Calle 30, los VTC, género, infancia y accesibilidad, también en la sesión

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Congreso de los Diputados a una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique la regla de gasto. En una proposición apoyada por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, se reclama que esa regla esté en consonancia con la interpretación de la misma en el entorno de la Unión Europea y adecuada a las entidades locales con cuentas saneadas.

La proposición reclama también la modificación de la tasa de reposición de personal de los Ayuntamientos, que en la actualidad limita la contratación y afecta a la prestación de servicios públicos municipales.

En el acuerdo alcanzado en el Pleno se reclama una adecuación de la regla de gasto a los ayuntamientos que presenten superávit un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y paguen a sus proveedores en un plazo menor a 30 días, entre otras peticiones. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que cumple con todos los indicadores de estabilidad presupuestaria.

La propuesta incluye los siguientes puntos:

- Instar al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la Ley Orgánica 2//2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea.

- Revisar y  flexibilizar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las EELL (Entidades Locales), siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etcétera.

- Adecuar la aplicación de la regla de gasto a las EELL que presenten cuentas públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la economía, en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los ayuntamientos. En concreto, a aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.

- Revisar las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las EELL no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

- Analizar el impacto del coste financiero soportado por las EELL para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que les afecta. Se adoptarán medidas urgentes para reestructuras esta deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores.

- Modificar, con carácter general, la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%.

- Instar al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese mismo sentido.

Además el Pleno municipal ha aprobado instar a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias sobre transporte urbano e interurbano,  a que exija a los VTC contar con una autorización de funcionamiento específica para la prestación del servicio de transporte público. La proposición, presentada por el grupo municipal Socialista, ha contado con los votos a favor de todos los grupos políticos.

La concesión de esta nueva autorización correspondería a la Comunidad de Madrid o a los ayuntamientos, según se contemple en la nueva regulación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid quiere que el ayuntamiento afectado informe previamente sobre la idoneidad de su concesión valorando la incidencia que tendrá sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medioambiente y sobre cualquier otro aspecto que se estime relevante.

El Pleno ha aprobado, asimismo, instar al Ministerio de Fomento a promover la inclusión, en una posible modificación del Reglamente de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de un nuevo texto que desarrolle las condiciones aplicables a los VTC en relación con el origen o destino de los servicios, tal como permite la excepcionalidad prevista para estos vehículos en dicha Ley.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente del conflicto existente entre los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor y el servicio del taxi, debido en parte a la mala regulación de la actividad de los primeros, ha decido instar a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento para que intervengan en la clarificación y regulación de los VTC, de forma que se contribuya a garantizar la supervivencia del sector público del taxi en su ámbito territorial.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha ratificado con los votos favorables de los grupos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos el dictamen presentado en la Comisión no permanente de Investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa mixta Madrid Calle 30 y su incidencia en las cuentas municipales. Un dictamen que concluye que la reforma de esta vía de circunvalación estuvo plagada de irregularidades, tanto la tramitación previa de las obras, que careció de estudio de impacto ambiental, como la ejecución de las mismas, con certificaciones muy dudosas, y una total falta de transparencia en la creación de la empresa de economía mixta con un modelo de gestión ruinoso y lesivo para la ciudadanía, además de un incumplimiento de los compromisos de mantenimiento por parte del contratista.

El Ministerio de Fomento cedió la M30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004 y el entonces gobierno municipal decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato. Para acelerar el proceso y terminar las obras antes de las elecciones de 2007, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudieran generar – confirma el dictamen–, se vulneró la legislación de protección ambiental y de la salud, constatado por tribunales y que convierte en ilegales las obras.

Además, los trabajos se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42 % más, mucho más de la mitad del presupuesto anual del Ayuntamiento.

El modelo de gestión a través de una sociedad de economía mixta elegido –el Ayuntamiento tiene el 80 % y el 20 % restante, EMESA– encareció la factura del consistorio, que pasó a pagar por conceptos por los que no pagaba cuando la empresa era 100 % pública: dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100 % municipal.

Recomendaciones del dictamen

Entre las recomendaciones más destacadas figura la propuesta de revertir el modelo de gestión de la actual sociedad mixta para que sea enteramente municipal. Aconseja un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura.

Mientras se materializan los cambios planteados, el dictamen de la Comisión insta, entre otras medidas, a que se elabore una completa auditoría de las certificaciones de obra, así como una auditoría ambiental.

