26 Abr 2017 |
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Se personarán como acusación particular en la Operación LezoEl Ayuntamiento de Madrid se personará como acusación particular en el caso “Lezo”, en su calidad de accionista del Canal de Isabel II y parte perjudicada. El Pleno ha aprobado la moción de urgencia presentada por el grupo municipal de Ahora Madrid, con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Ciudadanos. También se ha acordado crear una comisión de investigación que revise la legalidad de los contratos suscritos por el anterior Gobierno municipal con el Canal y la Comunidad. Desde que se inició el proceso de privatización en 2008 de la empresa pública Canal de Isabel II han sido numerosas y reiteradas las denuncias relativas a la gestión de la misma. El Ayuntamiento de Madrid es accionista minoritario del Canal de Isabel II Gestión S.A., sociedad creada en 2012 por el gobierno del Partido Popular que entonces presidía Ignacio González. El posible perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, para los madrileños, derivado de la desviación de fondos públicos del Canal de Isabel II que está siendo investigada en la “Operación Lezo”, ha llevado al grupo de Ahora Madrid a presentar esta moción de urgencia en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, con los siguientes cinco puntos:
Además el Pleno ha aprobado tres acuerdos de no disponibilidad por 104 millones de euros en respuesta a la solicitud el Ministerio de Hacienda. También este miércoles se ha remitido una carta proponiendo que se constituya la mesa técnica acordada para analizar la interpretación de la regla de gasto. Tres acuerdos, por valor de 62,8 millones, 13,9 millones y 26,8 millones han recibido luz verde del Pleno tras su paso por comisiones de Economía y Hacienda. De esta manera se atiende al primer requerimiento realizado en relación al incumplimiento de la regla de gasto en 2016. Para lograr la retirada de crédito sin afectar políticas públicas ni inversiones se ha recurrido fundamentalmente a tres medidas: trasvase de inversiones reales a inversiones financieramente sostenibles, bajas por licitaciones y reclasifiación de transferencias a empresas públicas. Las Inversiones Financieramente Sostenibles se realizan con el remanente de tesorería del ejercicio anterior. Existen proyectos en el capítulo de inversiones reales del Presupuesto 2017 que, por sus características y periodo previsto de ejecución, pueden pasar a realizarse a través del mecanismo de las IFS. Las inversiones se realizarán, pero a través de un mecanismo de financiación diferente. Las bajas por licitaciones son los ahorros presupuestarios logrados por haber empleado menos dinero para adjudicaciones de lo que se había previsto inicialmente. Es el caso del ahorro generado en la factura eléctrica, a la que se han destinado cerca de 5,5 millones de euros menos gracias debido entre otras cosas a la estrategia de eficiencia energética. También es el caso del remanente en la factura de gas natural o en costes de personal, entre otras partidas. La reclasificación de transferencias a empresas públicas es la devolución de remanentes una vez consolidadas las cantidades necesarias para afrontar todas y cada una delas inversiones previstas. Es el caso de la reclasifiación procedente de la EMVS. El Ministerio remitió recientemente una comunicación al Ayuntamiento referida al incumplimiento de la regla de gasto en el presupuesto municipal de 2016. Solicitó un acuerdo de no disponibilidad de 238 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Posteriormente envió otra comunicación en la que rechazaba el Plan Económico Financiero. Tras una reunión, mantenida hace dos semanas por representantes del Ayuntamiento y del Ministerio, se acordó una ampliación del plazo y se fijó un primer acuerdo de no disponibilidad de 104 millones. En dicho encuentro también se acordó una mesa de trabajo entre ambas instituciones para analizar la interpretación de la regla de gasto. Con el acuerdo plenario se da cumplimiento a esa medida pactada. Los representantes del Ayuntamientos tienen el máximo interés en que se avance en la otra medida pactada y por ello sea enviado este miércoles una carta al Ministerio de Hacienda proponiendo que se inicien los trámites para constituir la mesa de trabajo. La Regla de gasto es una limitación impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local. Sin embargo en la actualidad los ayuntamientos más importantes cumplen sobradamente los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores. En el caso de Madrid el superávit supera los 1.022 millones de euros y la deuda se reduce a un ritmo superior al previsto en el Plan de Reducción aprobado en la anterior legislatura. La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que en el caso de incumplimiento de esa regla de gasto, la administración correspondiente presente un Plan Económico Financiero en el que se aporten garantías de estabilidad a medio plazo. Así lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, que además propone una nueva interpretación de la regla de gasto acorde a la ley