La Universidad de Alcalá dice que no necesita refinanciación

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid está en las etapas finales de evaluación para la concesión de un préstamo de 34,5 millones de euros solicitado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este préstamo tiene como finalidad abordar la complicada situación económica que enfrenta la universidad.

Fuentes de la Consejería han confirmado que la operación se encuentra "muy avanzada" después de varios meses de trabajo conjunto con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y su equipo económico. Este proceso ha involucrado un análisis detallado de las cuentas de la universidad para entender las causas del déficit.

La Consejería ha realizado un "análisis exhaustivo" que ha llevado a la conclusión de que el déficit de la UCM se origina principalmente en el "incremento exponencial" de los gastos de personal desde el año 2019. Este aumento de gastos se ve intensificado por varios factores, incluyendo:

Tamaño de la Universidad: La gran cantidad de personal y estudiantes que gestiona la UCM.

Antigüedad del Personal: La edad y el tiempo de servicio del personal pueden influir en los costos salariales- Diversidad de Titulaciones: La amplia gama de programas académicos que ofrece la universidad puede requerir recursos adicionales.

Ante esta situación, el Gobierno regional ha solicitado información adicional sobre el Plan Económico-Financiero que la UCM ha presentado. Este plan debe incluir medidas concretas y efectivas para la contención gasto, tal como se destacó en una carta reciente del consejero Emilio Viciana al rector Goyache.

Las fuentes de la Consejería enfatizan la necesidad urgente de que la UCM implemente "medidas claras de contención del gasto". Esto es vital para asegurar la sostenibilidad financiera de la universidad en el futuro. A pesar de la situación actual, el Ejecutivo autonómico se ha mostrado dispuesto a apoyar a las universidades madrileñas para garantizar su correcto funcionamiento y excelencia académica.

El 20 de octubre, Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, informó sobre la situación financiera de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense (UCM), ambas enfrentando déficits económicos.

Viciana destacó que la URJC se encuentra en una situación de déficit, similar a la que atraviesa la UCM. En un encuentro con medios de, enfatizó el compromiso del gobierno regional de apoyar a estas instituciones "en todo lo que sea necesario". Este apoyo se enmarca dentro de un contexto más amplio de dificultades económicas que enfrentan las universidades públicas en la región.

Abraham Duarte, rector de la URJC desde junio, expresó su preocupación por la situación económica de la universidad. En una entrevista anterior, mencionó que tanto él como otros rectores de universidades públicas están centrando sus esfuerzos en la financiación, especialmente en el contexto de la negociación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Este enfoque busca asegurar recursos suficientes para enfrentar los desafíos financieros actuales.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha extendido un apoyo similar a la UCM, que incluye un préstamo de 34,5 millones de euros solicitado por la universidad para enfrentar su situación económica deficitaria. Viciana afirmó que la tramitación de este préstamo está "prácticamente lista" y su concesión es "inminente". Además, el gobierno regional ha decidido adelantar la entrega de la transferencia nominativa para ayudar a la UCM a cumplir con sus obligaciones financieras.

Viciana también solicitó información adicional sobre el Plan Económico-Financiero de la UCM, que debe incluir medidas efectivas para contener el gasto. Este documento es un requisito de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid y es obligatorio para cualquier universidad pública que presente déficit. La UCM emitió un comunicado en el que se refiere a la situación financiera de las universidades públicas de Madrid como resultado de una "infrafinanciación" que se remonta a la crisis económica de 2008. La UCM subrayó la necesidad de un nuevo modelo de financiación que se ajuste a las necesidades actuales del sistema educativo.

La UCM argumentó que esta infrafinanciación ha generado "tensiones" que han llevado a la necesidad de solicitar un préstamo. Además, la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid ha señalado que el aumento de los costos energéticos, la inflación y la necesidad de actualizar los modelos de financiación han afectado de manera generalizada a los presupuestos de las universidades.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, acusó al Gobierno de la Comunidad de Madrid de actuar como un "Cofidis" o "prestamista particular" al forzar la quiebra de las universidades públicas. Según Bergerot, esto es parte de un plan deliberado para debilitar la educación pública y favorecer la educación privada. Resaltó que la UCM se encuentra en una situación crítica, incapaz de pagar los salarios de su profesorado, y demandó un aumento estructural de 300 millones de euros para resolver la crisis financiera, criticando el enfoque del préstamo como una solución temporal que no aborda la raíz del problema.

Mar Espinar, portavoz del PSOE, respaldó el análisis de Bergerot, señalando que hay una "estrategia clara" por parte del PP para desfinanciar las universidades públicas. Espinar subrayó que desde 2009, la financiación pública ha disminuido en un 30%, lo que ha llevado a una situación insostenible. Criticó la postura del Gobierno regional, que se presenta como salvador mientras asfixia financieramente a las instituciones.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, defendió la gestión del Gobierno regional, afirmando que la Comunidad de Madrid destina 4% de su presupuesto a las universidades públicas, lo que representa un aumento de más de 42 millones de euros en comparación con el año anterior. Díaz-Pache argumentó que esta inversión es superior a la media de otras comunidades autónomas y que el Gobierno está comprometido a apoyar a la URJC en su situación de déficit.

Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, adoptó una postura crítica hacia la forma en que se perciben las universidades públicas. Propuso que estas instituciones deben ser tratadas como "mayores de edad" y no "adolescentes que piden la paga", sugendo que deben asumir la responsabilidad de su gestión financiera. Henríquez de Luna aboga por un enfoque que fomente la corresponsabilidad en la administración de los recursos.

El inicio del curso académico 2025-2026 en la Universidad de Alcalá fue objeto de discusión en la Cadena SER, donde se contó con la presencia del rector José Vicente Saz. Este año se presenta con desafíos significativos, incluyendo la llegada de la Cisneriana a Torrejón de Ardoz y problemas de financiación que afectan a las universidades públicas en Madrid.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la situación financiera de las universidades públicas madrileñas. En particular, se mencionó la negociación entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense para un préstamo de más de 34 millones de euros, debido a problemas económicos.

Los rectores de las universidades públicas han mantenido varias reuniones con la Consejería de Educación para abordar estos problemas de financiación. En la última reunión, Saz destacó que, por primera vez, la Consejería presentó un estudio sobre la situación económica y las necesidades de las universidades, afirmando que su institución goza de una gran estabilidad económica.

El Campus de Torrejón de Ardoz ha superado las expectativas iniciales en su funcionamiento. Saz mencionó que ya están en marcha los preparativos para la llegada de titulaciones de posgrado, con una demanda similar a la de la sede principal en Alcalá. Además, se están llevando a cabo conversaciones con el Ayuntamiento de Torrejón para ampliar el espacio del campus mediante la adquisición de nuevas parcelas.

El rector informó sobre el progreso de las obras del segundo campus en Guadalajara, ubicado en el Antiguo Colegio de las Cristinas. Aunque el avance es lento, se espera que esté operativo en 2027. En cuanto a las obras en Alcalá, se han encontrado obstáculos arqueológicos que han retrasado el progreso, especialmente en el área de los cuarteles donde se ubica el Museo Iberoamericano y la CRAI. Sin embargo, Saz mencionó que los impedimentos en Alcalá son menos serios que en Guadalajara. Tras un estudio de impacto realizado por la Comunidad de Madrid, se han reanudado las obras, que se espera finalicen en 2026.

Un tema destacado fue la adjudicación de las obras de reforzamiento de la estructura de La Galera, valoradas en cerca de tres millones de euros. Saz describió este proyecto como "la espina clavada durante años" de su mandato, pero ahora parece encaminarse tras varias licitaciones desiertas. Este proyecto es el primer paso hacia la rehabilitación completa del edificio, que ha despertado el interés del Ministerio de Cultura, el cual planea visitarlo pronto.

José Vicente Saz se encuentra en los últimos meses de su mandato, cumpliendo su octavo año como rector. El año 2026 será electoral, y aunque hay rumores sobre posibles candidatos, solo se ha confirmado oficialmente la candidatura de Antonio Portilla.

Saz expresó su honor al haber sido rector de la Universidad de Alcalá y destacó los logros en el ámbito de la investigación, donde la universidad ha competido con instituciones extranjeras de renombre. Además, se mostró satisfecho al haber cumplido el 90% de los objetivos de su programa electoral de 2018. La convocatoria oficial para las próximas elecciones se espera para febrero.

La Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región, tal y como se recoge en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Así lo ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro informativo en el que ha abordado las cuestiones más destacadas del inicio del curso 2025/26 y la actualidad educativa.

Viciana ha señalado que su departamento está recogiendo numerosas aportaciones de la comunidad educativa. “Queremos que esta ley reúna el máximo consenso posible. Por eso estamos escuchando a todos, muy especialmente a los rectores de las universidades públicas, con los que estamos manteniendo un diálogo fluido del que, sin duda, se está beneficiando el texto de la norma”, ha subrayado Viciana.

El último borrador de la LESUC incorpora algunas de esas peticiones y sugerencias planteadas por los equipos directivos de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos y por el resto de actores de la comunidad universitaria. Así, se ha detallado el capítulo de financiación por objetivos, que junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando.

La financiación por objetivos estará dotada con esos 10 millones de euros anuales extra, que se podrán repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora.

La lista de objetivos se ha simplificado y, además, se abre la posibilidad de que cada centro pacte establecer los que más se adecúen a sus características con la Administración regional, que también podrá añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno. Entre los que recoge el borrador figuran la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica, o el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.

Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto recoge ahora que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y el otro por el Consejo social.

También se define con mayor precisión el papel del Distrito Único de Prácticas, cuyo objetivo es lograr que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esta parte de su formación cuando sea imprescindible para titular. El actual sistema de distribución seguirá funcionando con normalidad, pero este Distrito Único permitirá repartir las que sigan vacantes tras esta primera actuación, para que puedan ocuparlas los estudiantes que necesiten certificar las prácticas de cara a lograr su título.

Por su parte, dentro del contenido normativo de la nueva ley se fija un importe máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

Viciana ha señalado que la nueva norma sigue su curso y que el próximo paso será someter el texto, ya convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno. Después, ya como proyecto de Ley, se enviará a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación por los grupos políticos con representación en la Cámara madrileña.