las instituciones europeas y las mejores prácticas de la UE.

El sistema integral de gestión (CoFFEE) desarrollado por el Ministerio de Hacienda monitoriza el despliegue de los fondos revisando el cumplimiento de los hitos y objetivos y de la ejecución contable. Este sistema cuenta con información tanto de los Ministerios, como de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Universidades.

A esto se suma el desarrollo de un mecanismo de análisis 'ex ante' que sirve para detectar posibles conflictos de interés entre los encargados de otorgar las adjudicaciones y subvenciones y los beneficiarios de las mismas. Se trata del sistema MINERVA, que verifica que no hay posibles conflictos que pongan en duda la legalidad del proceso de adjudicación de esos recursos otorgados por la Comisión Europea. Este sistema utiliza la conocida como 'minería de datos' para analizar grandes cantidades de información a la vez. Algo para lo que cuenta con la ingente información que le proporciona la Agencia Tributaria.

Se añaden, además, las auditorías de control por parte de la Intervención General del Estado (IGAE), del Tribunal de Cuentas Nacional y Europeo, de la Comisión Europea y de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), entre otros mecanismos de control y fiscalización ordinaria y de nuevo diseño que aseguran un despliegue de fondos europeos riguroso y adecuado a los objetivos marcados en el Plan.

En el ámbito de la lucha contra el fraude y para preservar la transparencia de todas las operaciones, se constituyeron Comités Antifraude en las entidades gestoras de fondos y se han desarrollado planes específicos de medidas antifraude y de control interno.

Con el fin de garantizar la máxima transparencia, toda la información sobre convocatorias de subvenciones, licitaciones, resoluciones, novedades y beneficiarios es pública y se encuentra disponible en la Base Nacional de Subvenciones, la Plataforma de Contratación del Estado y se centraliza la página web del Plan de Recuperación, entre otras fuentes.

El Gobierno está llevando a cabo un intenso diálogo con los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la ejecución de las inversiones y reformas y la elaboración de la Adenda, que pondrá en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 94.300 millones de euros de fondos europeos entre transferencias y créditos, adicionales a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan, aprobada el 13 de julio de 2021. Sobre la base del proyecto publicado el pasado 20 de diciembre, se completará el documento y se enviará en el primer trimestre del año a la Comisión Europea para su validación.

Existe apoyo unánime a las prioridades del borrador de Adenda, que concentra las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

Estos recursos comprenderán 84.000 millones de euros de préstamos NextGenerationEU, 7.700 millones de euros en transferencias adicionales y en torno a 2.600 millones de euros previstos del mecanismo REPowerEU asignados a España. De estos, más de 26.300 millones se dirigirán a reforzar los 12 PERTE ya aprobados y en marcha.

El impacto económico del Plan de Recuperación sobre el nivel del PIB es de 2,6 puntos porcentuales de media al año para el periodo 2021-2031, si bien este impacto se elevará hasta los 3 puntos porcentuales de media en esta década al sumar los recursos previstos en la Adenda

La Comisión Europea ha evaluado positivamente el cumplimiento de 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos) vinculados al tercer desembolso del Plan de Recuperación por un total de 6.000 millones de euros.

El Gobierno de España solicitó formalmente el desembolso el 11 de noviembre de 2022, tras haber dado cumplimiento a los hitos y objetivos a lo largo del primer semestre de 2022.

La Comisión deberá presentar ahora su valoración positiva al Comité Económico y Financiero (CEF), que debe emitir un dictamen en el plazo de cuatro semanas. Para ello, el CEF contará con la opinión del Comité de Política Económica (CPE), que se celebrará la semana que viene. Una vez emitida la opinión del CEF, la Comisión la recogerá en la correspondiente decisión de pago. En total, la transferencia de fondos a España se estima tendrá lugar en unas seis semanas.

La Comisión ha celebrado el impulso reformista del Gobierno y la continuidad al intenso proceso de reformas ya iniciado. Así, cabe destacar la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal, la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional, la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos o la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

En cuanto a las inversiones, se avanza en proyectos de I+D+i en el sector de la automoción, se financian proyectos para el fomento de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura, la ganadería y la pesca, y también en el ámbito de la cultura, con el apoyo a la digitalización de los servicios culturales.

Destaca la mención especial que realiza la Comisión en su informe al esfuerzo realizado por las autoridades españolas para garantizar el buen funcionamiento del sistema integrado de información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Concretamente, mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establece el procedimiento de recogida de datos de los titulares reales de empresas extranjeras que no tienen poderes registrados en España y que se beneficien del Plan de Recuperación.

También se regula el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés a través de una herramienta informática de análisis de datos y puntuación de riesgos (MINERVA) desarrollada por la Agencia Tributaria.

Con los 29 hitos y objetivos que integran el tercer desembolso, España ya ha cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, lo que equivale a casi un 30% del total de hitos y objetivos.

La evaluación satisfactoria del cumplimiento de este paquete de hitos y objetivos supondrá el desembolso de 6.000 millones de euros, que se sumarían a los 31.036 millones de euros ya recibidos, de los cuales, 9.036 millones de euros se recibieron en concepto de prefinanciación y 22.000 millones de euros correspondientes al primer y segundo desembolso. Una vez producido el desembolso, España habrá recibido el 53% de lo que le corresponde en transferencias no reembolsables.

España se mantiene como el país de la UE más avanzado en la ejecución del Plan. Ningún estado miembro, hasta ahora, ha obtenido la valoración positiva del tercer desembolso ni ha cumplido con un porcentaje similar de compromisos.

El III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, publicado esta misma semana, refleja que España aceleró en 2022 la ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU, con más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre de 2022 que están financiando ya más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en todos los territorios.

Gracias a los fondos europeos, los Presupuestos Generales del Estado para 2021, 2022 y 2023 han podido incluir una media de 25.000 millones de euros anuales de inversión productiva, evitando la caída de crisis anteriores. El informe de ejecución evidencia la velocidad de crucero de España en la ejecución presupuestaria de los desembolsos recibidos hasta el momento. El ejercicio de 2022 se cerró con 25.143 millones de fondos europeos autorizados, un 13,6% más que a cierre de 2021. Solo en el mes de enero de 2023 se han autorizado ya fondos por 9.188 millones de euros, el 32% de todo lo presupuestado para el presente ejercicio.

Como resultado del intenso proceso de cogobernanza, a cierre de 2022 se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones por 23.300 millones de euros, de las que un 82% corresponden a la Administración General del Estado.

Además, se han asignado 20.628 millones de euros a las Comunidades Autónomas a través de las 139 conferencias sectoriales celebradas para su gestión directa en sus ámbitos de competencia, como educación, vivienda, sanidad y políticas sociales, y mediante diferentes subvenciones y convenios. Su peso en la distribución de los fondos hace que jueguen un papel clave en la llegada de los fondos al tejido productivo durante 2023. En 2022, cerca del 20% de las convocatorias resueltas correspondieron a los gobiernos autonómicos.

 

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