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18
Dic
2017
Carmena expulsa a Sánchez Mato por negarse a votar el nuevo Plan de Ajuste PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridLa propuesta de recortes salió adelante con los votos de PP y Ahora Madrid, y el “no” de PSOE y Ciudadanos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dispuesto el cese de Carlos Sánchez Mato, hasta ahora miembro de la Junta de Gobierno y delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Carmena ha firmado el decreto correspondiente ante la decisión comunicada por IU y el propio delegado de que se ausentaría de la sesión plenaria que se celebraba hoy lunes, 18 de diciembre, y que no defendería el Plan Económico Financiero (PEF) que él había elevado al pleno en su calidad de responsable del Área. La alcaldesa ha tomado esta decisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.

A tenor de la misma normativa, la alcaldesa ha dictado también otro decreto en el que nombra a Jorge García Castaño miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y titular del Área de Economía y Hacienda, en sustitución del cesado Sánchez Mato. García Castaño mantendrá a la vez las presidencias de las juntas municipales de Centro y Chamberí que viene desempeñando hasta ahora.

El pleno que se celebraba esta misma mañana en el palacio de Cibeles era informado de ambos decretos de la Alcaldía para que quede enterado de los mismos. Y durante esa sesión la votación dejaba una sorprendente nueva política de alianzas: la ausencia de Sánchez Mato y otros cinco concejales de Ganemos Madrid obligaba a Ahora Madrid a buscar y conseguir el apoyo del PP para sacar adelante un Plan de Ajuste que acabe con la intervención de cuentas por parte del Ministerio de Hacienda. En el otro lado, PSOE y Ciudadanos votaban en contra de una propuesta que supondrá “recortes” para los vecinos.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, lunes 18 de diciembre, un nuevo Plan Económico Financiero (PEF) para el periodo 2017-2018, en el que se establecen los límites de los presupuestos para ambos años. Con esta medida, el Consistorio da cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El PEF será remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública de manera inmediata, que cuenta con un plazo de dos meses para analizar y dar respuesta al documento.

Refrendado con 34 votos a favor y 16 en contra, el nuevo PEF plantea la financiación dentro del marco legal. Tras su aprobación definitiva, el Gobierno municipal espera que pronto se desbloquee la situación de tutelaje por parte del Ministerio de Hacienda en que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado noviembre. Y que el Tribunal Superior de Justicia levante las medidas cautelares que paralizaron las Inversiones Financieramente Sostenibles.

El pasado mes de septiembre el Ministerio remitió una comunicación a todos los ayuntamientos afectados por el incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio pasado (se calcula que son entre 600 y 800 municipios los que se encuentran en esta situación en todo el Estado) reclamando un Plan Económico Financiero que planteara medidas para garantizar la estabilidad financiera.

La regla de gasto es una limitación establecida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local.

El Gobierno municipal considera que la interpretación que hace el Ministerio de la regla de gasto es injusta y restrictiva, y subraya la necesidad de modificarla, especialmente en el caso de administraciones saneadas. Es el caso del Ayuntamiento de la capital, cuya situación financiera registra un superávit de más de 1.000 millones de euros, cumple con el plazo medio de pago a proveedores (9,5 días) y finalizará 2017 con una reducción de la deuda acumulada en 471 millones de euros. El ratio de deuda viva en relación a los ingresos corrientes liquidados se sitúa este año en el 78,2% y será del 55% en 2018.

 

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