Explican que es necesario el compromiso del Estado

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha participado, junto a Maria Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la apertura del ‘Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género’ que se celebra hasta mañana sábado en el Auditorio de la Casa del Lector, en Matadero Madrid. Un foro, ha avanzado Mayer, “desde el que vamos a analizar cómo los municipios podemos ser los interlocutores con el Estado y exigir lo que creemos que nos corresponde por derecho”, en alusión a la falta de cumplimiento en materia presupuestaria por parte del Gobierno central. “Los Ayuntamientos queremos liderar la lucha contra la violencia machista, pero necesitamos el compromiso del Estado”, sentenció.

Y es que el pasado martes, 3 de abril, se presentaron las Cuentas Generales del Estado y “de los 200 millones que había previstos, tan solo 80 han aparecido dentro de los Presupuestos Generales del Estado, y no contemplan los 20 millones que estaban previstos para los municipios. Esto –ha puntualizado Mayer- supone que no solo no se han cumplido los compromisos financieros, sino que además no se ha iniciado ninguno de los cambios legislativos que tenía previsto ese Pacto de Estado y ni tan siquiera se ha creado la comisión de seguimiento que también estaba prevista”.

No obstante,  Mayer ha reconocido que este Pacto, aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados, supone “un gran avance para la protección integral de las mujeres, un aumento de recursos para los municipios y Comunidades Autónomas en materia de violencia machista y un aumento de competencias”.

En este sentido, la delegada de Políticas de Género y Diversidad ha recordado las consecuencias que plantea el nuevo escenario presupuestario al que tendrán que hacer frente los Ayuntamientos y, lo que es más importante, las víctimas de la violencia machista: “Esto es terriblemente grave… supone desde luego un problema enorme para los municipios, y sobre todo para las mujeres que sufren violencia machista. No vamos a poder abrir recursos ni prestar la atención integral que merecen. Por tanto, supone una precariedad absoluta”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, por su parte, no ha ocultado su preocupación a la hora de referirse a la reducción presupuestaria por parte del Estado: “Hemos sufrido un varapalo estos días conociendo que esa cantidad viene mucho menor… hablamos de 20 millones que, posiblemente, para el Gobierno no es nada, pero para las administraciones locales, con la precariedad y con la imposibilidad que tenemos de poder afrontar la ayuda y la asistencia a las mujeres e hijos víctimas de violencia con recursos propios, pues difícilmente podremos materializar este Pacto”, ha lamentado.

“Ahora estamos en una situación de incertidumbre, por eso por parte de la FEMP el presidente de la FEMP ha remitido una carta a la ministra intentando reconducir esta situación”, ha desvelado Rufino.

La tarde del viernes y la mañana del sábado se ha desarrollado el ‘Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género’, organizado por el área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un espacio de diálogo para poner en común experiencias y necesidades de los municipios para hacer efectivo el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Durante la tarde del viernes, las ciudades ponentes expusieron antes las más de 200 personas asistentes sus experiencias concretas y necesidades detectadas en materia de financiación, competencias, contratación y estándares de calidad de los servicios. Intervinieron Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de A Coruña; Fuensanta García, jefa de Sección del área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga; Sandra Pérez, del Ayuntamiento de Bilbao; María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña; Myriam Díaz, delegada del área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla; Sergi Campillo, regidor de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Valencia; Marta Cruells, asesora de la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona; Begoña San José, de la Plataforma Impacto de Género Ya!; Carlos Prieto, subdirector de Haciendas Locales de la FEMP, y Celia Mayer, concejala del área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, como anfitriona.

Con ese material, en la mañana de ayer las asistentes han trabajado en talleres para profundizar en los casos concretos de sus municipios y elaborar una postura común que permita activar el presupuesto y los recursos comprometidos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Se han alcanzado cuatro compromisos fundamentales: el refuerzo de la vinculación de las políticas municipales sobre Violencia e igualdad junto al trabajo transversal, que son competencias de los ayuntamientos y están vinculadas entre sí; asumir como ayuntamientos las competencias en materia de derechos humanos, establecidas en el Convenio de Estambul y otros marcos internacionales, y que nos permiten decir con más fuerza que la ley de Racionalización no puede quitárnoslas, reclamando mayor claridad y autonomía en competencias y financiación; apoyar desde los ayuntamientos la lucha y actuaciones contra todas las violencias machistas, como establece el Pacto de Estado y el Convenio de Estambul, no sólo pareja o expareja, desde un enfoque interseccional que permite atender a necesidades concretas y discriminaciones múltiples de las mujeres para su salida de la violencia y, por último, la puesta en marcha de las unidades de apoyo locales o mesas locales de coordinación previstos en el Pacto.

