Al día siguiente de la Declaración de la Casa de Correos

El Gobierno de España ha declarado oficialmente la tapia de fusilamiento del cementerio de La Almudena en Madrid como un Lugar de Memoria Democrática. Este cementerio es conocido por ser el lugar donde, tras la Guerra Civil Española, la dictadura de Francisco Franco ejecutó a casi 3.000 personas.

La tapia de La Almudena se asocia con uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, simbolizando el dolor y la lucha por la justicia. Tras la victoria del bando sublevado en 1939, se desató una persecución sistemática contra aquellos que habían apoyado la República o eran considerados opositores al régimen.

Entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944, se estima que 2.936 personas fueron asesinadas en este lugar. Al menos 44 de estas víctimas fueron ejecutadas mediante garrote vil, y muchas más fueron fusiladas en la tapia sur del cementerio. Entre los fusilados se encontraban 80 mujeres, destacando el caso de 'Las trece rosas', que fueron ejecutadas el 5 de agosto de 1939.

Las víctimas eran en su mayoría militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales y republicanos que se oponían a la dictadura. Muchos de ellos fueron juzgados en procesos militares sin las garantías legales necesarias. La tapia de La Almudena se mantiene como un "escenario silencioso pero atroz de la violencia política", y es un símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder. La declaración como Lugar de Memoria Democrática implica la necesidad de garantizar su señalización y perdurabilidad.

El acuerdo establece que se debe asegurar la identificación, explicación y señalización adecuada de la tapia, que es de titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Se prohíbe la remoción o desaparición de cualquier vestigio que conmemore estos hechos. El Ministerio de Memoria Democrática, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, se encargará de promover la difusión y la instalación de recursos memoriales, como placas y paneles interpretativos.

Un día antes de la declaración de La Almudena, el Gobierno también declaró la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Este edificio fue la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se llevaron a cabo torturas por motivos políticos e ideológicos. La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su oposición a esta declaración, argumentando que no se debe transformar el significado histórico del edificio por un breve periodo de su historia. Han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del Gobierno.

Ángel Víctor Torres ha defendido la importancia de esta declaración, resaltando que es un reconocimiento a quienes lucharon por la democracia y sufrieron torturas. Considera que esta acción es un paso hacia la reparación de las víctimas y un recordatorio para que actos ignominiosos como estos no se repitan.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, realizó declaraciones críticas hacia el Gobierno de la Nación en relación con la reciente designación de ciertos lugares en Madrid como Lugares de Memoria Democrática. Inma Sanz, quien también ocupa el cargo de portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, expresó su descontento con el enfoque del Gobierno central, sugiriendo que tienen un "calendario muy ajetreado" en relación con estos asuntos de memoria histórica. Su tono irónico sugiere que considera que el Gobierno está utilizando estos reconocimientos más como una estrategia política que como un verdadero compromiso con la memoria histórica.

Sanz también manifestó su preocupación por la legalidad del reconocimiento de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, indicando que el expediente correspondiente podría estar caducado y, por lo tanto, no tendría validez. Esta observación pone de relieve las posibles irregularidades administrativas que podrían afectar la implementación de estas designaciones.

La vicealcaldesa subrayó que el Gobierno municipal seguirá centrando sus esfuerzos en las "preocupaciones diarias y cotidianas de los madrileños". Esto incluye la reducción de impuestos y la mejora de los servicios públicos, lo que refleja un enfoque pragmático y orientado hacia la atención de las necesidades inmediatas de la población.

Finalmente, Sanz concluyó su intervención afirmando que el "debate de trincheras" sobre la memoria histórica es un asunto que el Gobierno de España debe manejar, dejando claro que su administración se enfocará en cuestiones más prácticas y relevantes para los ciudadanos. Esta declaración implica una clara intención de distanciarse de las controversias políticas que rodean el tema de la memoria histórica y centrarse en la gestión local.

Y 24 horas después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la decisión del Gobierno de España de declarar la antigua Prisión Provincial de Madrid, conocida popularmente como la Cárcel de Carabanchel, como Lugar de Memoria Democrática. Esta declaración se enmarca dentro de un contexto más amplio de reconocimiento de espacios significativos relacionados con la memoria histórica y la represión durante la dictadura franquista.

La decisión de declarar la Cárcel de Carabanchel como Lugar de Memoria Democrática se produce en una semana en la que el Gobierno también ha acordado que otros lugares emblemáticos, como la Real Casa de Correos, sede actual de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y la tapia de fusilamiento de La Almudena, sean reconocidos bajo esta misma categoría. Esto indica un esfuerzo por parte del Ejecutivo para reconocer y preservar la memoria histórica relacionada con la represión en España.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la Prisión Provincial de Madrid fue construida entre 1940 y 1944, utilizando trabajo forzoso de aproximadamente mil presos republicanos. Este hecho resalta la naturaleza represiva del régimen franquista y establece a la cárcel como un símbolo de la política penitenciaria de la época.

