Según el Ayuntamiento, el quebranto puede ascender a once millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid celebra la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid por un delito societario en relación a una operación realizada por Mercamadrid. La denuncia se refiere al escrito presentado hace un año por el Consistorio en relación a un alquiler blindado de una nave vacía que podría llegar a suponer un daño patrimonial de 11 millones de euros.

Con efecto inmediato, el alquiler mensual, que asciende a 55.000 euros, pasará depositarse en el juzgado, como ha anunciado este martes, 25 de abril, la concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. Se busca así evitar un mayor quebranto para las cuentas públicas.

En abril de 2016, Higueras y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentaron un escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en relación a la presunta mala gestión de Mercamadrid. La denuncia fue trasladada a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación el pasado mes de septiembre y ahora se pronuncia al respecto con una denuncia.

El fiscal ha dado traslado de las diligencias al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid por un delito societario del art. 295 del Código Penal. En su notificación recoge los nombres de las personas que podrían estar presuntamente vinculadas a este delito: José Manuel Torrecilla, Concepción Dancausa, Enrique Nuñez, María Jesús Prieto, María Dolores Flores, Manuel Beltrán y Jose Antonio Crespo figuran entre ellos.

Mercamadrid, una sociedad mixta en la que el Ayuntamiento de Madrid tiene el 51% del capital, asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial.

Los hechos se remontan a julio de 2001, cuando Mercamadrid adjudicó un concurso para explotar un hotel y una zona de restauración a la empresa Konin 22, que posteriormente traspasó el derecho a Mercaocio. A cambio, la empresa debía pagar un canon, un compromiso que dejó de cumplir en 2010.

A consecuencia de los impagos de la empresa, que acumuló una deuda de unos 700.000 euros, Mercamadrid inició acciones judiciales. También lo hizo Mercaocio, que reclamó en ese momento ocho millones por un aparente incumplimiento del contrato, ya que acusó al Ayuntamiento no haber concedido las licencias oportunas.

Los dos pleitos concluyen en un acuerdo extrajudicial en 2013. Mercamadrid renunció a la reclamación de los cánones impagados y la empresa retiró también su denuncia. Posteriormente firmaron un contrato de arrendamiento para el área de restauración por valor de 623.000 euros anuales hasta 2032.

La argumentación para alcanzar el acuerdo extrajudicial fue la posibilidad de Mercamadrid perdiera ante los tribunales, algo que las investigaciones posteriores no parece justificar en absoluto. No consta que la supuesta solicitud de licencia fuera nunca denegada.

De acuerdo al escrito presentado por el Ayuntamiento “Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria”. Las naves “no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual” de Mercamadrid”, señalaba la denuncia.

“Si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad”, detalla el documento, lo que  “es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio”.

En la denuncia se ponen en conocimiento de la fiscalía otras operaciones.

Mercamadrid es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid por su función social y su gran importancia como motor económico de la ciudad. Por ello es necesario emprender todas las acciones necesarias para esclarecer dudas sobre la gestión y los comportamientos inadecuados de la sociedad, que hayan podido perjudicar a la ciudadanía.

Ante la petición de nuevos encausamientos, CCOO de Madrid ha reiterado la petición de depuración de responsabilidades y que se sigan investigando, hasta sus últimas consecuencias, todos los asuntos que tienen que ver con la corrupción que afecta a empresas públicas de la región.

Así lo manifiesta el sindicato tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid contra la delegada del Gobierno en Madrid y el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, junto a otras 14 personas, por presunto delito societario en relación con Mercamadrid, a cuyo Consejo de Administración pertenecían tanto Concepción Dancausa, que además era concejala en el Ayuntamiento de Madrid, como Enrique Núñez. CCOO de Madrid entiende que si estas personas resultan finalmente imputadas deberán asumir su responsabilidad y dimitir inmediatamente de sus cargos.