En consecuencia se exige: la creación inmediata de la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto prevista en el mismo; el rol protagonista que atribuye a los municipios el Pacto requiere de claridad y autonomía competencial y, para eso, es preciso una reforma urgente de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y, en tercer lugar, alcanzar el acuerdo de estándares mínimos de servicios de respuesta a la violencia, que implican que una mujer, viva donde viva, tenga garantizados sus derechos tanto en disponibilidad de recursos como en calidad y accesibilidad.

Concluyendo que, para que este marco sea estable y de calidad, el gobierno central tiene que impulsar proyectos de ley que garanticen que el personal municipal, que atiende y trabaja con estos recursos, no esté supeditado a la precariedad y disponga de personal suficiente y estable en su estructura municipal.

Próximos pasos

En el plenario final, los próximos pasos a dar se resumen en la elaboración de un manifiesto que incluya todas las reivindicaciones, propuestas y compromisos alcanzados; que vaya a los plenos de los ayuntamientos; se exponga en un acto de presentación y se cree un grupo de trabajo y seguimiento para llevarlo a cabo. Asimismo se ha acordado la puesta en marcha de un foro de Empoderamiento; un foro de Buenas Prácticas y una movilización conjunta con los movimientos feministas para exigir la financiación necesaria.

Por parte del área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, han acudido, entre otras, la delegada del área, Celia Mayer; María Naredo, directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, promotora del evento, y Teresa Maldonado, directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación. Además, del equipo de Gobierno han estado presentes el concejal del área de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, y la concejala de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Rodríguez, y también ha querido estar presente la concejala del PSOE y vicepresidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Erika Rodríguez. Además, han asistido representantes de hasta 40 municipios, organizaciones feministas y de mujeres, partidos y sindicatos.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados, reafirma el rol de las entidades locales en la prevención y respuesta frente a la violencia machista. Los Ayuntamientos se colocan en primera línea de responsabilidad con otras Administraciones en la prevención, detección, atención y protección a las víctimas.

El Pacto de Estado inaugura una vía de financiación directa a los Ayuntamientos para dichas acciones de prevención y respuesta. Asimismo, plantea la importancia de alinear todas las normas del marco jurídico de competencias, con el fin de que las responsabilidades municipales en esta materia se puedan desarrollar sin trabas. Supone, por tanto, un aumento de los recursos y las competencias de Ayuntamientos y Comunidades, reconociendo su papel principal como instituciones más cercanas a la ciudadanía.

En la inauguración, ayer viernes, la delegada Celia Mayer y la presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP y alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, fueron contundentes respecto a los Presupuestos Generales del Estado, presentados el pasado 3 de abril, que sólo recogen 80 millones de euros, en lugar de los 200 comprometidos en el Pacto de Estado, haciendo depender el resto -100 millones para Comunidades y 20 para Ayuntamientos- de la financiación autonómica y local.

En palabras de Mayer, “esto es terriblemente grave… supone desde luego un problema enorme para los municipios, y sobre todo para las mujeres que sufren violencia machista. No vamos a poder abrir recursos ni prestar la atención integral que merecen. Por tanto, supone una precariedad absoluta”. La delegada calcula que estos 80 millones suponen un 0,02% de todo el presupuesto, una cantidad “irrisoria” que demuestra un “problema de voluntad política en el Gobierno de España”. “Los Ayuntamientos tenemos la firme voluntad de liderar la lucha contra la violencia machista, pero para ello necesitamos las herramientas competenciales y el presupuesto comprometidos en el Pacto de Estado, necesitamos que el Gobierno central cumpla sus compromisos”, concluyó Mayer. De ahí que los municipios asistentes hayan decidido trabajar conjuntamente para exigir la activación del Pacto de Estado.