Recomienda igualmente que se inicien los trámites necesarios para que el coste de la factura de la luz recaiga en el socio privado y que se regulen las condiciones del acceso a la licitación de las empresas vinculadas con el socio privado. También pide que el personal de dirección de la empresa Madrid Calle 30 sea designado por el Ayuntamiento y no por las empresas privadas; y que se cuantifique el perjuicio, en términos económicos, que se haya producido en el erario público municipal como consecuencia de las irregularidades detectadas desde que comenzó la obra de soterramiento.

Conclusiones

Entre las conclusiones más destacadas del dictamen figuran las siguientes:

1.- Las obras registraron ilegalidades y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental. Que no se realizara no podía tener otra finalidad que acelerar los plazos y poder inaugurar las obras antes de las elecciones del año 2007.

2.- Se registró falta de transparencia en todas las fases de creación de la sociedad, transformación en empresa mixta, tramitación de las obras, ejecución de las mismas y adjudicación y control del contrato de mantenimiento.

3.- El equipo de Gobierno del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón es responsable de la elección de un modelo de gestión lesivo e ineficiente, como ha señalado la Cámara de Cuentas de la Comunidad, para la ciudad de Madrid.

4.- La elección del modelo de gestión de la sociedad no respondió al principio de seguridad jurídica, eficacia, eficiencia y transparencia. El intento de ocultar los sobrecostes y la deuda producida por las obras resulta la única causa razonable de dicha elección.

5. El modelo de gestión es ruinoso para las arcas municipales; garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040. La rentabilidad del socio está blindada al ser inherente al modelo económico elegido para la sociedad de economía mixta.

6.- Las certificaciones de obra no siguieron una tramitación transparente ni rigurosa existiendo numerosas anomalías cuando no irregularidades en su emisión y abono.

7.- La tramitación de algunos proyectos complementarios fue irregular al concentrar, en alguno de ellos, las instalaciones de otros proyectos distintos al que complementa.

8.- La celeridad en la finalización de las obras, la falta de tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental y los constantes cambios en los proyectos por la falta de concreción y estudio de los proyectos originales supusieron un grave perjuicio para la situación económica del Ayuntamiento de Madrid.

9.- La falta de transparencia de EMESA en la gestión y explotación de la infraestructura ha quedado acreditada en varias ocasiones (ocultación de datos, acceso limitado a los trabajadores de Madrid Calle 30 a los sistemas de mantenimiento…).

10.- El contrato de mantenimiento modificado en el año 2007 no responde a necesidades reales de la infraestructura, no contiene la documentación necesaria para su supervisión, el gasto establecido es superior al realmente justificado en los documentos, e incluye una financiación encubierta adicional para la sociedad privada EMESA buscando la ampliación de su margen de beneficio de explotación.

11.- Los modelos económico-financieros del contrato tienen numerosos errores que ahondan en la falta de supervisión del contrato.

12.- Las decisiones tomadas para financiar la sociedad han supuesto sobrecostes para el Ayuntamiento y un beneficio para las entidades privadas.

13.- Las auditorías realizadas a efectos de pago, y que influyen sobre la parte variable a cobrar por Madrid Calle 30 pudiendo también repercutir en el cobro de EMESA, no corresponden con un reflejo del estado de la infraestructura.

Recomendaciones

Como consecuencia de las conclusiones señaladas, el dictamen de la Comisión de Investigación propone las siguientes recomendaciones, que deberán ser asumidas por el equipo de gobierno, responsabilizándose los distintos grupos municipales del control de su cumplimiento:

1. Revertir el modelo de gestión de la sociedad volviendo al original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura. Madrid Calle 30 y el socio privado deberían analizar con el Ayuntamiento las alternativas más adecuadas, que minimicen los costes para el erario público municipal.

2. Iniciar la tramitación de un nuevo pliego de prescripciones técnicas y administrativas para licitar el nuevo contrato de conservación de la infraestructura.

3. Subrogar el personal de atención a incidencias y emergencias, ya que es parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura, dotarles de la calificación como servicio de emergencias que deben ostentar y asegurar que su formación es la adecuada para las tareas que realizan.

En el Pleno municipal los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Madrid: Ahora Madrid, Ciudadanos, PSOE y PP, han aprobado por unanimidad una declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, conmemorado el pasado 25 de noviembre.

