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30
Jun
2015
La Cámara de Cuentas desvela “falta de transparencia” en contratos y personal en el Ayuntamiento de Torrejón PDF Imprimir E-mail
TorreNews - Municipal Torrejón
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Publicados los resultados de la auditoría que el Órgano Fiscalizador ha realizado en el último año y medio

Se ha hecho esperar, pero en la tarde de ayer la Cámara de Cuentas publicaba por fin la auditoría realizada en el Ayuntamiento de Torrejón durante el último año y medio, relativa a la situación del Consistorio durante 2012. Y lo cierto es que el Órgano Fiscalizador tira de las orejas al Ayuntamiento en más de una ocasión a lo largo de un informe de 197 páginas.

Las materias a mejorar en el Consistorio son, sobre todo, las relativas a personal, contratos y la EMVS, si bien también advierte de serios desajustes presupuestarios y desvela un pasivo de 375 millones de euros al final del ejercicio.

Así, en el apartado de conclusiones del informe (diez páginas del total), la Cámara cuenta que hay serias deficiencias en la estructura de personal municipal, pues ésta no existe de una forma centralizada. La explicación la da el informe en páginas anteriores, cuando explica que el Consistorio absorbió a todos los trabajadores de los distintos Patronatos cuando se disolvieron en 2007 manteniéndoles las condiciones laborales, lo que genera una amalgama de situaciones consolidadas que hace muy difícil marcar criterios generales, además de dificultar la fiscalización.

La Cámara también critica en materia de personal que el sistema que gestiona las nóminas no está integrado en el sistema SICAL, lo que puede “implicar riesgo de errores”; y que un 21,24% de los trabajadores municipales son personal temporal. Por último en este capitulo, el Órgano Fiscalizador denuncia que el cumplimiento de los Anexos al Convenio Colectivo aprobado supondría incumplir el Plan de Ajuste de Montoro.

En el capítulo de gastos la Cámara de Cuentas afirma que Torrejón, en 2012, incumplió el Periodo Medio de Pago a Proveedores, lo que le hizo entrar en el Plan Antimorosidad de Montoro; y desvela que los intereses de la deuda dispararon en ese año el gasto.

Además la Cámara cuenta que la recaudación, durante el año 2012, sólo creció gracias a la subida del IBI, que cifra en un 35%. Los impuestos indirectos y tasas, por su parte, cayeron un 56,5%, y un 36,59%. Sin embargo, también en el análisis de impuestos hay sorpresa, pues, según el Informe, el Ayuntamiento considera su máximo acreedor la Base Aérea, a pesar de que sus recibos fueron anulados en 2013. También han sido anuladas por los tribunales las tasas cobradas a empresas de telefonía móvil que sí figuran en el balance.

La Cámara también carga contra el Gobierno de Trinidad Rollán, al desvelar que, en el capítulo de deudores municipales, todavía permanecen más de nueve millones de euros pendientes de pagar de ejercicios anteriores a 2007. Entre los deudores municipales se encuentran entidades como la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Hacienda, o el de AAPP que debían en total más de cuatro millones de euros al Consistorio torrejonero.

El párrafo más polémico del informe se encuentra en la Conclusión 26, que dice, textualmente: “Entre las cuentas que integran la tesorería, figuran dos cuentas restringidas de recaudación, cuyos saldos contables agregados (saldo acreedor de 417.767,40 euros) no coinciden con los bancarios (253.225,46 euros), generándose una diferencia de 670.992,86 euros, no habiéndo aportado el Ayuntamiento el oportuno estado conciliatorio de diferencias entre ambos saldos. (Apartado II.4.1.3)”.

Sobre la EMVS, la Cámara afirma que “las existencias de la EMVS, con un saldo que asciende a 72.245.949,18 euros, está sobrevalorado ya que recoge bienes terminados que deberían ser recepcionados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y contabilizados e inventariados en el Activo de su Balance de situación en cuentas del Inmovilizado”. También critica que sea una empresa privada la que lleve la gestión integral de la empresa pública.

Además el Informe dedica un apartado específico a la contratación, donde destaca: “La escasa diferencia entre los criterios objetivos y los subjetivos de valoración produce que estos últimos sean determinantes de la adjudicación, en contra de la ponderación teórica que establece el pliego, lo que resulta contrario al principio de transparencia”.

 

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