18
Jul
2017
Los ayuntamientos del cambio critican el Proyecto de Ley de Contratación Pública de Rajoy Imprimir
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridCreen que pone trabas a la remunicipalización de servicios, supone un ataque a la autonomía local, e incluye en la tasa de reposición todas las contrataciones

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Zaragoza, Cádiz, Valencia, Valladolid, Ferrol, Huesca y Terrassa han denunciado que varias enmiendas al proyecto de Ley de Contratación Pública atentan contra la autonomía local de los Ayuntamientos. En concreto, pone impedimentos a los diferentes procesos de municipalización que se están llevando a cabo.

Las enmiendas presentadas por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Ciudadanos (C's) proponen la modificación de varias leyes, como la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 del 18 de abril con la intención de:

- Hacer preceptivo en los procesos de remunicipalización un informe del órgano competente en materia de la defensa de la competencia. Este informe sería de obligatorio cumplimiento en caso de monopolio del servicio.

- Sólo se podrían hacer estas internalizaciones en caso de que no existieran limitaciones o restricciones de tipo presupuestario en relación al incremento del número de empleados públicos o de la masa salarial.

- Hacer que fuera necesario modificar la relación de puestos de trabajo de la empresa / administración que subroga, que los lugares que se crearan fueran de carácter indefinido y que su cobertura se convocara con carácter previo a la finalización de los contratos.

- Que, o bien el Ministerio de Hacienda o bien las CCAA, debieran visar las remunicipalizaciones.

- Que esta norma tuviera carácter retroactivo.

Estas enmiendas añaden burocracia a los procesos de municipalización. Al mismo tiempo provocarían que los procesos queden en manos de los organismos competentes en materia de la defensa de la competencia, especialmente en los casos de monopolio del servicio. Quedarán también supeditados al visado de otras administraciones. Y la incorporación de los trabajadoras y trabajadores subrogados se hará teniendo un impacto en la tasa de reposición y, por tanto, consumiendo oferta pública, ya de por sí limitada por las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos del Estado.

Las enmiendas que presentan estos dos partidos podrían paralizar los procesos de internalizaciones, ya que en las Leyes de Presupuestos contemplan siempre limitaciones en el incremento de las plantillas y en la masa salarial. También pretenden obligar a convocar como indefinidas plazas de cobertura temporal. Este redactado establece el carácter retroactivo de las medidas, esto significa que se obligaría a rehacer (y previsiblemente anular) procesos de internalización ya finalizados.

En definitiva, estas enmiendas podrían vaciar de contenido la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o, como mucho, de la comunidad autonómica. También subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a acceder a servicios públicos de calidad.

Por este motivo, los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia, Huesca y Terrassa piden que estas enmiendas sean retiradas para mantener la autonomía municipal.

Esta nueva reivindicación de la autonomía local tiene lugar después de que el pasado 17 de mayo los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Terrassa ya presentaran una declaración municipalista para denunciar las amenazas que suponía a la autonomía local y la financiación local del entonces proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2017. En ese momento, Ayuntamientos de distinto signo político acudieron al Congreso para hacer oír su voz y reclamar a las fuerzas parlamentarias que protegieran la autonomía local.