El texto de la declaración señala que:

“En España, a lo largo del año 2017 han sido asesinadas 44 mujeres y 8 niños y niñas. De ellas, cuatro mujeres y un bebé eran vecinas de la ciudad de Madrid.  Estas cifras son extremadamente alarmantes. Son datos que apuntan a que las violencias machistas –la violencia física, psicológica, sexual contra las mujeres– no sólo no descienden, sino que, en algunas de sus manifestaciones, van en aumento.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para concienciar sobre una de las más graves, generalizadas y persistentes vulneraciones de los Derechos Humanos existentes a día de hoy. La violencia contra las mujeres se ejerce de formas múltiples y ninguna sociedad encuentra exenta de ella.

Este año, además, se conmemora que hace 20 años Ana Orantes fue asesinada por su exmarido, su aparición pública en televisión días antes despertó muchas conciencias, convirtiéndose en símbolo de una lucha que hoy sigue vigente y necesaria.

Una conmemoración que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 para corresponsabilizar a los Estados y a la ciudadanía en su conjunto en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este año, además, ONU Mujeres ha acordado que los 16 días posteriores al 25 de noviembre sean destinados a realizar una campaña global para la prevención de las violencias machistas en el ámbito educativo.

Durante la última década se ha producido un importante avance en los marcos normativos internacionales y nacionales para la prevención de la violencia hacia las mujeres, que empujan a los Ayuntamientos a actualizar sus políticas.

Por un lado, en el ámbito internacional, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, insta a las diferentes administraciones del Estado a ampliar el concepto de violencia, de modo que se dé respuesta a las diferentes expresiones de la violencia basada en la discriminación de género, más allá de la violencia cometida en el ámbito de la pareja o expareja. Según la encuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015, un 7,2% de las mujeres españolas afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual.

Por otro lado, en el ámbito nacional, el Pacto de Estado sobre la Violencia de Género, aprobado el pasado 28 de septiembre en el Congreso de los Diputados, sitúa a los Ayuntamientos como instituciones clave no sólo en la prevención y en la detección de la violencia, sino también en la importante labor de garantizar la atención integral a las víctimas.

El Ayuntamiento de Madrid tiene una larga trayectoria de políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres, lo que incluye una red de recursos de atención frente a la violencia de género en pareja o expareja y frente a la trata y la explotación sexual. Este trabajo sostenido ha supuesto progresos relevantes en la respuesta frente a estas manifestaciones de la violencia machista. Sin embargo, la magnitud, el impacto y las diferentes manifestaciones de esta grave violación de derechos humanos nos conminan a redoblar los esfuerzos e invertir mayores recursos, tanto para mejorar la calidad de los programas y servicios existentes a día de hoy, como también para iniciar nuevas líneas de actuación que nos permitan adaptarnos a la realidad cambiante de las violencias machistas.

Por ello, en esta fecha conmemorativa y de acuerdo a las recomendaciones nacionales e internacionales, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a:

1. Mejorar los sistemas de información, recogida y tratamiento de datos sobre la violencia contra las mujeres en todas sus formas en la ciudad de Madrid, así como a analizar la adecuación y el impacto de las políticas públicas sobre la materia.

2. Realizar campañas de concienciación sostenidas a lo largo del tiempo que busquen la implicación de la sociedad en su conjunto tanto en el espacio público como en el espacio privado.

3. Reforzar la detección temprana en los diferentes servicios públicos municipales como forma de anticipar nuestra actuación y de llegar a la mayoría de las mujeres que enfrentan violencia, con especial atención a mujeres migrantes, mayores y con discapacidad.

4. Continuar profundizando en la responsabilidad institucional de reparación material, emocional y simbólica, tanto de las mujeres, niños y niñas supervivientes, como de las familias de las víctimas asesinadas.

5. Mejorar la coordinación con las administraciones central y autonómica con las que el Ayuntamiento de Madrid comparte retos y obligaciones en materia de detección, atención integral y protección de las víctimas de violencia de género.

6. Instar al gobierno central y al Parlamento a que inicien el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado, en primera instancia sobre las modificaciones legislativas necesarias para la devolución de las competencias a las entidades locales en materia de igualdad y contra la violencia de género, así como, para el cumplimiento del compromiso de transferencia directa de financiación a las corporaciones locales.

7. Colocar una placa conmemorativa en recuerdo de Ana Orantes, en algún sitio significativo de la Lucha Contra la Violencia de Género, como podría ser la Puerta del Sol en la que todos los 25 de noviembre se concentran mujeres y hombres en repulsa por los asesinatos.”

