La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid cree que es “injusto, confiscatorio y un atraco a los madrileños”

Esperanza Aguirre anunció ayer lunes 27 de marzo, la presentación de una iniciativa que llevará al Pleno del Ayuntamiento para que una persona (cónyuge, descendiente o ascendiente) que herede una vivienda o un local con actividad económica no tenga que pagar un “impuesto confiscatorio, injusto y un atraco a los madrileños” al Ayuntamiento como ocurre en la actualidad, tal y como explica el PP de Madrid en un comunicado.

"Queremos trasladar al Ayuntamiento el modelo tributario de baja fiscalidad que aprobó Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y que tan buenos resultados económicos ha dado en los últimos años a la Hacienda autonómica. De hecho, con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones, que Esperanza Aguirre impulsó en 2005 —Madrid fue la primera comunidad española de régimen común que eliminaba este impuesto en el ámbito familiar—, la Comunidad de Madrid llegó a recaudar más dinero que antes de la reforma, cuando los herederos tenían que tributar por los bienes que recibían del familiar fallecido y que, en muchos casos, suponía pagar al fisco más que lo que recibían", afirman.

Ahora Aguirre, que propone rebajar el tipo impositivo del 29% actual al 24%, quiere que el Ayuntamiento de Carmena haga lo mismo, de tal manera que los familares que hereden la vivienda habitual del fallecido o un local afectado por una actividad económica vean bonificada en un 95% las plusvalías que tienen que abonar al Consistorio. Se ha comprometido a suprimirlo cuando volvamos a gobernar el Ayuntamiento de Madrid tras las elecciones de 2019.

"En nuestra propuesta, que se remitirá al Pleno, se especifica, además, que en caso de una minoración del valor de las transmisiones la bonificación será total, es decir, del 100%. Y es más, proponemos que el contribuyente pueda liquidar él mismo su plusvalía para poder demostrar que no ha existido ganancia o que ésta ha sido menor. En este sentido, en menos de un mes (desde el 20 de febrero hasta el 15 de marzo), y con datos de la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento, se han producido “236 solicitudes de devolución de ingresos indebidos alegando únicamente que no existe incremento de valor, que afectan a 660 autoliquidaciones”, afirma la portavoz popular.

Un ejemplo visualiza perfectamente la reforma que propone Aguirre: una persona que herede una vivienda adquirida en 1997, con un valor catastral de 150.000 euros que se hubiese revalorizado un 3% anual tiene que pagar ahora al Ayuntamiento 26.100 euros. Con la reforma que plantea Aguirre, abonaría sólo el 5%; es decir, 1.305 euros. Este familiar, por tanto, se ahorraría ni más ni menos que 24.795 euros.

"Esta iniciativa de Aguirre se suma a la media docena que ha presentado nuestro Grupo Municipal a lo largo de esta legislatura y que tienen que ver con reducciones o bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el de Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica, o la supresión de la Tasa de Residuos y la del Uso de Cajeros automáticos en la vía pública. Nuestra propuesta se enmarca, en primer lugar, en el contexto de una sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de febrero de 2017 que declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos  relativos a la Ley de Haciendas Locales referentes a la Plusvalías. La sentencia, que está precedida de una amplia jurisprudencia y posicionamiento doctrinales, considera que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas. En segundo lugar, la iniciativa recoge el clamor de los ciudadanos y asociaciones en defensa de sus derechos “en el sentido de remodelar una impuesto obsoleto, de carácter confiscatorio y que desconoce los principios de equidad, justicia y capacidad económica”. Hay que recordar que actualmente se está produciendo “discordancia entre la realidad económica y la legislación fiscal en toda España”. “El cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)—añade—se realiza de forma automática mediante un método que si bien tiene como principal ventaja la simplificación y comodidad en su gestión para los Ayuntamientos, no contempla el incremento real obtenido por el vendedor, y por tanto es un impuesto en el que siempre se paga aunque sean incrementos de valores teóricos”", explica el partido.

"El impacto de la revisión catastral unido a la caída de los precios de viviendas durante la crisis económica entre 2008 y 2014 está poniendo de manifiesto “la vulneración del referido principio de capacidad económica que rige nuestro sistema fiscal español”. Y es que el Impuesto de Plusvalía se ha convertido en un impuesto “confiscatorio e injusto” como demuestra la evolución de la recaudación de la hacienda municipal durante los años de la crisis inmobiliaria: la recaudación ha pasado de 190,8 millones de euros a 607,9 millones en 2016, lo que supone un incremento de un 219%", afirman.

"A lo largo de esta legislatura, nuestro Grupo, liderado por Esperanza Aguirre, ha propuesto a lo largo de esta legislatura reducciones, bonificaciones o directamente supresiones en seis tipos impositivos que afectan directamente al Ayuntamiento de Madrid: Así, llevamos a cabo una iniciativa para mantener en 2017 el Índice Fiscal de Calles vigentes en 2016, rebajando, eso sí, los tramos más altos en un 25%. En materia de Impuesto de Bienes Inmuebles, llevamos presentadas hasta cuatro medidas: Que el tipo de gravamen aplicable a inmuebles urbanos y rústicos sea del 0,4%, el mínimo que contempla la Ley de Haciendas Locales. Reducción en un 2% los tipos diferenciados para bienes inmuebles urbanos de uso no residencial. Mantenimiento de la bonificación para bienes inmuebles del patrimonio históricos español afectados a explotaciones económicas Y la inclusión de una bonificación para viviendas de familias numerosas (del 4% para las de categoría general y del 7% para las de categoría especial) que superen un valor catastral de 408.000 euros. Asimismo, propusimos restaurar la bonificación del 95% de la cuota tributaria para las construcciones, instalaciones y obras de cualquier clase (ICIO) sin que el importe de dicho beneficio fiscal pudiera exceder en ningún caso de 3.000 euros. También instamos al Ayuntamiento a suprimir la nueva Tasa de Residuos Urbanos (TRUA) por atentar contra la actividad económica y el empleo. Solicitamos igualmente la eliminación de la tasa que grava a las entidades bancarias por los cajeros automáticos que tienen en la vía pública. En este contexto, mostramos nuestra oposición y rechazo a incrementar el impuesto a vehículos con más de 16 caballos fiscales, entre los que se encuentran turismos familiares y aquellos otros más antiguos que muchos madrileños no pueden cambiar", resúmen los populares.