vigente. Desde el Ayuntamiento de Madrid se han adoptado los pasos marcados por la legislación para dar garantías de estabilidad. En el marco de la normativa se abordará hoy, jueves, en Junta de Gobierno, las medidas judiciales posibles para defender el marco presupuestario del Ayuntamiento de Madrid. El Pleno ha aprobado este miércoles una moción de urgencia contra la Disposición Adicional 27 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Insta al gobierno central y a los grupos parlamentarios a derogar una medida que atenta contra el principio de autonomía de los ayuntamientos y otras administraciones y pretende poner trabas a los procesos de municipalización de servicios. La disposición limita con carácter permanente la incorporación de personal a los ayuntamientos, sus empresas públicas y otras administraciones. Veta la incorporación de trabajadores de contratas y servicios público privatizados “cuando los contratos [de estas] se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”. En la práctica, esto supone una seria cortapisa a las subrogaciones de personal en los procesos de remunicipalización. La moción considera que esta disposición ataca el principio de autonomía de los municipios consagrado en el Artículo 140 de la Constitución. Considera además que, en caso de entrar en vigor, obstaculizará los procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. La disposición supone un nuevo obstáculo legal y parece contradecir uno de los pilares de la ley de sostenibilidad: la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad adherirse al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que fue presentado el pasado día 20 en la Asamblea de Madrid. Los ayuntamientos de los tres municipios implicados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), junto con el Gobierno regional, y asociaciones vecinales, tienen previsto firmar próximamente el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana para ordenar esta zona y garantizar los derechos de sus habitantes, bajo la premisa, en la que han coincidido todas las administraciones, de facilitar la participación de las vecinas y vecinos en la definición del futuro de este ámbito. Para el Ayuntamiento de Madrid, según ha expuesto Nacho Murgui, delegado del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y segundo teniente de Alcalde, y que ha liderado las negociaciones en nombre de gobierno municipal, “el paso más urgente ahora es avanzar en la firma del convenio de realojo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad, que determine claramente los recursos que las administraciones públicas vamos a destinar a esta inaplazable tarea y las condiciones concretas en las que vamos a desarrollarla” Murgui ha apelado a esta firma con carácter de urgencia ya que “para evitar errores del pasado es absolutamente necesario contar con el concurso de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas afectadas y familias afectadas. Es fundamental para garantizar el realojo disperso en el conjunto de la región. Cada día, 150 familias siguen viviendo en las condiciones en las que están viviendo, y es una vergüenza para las administraciones públicas”, ha recordado. El Pacto establece un plazo de dos años para abordar esta tarea, por lo que se estima que en breve la agencia inicie los trabajos de elaboración de informes, recopilación de documentación y acompañamiento social de las familias afectadas. Con el pacto se trata de regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, participación, consenso, transparencia, respeto a la diversidad, cooperación y coordinación interadministrativa y cohesión social. En definitiva, en palabras de Murgui, “se da un paso para el pleno reconocimiento de la condición de ciudadanía de los vecinos de Cañada Real: del reconocimiento de su derecho a la ciudad y del acceso a los servicios en los que esos derechos deben concretarse”. En la actualidad en la Cañada Real, viven 7.283 personas, en 2.537 construcciones. En los últimos meses se ha incrementado la intervención del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de vida de la población de Cañada gracias a la acción de varias áreas de Gobierno y de las Juntas Municipales de Vicálvaro y Villa de Vallecas: • En materia de seguridad • En materia de movilidad Además está prevista la creación en los próximos meses de otra línea que conecte la Cañada Real con el distrito de Villa de Vallecas. • En materia de accesibilidad • Programas sociales • En materia de salubridad y limpieza • En materia cultural Este año, además, las programaciones municipales de Navidad y Carnavales han llegado también a la Cañada y se han desarrollado en colaboración con el tercer sector. • En materia de participación ciudadana Nacho Murgui ha agradecido su presencia, especial esfuerzo y trabajo en conjunto estos meses, a la numerosa representación de asociaciones vecinales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones púbicas presentes en el salón de plenos, y que han participado en la elaboración del Pacto Regional, acompañando hoy al Ayuntamiento de Madrid en el anuncio de adhesión a este importante acuerdo. |