La cárcel fue un lugar donde miles de hombres y mujeres, perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o situación económica, fueron recluidos. Durante la dictadura, la Cárcel de Carabanchel se convirtió en un espacio donde coexistían la represión, el adoctrinamiento y la resistencia. Aunque hoy en día solo quedan algunos vestigios materiales, como el pórtico de entrada y el antiguo hospital penitenciario, el significado histórico del lugar va más allá de su materialidad.

El Ministerio, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, argumenta que la declaración de la Cárcel de Carabanchel como Lugar de Memoria Democrática está "plenamente justificada". Este reconocimiento representa no solo el sufrimiento de las víctimas de la represión franquista, sino también la resistencia, la solidaridad y la conciencia colectiva que surgieron entre aquellos que vivieron tras sus muros.

Como parte de esta declaración, se llevarán a cabo diversas medidas orientadas a la conservación de los vestigios existentes de la cárcel. Además, se implementarán iniciativas de difusión e interpretación de los eventos ocurridos durante el régimen franquista. Estas acciones tendrán un enfoque conmemorativo, homenajeando a las víctimas, así como un propósito didáctico y reparador.

El BOE también menciona que se impulsará la creación de un centro memorial en este espacio. Este centro estará dedicado al conocimiento y la divulgación de la represión franquista y los derechos humanos, contribuyendo así a una mayor comprensión de la historia reciente de España y fomentando la memoria colectiva.

La Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ha expresado su descontento con la reciente declaración del Gobierno de España que designa la antigua prisión de Carabanchel como Lugar de Memoria Democrática. Este lugar es un símbolo significativo de la represión durante la dictadura de Francisco Franco, ya que fue construido con el trabajo forzado de prisioneros republicanos.

La Plataforma ha señalado que la declaración no abarca la totalidad del terreno que alguna vez ocupó la cárcel. Este es un punto crítico para la organización, ya que consideran que es fundamental que se reconozca la extensión completa de lo que fue la prisión para poder entender su impacto y su historia.

La declaración incluye algunas alegaciones importantes que fueron presentadas por diversas partes interesadas en respuesta al acuerdo inicial publicado hace un año. Entre estas alegaciones, se destaca el reconocimiento de ciertos vestigios materiales que aún se conservan de la antigua cárcel, como el antiguo hospital penitenciario, que actualmente es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como los restos subterráneos de celdas y galerías.

La Plataforma ha criticado específicamente que la declaración no mencione de manera clara que el Lugar de Memoria debe incluir todos los terrenos de la antigua cárcel. Además, han que los restos subterráneos, que son reconocidos como vestigios materiales, no están adecuadamente descritos en la declaración. Esto incluye el sótano del centro de control, donde se encontraba la sala del garrote vil, un elemento emblemático de la brutalidad del régimen.

La Plataforma ha expresado su preocupación de que los vestigios subterráneos de celdas y galerías no sean objeto de las medidas de protección y difusión que se mencionan en el apartado cuarto de la declaración. Esto es visto como una omisión significativa que podría afectar la preservación de la memoria histórica asociada con la Cárcel de Carabanchel.

Y es que el futuro de esos terrenos poco va a tener que ver con la memoria. El Gobierno de España ha lanzado un ambicioso proyecto destinado a abordar la crisis de vivienda en el país. Este plan se centra en la reconversión de antiguos terrenos penitenciarios en viviendas protegidas que serán propiedad del Estado. En total, se han proyectado 1.332 viviendas en diversas localidades de España, siendo 508 de ellas ubicadas en la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha enfatizado la urgencia de transformar estos terrenos en hogares. sus declaraciones recientes, ha instado a los ayuntamientos a acelerar los trámites urbanísticos necesarios para llevar a cabo esta conversión. La intención es que estos espacios, que han estado desocupados, se conviertan en soluciones habitacionales efectivas para la población.

El terreno en cuestión es de propiedad estatal, sin embargo, la responsabilidad del plan urbanístico recae en el Ayuntamiento de Madrid. Este ayuntamiento desbloqueó el plan para la antigua cárcel hace aproximadamente dos años. La superficie total del área a desarrollar comprende 46.000 metros cuadrados destinados a nuevas calles, 23.000 metros cuadrados para zonas verdes y un total de 640 viviendas, de las cuales un tercio se destinarán a ser viviendas protegidas

A pesar de los planes anunciados, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado su frustración al señalar que durante estos dos años, el ministerio no ha proporcionado documentación ni ha realizado avances significativos en el proyecto. Esta falta de acción ha generado tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha criticado abiertamente al Gobierno central, afirmando que no ha construido ninguna vivienda pública directamente en la región. Según las autoridades locales, el único aporte del Gobierno ha sido a través de la transferencia de fondos europeos. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha calificado el anuncio del Gobierno como un "nuevo anuncio vacío" y ha instado a la derogación de la Ley de Vivienda, pidiendo que se construyan no solo las 508 viviendas prometidas, sino un total de 188,000 viviendas.

En contraste con las críticas al Gobierno central, la Comunidad de Madrid ha logrado construir 4,875 viviendas mediante colaboración público-privada. Además, actualmente tiene en marcha otros 8,000 proyectos que se encuentran en diversas fases de licitación, construcción o adjudicación. Esta actividad constructiva resalta la diferencia en la capacidad de acción entre el Gobierno regional y el central