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una Declaración Institucional por los Derechos de la Infancia con la unanimidad de todos los grupos municipales, que supone un reconocimiento y un homenaje a todos los niños, niñas y adolescentes y el compromiso de defender sus derechos. Esta declaración ya fue leída el pasado lunes, 20 de noviembre, por un niño y una niña durante la celebración del Pleno Infantil, enmarcado dentro de la conmemoración del Día Universal de la Infancia, que tiene lugar ese mismo día.

Según recoge el preámbulo de la declaración, a fecha del 1 de enero de 2017, el 16,17 % de las personas empadronadas en Madrid eran menores de 18 años. Un sector de la población que deben ser consideradas ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, y que es necesario tener en cuenta en las políticas públicas, sobre todo en las destinadas a garantizar su bienestar y fomentar su participación activa en las decisiones que les afectan.

Además, la declaración aprobada en el pleno, insiste en que es imprescindible que se elimine toda forma de desigualdad, discriminación, violencia o marginación entre menores. Hay que educar en valores, como tolerancia, paz o igualdad, para formar a los hombres y las mujeres del futuro. Por eso se debe poner especial atención en aquellos que pueden estar en situación de vulnerabilidad como menores con discapacidad, tutelados, acogidos, infractores, víctimas de violencia de género o abusos, con trastornos de conducta y aquellos que viven en entornos de riesgo.

Es por todo ello que el Ayuntamiento de Madrid se compromete a:

- Reconocer el papel de ciudadanía de Pleno Derecho que les corresponde a los Niños, Niñas y Adolescentes.

- Difundir entre los Niños, Niñas y Adolescentes los Derechos recogidos en los diferentes tratados internacionales, en la Declaración de los Derechos Humanos,  en la Convención de los Derechos del Niño y en nuestro ordenamiento jurídico.

- Favorecer la participación activa en los procesos que les afectan.

- Establecer estructuras participativas estables, tanto a nivel de distrito como del conjunto de la ciudad.

- Adquirir y mantener el compromiso de celebrar anualmente plenos en los 21 distritos municipales, donde se recojan las demandas y propuestas realizadas por los y las menores, garantizando dar una respuesta real a las mismas.

- Impulsar la participación en la evaluación de los recursos destinados a ellos y ellas en el conjunto de las áreas de gobierno, donde se tenga en cuenta dicha valoración para su adecuada planificación.

- Sensibilizar e implicar al colectivo de empleados y empleadas municipales, así como al conjunto de la comunidad, respecto al reconocimiento y ejercicio de los Derechos recogidos en los diferentes tratados internacionales y, en especial, en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño.

- Dar a conocer y mejorar las actuaciones municipales que han permitido el reconocimiento de Madrid como “Ciudad Amiga de la Infancia”.

- Mantener un seguimiento y evaluación de la situación de la infancia en nuestra ciudad, con la elaboración de un informe semestral.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que muestra el compromiso del consistorio con la accesibilidad. En este sentido la declaración recoge que el próximo lunes 4 de diciembre se izará un estandarte con el símbolo internacional de la accesibilidad, diseñado por Susanne Koefoed en 1968, que representa la Accesibilidad Universal en todo el mundo.

El día seleccionado para reivindicar este derecho, el 4 de diciembre de 2017, es la  fecha en la que, según recoge el RDL 1/2013, de 29 de noviembre, -por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social-, terminan los plazos para mejorar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados, así como los edificios, que garanticen el derecho de todas las personas a la accesibilidad.

En 2006 la Convención Internacional de la ONU, sobre los Derechos con las Personas con Discapacidad supuso un punto de inflexión en el tratamiento y consideración de este colectivo, derechos que entraron en vigor en el Ordenamiento Jurídico Español en mayo de 2008. Desde entonces, las administraciones han venido trabajando para garantizar los derechos de este colectivo, entendiendo a su vez que invertir en accesibilidad es invertir en la calidad de vida de toda la sociedad.

Ayuntamiento de Madrid y la accesibilidad

En este sentido desde el Ayuntamiento de Madrid también se han realizado actuaciones significativas en materia de accesibilidad universal como la supresión de barreras arquitectónicas, la ejecución de proyectos para hacer accesibles las paradas de autobús, la incorporación de los criterios de accesibilidad universal  a todos los proyectos de remodelación del espacio público, o la redacción y publicación del Manual de accesibilidad para los espacios públicos urbanizados, que intenta armonizar las distintas normativas sectoriales vinculadas a la consecución de este objetivo. Asimismo se está trabajando en la creación de una Oficina para la Accesibilidad de carácter transversal y se están impartiendo cursos específicos de formación en materia de accesibilidad para todos los funcionarios públicos.